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Piden 6 años de cárcel para los 2 acusados de estafar 1,2 millones en la construcción de 11 plantas fotovoltaicas

Europa Press.- El Ministerio Público pide 6 años de cárcel para cada uno de los acusados de estafar presuntamente 1,2 millones de euros en la construcción de 11 plantas fotovoltaicas. Según el escrito de acusaciones del fiscal, ambos procesados se pusieron de acuerdo durante los años 2007, 2008 y 2009 para pedir a las mercantiles con las que pactaron las obras distintas cantidades de dinero «por importes superiores» a los materiales que iban adquiriendo para las obras.

Facturas falsas sobre las originales

Ante lo elevado de los costes, la Fiscalía indica que el administrador de las mercantiles pidió a los acusados que rindiesen cuentas del coste de la obra, por lo que los acusados enviaron un correo electrónico con distintas facturas que resultaron ser falsificaciones de las originales emitidas por los proveedores y en las que los acusados elevaron el coste real de los materiales adquiridos. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa. Pide además que los procesados indemnicen a las mercantiles con 1,2 millones.

Los eurodiputados creen que es posible encontrar una solución para el almacén gasista de Doñana tras el cambio de Gobierno

Europa Press.- El presidente de la delegación de eurodiputados que visitó el Parque Nacional de Doñana, el eslovaco Pál Csáky (PPE), asegura que confía en que sea posible encontrar una solución para el área protegida y sus alrededores, que según varias organizaciones se encuentran amenazados por diversos factores, a la vez que agradeció la acogida del Gobierno.

Así lo ha asegurado en una reunión con el resto de eurodiputados de la comisión de Peticiones, en la que ha hecho un repaso a su visita a España. «Nos vimos con representantes del Gobierno en Madrid, ha habido cambio político y el nuevo Gobierno fue bastante acogedor en el sentido de escuchar nuestros argumentos, soy bastante optimista«, apuntó Csáky.

El objetivo de la visita era el de conocer de primera mano la problemática del espacio natural, tras la presentación de una petición a la Eurocámara por parte de grupos como Salvemos Doñana, que alertan de las consecuencias de los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en los alrededores del parque. «Creo que podemos preparar un documento lo suficientemente serio y sólido, con recomendaciones específicas» para el Gobierno sobre diversas acciones que pueden llevarse a cabo en la zona de cara al futuro, explicó Csáky, para votarse «a principios del año que viene».

Otro de los eurodiputados de la delegación, Florent Marcellesi (Equo/Verdes) ha asegurado que la reunión con responsables del Ministerio de Transición Ecológica fue «muy fructífera», y pudo constatar que el proyecto de gas en la zona «ya no es un proyecto estratégico para el Gobierno», si bien el problema ahora es «la indemnización que pide la empresa«. «El informe de la Eurocámara será de gran ayuda para los peticionarios y las administraciones locales porque necesitan este empujón por parte del Parlamento Europeo», ha indicado Marcellesi.

El objetivo de la delegación era analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de gaseoductos en la zona. Los parlamentarios visitaron, además de Doñana, Sevilla y Madrid, donde se entrevistaron con los denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como con organizaciones ecologistas, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC y responsables de Naturgy.

La Audiencia Nacional archiva la demanda por el almacén de gas Castor contra 5 exministros y la empresa concesionaria Escal-UGS

Europa Press.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que desestimó y archivó una demanda que exigía responsabilidad penal por la indemnización fijada por el cese de actividad del almacén de gas Castor porque consideraba que existía «concierto criminal».

La demanda, presentada por Xarxa de L’Observatorio del Deute en la Globalització, reclamaba responsabilidad penal contra los exministros de Industria Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

El fallo de la Audiencia considera que los hechos que acaecieron no son constitutivos de infracción penal y concluye que «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización».

Para la Sala Tercera «no cabe cuestionar» la corrección de errores a un Real Decreto, porque esto es una decisión administrativa firme y apunta que «no existen indicios» de sobrecoste.

Los magistrados excluyen el «concierto criminal» en los hechos de objeto de análisis porque la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

La Audiencia concluye que los hechos descritos en el recurso no revisten de «apariencia delictiva» por lo que resulta inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias que proponía la demanda no se propende revisar las auditorías que sustentaron la indemnización que se extendió a Escal (ACS es accionista mayoritario) por el cierre del almacén de gas subterráneo Castor frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

La Sala refleja las auditorías que sustentaron la indemnización, ante las observaciones de la Comisión Nacional de la Energía sobre la forma de contratación de las principales partidas de inversión en el almacenamiento subterráneo de Castor en el primer semestre de 2009, aprobado por su consejo de administración en enero de 2010.

Asimismo, señala que la convergencia entre Escal-UGS y ACS no implica un sobrecoste en perjuicio de la Administración, sino más bien lo contrario, en un momento en que no había previsión sobre concurrencia de una causa de extinción de la concesión.

Los demandantes acusaban de prevaricación a los demandados, por mantener varias reuniones con las administraciones implicadas de cara a la concesión.

Asimismo, acusaban a los demandados de elaborar un «plan delictivo» en el que se concertaron resoluciones entre las cuales figura que se excluyera al proyecto de someterse a evaluación de impacto ambiental.

A su juicio de la querella, la inversión de ESCAL-UGS habría estado «plagada de irregularidades», por lo que observa que habría «indicios de enriquecimiento ilícito» y que los beneficios de ACS «se escaparon a todo control» por la falta de concurrencia, algo que para los querellantes «solo se puede comprender desde la lógica del acuerdo delictivo».

La actividad del almacén de gas Castor fue suspendida en el verano de 2013 ante la actividad sísmica que se inició durante las pruebas para inyectar gas en el mismo. Los eventos sísmicos provocaron la suspensión temporal y la subsiguiente renuncia a la concesión por parte de Escal, que solicitó la compensación establecida. Desde entonces, el almacén subterráneo está en situación de hibernación y así seguirá hasta nuevo orden.

Aquella compensación se fijó en un total de 1.350,72 millones de euros que se garantizan mediante el pago durante los próximos 30 años a través de la factura de gas de los ciudadanos con un interés fijo del 4,267%.

Por otro lado, la instancia desestima la querella por delito de malversación o alternativamente de fraude a la Administración y de prevaricación porque «no toda revisión judicial de la actuación administrativa implica un delito de prevaricación» y añade que «no es lo mismo una ilegalidad administrativa que una actuación buscada de propósito para acordar una actuación injusta».

Los demandantes han anunciado a través de la red social Twitter que no se dan por vencidos a pesar de que la Audiencia Nacional mantenga el archivo de su querella, contra la cual no cabe recurso alguno. Advierten de que el archivo de lo penal de la querella de este grupo ciudadano «no va a suponer el cierre de la iniciativa judicial».

El grupo formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña anuncia que ya está preparando «los próximos pasos».

Egipto asegura que defenderá sus derechos tras el laudo que la condena y falla a favor de Naturgy y ENI

EFE.- El Ministerio de Petróleo egipcio advirtió de que está tomando «todas las medidas necesarias para preservar los derechos» de Egipto después de que este país haya sido condenado a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas por la paralización de la planta de licuefacción de Damietta.

En este sentido, el Ministerio no especificó qué medidas está tomando pero señaló que estas responden a «los intereses generales» de Egipto, que suspendió el suministro de gas natural a las instalaciones de Unión Fenosa Gas en la localidad de Damietta en 2011 tras el estallido de la revuelta popular en contra del entonces presidente Hosni Mubarak. El Ministerio destacó que «la falta de suministro de gas se produjo por los acontecimientos y las crisis que acompañaron a la revolución del 25 de enero de 2011″, que afectó a la mayoría de los sectores económicos, algunos de los cuales se vieron paralizados por semanas durante y después de las protestas que sacudieron Egipto en el marco de la Primavera Árabe.

El Ministerio agrega que «la disminución de las cantidades suministradas y el parón del suministro se debió a causas totalmente fuera de la voluntad de la empresa Egas», la compañía estatal que gestiona el gas natural de Egipto. Se trata de la respuesta al laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que consideró que no se concedió al inversor el trato justo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que exige a la República Árabe de Egipto pagar 2.013 millones de dólares a Unión Fenosa Gas, participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural, y la Italiana ENI.

Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, es nombrado presidente de Red Eléctrica de España en sustitución de José Folgado

EFE.- El consejo de administración de Red Eléctrica ha aprobado el nombramiento del exministro socialista Jordi Sevilla como presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de José Folgado, según comunicó Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el consejo de administración aceptó la dimisión de Folgado, que accedió al cargo en 2012 tras la llegada del PP al Gobierno, así como su cese como presidente no ejecutivo del consejo de administración y de la compañía.

Folgado había sido reelegido por un plazo de 4 años el 15 de abril de 2016 y su puesto en el consejo y como presidente no ejecutivo será ocupado por Jordi Sevilla. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), tiene un 20% del accionariado de Red Eléctrica, mientras que el 80% del capital restante cotiza libremente. Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez. Entre los asuntos pendientes de Red Eléctrica, destaca la posible compra de la compañía de satélites Hispasat a Abertis.

Folgado, que fue secretario de Estado de Presupuestos entre 1996 y 2000, entre 2000 y 2002 de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, y entre 2002 y 2004 de Energía, Desarrollo Industrial y de la PyMe, percibirá tras su salida de Red Eléctrica la cantidad correspondiente a una anualidad, como pactó en 2012 cuando llegó a la compañía y aprobó ese año la junta de accionistas. Folgado ganó 546.000 euros en 2017, según el informe de retribuciones de la compañía publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo presidente de Red Eléctrica, José Sevilla, considera un reto asumir la presidencia de una empresa que debe «compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada». Red Eléctrica obtuvo un beneficio de 189,1 millones de euros en el primer trimestre de 2018, un 4% más que en el mismo periodo de 2017.

Sevilla (Valencia, 1956), actualmente vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983. Militante del PSOE, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera profesional en la Administración fue el subdirector territorial en Valencia en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985). Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete 1993 como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

Ha sido miembro del comité de redacción de la revista Debats (1984-1985), consejero de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura (Sodiex) (1987-1988) y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (1988-1990). En marzo del 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.

Energía considera que ha acatado y cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Castor tras pedirlo el Parlamento de Cataluña

EFE / Europa Press.- Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuentes de este departamento han manifestado, tras la presentación por el Parlamento de Cataluña de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el almacén de gas Castor, que, por lo que respecta al Ministerio, se ha cumplido con lo establecido en la sentencia. El Ministerio de Energía, tras anular el Constitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.

La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que realiza Enagás.

Indemnización: 1.350 millones de euros

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC. Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó recientemente que el Ministerio tenía 6 meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.

Solicitud del Parlamento de Cataluña

Por su parte, el texto de los letrados de la Cámara alega que la nulidad ha supuesto «un grave perjuicio para el conjunto de usuarios al haber tenido que soportar una carga económica indebida» mientras estuvo vigente el decreto ley que fijó la compensación. Se expone que «no consta que el Gobierno, en tanto que autor y responsable de la norma, haya adoptado medida alguna para reparar los graves efectos» producidos al patrimonio de todos los usuarios del sistema gasista que soportaron el pago de la compensación. Este incidente de ejecución se presenta tras solicitar al Constitucional «la adopción de las medidas necesarias para reparar los daños y perjuicios causados a los usuarios y consumidores» por la norma declarada inconstitucional.

Firmado por el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, el texto recoge que los poderes de ejecución de que dispone el Tribunal Constitucional en relación con el efectivo cumplimiento de sus sentencias ha sido «una cuestión especialmente controvertida a raíz» de la reforma legal que incrementó los poderes del tribunal. Recuerda que «la gestación y los orígenes de esta reforma legal tienen relación directa con el proceso político seguido en Cataluña en los últimos años», por lo que no se pueden omitir a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia del Castor.

Así, concluye que el propio Tribunal Constitucional ha considerado que sus poderes de ejecución de sus resoluciones con «plenamente coherentes con la Constitución» pese a que estas facultades no están expresamente recogidas en la Carta Magna. Por todo, afirma que el Tribunal Constitucional debe tomar las medidas pertinentes para ejecutar la sentencia para «la protección del conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por el deber de soportar una carga patrimonial impuesta por el legislador, el decreto de compensación, en contra de la Constitución«. La Cámara solicita al Constitucional que requiera al Gobierno, como órgano superior de la Administración del Estado, abstenerse a utilizar la figura del decreto ley para regular los aspectos económicos de la extinción del Castor.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.