Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, según los avances tecnológicos que puedan acelerar la transición energética, aunque no se logró establecer una meta en el caso de la eficiencia energética. El objetivo del 32%, no obstante, es inferior al 34% que recetaba la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA).

El objetivo pactado del 32% se sitúa así en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27% aunque había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como España. «Este acuerdo es victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», celebró el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe de la Eurocámara sobre esta cuestión, ha remarcado que el acuerdo pone a la Unión Europea «en sintonía» con el Acuerdo de París para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía e impulsar una transición energética. También ha subrayado que es un «gran acuerdo» para España porque garantiza un mínimo del 15% de interconexiones y crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables«. «Gracias a todos los que nos ayudaron a hacerlo posible», declaró en las redes sociales.

El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada por la Unión Europea en 2017. La revisión de la directiva europea sobre renovables forma parte del paquete de invierno, una gigantesca revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París. Ese pacto internacional busca limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para 2030.

El acuerdo sobre energías renovables ha llegado en la quinta reunión que han mantenido los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (la institución que representa a los Estados miembros) desde que comenzaran las conversaciones a principios de año. También ha llegado después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia elevasen la ambición de ambos Estados en este asunto en la última reunión frente a países con gran dependencia del carbón, como Polonia, más conservadores. En concreto, la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogaba por cerrar un objetivo de renovables del 34%.

Los negociadores de las instituciones comunitarias, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, el comisario español ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso». Además del objetivo y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también recoge la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. «La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol«, declaró el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, quien consideró «muy positivo» que «la ciudadanía europea» y demás agentes sociales puedan «producir, consumir y almacenar su propia energía renovable».

A partir de 2026, los Estados podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas. Concretamente, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8% de la potencia total instalada de un país).

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé que impulse el vehículo eléctrico. El pacto también prevé reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta 2030 y limitar sus importaciones, que provienen de Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado en 2020 y se fija un objetivo del 3,5% para los de segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios como la madera.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que no consideran el acuerdo general sobre renovables suficientemente ambicioso, han sido especialmente críticas con los biocombustibles al considerar que supone «una amenaza para los bosques europeos» pues permitirá que «más árboles y cultivos se quemen como energía» y es «un ejemplo terrible para el resto del mundo». Los negociadores, sin embargo, fracasaron a la hora de alcanzar un compromiso en el ámbito de eficiencia energética, pese a que acercaron posturas.