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Rajoy destaca el compromiso de España y Francia en avanzar en los proyectos de interconexiones energéticas

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destacó el compromiso tanto de España como de Francia de avanzar en los proyectos de interconexiones energéticas, un tema que «afecta a la competitividad de las economías» de ambos. Rajoy indicó que, en el caso del proyecto de la interconexión del Golfo de Vizcaya, se presentará este año para obtener financiación europea, mientras que el del gasoducto del MidCat entre Cataluña y Francia no será presentado hasta 2018.

Sobre el proyecto del Golfo de Vizcaya, Rajoy indicó que hay un estudio de viabilidad y ahora debe ser notificado por el gestor de la red eléctrica gala (RTE) al Gobierno francés. «La ministra Ségolène Royal ha dado instrucción para que se haga de manera rápida. Sabe que aquí nos importa mucho», añadió el presidente del Gobierno. Respecto al gasoducto MidCat, Rajoy subrayó que los estudios van «según el calendario previsto» y que la idea es presentar el proyecto en 2018 para obtener la financiación europea. «Este proyecto será objeto de análisis en mayo por la Comisión Europea, Francia, España y Portugal para poder terminarlo en el tiempo previsto», destacó.

España redujo al 15,6% en 2015 el uso de energías renovables pero Bruselas cree que cumplirá el objetivo para 2020

Europa Press / EFE.– España redujo en 2015 su cuota de energías renovables, desde el 16,2% registrado en 2014 hasta el 15,6% que ya registró en 2013, según un informe de la Comisión Europea, que sin embargo indica que está en la senda de cumplir el objetivo marcado para 2020. Este porcentaje del 15,6% está casi 2 puntos por encima del objetivo intermedio establecido por la Unión Europea para 2015 (13,8%) pero aún a 4 puntos por debajo de la meta marcada para 2020.

El informe subraya que 25 de los Estados miembros han registrado una cuota de renovables superior a la trayectoria fijada para cada uno de ellos en 2015 y sólo tres, Francia (14,3%), Países Bajos (5,5%) y Luxemburgo (4,5%), han incumplido sus objetivos intermedios, por lo que tendrán que aplicarse si no quieren quedar por debajo de la meta para 2020. Por otro lado, en la parte alta de la tabla se sitúan Suecia (52,6%), Finlandia (38,7%), Letonia (38,7%) y Austria (33,1%). No obstante, la Comisión Europea instó a los países a fortalecer sus esfuerzos para lograr los objetivos vinculantes de 2020 y advirtió de que «la trayectoria se hace más pronunciada» en los próximos años.

El objetivo para el conjunto de la Unión Europea para 2020 es lograr una cuota del 20% de energías renovables sobre el total de aprovisionamiento, una meta que coincide con el objetivo nacional de España. Bruselas cree que la Unión Europea está «en la senda» de cumplir con este compromiso, después de haber registrado conjuntamente un porcentaje de energías renovables del 16,4% en 2015. Con respecto al objetivo para 2030, que persigue ampliar la penetración de las energías renovables hasta el 27%, el Ejecutivo comunitario ha destacado que será posible lograrlo a través de la coordinación entre los Estados miembros en materia de renovables, eficiencia energética y diseño de mercado, así como de un sistema de gobernanza energética europeo «sólido».

El informe de la Comisión Europea también asegura que la Unión Europea está en camino de alcanzar el objetivo del 20% de eficiencia energética, también para 2020. Sin embargo, al igual que en el caso de las renovables, Bruselas ha destacado que son necesarios más esfuerzos en este contexto por parte de los Estados miembros. Bruselas recuerda que recientemente incluyó un nuevo objetivo en materia de eficiencia energética del 30% para 2030, que supondría la creación de 400.000 puestos de trabajo, una reducción de las importaciones de gas del 12% y el ahorro de 70.000 millones en combustibles fósiles. También ha resaltado el Ejecutivo comunitario la importancia de seguir trabajando en la rehabilitación de edificios.

Se quedan cortos los objetivos marcados para el transporte, sector que debería llegar al 10% de energía limpia en 2020 y que hasta el momento solo alcanza el 5,9%, debido en parte al lento desarrollo de los biocarburantes avanzados, precisa el informe, que coloca a Finlandia y Suecia como los alumnos aventajados en ese capítulo. En cuanto a la electricidad, el 27,5% de lo que se consumió en la Unión Europea en 2014 provenía de renovables, lo que sitúa a España muy por encima de la media comunitaria (37,8%). Desde 2005, la Unión Europea constata incrementos significativos en este apartado en Austria (70%), Suecia, (63,3%), Portugal (52,1%) y Letonia (51,1%).

En relación a la dependencia energética de la Unión Europea, el informe destaca que ha disminuido en 22 Estados. Bruselas defiende que esta «tendencia positiva» ha sido apoyada, precisamente, por el incremento de la producción de energías renovables en países como España, Italia, Portugal o Austria, entre otros países. No obstante, el estudio subraya que es necesario mejorar las interconexiones de gas entre Estados miembros, como la interconexión entre Portugal y España con Francia, así como la de Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Por último, el Ejecutivo comunitario advierte que deben seguir avanzando para aumentar sus interconexiones eléctricas y cumplir el objetivo del 10% en 2020. En esta situación se encuentran Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Según los cálculos de Bruselas, el incremento de fuentes de energía renovable, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar o la biomasa, le ha permitido a la Unión Europea ahorrar 16.000 millones de euros en 2015 en importaciones de combustibles fósiles, aspecto en el que la Unión Europea depende en gran medida de Rusia. Por su parte, la responsable de Energía en Europa para la ONG ecologista WWF, Imke Lübbeke, lamentó que los progresos de la Unión Europea en energías renovables «se vean obstaculizados por los débiles objetivos para 2030 establecidos en 2014, mucho antes de que el Acuerdo de París elevara la ambición». «La Unión Energética solo es tan fuerte como la ambición política que tenga detrás», añadió Lübbeke.

Días de ocurrencias y propuestas respecto a la electricidad

La fuerte agitación mediática en torno a la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista durante las primeras tres semanas de enero ha devenido en lo que era previsible: un ataque frontal al mercado eléctrico, verdadero objetivo de esta búsqueda de tormenta perfecta por parte de sus contrarios.

El mercado español, se ha demostrado, funciona correctamente y lanza señales de precio coherentes con las circunstancias de demanda y oferta en cada momento. Ahora también. Y resulta coherente con lo que está pasando en toda Europa en los mercados mayoristas, fruto de la ola de frío y de las circunstancias climatológicas. Ahora también. Lo único que nos hace diferentes es la tradición falangista/franquista de intervenir en los mercados de la electricidad para no asumir las consecuencias de sus resultados.

Por eso asistimos a la propuesta continua de medidas para laminar su funcionamiento. El Confidencial, volviendo al proteccionismo tan de moda con Trump, planteaba, para bajar el precio de la electricidad, prohibir la exportación de energía tal y como plantea Alemania en estos momentos hacia Francia. Cerrar las interconexiones que desde España tanto se reclamaron, siendo todavía manifiestamente mejorables en sus posibilidades. Lo que se supone que, sin infantilismos, podría acabar en la prohibición del comercio exterior energético en ambos sentidos (importación y exportación de energía), para evitar el simplismo y comprender que las balanzas tienen dos brazos. La medida se sugiere  y ofrece al Gobierno ante circunstancias especiales de mercado y de forma temporal.

Los retroprogresivos (partidarios de la intervención, contrarios al mercado, tendentes a la empresa única monopolista pública) siempre han sido partidarios de un modelo autárquico energético. En este sentido, estas pintorescas propuestas han encontrado su momento, aunque sea excepcional, y están poniendo a prueba el sistema (que emite señales correctas).  En este tipo de medidas, además, aún se puede llegar más lejos, como no aplicar las directivas comunitarias, abandonar el mercado ibérico, o incluso, dejar la Unión Europea o cuestiones semejantes, coherentes con ese modelo intelectual.

Por otra parte, el diario El País, no se sabe si por conocer los planes del Gobierno por ejercer esa ascendencia que tiene con Soraya Sáenz de Santamaría, proponía cambiar el método de fijación de los precios. Eso sí, artillería gruesa en la adjetivación de las frases (“explosiva”), despilfarro en la prosodia en los titulares (“luz de alarma”). Todo ello sin esperar a las conclusiones de la CNMC sobre la situación actual del mercado español y centrando su argumentación en las condiciones de volatilidad que supuso la eliminación, sin justificación, de las subastas CESUR, abolidas por el ministro Soria en otra crisis de este tipo.

Eso sí, la propuesta que efectúa el medio, un sistema de fijación de precios trimestrales públicos intervenidos al consumidor (tarifa) con un fondo de compensación de las diferencias a los agentes (una especie de déficit de tarifa), desencantará a los más conspicuos editorialistas del medio, más proclives a la intervención. También desde las redes sugieren que el Gobierno ejercitase la interrumpibilidad: es decir que se apagasen y cesasen en su funcionamiento las grandes fábricas e instalaciones que perciben este incentivo (siderurgia, acerías, cementeras, etc…) para bajar el precio de la electricidad. Opciones varias. Mientras tanto, el modelo de la posverdad arraiga en el suministro eléctrico.

La Comisión Europea da un ultimátum de dos meses a España para corregir la legislación nacional sobre interconexiones energéticas

EFE / Europa Press.- El Gobierno dispondrá de dos meses para corregir la normativa actual en la que se concede el monopolio de las interconexiones internacionales de electricidad y gas a los gestores de los respectivos sistemas, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, una vez reciba el dictamen de reprobación de la misma por parte de la Comisión Europea para que adapte adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones energéticas, según indicaron en fuentes de la Administración.

De lo contrario Bruselas referirá el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La citada llamada de atención, segunda de tres etapas, responde a una directiva aprobada en 2009 relativa al llamado «tercer paquete de energía» para reformar los mercados internos de energía y garantizar la independencia de los reguladores nacionales, entre otros aspectos. El Ejecutivo comunitario urge a España a la «correcta implementación y aplicación» de las medidas que conciernen a sus mercados de electricidad y gas. «La Comisión cree que la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas«, señaló el Ejecutivo comunitario.

Segundo paso dado desde Bruselas

La Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos establecen que los respectivos operadores de los sistemas eléctrico y gasista serán también operadores de las interconexiones internacionales en calidad de transportista único, lo que cierra la posibilidad de competencia en este ámbito. El diario Cinco Días adelanta que, tras las alegaciones presentadas por el Ministerio de Industria, la Comisión Europea ya ha emitido el dictamen motivado en el que se reafirma en sus primeras conclusiones y pide a España un cambio en la norma para adecuarla a las directivas. De esta forma, la Comisión da un salto cualitativo en el expediente abierto a España en 2013 en el que cuestionaba los monopolios de los que disfrutan REE y Enagás.

Además, España ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional», indicó Bruselas en referencia al grado de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin precisar más al considerar que se trata de un «proceso bilateral» entre España y el Ejecutivo comunitario, según fuentes europeas. La Comisión Europea envió a España un primer aviso en febrero de 2015 y, a partir de ahora, España tiene dos meses para informar a Bruselas de las «medidas tomadas para remediar la situación».

En concreto, Bruselas considera que debe ser el organismo regulador el encargado de establecer la metodología sobre la fijación de peajes de acceso al transporte y distribución. La norma actual concede a la CNMC la potestad para asignar los costes de estas actividades, si bien el cálculo de los ingresos, esto es, los peajes que se deben repercutir a los consumidores para sufragar el coste, lo aprueba previamente el Gobierno.

La Unión Europea invertirá 187,5 millones en un gasoducto para unir Estonia y Finlandia

EFE.- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron la propuesta de la Comisión Europea para apoyar con 187,5 millones de euros la construcción del «Balticonnector», el primer gasoducto que conectará Estonia y Finlandia, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La iniciativa forma parte del paquete de nueve proyectos de infraestructuras energéticas clave, la mayoría situados en la región del mar Báltico, al que Bruselas destinará en total 263 millones de euros.

El «Balticonnector», que recibirá el grueso de la inversión comunitaria, terminará con la dependencia de Finlandia de un único suministrador de gas y reforzará la seguridad energética en el Báltico.

También se aportarán 18,6 millones a los trabajos de mejora de la interconexión entre Estonia y Letonia, que permitirá a este segundo país un mejor acceso al almacenamiento de energía, además de garantizar una red de transmisión de gas natural más diversa en el área del mar Báltico y posibilitar la construcción del «Balticonnector».

En el campo de la electricidad, 29,9 millones servirán para construir una nueva línea eléctrica de 100 kilómetros entre Dobrudja y Burgas, en Bulgaria, para reforzar la capacidad de resistencia de la red en el país.

Por otro lado, la Unión ha creado una partida de 125.010 euros para desarrollar un estudio preparatorio sobre operaciones seguras y fiables de los sistemas energéticos de las repúblicas bálticas.

Igualmente, 243.250 euros permitirán investigar la interconexión gasística en Nea Messimvria (Grecia), una estación reguladora y de control para conectar el sistema de transmisión griego de gas natural con el gasoducto transadriático, que conduce gas natural desde el Mar Caspio.

Otros estudios se centrarán en el gasoducto que llega a la Unión Europea desde Azerbaiyán y Turkmenistán (3,5 millones de euros), en la expansión de la planta de almacenamiento de gas subterráneo de Chiren, en Bulgaria (130.000 euros), el almacenamiento de energía de aire comprimido en Larne, Reino Unido (8,2 millones) y la interconexión entre Dinamarca y Reino Unido (14,8 millones).

Los nueve proyectos escogidos pretenden incrementar la seguridad energética, conectar a los socios comunitarios más aislados a la red eléctrica europea, de mayor amplitud, así como contribuir a los objetivos de la Unión Energética sobre energía asequible, segura y sostenible.

«Este apoyo de la UE permitirá acabar con los vacíos de la infraestructura energética y nos colocará en la senda hacia un mercado europeo de la energía realmente conectado», explicó el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Arias Cañete añadió que los nueve proyectos son «necesarios» para fortalecer la seguridad del suministro energético y un uso más eficiente de los recursos, así como la integración de las energías renovables en la red continental.

Bruselas abre convocatoria para invertir 600 millones de euros en proyectos de interconexión energética en la Unión Europea

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea lanza una nueva convocatoria hasta el 8 de noviembre para invertir hasta 600 millones de euros en proyectos de interconexiones energéticas transfronterizas en la Unión Europea para contribuir al objetivo de la creación de una Unión Energética. Bruselas ya ha avanzado que dará prioridad a los proyectos con interés común, que refuercen la seguridad de suministro europea en su conjunto, contribuyan a aumentar la competitividad y a la protección medioambiental. Los proyectos seleccionados se conocerán en marzo de 2017.

Bruselas espera que, una vez finalizados, los proyectos financiados contribuyan a la finalización del mercado energético interno de la Unión Europea y creen una Unión Energética resistente con políticas que aborden el cambio climático. Las propuestas seleccionadas serán, según la Comisión Europea, los pilares sobre los que se cimente la transformación energética, y ayudarán a conectar las infraestructuras vigentes mientras se aportan «beneficios significativos en la economía y el clima».

«Las interconexiones energéticas transfronterizas están en el centro de la Unión Energética. Nos hacen más fuertes en la Unión Europea», ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Unión Energética, Maros Sefcovic, que ha explicado que los fondos europeos también permitirán «nuevas oportunidades de inversión para infraestructuras energéticas más limpias e inteligentes». El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, agregó por su parte que «la Comisión está comprometida en apoyar» la transición hacia una energía limpia e invertir «donde es necesario». «El acuerdo de París envía una señal clara de que la transición hacia la energía limpia está aquí para quedarse», ha explicado, subrayando los beneficios «significativos» tanto para la economía como el clima.

Se trata de la segunda y última convocatoria que la Comisión Europea lanza durante este año para el sector energético en el marco de los fondos CEF, desde los que en total se destinarán 800 millones de euros en ayudas a iniciativas energéticas, recordó el Ejecutivo comunitario, que prevé destinar 5.350 millones de euros para proyectos energéticos de aquí al 2020. El CEF es un instrumento de la Unión Europea para proporcionar ayuda financiera a proyectos de interés común de las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía. Está dirigido a potenciar las interconexiones y busca reducir la brecha de inversión en Europa para fomentar el crecimiento y el empleo.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

REE empezará a construir la nueva interconexión por el golfo de Vizcaya en 2019 con una inversión de 1.900 millones

EFE / Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) espera empezar a construir una nueva interconexión eléctrica por el golfo de Vizcaya en 2019, junto a su homólogo francés Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a través de la sociedad Inelfe. El proceso de información pública de este proyecto comenzará en septiembre, según avanzó REE.

El operador de la red eléctrica explica que este periodo de alegaciones y consultas servirá para hacer partícipes de la nueva infraestructura a todos los grupos de interés relacionados con el proyecto, uno de los más importantes que llevará a cabo la Unión Europea en los próximos años. El proceso se llevará a cabo siguiendo el procedimiento establecido en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, y tras esta fase se prevé el inicio de las obras en 2019, con un plazo de ejecución en torno a los 5 años.

Este proyecto se enmarca en el objetivo de alcanzar un mínimo de interconexión del 10% y podría suponer situar la capacidad de intercambio en 5.000 megavatios. La interconexión tendrá una longitud en su tramo submarino de 280 kilómetros. Réseau de Transport d’Electricité (RTE) y REE llevan más de dos años trabajando en los aspectos técnicos de la nueva interconexión, que funcionará en corriente continua y tendrá una potencia de 2.000 megavatios (MW). La empresa española asegura que se ha puesto especial énfasis en la defensa de los aspectos medioambientales y de integración en el territorio.

Los trabajos de la interconexión se están llevando a cabo a través de la sociedad conjunta Interconexión Eléctrica Francia-España (Inelfe), participada al 50% por RTE y REE. Esta empresa ya realizó la interconexión con Francia a través de Cataluña, que entró en operación con 2.000 MW en corriente continua en octubre del 2015. La interconexión por el golfo de Vizcaya está ya aprobada como Proyecto de Interés Común (PIC), sin que se haya fijado todavía el porcentaje de financiación de la Unión Europea al importe de las obras. Ya están acordadas, tramitadas y aprobadas como Proyectos de Interés Común (PIC) otras dos interconexiones eléctricas, por Navarra y Aragón, cuyos trazados definitivos están todavía en estudio.

La apuesta de la Unión Europea por las interconexiones tiene como objetivo mejorar la garantía y seguridad de suministro, al incrementar las vías para un mayor flujo de energía entre los países miembros, así como abaratar los precios al aumentar los intercambios comerciales. Una mayor integración de las energías renovables, el aumento de la eficiencia de los sistemas interconectados y una menor dependencia energética del exterior son otros de los beneficios de las interconexiones eléctricas.

El regulador francés cuestiona las interconexiones de gas y electricidad con España

Europa Press/EFE.- El regulador francés en materia de energía, la Comission de Régulation de l’Énergie (CRE), ha emitido un informe en el que cuestiona las interconexiones internacionales de electricidad y gas con España por una posible relación desfavorable entre costes y beneficios.

El presidente de la CRE, Philippe Ladoucette, sostiene que la voluntad de acelerar este proyecto por parte de la Comisión Europea «no está justificada por las necesidades».

Hace hincapié en que aún en caso de una crisis de aprovisionamiento en Francia que exigiera recurrir a importaciones de gas natural licuado (GNL), «los niveles actuales de capacidades de regasificación en Europa y las capacidades de interconexión entre Francia y España parecen ya suficientes».

La autoridad reguladora estima que el incremento de las capacidades entre 2013 y 2015 han dejado «un buen nivel de interconexión», en concreto de 225 gigavatios hora por día.

Tras aludir a lo «complejo y costoso» de los proyectos, el regulador empieza analizando en su informe las interconexiones de gas y, en concreto, la prevista por Cataluña, conocida como Midcat y en la que trabaja Enagás.

Este proyecto costará cerca de 3.000 millones, de los que Francia deberá aportar cerca de 2.000 millones, y la decisión de adoptarlo «no debería ser tomada a la ligera sin un robusto análisis de coste y beneficio», indica el regulador.

La CRE quiere que se identifiquen y cuantifiquen los beneficios para cada país y se organice la captación de recursos económicos en proporción a este parámetro.

El Midcat, que elevará al 15% la capacidad de interconexión entre ambos países, vino precedido del lanzamiento de una ‘open season’ en 2010 para conocer el interés del mercado. Los resultados de la misma fueron «infructuosos», afirma el regulador.

«A la vista de la evolución del mercado del gas en los últimos años, caracterizado por la estabilidad de la demanda y la sobrecapacidad existente, se deben reunir varias condiciones para que un proyecto tan costoso pueda lanzarse sin suponer un riesgo demasiado importante sobre los consumidores españoles y franceses», afirma la CRE.

Junto a esto, reclama un nuevo estudio del mercado por parte de los gestores de las redes gasistas de España y Francia para determinar si realmente existe «necesidad» de esta infraestructura. «En el contexto actual», advierte, es «probable» que el resultado de esta «llamada al mercado» sea «negativo.

Interconexión eléctrica por Vizcaya

En cuanto al proyecto de interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, CRE apela al «prerrequisito esencial» de aclarar las «incertidumbres técnicas» antes de estudiar las oportunidades que conlleva en términos de coste y beneficio.

El regulador dice que su deber legal es «actuar por el bien de los consumidores» y que «trabajará para evitar que queden expuestos a costes considerables relacionados con la construcción de infraestructuras cuyas ventajas para el desarrollo del mercado europeo y la seguridad de suministro no están demostradas».

Red Eléctrica de España (REE) cuantificó esta semana en 1.900 millones de euros las inversiones necesarias para este proyecto, cuya construcción, si se cumplen los diferentes trámites, podría comenzar en 2019.

Europa reitera su apoyo a la conexión energética entre España y Francia

EFE.- La Comisión Europea ha incidido en la necesidad de aumentar la capacidad de trasmisión de energía eléctrica entre Francia y España a través de una potenciación de las redes de interconexión, fruto del acuerdo alcanzado junto a Portugal en marzo de 2015. El interés de la autoridad comunitaria en los proyectos de conexión se refleja en respuestas a dos preguntas del eurodiputado Jordi Sebastiá (Primavera Europea) hechas a instancias de la Chunta Aragonesista.

La Comisión Europea, tras subrayar que los Proyectos de Interés Común (PIC) son necesarios para la obtención de una energía asequible, segura y sostenible, señala que todas las conexiones candidatas son objeto de consulta pública para determinar su utilidad desde el punto de vista de la política energética comunitaria. Por ello señala que si bien el proyecto de conexión por el Golfo de Vizcaya es objeto actualmente de estudios técnicos, el PIC genérico elaborado «reconoce ya desde ahora la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión entre España y Francia».

Informa, además, de que no sólo los gestores de redes de transporte de energía emprenderán estudios para determinar la viabilidad de la conexión sino que la propia Comisión Europea ha lanzado un estudio sobre los beneficios, costes y posibilidades técnicas de reforzar la interconexión de la Península Ibérica con la Unión Europea. Contra este proyecto se pronunció recientemente en las Cortes de Aragón el grupo de la Chunta Aragonesista, ante la posibilidad de que la Unión Europea pudiera recuperar el proyecto de una conexión de alta capacidad entre ambos países a través del territorio aragonés.

Chunta Aragonesista, que apoya el Ejecutivo del PSOE, tras recordar su posición de rechazo a antiguos proyectos ya desestimados como la línea de alta tensión Aragón-Cazaril, considera que el impacto ambiental de un trazado a través de los Pirineos es «inasumible». Sin embargo, en una reciente comparecencia parlamentaria, el director general de Energía del Gobierno aragonés, el socialista Alfonso Gómez, defendió «autopistas» de interconexión eléctrica europeas, como la proyectada entre Peñalba-El Arnero-Isona, que consideró «buenas» para los intereses de Aragón.