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Iberdrola y otras ocho empresas han recaudado hasta 26.000 millones de euros a través de bonos verdes en diez años

Europa Press.- Iberdrola y 8 compañías industriales europeas (EDF, Enel, Engie, Icade, Paprec, SNCF Réseau, SSE y TenneT) han emitido bonos verdes por valor de 26.000 millones de euros desde que lanzasen hace diez años el primer título de renta fija para una financiación responsable y sostenible, confirmándose la necesidad de proteger el medio ambiente y la labor de las empresas comprometidas en la lucha contra el calentamiento global, la reducción de emisiones, la energía y transporte limpios y la eficiencia energética.

Dentro del Día de la Financiación para el Clima, este conglomerado de empresas ha reafirmado su alianza para seguir desarrollando el mercado de bonos verdes. Además, invitaron al resto de la industria europea a tener en cuenta la emisión de bonos verdes para fortalecer el mercado y aumentar el interés inversor en proyectos responsables con el medioambiente. Según el director financiero del grupo Iberdrola, José Sainz Armada, «gracias a la certificación independiente, los inversores privados que siguen principios éticos reciben todas las garantías de que sus fondos se gestionan con una perspectiva sostenible y bajo estrictos criterios de responsabilidad social».

WWF insta al sistema financiero a incorporar «criterios climáticos» en sus inversiones y advierte de los riesgos del cambio climático

Europa Press.- WWF insta a los actores del sistema financiero a incorporar criterios climáticos en sus inversiones y «definir el compromiso con el Acuerdo de París en los mandatos de la política de inversiones y las estrategias». En su informe Cambio Climático. Riesgos y oportunidades en las inversiones financieras, la organización incluye un listado de 9 recomendaciones para incorporar la variable clima al sistema financiero y evitar los riesgos que, según indica, se derivan del calentamiento global.

«La regulación del cambio climático, los riesgos de transición y, en algunos casos, los impactos físicos, afectarán al valor de una porción significativa de estos activos y esto implica un gran riesgo para los propietarios con carteras expuestas a sectores fósiles», señalan los responsables del informe. Además, citan un estudio del Instituto de Liderazgo Ambiental de la Universidad de Cambridge que aconseja tener en cuenta la percepción del cambio climático como «factor de riesgo agregado» en las inversiones y afirma que «los beneficios de una acción temprana conducen a tasas de rendimiento significativamente más altas a largo plazo, especialmente cuando se compara con la inacción».

Alinearse con el acuerdo COP21

Por ello, la organización subraya el papel del sistema financiero como «motor fundamental para acelerar la transición a una economía sostenible y de bajo carbono» y recomienda a los inversores y a las instituciones oficiales que participan en el mercado que realicen un diagnóstico del impacto climático de sus inversiones, para comprobar «si su cartera de inversiones se encuentra alineada con el Acuerdo de París».

Entre las recomendaciones se encuentran también las de definir el compromiso y estrategia de inversiones conforme al acuerdo internacional y comunicarlo a los share-holders (accionistas) y stake-holders (grupos de interés), así como crear una «estructura de gobernanza climática» en las junta de accionistas con responsabilidad para definir objetivos y medidas conforme a criterios climáticos y para involucrar a los inversores.

Asimismo, invita a los actores del sistema financiero a que participen en las coaliciones de inversores por el clima y a que quienes tengan activos en empresas de combustibles fósiles y de altas emisiones «se involucren como accionistas» para incentivar un cambio en el modelo de negocio. Por último, señalan la importancia de colaborar y dialogar con los reguladores y legisladores para impulsar marcos regulatorios adecuados al Acuerdo de París.

España suma su 29ª demanda ante el Ciadi por el recorte a las renovables que denuncian inversores alemanes y suizos

Europa Press.- España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi en contra de los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2014. Esta nueva demanda, que suma la 29ª contra el Estado español ante este organismo, ha sido presentada por las alemanas DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG y 2 KG, Hannover Leasing Sun Invest 2 Spanien Beteiligungs GmbH y la suiza Edisun Power Europe.

Estas sociedades alemanas y suizas están asesoradas en la demanda por el bufete King & Spalding y por Gómez-Acebo-Pombo, según consta en los registros del tribunal. Esta demanda, presentada a finales de octubre, se une a las planteadas a lo largo de los últimos años ante este tribunal por compañías como Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España; la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de 8 empresas en el que participa RWE, entre otros.

Además de en el Ciadi, otras sociedades presentaron arbitrajes contra España en otros organismos internacionales, como la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral). En mayo se falló el primer laudo arbitral por los procedimientos abiertos en el Ciadi contra España por el recorte en la retribución a las renovables, en el que se estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg y se condenaba a España al pago de 128 millones de euros más intereses.

De todas maneras, el fallo del tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial consideraba que “no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. No obstante, el Gobierno de España presentó este verano ante el propio Ciadi el recurso contra este laudo, que supuso el primer revés en las demandas internacionales por los recortes a las renovables acometidos primero a finales de 2010, con el PSOE al frente del Ejecutivo, y después en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros, según indicó recientemente el Ministerio de Energía a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú). Además, el Gobierno subraya que esta cantidad podría aumentar, ya que existían aún varias causas abiertas en las que el inversor aún no había presentado demanda. Entre todas las demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandada a España.

Acciona, Endesa y Red Eléctrica entran en el ranking 2017 de compañías líderes en acciones de cambio climático de CDP

Europa Press.- Un total de 9 empresas españolas forman parte de la Lista A del Clima de empresas líderes por su estrategia, gestión transparente e iniciativas en respuesta al cambio climático que cada año elabora la organización internacional sin ánimo de lucro CDP, que anualmente distribuye esta información para inversores, corporaciones y gobiernos. En la edición anterior, la presencia española en este apartado se elevaba a 14.

Este 2017, CDP ha analizado a más de 3.000 compañías y ha publicado una serie de rankings con unas puntuaciones que van de la A a la D en tres áreas (clima, agua sostenible y deforestación), siendo este año el primero que se anuncian los resultados en los tres ámbitos al mismo tiempo. Entre las compañías puntuadas de A a D, sólo 160 forman parte de la Lista A, que obtienen esta calificación en al menos uno de los tres pilares, a solicitud de 827 inversores con activos de más de 100 billones de dólares.

Unilever y L’Oréal son las únicas que lideran la lista con puntuaciones A en las tres áreas, lo que refleja, según los autores del estudio, cómo las empresas pueden reducir sus emisiones de CO2, incrementar la sostenibilidad del agua y combatir la deforestación al mismo tiempo que generan beneficios. En cuanto a las empresas españolas que figuran en la CDP Climate Change A List de 2017 son Acciona, Bankia, CaixaBank, Ferrovial, IAG, Mapfre, OHL, Red Eléctrica y Telefónica. En esta lista también aparecen empresas como AkzoNobel, BT, EDP, Nissan o San Diego. Respecto a la CDP Water A List 2017, que incluye a las empresas internacionales líderes en la gestión sostenible del agua, figuran las españolas Acciona, Endesa y OHL.

Asimismo, se ha publicado el segundo análisis anual de CDP Seguimiento del progreso en la acción climática corporativa, que revela que ha aumentado el número de empresas líderes que incorporan objetivos de reducción de emisiones de carbono a sus planes empresariales a largo plazo, y que cada vez más estas empresas adoptan las reducciones de emisiones de carbono que, según los científicos, son necesarias para luchar contra el cambio climático.

El estudio revela algunos avances como el hecho de que cada vez más empresas planifican un futuro bajo en carbono. En concreto, el 89% ha fijado objetivos de reducción de las emisiones para este año (frente al 85% en 2016); el 68% ha fijado objetivos de reducción de las emisiones hasta al menos 2020 (frente al 55%) y el 20% cuenta con objetivos a largo plazo hasta 2030 y en adelante (frente al 14%). Asimismo, se ha disminuido la brecha de emisiones para cumplir los objetivos globales y, si se cumplieran los objetivos actuales, las empresas estarían un 31% más cerca del objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius.

En cuanto a la transición hacia un modelo bajo en carbono que impulsa la innovación, el estudio revela que más de un tercio (36%) de las empresas ofrecen productos bajos en carbono, como vehículos eléctricos y edificios de energía cero (frente al 30% en 2016); asimismo, un 75% de las empresas afirman que sus productos y servicios permiten que terceros reduzcan sus emisiones, frente al 64% en 2016; el 32% de las empresas utilizan ahora un sistema interno de fijación de precios del carbono, y otro 18% planifica hacerlo en el plazo de 2 años.

En la misma línea, el número de empresas con un objetivo de consumo de energía renovable ha aumentado un 23% en el pasado año. El informe añade que empresas como BT y Unilever se comprometieron a utilizar un 100% de energía renovable en 2030 como parte de la iniciativa RE100. Mientras, el número de empresas con un objetivo de producción de energía renovable ha aumentado un 36% el pasado año, de 55 a 75 empresas. El documento constata que el clima es ahora un tema de alto nivel pues el 98% de las empresas asignan ahora la responsabilidad de cambio climático al consejo de administración o alta dirección, y el 90% tienen incentivos económicos para cumplir los objetivos climáticos corporativos.

Factorenergia incorporará a un socio financiero para comprar instalaciones de generación renovable y distribución

EFE.- La comercializadora eléctrica Factorenergia prevé cerrar próximamente la incorporación de un nuevo socio estratégico y financiero para promover la compra de instalaciones para la generación y distribución de electricidad, así como para dar el salto a la generación eólica y solar. Factorenergia anunció que sus propietarios, el fondo americano JZ International y Emilio Rousaud, están estudiando la entrada de ese inversor.

El fondo, que tiene una participación del 65% en Factorenergia, recientemente comprometió 100 millones de euros de capital para adquirir plantas solares fotovoltaicas. El 35% restante de Factorenergia es propiedad de Emilio Rousaud, fundador y director general de la compañía. Factorenergia, con una facturación de 375,5 millones de euros, prevé conseguir un millón de clientes particulares en el próximo lustro y para 2019 aumentar sus 70.000 clientes actuales en el segmento empresarial hasta los 150.000.

La versión Goldman Sachs (I)

La difusión del informe de Goldman Sachs y sus efectos sobre la cotización de los valores cotizados del sector eléctrico español ocasionó que el final de la semana pasada fuese negro desde el punto de vista bursátil para el sector. En el informe se ponen números y cifras según la exposición de cada compañía a las actividades reguladas afectadas por la revisión retributiva que el Gobierno pretende aplicar en 2019. Un set-ball en toda regla.

Se dice difusión, más que filtración, por el hecho de que estas entidades financieras, a la hora de emitir sus informes y recomendaciones, tienen mecanismos de información muy profundos y sofisticados respecto de las consultas y la información que obtienen de los países y de los sectores económicos. Se dice que los mercados tienen información perfecta y, por ello, la procuran encontrar, desmenuzar y analizar. Asimismo, por otra parte, la noticia de que el Gobierno está preparando la reducción de la retribución de los activos regulados ya era generalizada y de dominio público en el sector desde antes del verano.

Esta intención ya fue anunciada en foros privados y semipúblicos por el secretario de Estado, incluso por el propio ministro, y se confirma con la reunión a la que alude el propio informe. También cuenta el silencio administrativo para no precisar el cambio normativo que evite la instrumentación efectiva de una reducción retributiva calculada según la situación del bono español. Con la calculadora en la mano: un 40% menos de rentabilidad que afectará más a las compañías más expuestas en el mercado español y a estas actividades reguladas. Era cuestión de tiempo que esta información llegase a los mercados. No puede sorprender en exceso ni su difusión, ni sus efectos.

Por otra parte, su efecto económico-financiero-bursátil ha sorprendido a quienes consideran que la electricidad en nuestro país es una cuestión que se determina (o se debe determinar) en la acción política de los Gobiernos, más que en un modelo de gobernanza empresarial, de mercado y de acción del Estado complementaria, que establece una regulación previsible y estable, acompañada de sus consiguientes mecanismos de inspección, control y supervisión. Una visión tremendamente esquemática, aplicada a un sector que requiere fuertes inversiones a largo plazo, en la que la política puede decidir “lo que sea” y lo que está escrito en la ley se aplica, con independencia de su lógica empresarial y la de los mercados de capitales.

La visión de que la política todo lo puede está instalada en el pensamiento intervencionista español que comparte el origen retroprogresivo en todos los signos políticos. En ese modelo, las compañías y sus propietarios deben aceptar los designios de la política y deben convertirse en brazos articulados de la acción política, sin tener en cuenta las alternativas que se presentan en el mercado de capitales, por otra parte, muy competitivo. Esta cuestión es sustantiva porque su asunción lleva a un error de perspectiva muy relevante, el de la politización de la actividad del suministro eléctrico.

Goldman Sachs pone números al terremoto regulatorio sobre el sistema eléctrico de España que el Gobierno piensa desencadenar en 2019

Javier Angulo.- Una reunión con responsables del Ministerio de Energía y el consecuente informe de Goldman Sachs sobre las conclusiones. Así caduca el mantra enarbolado por la Administración Rajoy de que las medidas puestas en marcha por el binomio Soria-Nadal servían para aportar estabilidad al sistema eléctrico. Se avecinan nuevos recortes retributivos en las actividades reguladas y la recomendación de la entidad financiera estadounidense es clara: invertir en las utilities españolas no es buen negocio: caerán un 8% de media hasta 2025.

A nivel bursátil, Goldman Sachs considera que el mercado no está descontando el impacto sobre las cuentas de las compañías energéticas que puede producirse a raíz de la revisión regulatoria que se producirá a finales de 2019, al finalizar el primer periodo regulatorio de 6 años establecido por el Gobierno en la denominada como reforma energética, con los consiguientes efectos sobre los ingresos percibidos por redes y renovables. Un nuevo ajuste contable que viene a sumarse a la reforma de 2013, con un impacto aproximado de 10.000 millones de euros para enjugar el déficit tarifario.

Tal y como ha manifestado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y pudo corroborar ante los enviados de Goldman Sachs el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, la intención del Gobierno es aplicar en su literalidad la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y mantener la rentabilidad razonable, establecida para las actividades reguladas, ligada al rendimiento del bono español a 10 años más 300 puntos básicos, eso sí, calculándose en cada momento de revisión retributiva y desde las perspectivas de las instalaciones tipo bien gestionadas. En consecuencia, el recorte retributivo que el Gobierno ejecutará para las redes de transporte y distribución de electricidad en el período regulatorio 2020-2025 puede alcanzar un recorte de la rentabilidad de un 40%. Igualmente, y por el mismo procedimiento, salen mal paradas las renovables, con un nuevo ajuste de hasta un tercio en su rentabilidad.

En este sentido, Goldman Sachs aconseja ser cautelosos con las compañías energéticas españolas y cambia directamente su consejo sobre Acciona, donde ahora mantiene una posición neutral y en la que hasta ahora venía recomendando entrar a los inversores. Más tajante es su cambio de postura con Red Eléctrica de España. La compañía presidida por José Folgado puede ser una de las grandes damnificadas de los nuevos recortes al depender en gran medida de su retribución como operador del transporte, tras sortear las reformas anteriores. Por ello Goldman Sachs aconseja vender las participaciones en la compañía. En el resto de utilities, mantiene una postura neutral respecto a Enagás e Iberdrola, mientras que aconseja abandonar posiciones en la compañía lusa EDP, en Endesa y Gas Natural Fenosa.

Precisamente la principal perjudicada en Bolsa desde que se conoció el informe de Goldman Sachs es Gas Natural Fenosa, con una caída acumulada en las dos últimas sesiones del 3,08%, similar al 3,07% perdido por Red Eléctrica. Por su parte Acciona ha caído un 2,75% en las dos últimas sesiones, acercándose a perder los 70 euros por acción, mientras que Endesa perdió un 1,78%, poniendo en peligro los 20 euros pero en unos números que no llaman especialmente la atención al situarse en cifras muy similares a las de Iberdrola, que con un negocio más internacional también cayó un 1,76%.

Otro de los aspectos señalados por Goldman Sachs en su informe es que la nueva potencia renovable subastada durante este año, que debería comenzar a operar antes de 2020 para cumplir los objetivos europeos, supondrá introducir una mayor presión a la baja sobre el precio del mercado mayorista de electricidad (pool) por el aluvión de megavatios de energía eólica y fotovoltaica. Por ello, ante estas perspectivas, Goldman Sachs subraya que no hace “ninguna recomendación de comprar en la región” y, al contrario, recomienda vender, principalmente EDP y Endesa, donde calcula un riesgo de caída de rentabilidad de hasta el 15%.  De hecho, la caída media de rentabilidad en las empresas del sector que se anticipa es del 8%, dependiendo el mayor o menor impacto de su exposición al mercado español y su participación en las actividades afectadas por esta revisión retributiva que prepara el Gobierno.

Compromís quiere saber cuánto le pueden costar al Estado los arbitrajes internacionales por los recortes retributivos a las energías renovables

Europa Press.- Compromís quiere saber a cuánto puede ascender el coste de los juicios que tiene abiertos el Estado por los recortes a las energías renovables, teniendo en cuenta que el primer juicio en el Ciadi se saldó con una condena de 128 millones de euros más 20 millones en asesoría, y aún hay 25 litigios pendientes.

El diputado de la formación naranja, Ignasi Candela, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que recuerda que España lidera las denuncias de arbitraje contra su política energética, ya que empresas e inversores de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, entre otros países, mantienen causas abiertas por los recortes que supusieron la reforma del sector en 2014. Candela ha preguntado qué iniciativas piensa llevar a cabo el Ejecutivo ante la avalancha de reclamaciones y ha criticado la postura del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha anunciado nuevos recortes en renovables para 2019.

Por otro lado, el diputado valenciano ha preguntado por el rechazo del Gobierno a negociar con las empresas denunciantes ya que, según señala, algunos de los inversores han explicado que fueron a los tribunales de arbitraje después de que el Gobierno no contestara a la oferta de una solución amistosa del conflicto. Candela ha recordado que la primera condena a España supuso una multa de 128 millones de euros más costas e intereses, más al menos 20 millones de euros en asesoría jurídica, y que el Estado aún tiene más de 25 litigios pendientes. De hecho, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) estima el coste total en unos 7.000 millones de euros.

Un coste que, además, deberán asumir los consumidores de electricidad en España, habida cuenta de que los Presupuestos de 2017 incluyeron una disposición para poder utilizar parte del superávit eléctrico en el abono de laudos de arbitraje y que el propio ministro Nadal asumió que, en caso de perderse estas causas, la factura de la luz debería incrementarse. Una postura que critica Candela, lamentando que «se socializan pérdidas y se privatizan ganancias». «La reforma eléctrica de 2014 es injusta, perjudica la imagen en el exterior y va contra los objetivos europeos de transición energética», ha sentenciado. Tras conocerse la multa interpuesta por el Ciadi, Compromís ya reclamó la dimisión de Nadal como ministro de Energía.

Venezuela apuesta por conseguir inversiones de Rusia y China para su sector petrolero ante las sanciones financieras de Estados Unidos

EFE.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intercambió de puesto a los responsables de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Ministerio de Petróleo y les pidió que amplíen “la participación” de empresas chinas y rusas en el sector. El gobernante de Venezuela vinculó esa solicitud con las sanciones que decidió Estados Unidos contra el sistema financiero de su país y que afectan también a la petrolera estatal PDVSA.

Maduro pidió a los recién nombrados “ampliar la participación de todos los inversores chinos, rusos, indios, malasios” que ya tienen presencia en la Faja Petrolífera del Orinoco, la principal reserva de crudo de su país, para “enfrentar la guerra económica” de Estados Unidos. “No han podido con nosotros en el campo financiero. Por muchas sanciones que apruebe el binomio Trump-Pence, nosotros podremos más que ellos, si ellos vienen por aquí nosotros nos vamos por aquí y los vencemos igual”, declaró el mandatario venezolano, contra el que Washington decretó sanciones petroleras por su supuesta deriva totalitaria.

Maduro hizo este anuncio tras nombrar presidente de PDVSA, la principal empresa del país y que produce cerca de 2 millones de barriles de crudo diarios, al hasta ahora ministro del Petróleo, Nelson Martínez, que será sustituido en esa cartera por el hasta ahora presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Maduro justificó estas decisiones por “la batería de agresiones económicas, energéticas y financieras que se han aprobado en la Casa Blanca contra Venezuela”. La medida prohíbe «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal». También prohíbe las «negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano”.

Maduro aseguró asimismo que dar más protagonismo a los países emergentes supondrá un «proceso de liberación» de las «amarras imperialistas», en referencia a su dependencia de Estados Unidos que es destino de casi el 40% del petróleo de PDVSA. El presidente venezolano instruyó a los recién designados a que trabajen para «fortalecer las alianzas internacionales» en la próxima cumbre de jefes de Estado de países de la OPEP con los líderes de países no productores, en la que deben acordarse nuevas pautas y formatos de fijación de precios de crudo y gas. Maduro aseguró tener «una propuesta firme» para esa reunión, de la que no dio sin embargo ningún detalle.

Venezuela, que fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960 junto a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí, es uno de los principales extractores de crudo del mundo y su economía tiene una enorme dependencia de las exportaciones de petróleo. El país vive una fuerte crisis de abastecimiento agravada por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. Numerosos países de Europa y América, entre ellos Estados Unidos, han condenado la instauración en Venezuela el 4 de agosto de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos para reordenar un Estado que deriva al totalitarismo.

Morgan Stanley aumenta su confianza en Iberdrola y augura tendencia alcista por sus nuevos proyectos

Europa Press.- Morgan Stanley ha aumentado su confianza en Iberdrola y augura una tendencia alcista en el precio de su acción tras el anuncio de nuevos contratos de la compañía que, a juicio de la consultora, han aumentado su visibilidad.

Así lo asegura en su última nota sobre la compañía energética española, ‘Iberdrola: Pushbacks on IBE path to 10€’ (‘Iberdrola: tomando impulso en su camino a los 10€’), en el que hace referencia al precio de la acción que la consultora contempla para Iberdrola en el mejor de los escenarios posibles.

En su última nota, Morgan Stanley mantiene el precio objetivo por acción en 8 euros –cerró este miércoles a 6,84 euros–, tras elevarlo a finales de julio de 7,3 a 8 euros. Esta brecha es precisamente una de las preocupaciones a las que alude la consultora, pues subraya que «los inversores están preocupados por la calidad de los beneficios».

En todo caso, señala que, a pesar del «desfavorable clima» que la consultora detecta en España, «las perspectivas de crecimiento son alentadoras», por lo que cree que las acciones no están reflejando las perspectivas de crecimiento de la sociedad.

Proyectos y abaratamiento de los costes

Unas perspectivas que el pasado mes de julio Morgan Stanley subrayaba en su informe sobre la energética española ‘How to get to 10€’ (‘Cómo alcanzar a los 10€’), cifra a la que elevaba el precio de la acción en el escenario más favorable, elevando al mismo tiempo la del peor escenario hasta los 5,5 euros.

En este informe, Morgan Stanley detectaba varios factores que favorecían las posibilidades de Iberdrola por alcanzar los 10 euros por acción. Entre ellas, el fuerte entramado de proyectos y el potencial abaratamiento de los costes, que podrían permitir una mejora de los beneficios previstos en un 17%, elevando la rentabilidad financiera de la compañía al 9,5% sobre el escenario base.

Precisamente, esta misma semana la sociedad anunciaba una inversión de 2.916 millones de euros para la construcción de un parque eólico en Reino Unido, con 1.200 megavatios (MW) de capacidad, tras recibir autorización del gobierno británico.

Sin embargo, son las inversiones en México y Estados Unidos las que mayor interés despiertan en el análisis de la consultora, que destaca el margen de crecimiento que Iberdrola tiene en el negocio de generación regulada y renovables en estos países, así como en el área de redes también en Estados Unidos.

Reconociendo perspectivas de crecimiento superiores a los de sus competidores, Morgan Stanley cree que Iberdrola es capaz de sostener una evolución positiva de su BPA (beneficio por acción) en el entorno del 4-5% incluso después de 2020.

A partir de ese año, la consultora cree que el impacto de las reformas energéticas será mucho más suave, pero en todo caso señala que la sociedad ha sido capaz de recuperar niveles de beneficio anteriores a los de la reforma, todo ello a pesar de un descenso de los precios y el aumento de la carga fiscal derivada de los cambios normativos.

Elegida mejor ‘Utility’ para invertir, según Morgan Stanley

También en el mes de julio, Morgan Stanley recomendaba sobreponderar el valor de las acciones de Iberdrola, eligiendo el modelo de negocio para inversores a largo plazo de la energética como el mejor en el sector de las ‘utilities’, dentro de su informe ‘Best Business Models in Europe’.

La consultora destacaba la apuesta por los negocios regulados de redes y por las renovables adoptada por la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, así como su mix de activos defensivo, con una aportación mayoritaria de las áreas reguladas y renovables al beneficio antes de intereses e impuestos (ebit), y la focalización en mercados en crecimiento, como son Estados Unidos, México y Brasil, «a diferencia de sus competidores europeos».