Europa Press / EFE.- La compañía japonesa JGC Corporation presentó una nueva demanda contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, la decimosexta denuncia presentada por inversores internacionales por los recortes a las renovables, la octava demanda contra el Gobierno de España en lo que va de año. Según la información remitida al Ciadi, la empresa cuenta con el asesoramiento jurídico del bufete español Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y del nipón Nagashima Ohno&Tsunematsu.

JGC Corporation es titular, junto con Abengoa, de dos plantas termosolares en Córdoba que suman una potencia instalada de 100 megavatios (MW). Según la información disponible en la página web del Ciadi, la demanda presentada esta semana confirma a España como el tercer país del mundo con más arbitrajes, solo por detrás de Venezuela y Argentina, el organismo para la resolución de conflictos entre inversores y países del Banco Mundial.

Los inversores alemanes concentran 6 de las 16 denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi relacionadas con los recortes a las renovables. La anterior denuncia fue presentada por dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest. Anteriormente, también un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss presentó una denuncia similar. Estos dos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

Recientemente, el Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional. Además, el Ciadi había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa. A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno.

Además, la normativa española también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía. Tras conocerse el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.