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El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

El Gobierno estima que la luz sería «en torno a un 10%» más cara sin las medidas que ha adoptado

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería «en torno a un 10%» más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad «más barato de Europa«, a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente «está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2». Así, consideró que a veces «alarmamos innecesariamente» con el precio de la electricidad ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria «para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España«.

De esta manera, valoró la política «de contención» en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente «hay que ser conscientes de que es un problema» y se trabaja para que «sea lo más bajo posible». A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el mix energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser «necesariamente paulatina«, ya que «no es un proceso que se pueda corregir inmediatamente». Así, afirmó que las medidas de «más calado» deben ser a través de la legislación, la Ley de Cambio Climático, por lo que «van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto».

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica adoptada en octubre, Domínguez señaló que los impuestos «son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos«. Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico «es algo que está en debate y estudio en este momento».

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018, el secretario de Estado de Energía aseguró que está «prácticamente terminado». «Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso», justificó.

Con respecto a la nuclear, indicó que lo «fundamental» a la hora de tomar una decisión es la seguridad, «tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos». Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber «algún almacén temporal, que puede que sea centralizado».

El Gobierno remitirá a Bruselas su Plan Nacional de Energía y Clima en las próximas semanas mientras Cañete lo reclama

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Europa Press.- Mientras el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que espera recibir del Gobierno español su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima inmediatamente, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que España remitirá el borrador de su Plan Nacional Integrado a Bruselas en las próximas semanas, «no más».

En este sentido, Domínguez destacó que los próximos 10 años son «muy importantes» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y alcanzar la descarbonización en 2050. Así, señaló que para alcanzar una cuota renovable en la generación eléctrica del orden del 70%-75%, en el plan vendrá definida la necesidad de desplegar del orden de 50.000 o 60.000 megavatios (MW) de renovables a 2030. «Tenemos un gran reto por delante que requiere una inversión global de 200.000 millones de euros de aquí a 2030”, apuntó.

Domínguez subrayó que no se debe hacer «la táctica del avestruz y negar la realidad» del cambio climático ya que la descarbonización de las economías es «un fenómeno que se va a quedar». De esta manera, consideró que el reto de alcanzar ese objetivo en 2050 puede parecer que está «muy lejos«, con más de 30 años por delante, aunque indicó que no lo está tanto teniendo en cuenta «la realidad de la cantidad de tarea que tenemos que hacer para estar en una economía descarbonizada casi al 100%. «El cambio climático es algo que ya no niega nadie», señaló.

Cañete apremia al Gobierno español

Por su parte, Arias Cañete recordó que Bruselas ha recibido un total de 21 planes de los países miembros, mientras que restan 7 Estados, entre ellos España, por entregarlo, cuando el compromiso era haberlo hecho antes del pasado 31 de diciembre. Así, el comisario europeo apremió a España a presentar el documento ya que la Comisión Europea, una vez recibido, necesita tiempo para hacer «un análisis exhaustivo» del mismo y ver si cumple con la gobernanza comunitaria para, antes de finales de junio, remitir a cada país sus recomendaciones, sobre las que se deberá trabajar para, antes de finales de 2019, presentar los planes definitivos.

Arias Cañete consideró que su diálogo con el Gobierno español es «muy fluido», como demuestra el hecho de que finalmente se ha conseguido resolver el conflicto que existía para la devolución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sus competencias en energía a través del real decreto-ley aprobado recientemente. «Ahora está en fase de análisis a ver si es absolutamente compatible con la normativa europea o hay que introducir alguna modificación«, dijo. Respecto al Brexit, indicó que el Reino Unido dejará de compartir con la Unión Europea estos objetivos en materia de cambio climático, aunque subrayó que los británicos siempre han sido «de los países más ambiciosos» en esta materia.

Asimismo, Arias Cañete defendió que las energías renovables y la nuclear deben ser «las piedras angulares» para conseguir el objetivo de una economía descarbonizada. Así, señaló que la electrificación jugará un papel «fundamental», con un peso de más del 80% de la renovable, pero con el 20% restante más o menos de la nuclear. Además, subrayó que la lucha contra el calentamiento global es «uno de los mayores desafíos de la humanidad», por lo que las acciones en defensa del clima «tienen que ser inmediatas». Para hacer frente a esta lucha contra el cambio climático, el comisario advirtió de que hay que poner en marcha transiciones energéticas «radicales e irreversibles».

Dentro de los objetivos a 2020, destacó que Europa «va bien» en reducción de emisiones, «demostrando al resto del mundo que es compatible con el crecimiento económico», mientras que el objetivo renovable del 20% parece que se va a cumplir «a nivel global europeo», aunque habrá algunos países que individualmente no lo alcanzarán. Donde consideró que será necesario realizar más esfuerzos de cara a ese 2020 será en eficiencia energética, y señaló que la media española y de la Unión Europea no alcanzarán los objetivos.

Además, destacó el marco impuesto por la Unión Europea, con «una gobernanza potente» que con su aplicación llevaría a alcanzar unos objetivos más ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero a 2030 al 40% establecido. «Con su aplicación, en 2030 no estaríamos en el 40%, sino en el 45%, y nos llevaría per se a una reducción de las emisiones del 60%», avanzó.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

El Gobierno niega que “vaya a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de las empresas, mientras impulsa la Ciuden

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Europa Press.- El Gobierno de España quiere convertir la Fundación de la Ciudad de la Energía (Ciuden) en el elemento «impulsor» y «dinamizador» de todo el proceso de transición ecológica y energética en la comarca de El Bierzo (León). Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no va a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de en qué medida las empresas que gestionan estas centrales garantizan la seguridad del suministro, según la normativa europea.

Así lo ha afirmado la ministra en el Senado, tras una pregunta del senador del PP, Miguel Ángel Ramis, quien ha acusado al Ejecutivo de hacer «postureo ecológico», de igual forma que se ha hecho con la «batalla» a los automóviles diésel. Sin embargo, Ribera contraatacó al senador popular con el mismo calificativo de «postureo ecológico», aludiendo a que el antiguo Gobierno firmó todas las obligaciones ecológicas que impuso la Comisión Europea y que, sin embargo, cuando el nuevo Ejecutivo llegó a la Moncloa «no se encontró con nada hecho«.

Según ha explicado la ministra, los plazos para lograr los objetivos ambientales por parte de las centrales térmicas estaban fijados desde el año 2010 y no se tuvieron en consideración, por lo que ha considerado que la firma de las obligaciones «se debía corresponder con ese postureo ecológico». Así, Ribera ha afirmado que «no piensa cerrar nada», ya que solo dependerá de si las empresas que gestionan estas plantas descartan invertir para reducir las emisiones de estas centrales y sus cierres son compatibles con la seguridad del suministro. De lo contrario, tal y como ordena la Comisión Europea, tendrían que cerrarse antes del año 2020.

En su pregunta, Ramis ha indicado que el principal objetivo es «garantizar el suministro a todos los ciudadanos del país». «Lo que importa no es qué centrales se vayan a cerrar sino cómo se va a sustituir el aporte energético de estas centrales». «Parece que pretenden teñirse de verde y hacer postureo político, como la batalla a los automóviles diesel para apoyar el vehículo eléctrico; pero esto también tiene que tener fuentes eléctricas, ¿todas deben de ser ecológicas?. No es posible», ha sentenciado el senador, al mismo tiempo que ha tildado de «revanchistas, vacuas e inútiles» las medidas del Gobierno.

Transición energética en El Bierzo

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, presentó en Ponferrada el nuevo proyecto que el Gobierno quiere llevar a cabo con la Ciuden, cuya reactivación pretenden que permita hacer una transición «justa y equilibrada» y «tener futuro a las personas de esta comarca que participan en él». Una de las primeras medidas tomadas fue el nombramiento como director general de la Ciuden al profesor de Botánica de la Universidad de León, Arsenio Terrón, «una persona que conoce bien el territorio», según el secretario de Estado.

Domínguez Abascal también ha anunciado la creación de un comité de asesoramiento estratégico en el que haya representantes de instituciones políticas, sociales y académicas que «tienen que trabajar en la evaluación de planes de acción de futuro y como dinamizadores de propuestas”. El secretario de Estado ha reiterado que el primer objetivo «es convertir a la Ciuden en un elemento fundamental para promover el desarrollo económico y social de las comarcas mineras como generador de empleo», donde el I+D, para lo que fue creado en su día, seguirá su desarrollo, pero en un segundo plano.

Por otro lado, Domínguez Abascal apuntó que el segundo de los objetivos será el de «fortalecer» el tejido empresarial dentro de las comarcas mineras y apoyar iniciativas que vayan encaminadas a ese desarrollo económico y social. Para ello, la Ciuden contará además con el apoyo de Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idea) para llevar a cabo actividades formativas y de restauración ambiental.

El secretario de Estado de Energía cree que el gas renovable es «esencial» para combatir el cambio climático

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha destacado que el gas renovable juega un papel «esencial» como elemento transformador del sector energético a la hora de resolver los problemas derivados del cambio climático, los cuales asegura que deben ser confrontados de forma «coordinada y urgente«. Domínguez resalta que existe una «urgencia» por adoptar «nuevas» soluciones tecnológicas que permitan producir energía mediante fuentes «renovables y competitivas» y combatir el cambio climático.

«Tenemos que buscar nuevas formas de almacenamiento y el gas es una de ellas», recalca. Sin embargo, Domínguez matiza que, aunque el gas emite menos que otros combustibles, para llegar a alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 promovido por la Unión Europea, se debe dejar atrás el gas tradicional y dirigir el camino hacia «gases que no emitan», como el renovable. Domínguez reconoce su apuesta por la «transformación» del sistema hacia las energías renovables, con medidas como la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la propuesta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

En relación a este plan, Domínguez ha explicado que integrará objetivos como la reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990 o la meta de que el 35% de la energía final sea renovable para 2030, lo cual implicaría que entre el 70-75% de la electricidad fuera renovable entonces. El secretario de Estado también ha apuntado que ayudará a la reducción de emisiones el cierre a mediados de 2020 de aquellas centrales térmicas de carbón que no han cumplido con las reformas «correspondientes», ya que el carbón es el combustible responsable del 59% de las emisiones del sistema eléctrico.

Horizonte 2030: el gas renovable

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha presentado el Plan de Desarrollo de Gas Renovable, una hoja de ruta hacia la economía baja en carbono definida por la Unión Europea hasta 2050, la cual integra objetivos para 2030 como la reducción del 40% de las emisiones de gases en comparación con 1990, la implantación de un 32% de cuota de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en un 32,5%.

Para la presidenta de Sedigas, Rosa María Sanz, el Gobierno debe instaurar objetivos «concretos» que permitan avanzar hacia un cambio sostenible. Ha resaltado el caso de Francia, país que ha marcado como estrategia energética que el 10% del gas usado como combustible sea renovable para 2030. En este sentido, Sanz ha destacado las «ventajas» de una transición hacia el gas renovable, apelando a que no solo no produce residuos, sino que es sumidero de dióxido de carbono (CO2) y, además, no precisa de las inversiones en infraestructuras al ser totalmente intercambiable por el gas tradicional, permite el desarrollo de las zonas rurales y contribuye al estímulo de la generación distribuida.

Por otro lado, la presidenta de Sedigas ha matizado que en la transición hacia el gas sostenible, es preciso analizar el modelo de negocio «al completo», teniendo en cuenta toda la cadena de valor y considerando las ventajas medioambientales que presta frente a otras formas de energía asentadas, ya que «no se puede competir a pelo con el gas tradicional».

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

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Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.

España aplicará las directrices de la OIT para no dejar atrás a los más afectados por la transición ecológica

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica y la Oficina Española de la Organización Internacional del Trabajo (Agencia especializada de la ONU), han acordado establecer un marco de colaboración como «socios estratégicos» para aplicar las directrices del organismo internacional en el proceso de la transición energética española con el objetivo de dar «preeminencia» a la transición justa, una cuestión que para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es trascendental para «no dejar a nadie atrás«.

En el XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el director de la oficina española de la OIT, Joaquín Nieto, anunció este compromiso alcanzado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de varias comunicaciones en las que han coincidido en que la transición ecológica, además de ser un «imperativo es una oportunidad» para el desarrollo del empleo.

Nieto destacó que la OIT estima que las medidas de transición ecológica a nivel mundial crearán de aquí a 2030 en torno a 24 millones de empleos, cuatro veces más de los que se perderán. Respecto a España, ha advertido de que, a falta de un estudio específico, es «de esperar resultados sin iguales o incluso más positivos», algo que en el caso de España, donde el desempleo es «un problema estructural, esto es esencial». Así, considera que para «muchos» territorios españoles que sufren elevado desempleo estructural, esta es una oportunidad «única y tal vez irrepetible», pero admite que, como toda transición tendrá impactos desiguales en unos y otros territorios.

Por ello, señala que para desarrollar «plenamente» todas las potencialidades de la transición energética y minimizar los efectos adversos, es «necesario» que la transición sea justa. En el marco de CONAMA se presentó un estudio que analiza las oportunidades de aplicación de las directrices de la OIT en la transición justa en España. Asimismo, insistió en que en el proceso se debe contar con el diálogo de todas las partes, organizaciones y sectores, para hacerla con «la máxima inclusión», pero sin ralentizar el proceso para lograr un marco de acuerdo de sociedad, político, con un marco regulatorio estable y un enfoque fiscal que de señales al mercado y al consumo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado la trascendencia que tiene la transición ecológica en materia de equidad porque es necesario que el proceso se haga «no dejando a nadie atrás». «Las sociedades solidarias deben contribuir a avanzar en el cambio«, ha manifestado. En su intervención, advirtió de que no basta con tener un gran conocimiento en el problema de lo necesario para frenar el cambio climático sino que «hay que actuar».

En el proceso hacia la transición ecológica, se ha referido a los distintos aspectos fundamentales de este proceso que deben hacerse, en su opinión dentro de la búsqueda de consensos, del diálogo y favorecer la capacidad de avanzar de «forma unida, complementaria» porque los términos del debate público han cambiado y ya no basta con saber lo que se debe hacer, sino que es necesario hacerlo «razonablemente deprisa» y «juntos».

Ribera considera también que una economía moderna y equilibrada necesita que los sectores estratégicos, entre ellos los energéticos, entiendan que hay que hacer una transformación y que deben buscarse sinergias. «Desde el Gobierno estamos trabajando para ofrecer ese marco en el que quepamos todos e intentando identificar las mejores rutas compartidas por todos. Clima, energía, transición justa y el cumplimiento de las obligaciones que tenemos por delante, son algunos de los vectores fundamentales», ha concluido.

Los contenidos de CONAMA tuvieron como eje transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la adaptación ante el cambio climático, la Agenda Natural Urbana, la economía circular y la inclusión de la justicia social como elemento ineludible de la transición ecológica. El jefe de Unidad Adjunto para Energías Renovables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás Baza, expuso las novedades del programa Clean energy for all europeans en la sala 2030-Clima y energía. También se prestará atención especial a la transición energética en el transporte.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, intervino en una sesión técnica Cambio climático y transición energética donde avanzó los planes del Gobierno en esta materia antes de ir a la COP24 de Katowice. Además, se habló de energías renovables con la sesión técnica Energías renovables: Valores sociales y ambientales para la descarbonización. CONAMA también se enfocó en el ámbito local en la sesión sobre ciudades en transición energética de la mano de Energy Cities. La movilidad urbana sostenible fue también un asunto abordado en CONAMA 2018, con más de una decena de sesiones en las que intervinieron gestores públicos de la administración central y local, empresas y entidades del tercer sector.

Abascal asegura que la CNMC ultima el expediente que abrió a Naturgy y Endesa por posible alteración del mercado eléctrico

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está «culminando» la instrucción del expediente sancionador que abrió a Naturgy y Endesa por indicios de alteración de precios en las ofertas del pool entre octubre de 2016 y enero de 2017, un periodo en el que los precios de la electricidad escalaron hasta tocar máximos históricos en enero, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

En comparecencia en la Comisión del Senado, Domínguez señaló que, cuando la CNMC incoa el expediente a las dos compañías energéticas, «indica claramente que ha observado indicios de alteración de precios en las ofertas del mercado de generación» en ese periodo. El secretario de Estado de Energía afirmó que si se mira la lista de ciclos combinados que no estuvieron disponibles en el periodo investigado por la CNMC, «es muy llamativo el número de centrales que no están disponibles por pequeños problemas técnicos sobrevenidos aparentemente».

En 2017, la CNMC abrió este expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación tras observar esos indicios de alteración de precios en ese periodo. A la vista de los precios registrados en el pool, se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real.

Sobre apunta la información reservada realizada, la Dirección de Energía de la CNMC observó indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro). Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos.

De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante varios días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria. Dicha conducta podría haberse producido por Gas Natural Fenosa Generación en 5 centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa en la central de ciclo combinado de Besós.