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Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

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Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

Lambán cree que el acuerdo para la transición justa del carbón no soluciona el problema integral de las cuencas mineras

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Europa Press.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el acuerdo para una transición justa del carbón rubricado por sindicatos y patronal «es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas mineras». El documento se firmó en Madrid ante la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.

Lambán comentó que el preacuerdo «se anunció hace algunos días» y «ya tomó forma definitiva», pero «tenemos que seguir hablando sobre de qué pasa con la central térmica de Andorra» y, a medio plazo, con el cierre del carbón, «algo que tarde o temprano todos sabíamos que iba a llegar». El presidente ha asegurado que el Gobierno aragonés mantiene conversaciones «hace tiempo con la ministra Ribera y con la ministra de Industria», Reyes Maroto. En concreto, ha recordado el compromiso de Teresa Ribera de visitar en noviembre Aragón y «trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones».

Además, ha indicado que la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, se ha reunido recientemente con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien le ha anunciado «que estaban trabajando para ver de qué forma se puede alargar la vida de la central térmica, cuyo cierre, no lo olvidemos, depende fundamentalmente de una decisión de Endesa», empresa propietaria de la misma.

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

Aragón, Asturias y Castilla y León, las autonomías del carbón, reclaman más tiempo para poder acometer una transición energética justa

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EFE.- Mientras el secretario provincial del PP de León, Ángel Calvo, ha defendido que «no hay ningún combustible que pueda regular el mercado tanto como el carbón», un mineral «al que aún no le ha llegado el final», las 3 comunidades autónomas que aún tienen en el carbón un sector estratégico (Aragón, Asturias y Castilla y León) han reclamado más tiempo para poder acometer una transición energética justa, por el interés de estos territorios pero también por el propio sistema energético.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que «nadie niega» que hay que tender a medio plazo a la desaparición de las energías fósiles, pero cree que una transición justa hacia las renovables es «imposible» si las centrales se cierran en 2020. A su juicio, y así se lo ha trasladado Lambán a la ministra Teresa Ribera, hay que «suavizar» estos plazos, incluso por el interés del propio sistema energético y por la garantía de precio de la energía.

«Transición es transición, no precipicio», subraya el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien recuerda que en una época «bien reciente» de España el carbón autóctono “salvó” la economía al proporcionar la energía que no podían dar otros métodos por circunstancias del momento climatológico. Herrera resaltó que los objetivos «más extremos» dentro de la Unión Europea para el cierre de las centrales se sitúan en 2030, y por eso ha instado a que en España no se sea «más papistas que el papa», puesto que en este país se está planteando el cierre 10 años antes «y sobre todo sin alternativas claras» para las comarcas, que «siguen teniendo su supervivencia en el carbón».

Por eso, la alternativa pasa a su juicio por hacer una reserva de carbón nacional, sobre todo al haberse comprobado que tiene más garantías laborales que el que viene de fuera. Y, a su vez, la alternativa, cuando se habla incluso de crear un fondo europeo para este fin, debe dirigirse a impulsar energías limpias que, como la biomasa, se puedan ligar con otros objetivos que tienen las comunidades, como la preservación del medio natural y la lucha contra el cambio climático y los incendios.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha recordado que con el mercado eléctrico se está hablando de un mercado que no es libre, sino «muy regulado», y que el cierre de una central debe llevar el acuerdo del Gobierno correspondiente para que no afecte a la seguridad del suministro, al equilibrio medioambiental y al precio. Se habla de un fenómeno local con transcendencia global «y en esa perspectiva hay que analizarlo», concluyó el presidente asturiano.

Carbón “para regular el mercado”

Por otro lado, Calvo resaltó la proposición de ley del PP para regular el cierre de las térmicas, una iniciativa que el PP registró antes de abandonar el Gobierno y que serviría para desestimar el cierre de plantas de generación eléctrica si su clausura incide negativamente en las emisiones de gases invernadero o en los precios. La propuesta, ha indicado Calvo, «pretende servir para regular los precios de la energía y endurecer las condiciones de cierre». A su juicio, el carbón debería ser el combustible que regule el mercado porque «aunque a algunos les pese, el carbón no es sucio».

«El PP padeció en sus propias carnes las nefastas decisiones del ministro Soria pero Álvaro Nadal, artífice de este real decreto, tenía claro que el cierre de las térmicas iba a conllevar un aumento del recibo de la luz», apuntó. Calvo también critica que el nuevo Ministerio, «llamado de Transición Ecológica, diga que apuesta por las energías renovables al tiempo que no ha conseguido arrancar un compromiso al fabricante de componentes eólicos Vestas para que mantenga su actividad en León». «El Ministerio debería de haber exprimido esa naranja adecuadamente», zanjó.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

Lambán (Aragón) advierte a la ministra Ribera que prescindir del carbón y las térmicas encarecerá el precio de la energía

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EFE / Europa Press.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que prescindir del carbón, cuando aún no está resuelto el asunto del almacenamiento de la energía procedente de fuentes renovables, encarecería «notablemente» el precio de la electricidad. Además, señaló, pondría en riesgo la supervivencia de buena parte de la provincia de Teruel.

Para Lambán, Ribera hereda del gobierno del PP en este asunto, «como en tantos otros», una situación «complicada», puesto que su gestión respecto a la minería del carbón fue «una página en blanco» y, durante los 7 años que estuvo en el poder, no tranquilizó «nunca» a Aragón respecto al futuro de la Central Térmica de Andorra (Teruel). «El Gobierno del PP, además de engañarnos clamorosamente en algunas ocasiones, no ha hecho absolutamente nada por asegurar la supervivencia del carbón ni por buscar alternativas en las cuencas mineras», lamentó Lambán.

También recordó que el plan para la reconversión del sector para aplicarse en Castilla y León, Asturias y Aragón entre 2013 y 2016, con 250 millones de euros, «se ha incumplido de manera clamorosa», con una prórroga hasta 2022 y 132 millones en lugar de los 250 previstos. Ante esta situación, la nueva ministra habla ahora, recordó el presidente aragonés, de una transición hacia las energías renovables pero que no produzca «quebrantos» en los territorios ni en el sistema energético español, y eso es algo de lo que el gobierno de Aragón quiere hablar con Ribera en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo porque, según Lambán, prescindir ahora mismo del carbón supondría un «encarecimiento notable» del precio de la energía.

Aunque el gobierno autonómico espera que «en un momento determinado» todo el sistema se nutra de energías renovables, en este momento no está resuelto el almacenamiento y por eso, en determinados momentos, para asegurar el abastecimiento de energía hay que recurrir a otro tipo de fuentes, entre ellas, «de manera absolutamente inevitable», al carbón. Además, señaló Lambán, la Central de Andorra «sigue siendo un elemento fundamental para la supervivencia económica de una parte importante de Teruel», por lo que mientras no se encuentren alternativas su cierre sería «una temeridad». Por ello Lambán confía en que la ministra tendrá «sensibilidad suficiente» para coincidir con este diagnóstico.

Lo de Tejerina “no sirve”

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha asegurado haberse encontrado con un texto «avanzado» del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por su antecesora Isabel García Tejerina aunque ha precisado que «sirve de poca cosa» al no incluir la parte de energía. «Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», ha indicado la ministra.

No obstante, Ribera lamenta que en el texto «no haya nada en materia de energía, implicación social o medidas fiscales«. Es un texto «interesante que permitirá trabajar sobre una base importante» pero «es poca cosa» porque se ve que «la energía no estaba en el radar». En este sentido ha recordado que desde 2015 «cada país tiene que enviar un plan nacional integrado de energía y clima y no hay una sola línea; la energía no formaba parte del debate«.

Partiendo de esta situación, ha explicado que su tarea será «facilitar un debate que identifique puntos que son complicados. Ribera pretende «presentar unas líneas maestras» a un grupo de trabajo que «de forma plural pueda empezar a discutir y construir para cumplir el objetivo de tener un documento de referencia en plazo». Para la titular de Transición Ecológica, «España no se debe permitir el lujo de llegar tarde a obligaciones que se conocen y marcan el carácter y la seriedad del compromiso con la comunidad internacional y la Unión Europea».

UGT critica a la ministra

Por su parte, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha criticado el «varapalo para Castilla y León» de Teresa Ribera, que asegura que el carbón tiene «poco futuro». Santa Eufemia ha recordado que «desde el sindicato» siguen «pensando que el carbón autóctono tiene vida» y que continuarán «defendiendo las térmicas, el consumo y la extracción de carbón autóctono». El responsable de UGT lamenta las declaraciones sobre las térmicas y el carbón de la nueva ministra, de quien ha criticado que «lleva una semana en el cargo y como quien dice ni tan siquiera se ha sentado a ver los papeles del antiguo gobierno».

Además, Santa Eufemia ha indicado que en los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un año, se verá la postura y firmeza de los políticos ante este tema y de cara a Europa, que está marcando «en Medio Ambiente las rayas» a seguir, y que si no cambian «encontrarán en frente a los sindicatos» para la defensa «de la población y del territorio». El sindicalista mostró su incertidumbre sobre qué va a pasar con la devolución de las ayudas mineras planteadas para 2020, sobre las que recordó que será Europa la que marque esa devolución, pero también ha incidido en que habrá que ver la postura del Estado y cómo se realiza la devolución.

Forestalia inicia las obras del proyecto eólico Goya, una inversión de 310 millones de euros que revoluciona 3 comarcas aragonesas

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EFE.- La localidad zaragozana de Azuara ha acogido el inicio de las obras del proyecto eólico Goya, un plan que prevé una inversión de 310 millones de euros para construir 9 parques eólicos que van a revolucionar económicamente las comarcas zaragozanas de Campo de Belchite, Daroca y Cariñena.

Un proyecto que suma 300 megavatios de potencia y generará una energía equivalente a la que consume la ciudad de Zaragoza.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha presidido los actos de este importante acontecimiento para estas tres comarcas, no solo por los ingresos que va a suponer, sino por el número de empleos que se van a crear, fundamentalmente de la zona.

Son, según ha apuntado el presidente de Forestalia, Fernando Samper, unos 1.300 empleos durante la fase de construcción y entre 60 y 70 las personas que trabajarán durante la fase de explotación.

«Venimos para quedarnos y echar raíces para el desarrollo sostenible», ha sentenciado Samper, quien ha destacado que así «se materializa una nueva etapa» y un modelo de negocio diferente.

Y es que es el primer proyecto que se lleva a cabo en España sin subvenciones públicas y que será financiado con 140 millones de euros de fondos propios de la sociedad formada por Milova Eurofideme 3, un fondo gestionado por Mirova (51%), General Electric Energy Financial Services (25%), ENGIE (15%) y Forestalia (9%).

En la financiación de la deuda, de unos 170 millones de euros, certificada como préstamo verde, el Banco Europeo de Inversiones ha facilitado un préstamo de 50 millones de euros, en el plan de inversiones para Europa. En la financiación de los 120 millones restantes participan BBVA, CaixaBank y Santander.

Samper calcula que las 80 turbinas de todos los parques trabajarán unas 3.200-3.300 horas, más de 200 días al año.

Aunque la fecha prevista de entrada en funcionamiento es 2020, Samper prevé que comiencen a producir en septiembre-octubre del próximo año.

El alcalde de Azuara, una localidad en la que apenas habitan en la actualidad 300 personas, ha mostrado su satisfacción por este proyecto, ya que va a ser un «revulsivo» para la zona y va a generar 1,4 millones de euros de ingresos.

Respecto al volumen de trabajadores que va a tener que asumir la comarca, el alcalde ha reconocido que «entre unos y otros se irá dando solución» a los problemas de falta de alojamiento, debido a la escasez de viviendas y hoteles.

La inversión total de 310 millones de euros se sustenta en un contrato de compra de energía (PPA) de 12 años, el primero de su tipo en el mercado español de renovables.

A través de este PPA, ENGIE garantiza la compra de una gran parte de la electricidad generada en el Proyecto Goya.

ENGIE, junto con Acciona y Copsa, será la encargada de realizar las obras de construcción de los 9 parques y GE de la fabricación e instalación de todas las turbinas, que tendrán hasta 3,8 y 3,4 MW de capacidad cada una, además de la operación y mantenimiento de los parques.

El presidente de Aragón ha mostrado su optimismo con estos proyectos y los futuros que se están tramitando y que van a hacer a Aragón líder de energía eólica en España.

Asimismo, ha destacado el compromiso de Forestalia, que ha «copado» el 50% de las subastas, gracias al «valor» de su presidente, que se «plantó» en Madrid «como una especie de Quijote temerario».

Lambán ha recordado que el Gobierno de Aragón está tramitando 141 proyectos eólicos con los que se pasará de 1.800 megavatios de potencia a más de 6.000, mientras que en el campo de la energía fotovoltaica se están tramitando 35 proyectos que pasarían de 170 a producir 1.500 megavatios.

Se trata, ha dicho, de un «futuro esperanzador» para combatir la despoblación, al tiempo que ha asegurado que tampoco es «desdeñable» la aportación de Aragón para hacer frente al cambio climático.

Por eso espera que el acuerdo con el Gobierno central para la exportación de la energía «se pueda hacer cuanto antes».

La cartera actual de proyectos de Forestalia suma 3,6 gigavatios de potencia, de los que casi 2 fueron adjudicados por el Ministerio de Energía en las subastas de renovables de 2016 y 2017.

Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

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EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.

Iberdrola pide a la industria que siga su ejemplo de dejar el carbón y tome medidas contra el cambio climático

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Europa Press.- Mientras hay políticos, como el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que recriminan que el decreto publicado por el Gobierno central para endurecer el cierre de las centrales térmicas «no evita» que puedan clausurarse estas instalaciones, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido a la industria de todos los sectores que «siga su ejemplo» y tome medidas contra el cambio climático porque considera que «el momento de hablar ya ha pasado; ahora es el momento de actuar».

Sánchez Galán ha explicado la decisión de Iberdrola de cerrar sus centrales de carbón para cumplir con su objetivo de reducir sus emisiones de carbono en un 50% en 2030. Así, ha garantizado que la multinacional seguirá haciendo su parte pero necesita que «otras industrias y compañías» sigan su «ejemplo». En este contexto, ha defendido que el camino hacia una economía descarbonizada, sostenible y competitiva «no es un problema sino una oportunidad única que crea valor para la sociedad en su conjunto». «Esta transición necesita esfuerzos continuos y responsabilidad compartida. Tanto las empresas como los gobiernos debemos trabajar juntos más que nunca con el fin de impulsar el mundo hacia un futuro energético más sostenible y económicamente viable«, ha concluido.

“No evita” cerrar las térmicas

Por su parte, Lambán anunció que el Ejecutivo autonómico de Aragón se pondrá en contacto con el Gobierno de España para aclarar los términos del decreto y enmendarlo, dado que «enducere las condiciones para el cierre de una térmica, pero no evita el cierre de una central». Ha añadido que «es fundamental que las centrales térmicas nutridas por carbón autóctono se preserven de una forma especial y esto no ha sido contemplado. La protección del decreto es endeble y otras centrales como las nucleares quedan más salvaguardadas«, ha considerado Lambán.

Greenpeace pide desbloquear los cierres

Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace exigió al Gobierno español que, en coherencia con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, no bloquee el cierre de las centrales térmicas de carbón de Iberdrola de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), sino que «dé un mensaje sólido de lucha contra el cambio climático y asuma un compromiso para el abandono de las energías sucias y a favor de las renovables».

En este sentido, Greenpeace ha aplaudido la decisión de Iberdrola de solicitar al Ministerio de Energía el cierre de sus 2 térmicas en España, que suman 874 megavatios (MW) y que emitieron más de 2 millones de toneladas de CO2 en 2016, al tratarse el carbón del combustible que más contribuye al cambio climático. Dicho plan de cierre incluye el compromiso de mantenimiento del empleo, algo «fundamental», según Greenpeace, para la necesaria transición justa del carbón a la energía sostenible».

Para la organización ecologista, el anuncio de cierre de todas las centrales térmicas de carbón de Iberdrola es «una victoria de la lucha contra el cambio climático», y considera que es «una de las novedades más positivas» de la Cumbre COP23. Greenpeace ha pedido al resto de las grandes eléctricas que operan en España (Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) que informen de sus planes de cierre de sus respectivas térmicas de carbón, para que el Gobierno pueda planificar un nuevo sistema eléctrico sin carbón a partir de 2025.

Subvenciones a los combustibles fósiles

En este sentido, recuerda que, de momento, 3 de las 5 grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP) han pedido que los objetivos europeos de renovables se eleven del 27% al 35% para 2030, en el contexto del debate del paquete europeo de energía y clima. «Pero el Gobierno español no apoya ni más objetivos de renovables, ni más participación ciudadana, sino que quiere nuevas subvenciones para la energía sucia», lamenta.

Greenpeace pide ahora a Iberdrola que «dé el siguiente paso» y anuncie el cierre de sus centrales nucleares y se comprometa a reemplazar esa energía por nueva generación renovable y eficiencia energética, en vez de aumentar la quema de gas. «Una compañía que pretenda ser líder en energía limpia debe presionar por un futuro completamente renovable, facilitando la participación», subraya.

La importancia del compromiso de Iberdrola se pone de manifiesto, según Greenpeace, tras la publicación de los datos del Global Carbon Project, que revelan que las emisiones mundiales de CO2 aumentarán este año en aproximadamente un 2% después de tres años de haberse mantenido estables, con un crecimiento nulo. Este repunte se debe, según la organización, al «lento ritmo» de reducción de las emisiones en la Unión Europea y Estados Unidos y el «anómalo» crecimiento de las emisiones en China.

José Luis García Ortega, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace España, espera que el anuncio de Iberdrola sea un «empujón definitivo» para que las otras eléctricas propietarias de térmicas de carbón definan una fecha para el cierre de las mismas y para que el Gobierno «marque un camino claro para un sistema energético 100% renovable en manos de la ciudadanía». «Es vergonzoso que tengamos un Gobierno más fósil que las empresas eléctricas», sentenció.