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Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa «por responsabilidad» pese a saber que iba a cerrar varias plantas en España

Europa Press.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha justificado en el Congreso que el Gobierno concedió «por responsabilidad» ayudas a la empresa Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor.

Así, durante su comparecencia ante la comisión de Industria, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos. La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas «para garantizar la búsqueda de inversor» y así no poner ningún «impedimento» para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto destaca que el Gobierno puso «a disposición» otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante 3 años.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Maroto celebró que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará «de forma conjunta» el plan de inversión de «los distintos agentes que han manifestado interés». En este sentido, subrayó que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. «No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones», señaló.

“No nos vale cualquier inversión”

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas «venga para quedarse» ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en «pan para hoy, hambre para mañana». Maroto destacó el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis, subrayando que con Alcoa «el acompañamiento ha sido total, diario» y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta junio.

«Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido», ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como «muy distante» a la hora de buscar alternativas a las plantas, una búsqueda en la que, ha asegurado, «era impensable» que participara al inicio de la crisis, ha celebrado que ahora exista «un compromiso escrito» para ser «actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando«.

La ministra ha recordado que la empresa ya planteó hace 5 años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los «problemas estructurales» de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. «No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente», ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo. Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

Vara calcula que la nuclear de Almaraz operará hasta «finales de la próxima década» y pide «trabajar intensamente» en alternativas

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que la central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta «finales de la década de los veinte», por lo que ha instado a «trabajar intensamente» en los próximos años «para conseguir esas alternativas» a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial. De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas.

Fernández Vara ha destacado la «noticia positiva» de que la central nuclear «ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que «lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos». De esta forma «se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo», ha reafirmado el presidente extremeño, quien señaló que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares «hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero». Ante esta situación, Vara considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté»

Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo con alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro «absolutamente discreto» para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le «acusaron de que lo hacía electoralmente». Así, calificó de «paradójico» que «el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral», mientras que «el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tiene», ha lamentado el presidente extremeño.

Vara ha destacado que una vez que «se ha resuelto» el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario «trabajar todos estos años de manera intensa» en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio «tiene que ser energética e industrial» en la zona. En ese sentido, Vara ha avanzado que reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa se garantice que no hay solamente el mismo empleo “sino que hay más» del que existe actualmente en la zona de la planta.

«Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y futuras generaciones; eso se llama inversiones», ha aseverado Vara. Así, ha reiterado la necesidad de «trabajar intensamente» en los próximos 9 o 10 años «para conseguir esas alternativas». Un trabajo que debe realizarse «no solo por el asunto nuclear», sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura «mucha inversión durante estos años, energética e industrial«, para lo cual se ha «construido suelo y aprobado leyes». «No voy a descansar hasta que en Extremadura todo el que quiera trabajar lo pueda hacer», concluyó el presidente extremeño.

La CNMC y el regulador francés tumban el gasoducto MidCat (STEP), el proyecto de interconexión gasista con Francia por Cataluña

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión francesa de Regulación de la Energía (CRE) han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, denominado STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la gala Teréga.

Según indicaron en un documento la CNMC y la CRE, el proyecto «no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza». Por ello, los reguladores rechazan la solicitud de inversión y recomiendan a Enagás y Teréga realizar «evaluaciones adicionales» sobre el proyecto, con el fin de valorar si pudiera «proporcionar un ratio coste-beneficio claro y positivo en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza de las capacidades ofrecidas». El pasado mes de julio, Enagás y Teréga sometieron a las autoridades reguladoras esta solicitud de inversión transfronteriza y costes repartidos para el proyecto STEP.

¿Beneficios superiores a los costes?

La inversión del proyecto asciende a unos 442 millones de euros, de los que 290 millones serían aportados por Teréga y los restantes 152 millones por Enagás. A este respecto, tanto la CNMC como el regulador galo afirman que el análisis costes-beneficios del proyecto no demuestra claramente que sus beneficios sean superiores a los costes en los escenarios más realistas. Con este proyecto de interconexión gasista entre Francia y España se preveía crear una capacidad de intercambio adicional entre ambos países de 180 GWh/diarios desde Francia a España y de 230 GWh/diarios en sentido contrario.

En la decisión conjunta, los dos reguladores señalan que los operados del sistema no han presentado un proyecto que ofrezca una capacidad de interconexión firme, por lo que las capacidades creadas serían interrumpibles, lo que supone «un factor negativo determinante en la evaluación de la viabilidad de la infraestructura a largo plazo, y de su contribución a la obtención de precios competitivos y estables para los consumidores domésticos e industriales». Asimismo, destacan que el mercado no ha manifestado «ningún interés comercial» por nuevas capacidades de interconexión y subrayan que la interconexión gasista actual entre Francia y España «no está congestionada».

STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común. El proyecto de la infraestructura consta de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En el lado nacional, las infraestructuras asociadas al desarrollo de la conexión internacional STEP serían: el gasoducto Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras); el gasoducto Figueras-Frontera Francesa; y la estación de compresión de Martorell.

Bruselas plantea una propuesta para garantizar el tránsito de gas ruso a través de Ucrania a partir de 2020

Europa Press.- La Unión Europea ha planteado a Moscú y a Kiev una nueva propuesta para renovar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso al bloque comunitario a través de Ucrania, que expira al finalizar este año, según el vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic.

«Tras reunirme con representantes de Rusia y Ucrania, presenté una propuesta para que ambas partes se la lleven a casa y reflexionen», ha explicado Sefcovic, quien ha añadido que dicha propuesta cubre los «parámetros principales» de un futuro acuerdo (duración, volumen y tarifas), pero no ha detallado las cifras concretas de cada uno de ellos. También cubre, ha detallado, otros elementos como las inversiones, el mantenimiento del sistema y requisitos legales y técnicos. «Sin ir a los detalles ahora, en aras de un resultado exitoso, estoy convencido de que ésta es una propuesta justa, basada en una análisis profundo y en muchas horas de debates y conversaciones de expertos», defendió.

Acuerdo de tránsito desde 2009

Es la segunda reunión a nivel político desde que las tres partes comenzaran en julio de 2018 las negociaciones para renovar el acuerdo vigente de tránsito de gas, firmado en 2009. Sefcovic espera ahora que Kiev y Moscú estudien la propuesta y ha convocado un nuevo encuentro en mayo. Mientras tanto, subrayó, deben continuar las discusiones a nivel de expertos.

Aunque no ha querido entrar en los detalles del acuerdo, Sefcovic ha defendido que el futuro acuerdo debe ser de larga duración (10 años) y que los volúmenes pactados sean «comercialmente viables». «Necesitamos atraer inversores para la modernización y mejora de los sistemas de trasmisión ucranianos«, ha señalado. El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Unión de la Energía también ha subrayado que cerrar un acuerdo de tránsito de gas de larga duración «es tan importante para Rusia como para la Unión Europea». «Creo que ambos lados son totalmente conscientes de que no podemos arriesgar más en esta cuestión en el futuro», expresó.

APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».

El BOE publica ayudas por casi 18 millones para impulsar la reconversión de las zonas mineras con alternativas al carbón

Europa Press.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las dos resoluciones adoptadas el pasado diciembre por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) por las que se convocan las ayudas por un importe total de, al menos, casi 18 millones de euros dirigidos a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Ambas convocatorias, publicadas a petición de los sindicatos, estaban incluidas en el anterior acuerdo del carbón, pero el Gobierno del PP no llegó a ejecutarlas. En concreto, el presupuesto de la primera convocatoria asciende a 5 millones de euros mientras que el de la segunda convocatoria cuenta con 12,9 millones de euros, ampliables por otros 17,1 millones. Ambas convocatorias tienen por finalidad promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y mantenimiento de los ya existentes.

El Gobierno socialista concede una nueva prórroga de 10 años a la plataforma petrolífera Casablanca de Repsol en Tarragona

Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para otorgar la segunda y última prórroga a la concesión de la plataforma petrolífera Casablanca por 10 años más, después de que Repsol haya cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para su aprobación.

Por tanto, se otorga una segunda prórroga de la concesión con vigencia hasta el 27 de diciembre de 2028, tras la última concedida el 17 de marzo de 2009 por un periodo también de 10 años. Propiedad de Repsol y situada frente a las costas de Tarragona, Casablanca es la única plataforma petrolífera de España. La concesión de explotación de hidrocarburos de la planta fue otorgada por un real decreto de 1978 por un período de 30 años, con dos periodos adicionales de 10 años cada uno. Según indicaron fuentes del sector, había en juego unas inversiones totales cercanas a los 150 millones de euros durante estos últimos 10 años de prórroga de la concesión.

La producción actual de petróleo en la plataforma Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado con precios sobre los 60 dólares por barril, de 40 millones de euros. Su producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día. A eso hay que sumar el conjunto de actividades en el área de transporte, logística o suministros que se generan alrededor de la instalación, que representa una actividad tractora, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

Además, no renovar la plataforma hubiera supuesto la pérdida de empleo, con cerca de 120 personas, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados, dependientes de la instalación. Asimismo, se hubiera perdido una parte del compromiso de Repsol con el territorio, en forma de convenios (con el Consell Comarcal del Baix Ebre, para garantizar la prestación de un servicio de transporte público adaptado para personas con movilidad reducida y otras necesidades sociales). También otros convenios y colaboraciones, por ejemplo con la Cambra de Comerç de Tortosa, con el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, becas para formación y colaboración en proyectos de investigación.

La plataforma genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, 7 millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales).

En este sentido, la Asociación de Empresarios de las Comarcas del Ebro (AECE) mostró su «total apoyo» a la plataforma petrolífera y mostró su preocupación «por la incertidumbre» en la que estaba. Así, exigió el visto bueno a esta prórroga, ya que de no ser así «supondría una parada de la producción, inestabilidad en su estructura, tanto a nivel de dirección como de personal y un perjuicio económico muy importante».

La irrupción de las empresas petroleras y gasistas es una de las principales preocupaciones de los directivos del sector eléctrico

Europa Press.- La irrupción de las empresas petroleras y gasistas en el mercado se convierte en la segunda principal amenaza para las compañías eléctricas, según el 48% de los directivos encuestados, de acuerdo con los resultados de la Global Power & Utilities Survey 2018 elaborada por PwC. Además, el informe considera que, en la actualidad, muchas compañías ajenas al sector eléctrico están «muy atentas» a las oportunidades que se puedan presentar en el mercado de la electricidad.

Para el socio responsable de Energía en PwC, Carlos Fernández Landa, ninguno de los eslabones que componen la cadena de valor del sector va a seguir como hasta ahora. En este sentido, ha destacado que el mercado eléctrico está evolucionando hacia un modelo mucho más digital, donde la tecnología va a ser disruptiva en muchos aspectos y donde la personalización y la gestión del cliente están tomando un protagonismo «fundamental«.

«Vamos hacia un mercado más descentralizado del que hemos estado acostumbrados a ver, en el que los competidores ya no van a ser únicamente los tradicionales y donde seremos testigo de modelos de negocio nuevos y muy diferentes», ha asegurado Fernández Landa. En esta dirección, explicó que el sector, tradicionalmente acostumbrado a inversiones a largo plazo y a gran escala, deberá ajustarse en el futuro a las nuevas tecnologías y a ciclos más cortos en el tiempo, lo que va a exigir a las compañías a contar con modelos de negocio «más ágiles y dinámicos».

La convergencia de los avances tecnológicos, las nuevas medidas regulatorias, la generación de energía descentralizada, los cambios en los hábitos de consumo y la aparición de nuevos competidores que están transformando el sector eléctrico conforman las principales preocupaciones de las empresas eléctricas, para un 82% de los encuestados. El estudio revela una contradicción. Los directivos son «plenamente conscientes» de que tienen que adaptarse al nuevo entorno competitivo, pero son «pocos» los que transforman a fondo sus modelos de negocio para cumplir con el cambio de expectativas de los consumidores y aprovechar las nuevas disrupciones tecnológicas.

En 2015, solo el 26% de los encuestados pensaba que los modelos de negocio tradicionales del sector eléctrico seguirían funcionando en el futuro. Tres años más tarde, el 65% de los directivos cree que adaptar su modelo de negocio es «clave» y, de hecho, la mayoría (79%) ya ha ejecutado cambios en mayor o menor medida. Concretamente, el 54% de los directivos encuestados asegura haber hecho algún cambio, el 20% haber tocado su modelo de negocio en varias ocasiones y un 5% haberlo transformado completamente. Un 21% reconoce que no lo ha cambiado en absoluto.

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.