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El Parlamento de Cataluña acude al Constitucional para denunciar «el incumplimiento» del Gobierno de la sentencia en el caso Castor

Europa Press / EFE.- La Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado presentar un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional por «el incumplimiento» que consideran que está llevando a cabo el Gobierno central de la sentencia por el cierre del almacén de gas Castor. Un incidente de ejecución es el mecanismo por el que se plantean asuntos relativos al cumplimiento del contenido de un fallo del propio tribunal.

Fuentes parlamentarias explicaron que el Gobierno central «no está devolviendo el dinero que ha hecho pagar ilegalmente a los ciudadanos en la factura del gas» para indemnizar a la empresa promotora y por eso la Mesa ha decidido acudir al Constitucional. La Mesa, controlada por la mayoría de JxCat y ERC, busca que «el Estado se mueva ante la indefensión de los ciudadanos, que ven como la administración del Gobierno no hace nada por ellos», han añadido las citadas fuentes.

1.350,7 millones en el aire

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en Castor tras los cientos de seísmos registrados en la zona. En octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía.

El Constitucional anuló en diciembre la indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto que el Gobierno aprobó en 2014, al considerar la forma de aprobar este decreto como inconstitucional. Una sentencia en la que el Constitucional estimó parcialmente los recursos que habían presentado el Parlamento de Cataluña, el Gobierno autonómico de Cataluña y el grupo del PSOE en el Congreso.

El Gobierno consultará al Consejo de Estado antes de decidir cómo responde a la reclamación de la banca por Castor

Europa Press / EFE.– El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la recuperación de la cantidad financiada que todavía no se ha devuelto, más los daños causados, por la financiación de 1.350 millones de euros que proporcionaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el Ministerio está «en proceso de analizar» la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con «6 meses para responder». Asimismo, indicó que «ahora mismo no hay previsión» de cómo se restablecerá el mecanismo para el reconocimiento del pago de 8 millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional haya paralizado todos los pagos alrededor del almacén gasista. A este respecto, Navia recordó que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que piden al Estado la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén submarino y el pago de la indemnización por el cierre de Castor. En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reconocido que era «previsible» que los bancos «actuasen jurídicamente» tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del real decreto aprobado en el año 2014 que regulaba el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del almacén, Escal UGS, y cómo se recuperaría la suma adelantada por las entidades financieras. «Nosotros, en su día, cuando llegue la demanda, si es que llega, lo que haremos será ir a los órganos consultivos», indicó Nadal.

Tanto el pago de la indemnización como la forma en la que los bancos recuperarían el dinero adelantado, a través de un recargo en la tarifa gasista de los próximos 30 años, estaban regulados en el real decreto-ley. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el pasado mes de enero, tras esta sentencia, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales.

Condenan a Gas Natural y a la aseguradora Mapfre a pagar 7 millones por la explosión de gas de Palencia

EFE.- El Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia ha condenado a la empresa Gas Natural Castilla y León y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de indemnizaciones que suman casi 7 millones de euros, en su conjunto, a los afectados por la explosión de gas ocurrida en Palencia el 1 de mayo de 2007.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, condena a las empresas demandadas a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados por los daños causados por la explosión de gas en la que murieron 9 personas. Hubo más de una treintena de heridos, se derrumbaron 3 edificios y obligó a más de un centenar de vecinos a vivir fuera de sus casas durante la reconstrucción de las viviendas.

El fallo llega 8 años después del archivado de la causa penal, 11 tras la tragedia y 6 meses después de la celebración del juicio civil en el que se dirimieron las demandas presentadas contra la empresa, 58 individuales, en las que se reclamaban indemnizaciones por 7 millones de euros. La jueza estima en la sentencia que no existen pruebas de que el motivo de la explosión se debiera a una bombona de butano, como defendía Gas Natural, y entiende que la causa principal fue una fuga en la instalación y en concreto en la válvula de acometida al edificio número 4 de Gaspar Arroyo.

De esta forma, la jueza confiere credibilidad a los informes de los peritos de la Policía, del CSIC, del INTA y de la Junta de Castilla y León, que concluyeron que la causa de la explosión estuvo en una fuga de gas natural que formó una bolsa en el interior del edificio número 4 y que la fuga estuvo en la válvula de acometida del edificio. Estos informes señalaban que la válvula no se dañó durante su extracción para hacer las pruebas de estanqueidad que demostraron que no era estanca y fugaba, unas pruebas que, según la sentencia, «tuvieron el claro objetivo de exonerar a la empresa de toda responsabilidad».

«Concretando los hechos que debemos considerar como probados, aunque la válvula no fugara por el vástago y las pruebas del CSIC y el INTA no se tomaran en consideración, se debe tener en cuenta que el punto de fuga se situaba en la unión de la tubería de polietileno con la válvula», señala la sentencia. También tiene en cuenta la jueza los informes de los arquitectos para señalar que «una vez determinada la existencia de fuga en la válvula de acometida, en concreto en la unión con el tubo de polietileno», el gas encontró paso a través del subsuelo por la capacidad de infiltración del terreno arenoso y el hormigón.

El fallo acredita que, una vez en el interior, el gas accedió a la cámara lateral del portal y a través de los registros o de la arqueta general pasó a la caja de escaleras en la que se almacenó y accedió después al interior de las viviendas. Frente a esto, la jueza considera que Gas Natural no pudo demostrar su teoría de que la explosión fue causada por una bombona de butano, ni que tuvo lugar en la planta tercera o cuarta de la letra A del número 4 por el rastro en forma de uve que dejó la explosión en los edificios vecinos.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece indemnizaciones por daños y perjuicios que van desde los 2.000 euros hasta 2,2 millones, siendo las más cuantiosas las que corresponden a los fallecidos, que superan los 120.000 euros, o la del Ayuntamiento de Palencia por 539.239 euros. La indemnización más elevada son los 2,2 millones de euros con los que Gas Natural deberá compensar a la extinguida sociedad de la Junta de Castilla y León, Provilsa, que reclamaba 3,1 millones por la construcción de los 3 edificios derruidos, la reparación de los edificios colindantes y los gastos de realojo de los afectados durante el tiempo que duraron las obras.

Con esta sentencia, el juzgado da la razón en la vía civil a los demandantes, representados en su mayoría por la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, después de que el Juzgado de Instrucción y posteriormente la Audiencia Provincial archivaran la causa penal. Gas Natural ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Palencia.

Ven “ejemplar” la sentencia condenatoria

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados de Gaspar Arroyo, José Luis Ainsúa, considera «ejemplar» la sentencia y mostró su «satisfacción» porque les da «la razón porque concluye que la causa de la explosión estuvo en la válvula de acometida y no en una bombona de butano». Además, las indemnizaciones recogidas en el fallo judicial reconocen las cuantías que reclamaban los afectados, incluidos los daños morales de todos aquellos que tuvieron que vivir fuera de sus casas durante el tiempo en que se reconstruyeron o repararon sus viviendas, a razón de 1.000 euros por mes.

Con todo, Ainsua ha asegurado que la sentencia es «ejemplar» y que la asociación está «satisfecha» porque finalmente se ha hecho justicia y se «recompensan» 11 años de «mucho trabajo», aunque, como ha matizado después, «no hay dinero suficiente para pagar una vida humana». Además ha señalado que nunca se había conseguido en España una sentencia de estas características, y que sin duda, el fallo del Juzgado de Palencia sentará «un precedente muy importante» por lo que ha pedido a Gas Natural que asuma este fallo y «no siga haciendo el ridículo» recurriendo esta sentencia.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados para financiar el cierre de Castor

Europa Press / EFE.- El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, “más los daños causados”, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, controlada por ACS, según han indicado fuentes jurídicas.

La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto-ley, establecida el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar «ninguna pérdida» a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las 3 entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones, de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente, en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, aprobó el decreto-ley con el que extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la factura del gas.

En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron los más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS por la paralización del almacén. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista. Por aquellas fechas, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», apuntó.

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación «ciertamente anómala», advierten los bancos. La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley.

El Gobierno estudia la reclamación

Por su parte, el Ministerio de Energía indicó que no procederá a valorar, hasta que lleve a cabo su estudio, la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por el Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que solicitan la devolución de los 1.350 millones de euros aportados, ya que, según fuentes del Ministerio, el gabinete «aún no ha podido estudiar la reclamación» presentada por las entidades financieras. Así, indicaron que Energía «no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación. Reclamación que, hasta que no se estudie, no podrá proceder a su valoración».

Gas Natural Fenosa y ENI ganan su primer arbitraje internacional contra Egipto por la paralización de su planta en Damietta

EFE.- Unión Fenosa Gas, compañía participada al 50% por Gas Natural Fenosa y la italiana ENI, ganó el primero de los tres arbitrajes internacionales que inició por la paralización de la planta de licuefacción de gas de Damietta (Egipto). Según fuentes conocedoras del fallo, se trata de un litigio que interpuso Unión Fenosa Gas contra la empresa estatal EGAS ante la Corte de Arbitraje de El Cairo por cortar el suministro de gas a la planta.

Como fruto del arbitraje, esta empresa estatal egipcia tendrá que abonar 7,4 millones de dólares. Las fuentes consultadas han asegurado que el fallo es relevante en tanto que la empresa egipcia ha perdido ante un tribunal nacional, pero subrayan que los otros dos arbitrajes internacionales son los realmente sustanciales en materia económica. Unión Fenosa Gas ha reclamado unos 3.000 millones de dólares por la paralización de su planta de Damietta (Egipto) ante organismos como el Ciadi. La planta de licuefacción de gas de Damietta es uno de los activos que Gas Natural incorporó al hacerse con Unión Fenosa y está parada desde mediados de 2012.

Energía reivindica que el coste anual de indemnizar a Castor es la mitad de lo que suponía el almacén funcionando

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional, permitió una «reducción sustancial» en la factura de los consumidores de gas al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo «no atendió a las reclamaciones» del Gobierno. «Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas«, añadió el secretario de Estado de Energía, quien destacó que «asumir las sentencias» es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido «un grado de arbitrariedad» se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que «no es posible». «Este tipo de situaciones no son agradables, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener», apuntó. Además, Navia afirmó que si el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor «en tiempo y en forma» se hubiera generado una situación «muy seria» con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. «Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época había presiones financieras muy importantes«, señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que el Tribunal Constitucional «en ningún momento» cuestiona el pago de la indemnización ya que, si hubiera sido así, el Gobierno «habría actuado en consecuencia», y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. «Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar», destacó.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor «no va a volver a entrar en funcionamiento» y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando «se pueda producir en condiciones de seguridad«. A este respecto, afirmó que «lo lógico» es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento. «No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico», concluyó.

La banca acreedora de Castor estudia «cuál es el mejor camino» para recuperar su inversión

Europa Press.- La banca acreedora de Castor, de la que forman parte el Banco Santander, Caixabank y Bankia, están estudiando «cuál es el mejor camino» para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Fuentes financieras indicaron que aún no hay una decisión tomada al respecto sobre la vía que adoptarán y que «siguen trabajando» en ello, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya paralizado los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre.

La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha vaticinado una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional. A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que aplique la sentencia», indicó.

Posteriormente, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago» es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia “para pagar” no es del Gobierno, sino de la CNMC, “y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor“.

En diciembre, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo ese pago a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

El PSOE contra el ministro

El diputado socialista por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, ha calificado de «decepcionante, sonrojante y grosera» la comparecencia del ministro de Energía en el Congreso en la que «supuestamente iba a dar explicaciones sobre el estado en el que se encuentra en estos momentos el problema Castor, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre».

Rallo ha lamentado que Nadal no diera explicaciones de «por qué el Gobierno, en su día, aprobó un decreto ley que obligaba a indemnizar a la empresa con 1.350 millones en el corto plazo de 35 días». Un decreto, que ha recordado, «el Tribunal Constitucional ha declarado nulo, gracias al recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista y liderado por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig”. Artemi Rallo ha censurado que el ministro no haya dado explicaciones de «por qué se adoptó aquella decisión exprés, que beneficiaba exclusivamente a intereses particulares y no al conjunto de la ciudadanía».

El diputado socialista esperaba que, después de la sentencia del Constitucional y de la decisión de la CNMC de suspender el pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización, el ministro explicara «qué piensa hacer para salir de la situación en la que nos encontramos». Sin embargo, recordó, Nadal «se limitó a decir que augura un periodo de ligitiosidad entre privados». Al respecto, Rallo ha recordado que el ministro está obligado a actuar y que «no resulta de recibo la extraordinaria dejación de funciones de la que hace gala».

El parlamentario castellonense ha recordado que la sentencia abre la puerta a que dentro del actual marco legal se reconsideren la indemnización y los términos en los que está planteada, «algo que debería haberse efectuado antes de realizar pago alguno». Artemi Rallo ha señalado que la comparecencia del ministro resultó «una decepción y una irresponsabilidad» porque, entre otras cosas, «debería haber explicado qué piensa hacer para recuperar los 1.350 millones de euros que en su momento el Gobierno entregó a la empresa correspondiente en el corto plazo de 35 días».

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

Pablo Iglesias denuncia que la factura del gas natural soporte “el regalazo de los españoles a Florentino Pérez” con Castor

Europa Press.- Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el pago de 1.350 millones de euros de compensación económica por el almacén de gas Castor a la empresa Escal-UGS, participada mayoritariamente por ACS, Pablo Iglesias (Podemos) considera Castor como «la palabra que señala una manera de gobernar, una época y un estilo» y denuncia que «fue un regalazo de los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas en su factura del gas durante 30 años».

En su opinión, la indemnización es una «cláusula patriótica» para devolver el dinero si había algún problema en el proyecto del «gran» almacén de gas que ha costado más del doble del presupuesto inicial y vaticina que ahora «la factura del desastre alcanzará 4.700 millones de euros» con los que se podrían financiar más de 3 millones de becas o 18.500 aparatos de mamografías. Por eso, ha pedido al Gobierno que exija a Florentino Pérez, cuya empresa participa en un 67% en Escal-UGS, que devuelva la citada indemnización y que el empresario no vuelva a recibir «un solo contrato público».

El proyecto de almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) suspendió su actividad después de que durante las pruebas de llenado en agosto de 2013 se registrasen numerosos seísmos en la zona que obligaron a cesar el proyecto en septiembre y a su hibernación a finales de 2014. El Gobierno terminó con la concesión del almacén y se indemnizó a Escal-UGS con 1.350 millones de euros, un importe que los consumidores de gas pagan en su factura hasta 2034, 96,38 millones durante este año. De hecho, el propio Gobierno ha indicado que la hibernación del almacén tiene un coste de unos 16 millones de euros anuales.

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, estima que la indemnización a Escal-UGS terminará costando «casi 5.000 millones de euros». A su juicio, el «timo» de Castor es «el resultado del juego económico y político español entre el PP y el PSOE en el que siempre gana Florentino Pérez en esa especie de BOE que es el palco del Bernabéu» y que pagarán los ciudadanos hasta 2034. Por eso, exige una subcomisión de investigación en el Congreso para saber por qué se «blindó» un negocio en el que Escal-UGS actuó de manera «negligente»; por qué el Gobierno no ha abierto una auditoría y, en definitiva «quién se sigue lucrando» y cuántos años costará “este desastre».

Por su parte, el diputado del PdeCat Carles Campuzano, considera que Castor es «uno de los escándalos más graves» sobre las relaciones entre el poder político y las empresas que gestionan servicios de infraestructuras estratégicas de España. En línea parecida, el diputado de Compromís Joan Baldoví cree que «con un poco de sentido común» este proyecto no se habría realizado nunca y propone evitar que «siempre los mismos» sean rescatados «a costa» de los ciudadanos».

Desde el grupo parlamentario socialista, Pilar Lucio ha criticado la «vertiginosa» rapidez en el pago de la indemnización por parte del Gobierno a la empresa cuando «no había urgencia» y cuestiona por qué hay que compensar este activo a Escal-UGS, por qué no se corresponsabiliza la empresa adjudicataria y por qué el Ejecutivo, primero devolvió urgentemente el dinero y luego encargó un estudio al MIT.  Asimismo, para el diputado de Ciudadanos, Antonio Roldán, el proyecto de Castor es «otra chapuza que deja el bipartidismo de amiguetes para dar adjudicaciones y contratos que pagan los españoles».

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, ha culpado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió perdón, y al ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, de haber firmado el citado contrato y, por tanto, estima que son estos «quienes deberían dar explicaciones». A su juicio, fue el anterior gobierno socialista responsable de «dejar temblando» a los vecinos de Castellón porque si no se hubiera autorizado la cláusula «abusiva» probablemente el proyecto nunca se habría construido. Asimismo, ha defendido que el PP recurrió la cláusula abusiva para evitar pagar la citada indemnización pero el Tribunal Supremo acordó que esta indemnización debía pagarse.

La Audiencia Nacional absuelve al expresidente Benjumea y la excúpula de Abengoa por cobrar indemnizaciones millonarias siguiendo las exigencias legales

Europa Press.- La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de cerca de 11,5 millones y 4,5 millones respectivamente, ya que estas se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal exponen en una sentencia que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran elaborados para favorecer «improcedentemente» al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número dos puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.

El Ministerio Público solicitó 5 años de cárcel para Benjumea, 4 años y 3 meses para el que fuera consejero delegado y 4 años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal. El fiscal José Perals expuso en la vista oral que no tenían derecho a las indemnizaciones que cobraron a su salida de la entidad debido a la mala situación económica de la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.

Esos contratos, según el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en la redacción de los mismos. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran «torticeramente» al informar favorablemente. La Sala va más allá descartando «cualquier modo de confabulación» para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 «se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones».

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero «obedeció a razones objetivas y externas a él», en referencia a la condición «indispensable» impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que «fueron lentejas» y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente el 23 de septiembre de 2015.

Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exministro socialista Josep Borrell, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que Abengoa era una empresa en fuerte expansión, pese a que se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.

En el caso de Sánchez Ortega, que aseguró que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge que su salida se debió a razones «internas y subjetivas» y, por tanto, no cobró los 3 millones de euros acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y supuestamente sin percibir remuneración. Los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo no se reexpresaron ni reformularon los estados contables de la empresa, hecho utilizado por los acusados para defender su gestión al frente de Abengoa.