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Piden en Bruselas suspender la línea de muy alta tensión de La Plana-Morella

EFE.- La «Plataforma No a la MAT de Castellón» solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que paralice la nueva línea de muy alta tensión la Plana-Morella, en una sesión en la que se acordó esperar a que el Ejecutivo comunitario se pronuncie sobre el proyecto para volver a analizarlo de nuevo.

El proyecto, incluido en la Planificación Energética 2015-2020 elaborada por el Gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas, prevé construir una línea de doble circuito de 400 kV y 86 kilómetros que conectaría la subestación de Morella con la de la Plana. La ponente de la petición en la sede parlamentaria, Clara Eugenia Ros, calificó el proyecto de «cicatriz en el territorio» que «no es de utilidad pública» y supone un «atentado contra la naturaleza (…) y los ciudadanos», que «beneficia exclusivamente al promotor». Ros subrayó que ya hay una tendido eléctrico que discurre en paralelo y señaló que el nuevo proyecto, que se ha «fragmentado para facilitar su aprobación», «no contempla el desmantelamiento de la línea ya existente».

La petición recibió el respaldo expreso de varios eurodiputados, entre ellos la valenciana Marina Albiol, portavoz de la delegación de La Izquierda Plural en la Eurocámara, quien indicó que la utilidad pública del proyecto es «cuestionable» y solicitó que se paralice el nuevo tendido porque afecta a las aves silvestres, a los hábitats animales y a la Red Natura 2000.

En esa línea, el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi recordó que el Gobierno de la Comunitat Valenciana se opone al proyecto y exigió «una evaluación del impacto ambiental estratégico» de todo el proyecto, mientras que Josep-Maria Terricabras, del grupo de Los Verdes, secundó la petición y señaló que «el caso de las eléctricas españolas acabará saliendo en los libros del terror de Europa».

Por su parte, la europarlamentaria de Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa Beatriz Becerra pidió que se aplique el «principio de precaución» ante los riesgos medioambientales y sanitarios que alegan los detractores del proyecto, y la socialista Soledad Cabezón instó a que se estudiase si la construcción de la línea se había publicitado adecuadamente entre la ciudadanía. El funcionario Daniel Fernández Gómez explicó que la Comisión Europea (CE) solicitó información a las autoridades españolas en dos ocasiones y que, tras haberla recibido, el Ejecutivo comunitario se pronunciará en breve sobre el caso.

De ese modo, la eurodiputada popular Rosa Estaràs Ferragut, miembro de la Comisión de Peticiones, se pronunció a favor de esperar a que la Comisión Europea se pronuncie y volver a analizar entonces la solicitud, extremo que aceptó la presidenta de esa comisión parlamentaria, la liberal Cecilia Wikstrom. Según explicó Red Eléctrica el pasado septiembre, el tendido en el que planea invertir 47,5 millones de euros incrementará la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la Comunitat Valenciana y hará que el sistema eléctrico sea más eficiente, seguro y sostenible.

La Izquierda Plural pide declarar el Mediterráneo como Zona Libre de Prospecciones

Europa Press.- La Izquierda Plural quiere que el Congreso declare el Mediterráneo español Zona Libre de Prospecciones Petrolíferas, y que aplique una moratoria para la aprobación de cualquier proyecto de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos. En una proposición no de ley registrada en el Congreso, la coalición apela a la «alarma social muy importante» que este tipo de iniciativas despierta entre los españoles, que tendrían una afección «enorme» si llegara a ocurrir un vertido.

Alegan además el impacto negativo en el turismo, por la reducción de turistas que provoca la autorización de prospecciones, y también subrayan los efectos «nocivos» en el medio ambiente que generan. De hecho, se recuerda que todos los partidos de Baleares con representación en el Congreso y en el Parlamento autonómico, incluido el PP, han firmado un «solemne compromiso» de oponerse «activamente» a cualquier tipo de prospección en el Mediterráneo.

Para evitar que ese acuerdo «se quede en un simple gesto de cara a la galería», IU-ICV recoge en su iniciativa sus principales contenidos para que sean «asumidos» también por la Cámara Baja. Y, por ello, reclama que se apruebe una Ley de Declaración del Mediterráneo español como Zona Libre de Prospecciones Petrolíferas y que se prohíban los proyectos de exploración que actualmente se están tramitando. Asimismo, el Ejecutivo central debería dar luz verde a una moratoria «de efecto inmediato» para cualquier nuevo proyecto de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo español.

La oposición en el Congreso reprocha a Soria que su presupuesto no apoya a la industria ni a las renovables

Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados reprocharon al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que las cuentas que ha preparado para su departamento en 2016 no contribuyen a la reindustrialización ni al desarrollo de las energías renovables, pese a tratarse de sectores fundamentales para consolidar la recuperación.

Durante el debate de las enmiendas de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2016, la portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, afirmó que las cuentas «consolidan el freno a la reindustrialización y al desarrollo de un modelo energético alternativo e innovador basado en las renovables«. «La industria no es una prioridad para el Gobierno», acusó, avisando de que «difícilmente» se alcanzará el objetivo del que el 20% del PIB sea industrial en 2020. Además, lamentó que no se haya «sabido aprovechar el impulso externo para consolidar un cambio de modelo productivo que asegure un crecimiento sostenible y permanente» y que la «caótica gestión energética» sólo haya servido para «desincentivar» el ahorro y las renovables.

Por la Izquierda Plural, el diputado Josep Pérez Moya coincide en que el Gobierno «renunció a dotar al país de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita una salida justa de la crisis» y que durante toda la legislatura haya «supeditado los intereses de los españoles» a los de la banca alemana o a los «intereses especulativos» de la industria energética. Mientras, el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que sean «continuistas» y «muy conservadores» ya que financian un modelo económico que «ha tenido un papel fundamental en el agravamiento» de la crisis al no apostar por sectores innovadores que dan «dinamismo» a la economía y generan empleo de calidad.

Por Convergència (CDC), Pere Macias puso en duda que los Presupuestos de Industria contengan las medidas «necesarias para dinamizar la reindustrialización que el país necesita», según esgrime el Gobierno, y advierte de que aunque en algunos sectores como el del automóvil «las cosas se han hecho razonablemente bien» en otros «se están haciendo bastante mal». Igualmente, echó en falta una «política decidida de apoyo a las pymes» y la apuesta por el vehículo eléctrico como el mejor instrumento para poner en valor el exceso de potencia eléctrica instalada que hay en España, lo que se suma a las decisiones que se han adoptado en contra del desarrollo de las renovables.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que estos Presupuestos se presentan en un contexto económico totalmente diferente al de años anteriores por el crecimiento y por la creación de empleo. Así, aseguró que con estas cuentas se «consolidará» la recuperación, que a su juicio es «sostenible y clara» siempre y cuando «persista esta política económica», particularmente en los ámbitos de su competencia. «Que la recuperación sea o no irreversible dependerá de que se mantenga el signo de la actual política económica, que ha generado confianza y credibilidad. La única sombra en el horizonte es que haya un giro radical en el signo de la política económica», advirtió.

A renglón seguido, Soria resumió las principales cifras de su departamento, explicando que la ligera caída del gasto se debe, entre otras cosas, a los menores costes del sistema eléctrico o al fin de las inversiones para reantenización. Y subrayó particularmente la buena marcha del turismo, que vinculó entre otras cosas a la buena calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) gestionado por las comunidades autónomas o a la seguridad.

El presupuesto de Industria para 2016 alcanza los 7.269 millones de euros, un 10,6% menos, como consecuencia del descenso del 14,8% del presupuesto no financiero, hasta 4.889 millones. Este descenso se debe a la reducción o desaparición de partidas como la destinada a financiar los costes del sistema eléctrico, el Plan PIVE o la eficiencia energética. El mayor porcentaje del presupuesto corresponde al área de Energía, con 4.226,5 millones, un 12,45% menos, por la caída de los costes del sistema eléctrico, el ahorro energético y la corrección del déficit eléctrico.

Finalmente, el portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, esgrimió que el actual Ejecutivo ha «afrontado claramente la necesidad de desarrollar los sectores que crean empleo de más calidad» tras la «inactividad» del Gobierno anterior, que generó así numerosos problemas. Así, el diputado defendió que se consiguió la «sostenibilidad» del sistema energético apostando «decididamente» por la eficiencia y las renovables; se «apoyó e impulsó» a sectores tractores en la economía, atrayendo inversiones que «benefician a empresas de alto valor añadido» como el del automóvil o el aeroespacial; y se ha conseguido corregir los errores en la política turística, donde la pasada legislatura «había más presupuesto pero menos inversión y menos turistas».

El PP se queda solo frente a las críticas de la oposición por la propuesta de autoconsumo de Industria

Europa Press.- El PP cree que la propuesta de regulación del autoconsumo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) expuso en una proposición de ley que se debatió en el pleno del Congreso es «electoralista» y exigió esperar a que el Ministerio de Industria presente su real decreto, que actualmente está todavía en fase de consulta pública, porque considera que la nueva regulación propuesta dará seguridad jurídica a los autoconsumidores y permitirá desarrollar este sector.

Así lo ha señalado la diputada popular Encarnación Jiménez, que defendió el establecimiento de peajes por el uso de las redes eléctricas para los autoconsumidores para evitar que esta modalidad de generación se desarrolle «a costa de una transferencia de rentas» y haciendo que sean «los consumidores más vulnerables los que soporten los costes fijos del sistema». «Autoconsumo sí, pero con todos los consumidores en igualdad de condiciones», proclamó Jiménez, subrayando los logros del Ejecutivo en materia energética durante esta legislatura, que pasan por «haber conseguido la sostenibilidad financiera y medioambiental del sistema y la garantía de suministro, además del fin del déficit tarifario y la bajada de la factura».

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya (ICV) afirmó que el modelo energético español, requiere de un cambio «radical» pero el Gobierno «hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales y uno de los que deberían ser sus referentes espirituales, el Papa», y plantea una regulación que «penaliza el ahorro y la eficiencia» y perjudica a las renovables y el autoconsumo. «El sentido común y las instituciones van en una dirección y ustedes hacen justo lo contrario: Presentan un decreto para enterrar la autoproducción con un peaje al sol. Somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea«, indicó, acusando a los populares de «poner trabas» para que el autoconsumo sea «inviable».

Por eso, la Izquierda Plural propone modificar la Ley del Sector Eléctrico para que el consumidor que quiera autoconsumir pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes «reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion» y que «en ningún caso puedan ser mayores que los aplicados» al resto de consumidores.

Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, lamenta que generar y consumir la propia energía sea ahora «una utopía irrealizable» en España por culpa del Gobierno, que «hace todo lo posible para que sea inviable«, en contra de la tendencia general en Europa, al establecer multitud de barreras, incluyendo un peaje «intolerable» y que supone un «atraco al bolsillo» de los autoconsumidores, que «ya contribuyen al mantenimiento de las redes con el pago del término fijo».

«Pero el desarrollo del autoconsumo es imparable, por mucho que quieran frenarlo. Es como querer frenar las redes sociales o Internet, no podemos hacerlo porque no es razonable ni justo, y demuestra que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría», acusó Lucio, recordando la multitud de beneficios económicos, sociales y medioambientales de esta modalidad de consumo.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, acusa al Ejecutivo de plantear una regulación «preliberal» más propia de un «feudalismo energético» al establecer una tasa por «algo que uno no necesita», que equivaldría a «tener un huerto y pagar un impuesto al frutero sólo porque vende lo que tú produces en casa». «Es la defensa cerrada de un modelo de negocio fracasado y demuestra que el problema de fondo de la política energética española es precisamente que no existe», añadió el diputado magenta, que aunque reconoce que el autoconsumo no será la «panacea» sí debe «tener un lugar» porque contribuirá a un «cambio de modelo económico, urbano y energético».

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera lamenta que el PP «penalice» el autoconsumo con un peaje «excesivo y de dudosa validez regulatoria» a pesar de tratarse de un sector «incipiente» que ofrece «una gran oportunidad de negocio para las renovables«. «Imponen enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad, a expensas de las grandes aportaciones positivas al consumo eléctrico. Es un desatino, un despropósito. Aislando el autoconsumo, el Gobierno se aleja de Europa y, poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, desafían además el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables«, insistió, reclamando que en ningún caso se «margine» la cogeneración.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, considera «acertado» fomentar el autoconsumo, por sus beneficios para reducción de costes, dependencia energética o contaminación; aunque reconoce sus dudas ante la petición de retirar los peajes para los autoconsumidores con balance neto, dado que utilizan la red y «eso hay que pagarlo», y propone por contra incentivar esta actividad con subvenciones o fiscalmente.

El diputado de ERC Joan Tardà criticó al Gobierno por «defender los intereses contaminantes e incluso mafiosos» del oligopolio energético a costa de una legislación «lobbista e irracional» que «penaliza aún más el desarrollo del autoconsumo» y de las renovables, con las que se podría luchar de forma más efectiva contra la pobreza energética. Pedro Quevedo (CC-NC) ha acusado al Gobierno de producir una «contrarreforma energética» de carácter «ideológico» y de perder una oportunidad para «democratizar un sector opaco» aprovechando energías limpias «mucho más baratas».

IU-ICV, PNV, BNG y Compromís exigen revisar los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos

Europa Press.- La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo registraron en el Congreso una proposición no de ley conjunta para exigir al Gobierno de los Diputados una revisión de los tanques enterrados de almacenamiento de productos petrolíferos para garantizar que han cumplido con la normativa de seguridad vigente.

En el texto, las cuatro formaciones recuerdan que el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos en este tipo de tanques es una actividad de «elevado riesgo medioambiental» por la pérdida de estanqueidad que se produce con la oxidación de los tanques de pared simple que están instalados sin cubeto estanco de contención. Además, creen que quince años después de la aprobación del real decreto por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera se observan «carencias en su aplicación» e «injustificadas actuaciones administrativas que han dado lugar a rebajas de las exigencias de revisiones periódicas, como la contenida en una orden ministerial del año 2010.

Por eso, quieren que el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial realice un informe sobre el cumplimiento reglamentario en este tipo de almacenamientos, analizando el resultado de las inspecciones periódicas que se hayan realizado. En concreto, quieren saber si se ha aplicado la corrección de errores del decreto publicada en 2000, que anulaba la exención de realizar pruebas de estanqueidad durante cinco años a los tanques reparados; qué porcentaje de fugas sobre el total de instalaciones ha sido notificado a las comunidades autónomas desde 2002 y cuántos sistemas de detección de fugas fijos por variación de nivel o conciliación de inventario han solicitado la exención de pruebas de estanqueidad neumática en el mismo periodo.

Finalmente, los firmantes de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Industria del Congreso, quieren que se retire la revisión del decreto que modifica el Reglamento de instalaciones petrolífera por sus «evidentes medidas de relajación en la seguridad» y que se redacte un nuevo texto que «no introduzca medidas más laxas en un tema tan importante». Si no consiguen esta pretensión, reclaman que se cumpla la Ley de Industria de 1992 y se garantice la «compatibilidad y adaptación de las actividades industriales con las exigencias medioambientales» y se «estimule y respete el fomento de la innovación y el desarrollo de tecnologías propias e infraestructuras tecnológicas de utilización colectivas».