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Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

Medio Ambiente alega ante el Defensor del Pueblo que no tiene competencia para revisar el almacén de gas en Doñana

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

Presentan una querella por presuntas irregularidades en contratos del Castor

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EFE.- Un ingeniero presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinarós una querella contra la planta de gas Castor por presuntas irregularidades en las contrataciones de los peritos por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En la denuncia se apunta a un «exceso de financiación» de este organismo y al presunto pago de complementos de productividad «de importes no justificados» a técnicos que redactaron informes y visados relacionados con estas prospecciones de búsqueda de gas en el Mediterráneo.

El proyecto Castor fue finalmente paralizado tras los 400 seísmos registrados en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y relacionados con la inyección de gas en el almacén subterráneo. La querella ha sido presentada por el ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo y la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, especializada en tecnologías forenses para peritajes judiciales. Va dirigida «contra todos aquellos que resulten responsables, por acciones u omisiones constitutivas de delitos que estén relacionados con los hechos narrados por el auto de 26 de enero de 2015, por el que se inician estas actuaciones».

En dicho auto, el juez de instrucción de Vinaròs imputaba a 18 cargos y técnicos del IGME y el Ministerio de Industria y directivos de la empresa Escal UGS, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La querella cita que el informe de Fiscalización del IGME realizado por el Tribunal de Cuentas observa en sus 16 conclusiones «diversas irregularidades contables e indicios claros de presuntos delitos de empleados públicos» y «grave falta de controles contables». «La gestión que realiza el IGME de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos realizados no permite conocer su coste ni por tanto el valor de los productos de los respectivos trabajos, lo que podría dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiación y que hubiese pagado complementos de productividad por importe no justificado».

El texto de la querella indica que es «muy posible que auténticos expertos en sismología puedan hacer un análisis del proyecto, de los hechos y de los riesgos, mucho mejor y por menos dinero en Japón (país que se caracteriza, precisamente por su sismicidad), que en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde no se sabe quién está estudiando no se sabe qué». Sobre la contratación de peritos, los querellantes piden al juzgado que investigue los casos que han sido «pagados con fondos públicos o por entidades dependientes de la Administración a entidades privadas como el MIT o como sobresueldos de funcionarios públicos, porque existen antecedentes e indicios de auténticas malversaciones en pruebas periciales absolutamente inútiles«.