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UGT pide a Endesa que acometa las inversiones necesarias para la continuidad de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla

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Europa Press.- La sección sindical de UGT remitió una carta urgente al consejo de administración de Endesa en la que le insta a que realice las inversiones que sean necesarias con el objetivo de cumplir con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea para que las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) «puedan continuar produciendo más allá del año 2020».

El sindicato señala que, en caso de no realizar estas inversiones, «se confirmaría la estrategia de descapitalización y desmantelamiento que está llevando a cabo la compañía». A este respecto, la sección sindical de UGT exige que, visto que el consejo de administración ha aprobado «ya el cierre efectivo de las centrales para el próximo 30 de junio de 2020», se prorrogue «con la mayor urgencia posible» el acuerdo marco de garantías, con el consiguiente acuerdo voluntario de salidas, que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.

No hay aún comunicación oficial

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión. Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

9 centrales térmicas cerrarán pronto

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones «muy importantes» en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida. Estas han sido las declaraciones de la ministra después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que 9 de las 14 centrales térmicas echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización para continuar con su actividad.

Asimismo, Domínguez prevé que las 5 restantes no alarguen su actividad más allá de 2030. «Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que cerrarán bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó Domínguez.

No ha pedido el cierre

Por otro lado, Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas. No obstante, la empresa también ha transmitido a los representantes de los trabajadores que el consejo de administración de Endesa ha aprobado su nuevo plan estratégico y que en él no se recogen, al igual que en las anteriores hojas de ruta de la compañía, las inversiones necesarias para adaptar estas dos centrales de carbón a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado en 2017, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. Este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña). Las otras centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias), ambas propiedad de EDP España.

Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

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Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

Teresa Ribera asegura que el borrador de la ley de cambio climático recoge el sentir «unánime» de la conciencia social

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Europa Press.- El Gobierno asegura que el Plan Nacional de Energía y Clima combatirá la pobreza energética en España mientras que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el documento base para elaborar la Ley de Cambio Climático, cuyas líneas generales trascendieron, recoge el «sentir unánime» de la sociedad española de que hay que poner en marcha un marco regulatorio «estable y predecible, que guíe la transición hacia un desarrollo libre de emisiones”.

Ribera ha recordado que España es un país «altamente vulnerable» al cambio climático y su ciudadanía «está totalmente concienciada de la magnitud del problema». Así, este marco regulatorio deberá convertir este proceso en una oportunidad para un crecimiento «más justo y solidario». La propuesta, según ha explicado, plantea reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero actuales de España en tan solo una década. «Lo consideramos un hito a nivel internacional y una muestra de nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático», ha añadido.

Por ello, ha defendido que el Gobierno defiende una ley que da «señales claras y predecibles» a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España. «La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable, y presenta grandes oportunidades económicas que España debe aprovechar», vaticina.

Se combatirá la pobreza energética

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de que finalice el año combatirá la pobreza energética, especialmente agravada por la subida del precio de la electricidad que, aunque en octubre quebró la tendencia alcista de los últimos 6 meses, aun presentó una cifra un 14% superior a la registrada en octubre del 2017.

Por otro lado, Domínguez Abascal ha señalado la descarbonización y la electrificación de la economía como unos objetivos que pueden parecer «ambiciosos» pero también suponen una «gran» oportunidad para los ingenieros, las empresas y la economía española. Además, añadió que se hace «urgente» revertir la situación que España ha vivido bajo las «políticas conservadoras» del Gobierno anterior. «En España tenemos un 17% más de emisiones que en 1990. Esta situación debe revertirse y el Gobierno trabajará en esa dirección«, aseguró.

2030: objetivo renovable del 32%

De igual forma, Domínguez Abascal ha matizado que la economía española seguirá las directrices de la Unión de alcanzar el 32% en generación energética mediante fuentes renovables para el año 2030 y de alcanzar la descarbonización de la economía entre el 90% y el 100% para 2050. Con el fin de lograr tal objetivo, Domínguez Abascal destacó que se debe desarrollar una labor «conjunta» entre la industria y el Estado.

Domínguez Abascal también ha apuntado a la necesidad de cambiar la forma de movilidad dentro de las grandes urbes: «Un 25% de las emisiones actuales provienen del transporte y estas crecen más rápido que cualquier otro tipo de emisiones». A este respecto, el secretario de Estado reiteró que es «oportuno» aprovechar las mejoras que se están realizando en los vehículos eléctricos, los cuales «se están volviendo competitivos, algo muy importante«.

Energía estima que se invertirán 70.000 millones de euros en fotovoltaica hasta 2030 para conseguir un 35% de energías renovables

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha afirmado que el sector fotovoltaico movilizará unas inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones de euros en la senda para alcanzar el objetivo del 35% de renovables en la energía final en 2030. En su intervención en el V Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Domínguez estimó que estas cifras suponen «un gran reto, pero también una gran oportunidad desarrollo» para España.

El secretario de Estado reiteró la hoja de ruta para alcanzar ese objetivo del 35% de renovables para España, por encima del 32% de media europea y que se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se remitirá a Bruselas antes de finales de año, que estima una senda a 2030 para instalar entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) renovables. Así, subrayó que de esa potencia a instalar en los próximos años, «la mitad o más será energía solar». «Teniendo en cuenta que en este momento hay más eólica que solar, tiene todo el sentido», afirmó.

Domínguez destacó que el actual Gobierno «se ha puesto las pilas» en renovables y que está «totalmente en línea» con los objetivos marcados por Bruselas para combatir el cambio climático. «No sé qué hubiera pasado si no cambia el Gobierno en España», insinuó el exdirectivo de Abengoa. El secretario de Estado de Energía consideró que España se encuentra ante una oportunidad «única» ya que, en todas las transformaciones tecnológicas, «siempre llegó tarde, pero está es la primera vez que «va a participar en primera fila».

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, valoró el «ambicioso» objetivo del 32% en renovables fijado por la Unión Europea para 2030, ya que supone cuadruplicar el porcentaje de renovables en 2004 y casi duplicar los niveles actuales del 17%. No obstante, Cañete se mostró convencido de que, en la cláusula prevista de revisión para 2023, la innovación permitirá dar lugar a revisar «mucho más al alza» esos objetivos a 2030.

De esta manera, destacó que estos esfuerzos en renovables, junto a las acciones en eficiencia energética, permitirán una reducción de las emisiones por encima del 40%, lo que da muestras de que se trata de un «objetivo ambicioso y positivo en la lucha contra el cambio climático». Además, consideró que el efecto provocado a 2050 sería de una reducción de emisiones del 60%. Por otra parte, Cañete valoró los pasos dados en Europa en regular por primera vez el autoconsumo y aplaudió los pasos en España «en esa buena dirección».

Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

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Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

España debe instalar 50.000 MW renovables hasta 2030 para alcanzar un objetivo del 35% frente al 32% marcado por Europa

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Europa Press.- España deberá instalar 50.000 megavatios (MW) verdes de aquí a 2030 para alcanzar el objetivo del 35% de renovables de la energía final, según anunció el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso APPA Renovables 2018.

Domínguez señaló que esta hoja de ruta se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de acabar 2018 y donde se definirá «la senda del país de aquí a 2030», tratando así de «evitar la improvisación«. El secretario de Estado de Energía destacó que esta senda de 50.000 MW nuevos al horizonte de 2030, lo que representa un ritmo de unos 5.000 MW anuales, permitirán duplicar en 12 años el peso de las renovables en la energía, pasando así del 17,5% actual a ese reto del 35%, por encima del 32% del objetivo de media europea.

Además, auguró un objetivo de entre 5 y 4 millones de vehículos eléctricos para ese horizonte de 2030, así como la rehabilitación energética de 100.000 viviendas anuales, lo que obliga «a un gran plan de la mano de los Ministerios de Fomento e Industria», añadió. Domínguez señaló que antes de que acabe 2018 se remitirá al Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se recogerá esta senda de España hacia la descarbonización. Asimismo, valoró que España tiene capacidad de ser «100% renovable en 2050».

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, señalo que la alta dependencia energética de España debe «no solo ser un reto, sino también una oportunidad» para aprovechar los recursos del país en renovables. Para ello, Villarig subrayó que será necesario «adaptar la fiscalidad excesiva y recaudatoria» y pidió «no caer en los errores» de anteriores gobiernos que llevaron a una acumulación de déficit de tarifa «tremendo». El presidente de APPA Renovables consideró que 2020 será un año «preocupante» ante la incertidumbre respecto a un posible cambio en la rentabilidad razonable y la evolución de las subastas de renovable, aunque destacó que el sector ha encontrado «receptibilidad» por parte del actual Gobierno.

Inversión en solar y eólica

Por otro lado, las fuentes de energía renovables, en especial la energía solar y eólica, figuran entre las favoritas en inversiones energéticas futuras, según el informe global Tendencias en Energías Renovables elaborado por Deloitte. Según el informe, las exigencias de la demanda, así como la combinación de la reducción de costes y la innovación tecnológica, están propiciando que ambas fuentes de energía puedan competir con las tradicionales, hasta el punto de posicionarse por delante de estas en proyecciones de inversión. El socio responsable a nivel mundial de Power&Utilities de Deloitte, Felipe Requejo, considera que la energía solar y la eólica podrían satisfacer la creciente demanda de empresas, ciudades y mercados emergentes “de manera más económica y baja en emisiones contaminantes«.

El informe considera que la paridad de precios y la continua reducción de sus costes derivada de la innovación tecnológica de estas energías favorecen su competitividad frente a las tradicionales. Así, destaca que en países como China, Estados Unidos, Alemania y otros, ya se alcanzó la paridad en precio para algunas de las energías renovables. En este sentido el LCOE (levelized cost of energy) de la eólica onshore (terrestre) se ha convertido a finales de 2017 en la fuente de energía más barata, con un LCOE de entre 30 y 60 dólares por MWh, mientras que la solar fotovoltaica se ha convertido en la segunda con un LCOE de 43 a 53 dólares por MWh.

Además, señala la continúa mejora de sus capacidades de integración, que permiten a estas tecnologías disponer de la capacidad para suministrar y abastecer la red eléctrica de manera fiable y rentable, así como la evolución de los mercados eléctricos y regulaciones que favorecen las tecnologías libres de emisiones. El informe elaborado por Deloitte también señala otros dos agentes clave en el aumento de la demanda de energías renovables, como son el auge de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, y el gran desarrollo de la demanda en mercados emergentes.

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

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Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

Los sindicatos plantean al Gobierno crear una mesa de trabajo con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica

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Europa Press.- Mientras Greenpeace ha publicado un documental contra el carbón y las térmicas, UGT FICA y CCOO de Industria han trasladado al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la necesidad de crear una mesa de trabajo conjunta con presencia de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, junto a los propios sindicatos de industria y energía, para abordar el camino «hacia una transición energética justa que contribuya a fortalecer el tejido industrial y frene su deterioro».

Los sindicatos señalaron que esta propuesta, que ha sido bien acogida por el secretario de Estado de Energía, podría materializarse en octubre con presencia de representantes de ambos Ministerios y de los dos sindicatos mayoritarios. UGT FICA y CCOO han recordado a Domínguez la problemática que atraviesa el sector energético y las alternativas que proponen garantizar esta transición energética «justa que avance en paralelo con la reindustrialización de la economía».

Entre estas alternativas, UGT defiende un mix «equilibrado en el que tengan cabida todas las fuentes de energía» y establecer un sistema transparente de formación de precios que eviten «las bruscas oscilaciones y sea asumible tanto por las empresas de cara a garantizar su viabilidad, como por los consumidores con el objeto de erradicar la pobreza energética«. Por su parte, CCOO consideró «imprescindible» la participación del Ministerio de Industria en el grupo de trabajo, «ya que las decisiones que allí se tomen le afectarán de forma directa». Según este sindicato, la mesa debería hablar de las subastas de interrumpibilidad y de renovables que se avecinan, del mix eléctrico y energético y del mercado de emisiones.

Greenpeace contra las centrales térmicas

Por su parte, la organización Greenpeace hizo público el documental El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas, que se puede ver en Youtube y que refleja los impactos económicos, sociales y en la salud del uso del carbón, incluidas las consecuencias negativas de vivir cerca de una central térmica. «Yo soy termicana. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo un año, en la central térmica de Compostilla, donde mi padre trabajaba. Mi hermana y mi padre murieron del mismo cáncer. Se sabe el daño que produce aquello desde hace 60 años. En nombre del progreso se permite seguir construyendo un mundo en el que nos estamos envenenando», afirma en su trabajo la médico Sara Velasco.

Doctores, exmineros, activistas y asociaciones vecinales protagonizan el documental de 30 minutos que revela «la cara más amarga y menos conocida» del carbón, según Greenpeace. Se trata de un trabajo realizado por un equipo de periodistas y documentalistas que ha recorrido varios puntos de la geografía carbonera española para documentar las consecuencias de la quema y extracción de este mineral. Junto al documental, Greenpeace publica un informe en el que recopila los impactos económicos, sociales y en la salud del carbón. Asturias, León, Almería y Aragón son los escenarios elegidos para la elaboración del trabajo.

Los sindicatos transmiten al Gobierno que no aceptarán el fin del carbón ni indefiniciones sobre la reactivación de las cuencas

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Europa Press.- Los sindicatos UGT FICA y CCOO de Industria han transmitido al Gobierno que «no van a aceptar el cierre del carbón ni indefiniciones en la reactivación» tras una reunión a la que ha asistido por primera vez el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

En este sentido, UGT indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno «un mayor compromiso y flexibilidad» en cuanto a la aplicación de la legislación vigente, así como que no se siga «demonizando» al sector. Además, han reclamado «sensibilidad» con las cuencas mineras y con sus trabajadores y un acuerdo consensuado que valore unos parámetros «que hagan posible la reactivación, junto a un plan social y la continuidad de las empresas a partir de 2019».

Asimismo, el sindicato ha vuelto a insistir en la urgencia de dotar al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras, que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica «por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las renovables«. UGT también exige el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

CCOO: «con las manos vacías»

Por su parte, CCOO ha señalado que el Gobierno español ha «vuelto» a demostrar su «nulo compromiso» con el sector del carbón al acudir a la reunión sobre el futuro del sector «con las manos vacías». «El Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión con las manos vacías, sin documento y sin respuestas a las propuestas que plantearon los sindicatos», ha señalado el sindicato, que tiene la sensación de que la negociación sobre el futuro de la minería del carbón se encuentra «en el minuto número cero«. «Los sindicatos tienen una propuesta y el Ministerio para la Transición Ecológica un libro incompleto», lamentan.

«La posición del Ministerio va encaminada al cierre y a la desaparición sin alternativas de la minería del carbón», han señalado, para afirmar que el secretario de Estado tiene un “nulo interés por el futuro de la minería del carbón». Por ello, exigen «de forma reiterada» que arranque de forma definitiva la negociación con voluntad de avanzar. «El Ejecutivo socialista debería cambiar de actitud y dar continuidad al sector minero porque el tiempo se agota y la paciencia también. CCOO recuerda que los trabajadores y las trabajadoras de la minería del carbón necesitan soluciones», concluyó.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

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Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.