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Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

El comité de expertos espera que su informe sea tenido en cuenta por el Gobierno para impulsar la transición energética

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EFE.- Jorge Sanz, que presidió el comité de expertos sobre transición energética, reivindica que el informe que elaboró ese grupo, que se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, tiene que ser un documento de referencia de cara a la transición energética. Sanz ha manifestado que el documento de los expertos, que fueron designados por los grupos parlamentarios y agentes sociales, «no es el documento de un partido», y ha añadido que «es un documento que hay que leer».

Ha señalado que los mix energéticos (fuentes de energía que cubren la demanda) que vaya a haber en un futuro dependerán de muchas cosas, como de los precios de los combustibles y de los precios de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, resaltó que una de las conclusiones del comité de expertos fue que el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones era muy sensible a la bajada de los precios del petróleo. De esta manera, señaló que los objetivos para 2030 se cumplirán con mayor holgura si los precios de los combustibles son caros y menos si están baratos.

Ha señalado que, no obstante, el informe concluyó que era factible alcanzar ese objetivo, así como el de eficiencia energética, y que el único en el que aparecían problemas era en el de renovables, que entonces se contemplaba en un 27% del total de la energía suministrada y que ahora Europa ha fijado en el 32%, pese a que los precios de los combustibles ayudan. Ha añadido que, pese a que las renovables han demostrado ser competitivas, las que más las eléctricas, hay un «cuello de botella» en la electrificación.

También ha señalado que, aunque el estudio concluyó que España cumplirá los objetivos de eficiencia energética a 2030, se puede hacer más en este ámbito, lo que puede contribuir a mejorar más en otros objetivos. También ha destacado la importancia que tiene reformar la fiscalidad, sustituyendo impuestos recaudatorios, como la tasa especial a la electricidad y el que pagan los generadores, por ambientales. Ha señalado que esos impuestos recaudatorios afectan al precio, lo que influye en la elección que haga el consumidor sobre la energía que consume, e indicó que la propuesta del comité de expertos «no sube la presión fiscal» sino que la «reequilibra» de forma que contribuyan más los consumidores de tecnologías emisoras.

Sanz manifestó que también hay que discutir cómo se financian las renovables, pues el sistema actual penaliza al consumidor de electricidad, ya que ahora el 90% de la financiación de esas energías proviene del consumo eléctrico. Se mostró a favor de repartir la financiación de las renovables entre todos los consumidores de energía y en proporción a lo que representan, un 25% en el consumo eléctrico y alrededor del 50% en el de combustibles fósiles, a fin de «equilibrar el esfuerzo para que cada uno pague lo que le toca».

La comisión de expertos propone subir un 28,6% el gasóleo, un 5,8% el gas y bajar un 6,8% la luz

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Europa Press.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que el que contamina, paga. El documento incluye 3 límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

Propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, para la electricidad y el gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia «ya que la mayor penetración renovable en nuestro país permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España», explica Sanz, presidente de la comisión de expertos. El informe apunta a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica con carbón, el informe apunta a que con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50 euros por tonelada previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula, por lo que prevé la desaparición del carbón en el mix eléctrico en el año 2030.

Mejor fijar pagos por capacidad

El informe también contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación «que, pudiendo ser redundantes actualmente, podrían necesitarse cuando se recupere la demanda de electricidad«. Esto podría ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años.

La comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso «para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara» respecto de otras fuentes energéticas alternativas (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y, con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables. Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico, debido a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recupera a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.

«Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala», apunta Sanz. Por ello, la Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. «Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía», explica Sanz.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas. Para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria.

El informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético, pero financiado desde los Presupuestos. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), «siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas», con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes. Por último, la comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático.

Los expertos calculan que cerrar las nucleares duplicaría el CO2 de la generación eléctrica y subiría un 20% su precio

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética estima que el cierre adelantado de las centrales nucleares duplicaría las emisiones de CO2 en el sector eléctrico y elevaría el precio de la electricidad en un 20%. La comisión ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno y recomiendan aplicar, entre otras medidas, impuestos verdes a los vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuenta con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático. En este sentido, los expertos consideran que alargando la vida de las centrales nucleares en 10 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del Fondo de Enresa previsto para el desmantelamiento de las centrales. También señalan que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determinar la capacidad técnica de cada instalación para continuar su operación en condiciones de seguridad.

Los expertos advierten de que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; además, se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 millones al año); no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos. Además, recuerda que el valor de la tasa que nutre el fondo con el que se financia el plan no se ha modificado desde su entrada en vigor en el 2010.

Por ello, considera que resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits y, en consecuencia, disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las responsabilidades futuras. «Su valor actual (6,69€/MWh) resulta insuficiente y, por tanto, da lugar a la generación de un déficit para el escenario de vida de 40 años contemplado en el vigente PGRR», aseguran. Los 7 reactores en operación, que representan aproximadamente el 7% de la potencia eléctrica instalada, generaron en 2016 el 21,39% de la producción eléctrica total, resultando la primera fuente de generación en España. Esta participación fue del 11,5% a nivel mundial y del 27,7% a nivel de la Unión Europea.

En definitiva, la Comisión considera que, en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos. Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del vigente Plan General de Residuos Radioactivos, se considera procedente la aprobación de un nuevo Plan al objeto de actualizar las actuaciones y soluciones técnicas a desarrollar en el futuro, así como las previsiones económico-financieras correspondientes.

Por último, al tratarse de un sector con un elevado nivel tecnológico y con experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 50 años, esta Comisión cree que cualquier decisión que pudiera adoptarse en relación con el parque nuclear debería ir acompañada de un análisis sobre el impacto que tendría para la industria nuclear, con el objeto de tratar de preservar, al menos, el empleo altamente cualificado y las capacidades básicas con las que resulte conveniente seguir contando en el futuro.

Impuestos ambientales en el transporte

Por otro lado, la recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema. Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.

Los expertos concluyen que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar notablemente el tipo impositivo aplicable al gasóleo. Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.

Respecto al ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones. En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas in situ, o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.

Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social. En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados. Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.

Respecto a la gobernanza, los expertos advierten de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima «pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro», por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas. Concluyen que la transición debe ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia. En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.