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España, a la cola de la Unión Europea en recaudación por impuestos ambientales, según el Instituto de Estudios Económicos

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Europa Press.- España se mantiene a la cola de los 28 Estados miembro de la Unión Europea en recaudación por impuestos ambientales, solo por delante de Suecia, Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, según el Instituto de Estudios Económicos a partir del Environmental tax revenues de Eurostat. Así, durante el año 2017, los impuestos ambientales obtuvieron una recaudación media en la Unión Europea del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea, algo por debajo del 6,3% correspondiente al año 2016.

Entre los impuestos medioambientales destacan, especialmente, los que recaen sobre la energía, cuya recaudación supone, en promedio, un 4,7% sobre el total de ingresos fiscales, junto con los impuestos sobre el transporte, que recaudan una media del 1,2%. Según el IEE, la Unión Europea está apostando por potenciar la contribución de los impuestos medioambientales al conjunto de ingresos fiscales, para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos.

Mayor fiscalidad: Letonia, Grecia, Eslovenia

En 2017, la recaudación de los impuestos medioambientales superó el 10% del total de ingresos fiscales en Letonia, Grecia y Eslovenia. A estos le siguen Croacia y Bulgaria, con un 9,1%, mientras que Estonia registró un 8,8%. En los Países Bajos la recaudación por impuestos medioambientales alcanzó un 8,6% sobre el total, en Dinamarca llegó al 8,1% y se situó en un 7,9% en Italia.

En cuanto a Irlanda y Portugal, los datos apuntan que están en torno al 7,5%, mientras que el Reino Unido y Finlandia se quedan cerca del 7%. Por debajo del promedio de la Unión Europea se sitúan la República Checa (5,9%) y Austria (5,7%). En España los impuestos medioambientales han recaudado un 5,4% del total de ingresos fiscales en 2017.

El Gobierno asegura que el aumento de la fiscalidad sobre el diésel será «progresivo» y eximirá «totalmente» a los profesionales

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Europa Press.– Mientras desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) han advertido de que es un «error» prescindir de tecnologías maduras y de «demostrada utilidad económica y social» como es el diesel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la subida de impuestos al diésel será «progresiva» y que cualquier regulación que adopte el Gobierno en esta línea excluirá «expresamente» a transportistas profesionales y a autónomos.

En este sentido, Montero afirmó que la equiparación entre diésel y gasolina «no incidirá» sobre las cuentas de resultados de las pymes, los autónomos o aquellos sectores que puedan ser «vulnerables» en el desarrollo de su actividad. La titular de Hacienda defendió que la subida de impuestos al diésel planteada por el Ejecutivo está en línea con las recomendaciones de Europa. «Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico de los vehículos diésel más contaminantes», subrayó.

Montero afirmó que esta subida de impuestos al diésel para equipararlo con la gasolina no se producirá de un día para otro, sino que será un «camino progresivo» con el que intentar «disuadir» de la utilización de este carburante como el más empleado por los españoles. «Es responsabilidad del Gobierno contribuir a corregir todo aquello que sea nocivo para la salud y malo para el medio ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica trabaja, entre otras muchas medidas, en todo aquello que Europa dice que es necesario para contribuir en esta línea», agregó. Precisamente la ministra Ribera aseguró recientemente que el diésel «tiene los días contados».

Un «error» prescindir del diesel

Por su parte, Confemetal subraya que lejos de «condenar» al diésel, se debería considerar su uso como una herramienta más de la descarbonización de la economía española, «en cumplimiento de la demanda social y las exigencias de Europa». Además, Confemetal defiende que la implantación de «supuestos impuestos verdes» y tasas medioambientales, de modo directo o en sustitución de otros gravámenes, tiene un efecto «contraproducente», tanto para la actividad económica como para la «protección del entorno».

«Cualquier iniciativa medioambiental debería, además, incorporar el concepto de economía de inversión, de forma que una empresa que invierta en control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a modificar los equipos correspondientes en tanto que no se hayan amortizado en términos económicos», añade. Confemetal, que no pone en duda la necesidad de regular el tráfico en áreas muy congestionadas para combatir la contaminación, destaca que los motores diésel se basan en tecnologías “muy eficientes” y tienen unos niveles de emisiones “muy ventajosos” respecto al resto de los motores de combustión interna, incluidos los de gasolina. Finalmente, resalta que los motores diésel son básicos para la industria, por lo que su sustitución es “muy difícil” y “muy costosa”.

Representantes del transporte público piden que parte de los impuestos que se paga por hidrocarburos se inviertan en movilidad verde

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Europa Press. – La Asociación del Transporte Urbano Colectivo (ATUC) ha pedido a las administraciones que destinen a financiar e invertir en el transporte público una parte de los 500 millones de euros anuales que aporta en impuestos de hidrocarburos en la revisión de los impuestos medioambientales.

El colectivo del transporte público se erige como «una de las soluciones más efectivas para luchar contra el cambio climático» y lograr así el objetivo de reducir en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% y, con ese objetivo, ha elaborado un documento de acciones prioritarias.

Así, señala que el impuesto no solo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, el transporte urbano colectivo y también, una parte de este impuesto debería destinarse a la inversión tanto para renovar la flota como para mejorar la calidad en la prestación del servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje.

En España la velocidad comercial media de un autobús es de 15 kilómetros pero en ciudades como Helsinki, Oslo o Amsterdam oscila entre 23 y 28 kilómetros de media, en torno a uno 60 por ciento. La ATUC señala que esta es precisamente una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales.

El segundo eje de actuación que propone la ATUC es la Ley de Cambio Climático en la que pide un apartado dedicado «íntegramente» al transporte público, su desarrollo y a la financiación que lo hará posible.

La ley debería incluir un artículo para asegurar la financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de impuestos de hidrocarburos. Esta vía de financiación, según añaden se usa ya en otros países, como Alemania, que cuenta con un céntimo verde que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público.

El tercer eje de la propuesta de ATUC son los planes de movilidad urbanos, sobre todo para las grandes ciudades, ya sea en los planes en vigor como en sus revisiones. Hay una desproporción entre el uso que se da al coche que en las grandes ciudades no llega al 25 por ciento en el reparto modal de los desplazamientos y el espacio urbano asignado a este que es el 90%.

En ese sentido, propone aumentar el peso de la financiación del Estado y de las comunidades hasta el 30% y en el que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios del 45%.

«La culminación de toda esta batería de medidas sería la puesta en marcha de un Ministerio de Movilidad que sustituiría al de Fomento, una palabra que se asocia más al modelo de hormigón. De hecho, ya existe un precedente en Francia pues el Gobierno de Macron ha creado un Ministerio de Transportes y la ministra procede de la RATP, el transporte público de París», ha manifestado el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.

Aragón impugna la orden del Estado que permite a las compañías eléctricas cobrar recargos territoriales por impuestos medioambientales de 2013

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EFE.- Aragón impugnará por la vía contencioso- administrativa la orden estatal de enero de 2018 por la que se faculta a las empresas a establecer recargos territoriales en función de los tributos medioambientales vigentes en 2013, es decir, el ICA y el Impuesto de Emisiones Contaminantes.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, explicó que se ha autorizado iniciar las acciones judiciales necesarias para que se anule esta orden, que permite a las eléctricas aplicar recargos en las facturas de los consumidores aragoneses para compensar determinados impuestos autonómicos, únicamente referidos al año 2013, año en que se aprobó la ley del sector. En cualquier caso, la orden no permite a las eléctricas cobrar ya el suplemento, sino que es una «primera fase». Como para fijar el suplemento es necesario conocer el importe de los impuestos que han soportado las compañías eléctricas, la orden se limita a identificar estos impuestos y remite a una segunda orden para cuantificar de forma precisa el suplemento.

De este modo, Aragón presenta el recurso de forma «casi preventiva» para que el canon de saneamiento en 2013 y el impuesto de emisiones contaminantes no se consideren impuestos que afectan al suministro eléctrico. El Gobierno de Aragón considera que ni los consumidores tienen que soportar los impuestos exigidos a las empresas suministradoras de energía ni el Ministerio puede decidir que estos impuestos los paguen los ciudadanos de la comunidad.

Un 5,4% de la recaudación fiscal de España en 2016 provino de impuestos medioambientales, por debajo de la media europea

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Europa Press.- España recaudó un 5,4% por impuestos medioambientales en 2016, por encima de Alemania (4,6%) y Francia (4,7%), pero por debajo del 6,1% que registra la media de los 28 países de la Unión Europea, según un análisis del IEE a partir de datos de Eurostat.

Entre los impuestos medioambientales destacan los impuestos sobre la energía, que suponen casi un 77% del total, mientras que los impuestos sobre el transporte aportan algo menos del 20% y los que gravan la contaminación y la utilización de recursos alcanzan en torno al 3,4%. En 2016 los impuestos medioambientales alcanzaron una recaudación media del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea. No obstante, la Unión Europea pretende potenciar la recaudación de los impuestos medioambientales con el fin de lograr una utilización eficiente de los recursos.

De hecho, en 2016 la recaudación de los impuestos medioambientales superó en algunos países el 10% del total de ingresos fiscales. Letonia ocupa el primer lugar, con un 11,6%, y Eslovenia, el segundo, con un 10,5%. Bulgaria, Croacia, Grecia y Rumania se situaron en el entorno del 9%, en tanto que Chipre, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, Malta e Italia superaron el 8%, De su lado, Polonia (7,9%) e Irlanda (7,7%) se quedaron levemente por debajo.

En Finlandia, Portugal, Hungría y el Reino Unido los impuestos medioambientales aportan un 7% de la recaudación, y por debajo del promedio comunitario se sitúan un total de 8 países: Eslovaquia (5,6%), Austria (5,5%), España (5,4%), Suecia (5%), Bélgica y Francia (4,7%), Alemania (4,6%) y Luxemburgo (4,4%). De esta forma, la recaudación por impuestos medioambientales en España se sitúa por debajo de la media europea, pero supera a 5 países.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

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Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.

El combustible nuclear y los residuos radiactivos aportaron casi el 40% de la recaudación de los impuestos medioambientales en 2016

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Europa Press.– El impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos supusieron el 39,1% de los impuestos ambientales sobre la contaminación y los recursos, la única categoría de otros impuestos a la producción que creció, en este caso un 7,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, según la estadística de las Cuentas ambientales de los impuestos ambientales, publicada por el INE, los impuestos y cánones de vertidos, el canon de explotación de hidrocarburos y el canon de superficies de minas supusieron el 23,9% del total de esta categoría impositiva. En total, la recaudación por impuestos ambientales alcanzó los 20.640 millones de euros en 2016, lo que representa un 1% menos que en 2015 y, en total, estos representaron el 8,4% del total de impuestos en España, dos décimas menos que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte e impuestos sobre la contaminación y los recursos. Los primeros, los impuestos sobre la energía alcanzaron 17.130 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 1,7% respecto a 2015. Por el contrario, los impuestos sobre el transporte crecieron un 1,3% y los impuestos sobre la contaminación y los recursos también crecieron, en este caso un 5,6%. En cuanto a los impuestos sobre productos energéticos, el aplicado a hidrocarburos, representó el 77,4% del total y aumentó un 3,8%. Por el contrario, el Impuesto sobre la electricidad, que supuso un 8,1% del total, disminuyó un 7,2%.

Asimismo, entre otros impuestos sobre la producción, los impuestos sobre la contaminación y los recursos fueron los únicos que subieron en 2016, con un crecimiento del 7,1%. Entre ellos, las categorías con mayor peso fueron el impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (39,1% del total) y los Impuestos y cánones de vertidos, canon de explotación de hidrocarburos, canon de superficies de minas (23,9%). En la categoría de otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental bajaron un 0,7%. Los impuestos sobre el transporte aplicados a vehículos de tracción mecánica pagados por los hogares representaron el 98,3% de esta categoría.

Por otro lado, el INE avanza también los resultados por sectores productivos y hogares del 2015 e indica que el total de impuestos ambientales ascendió a 20.857 millones de euros, un 7,6% más que en 2014. Ese año, los impuestos sobre la energía alcanzaron 17.429 millones de euros (el 83,6% del total). Los impuestos sobre transporte ascendieron a 2.553 millones (12,2%) y los Impuestos sobre la contaminación y los recursos llegaron a 875 millones (4,2%). Los impuestos sobre la energía aumentaron un 8% sobre 2014 y los impuestos sobre el transporte, un 0,2%. Los impuestos sobre la contaminación y los recursos se incrementaron un 27%.

Del total de impuestos ambientales, los hogares pagaron el 52,8%, un 5,9% más que el año anterior. Por tipo de impuesto, los hogares pagaron el 77,6% de los Impuestos sobre el transporte y el 51,7% de los Impuestos sobre la energía. Por el contrario, los sectores productivos pagaron un porcentaje mayor de Impuestos sobre la contaminación y los recursos, un 96,6%. Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2015 fueron transporte y almacenamiento (15,4% del total) seguido por la industria manufacturera (9,6%), y suministro de energía (7,7%). Por el contrario, los que menos pagaron fueron industrias extractivas (0,8%); construcción (1,1%) y agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,2%).

El Supremo pide al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie sobre la compatibilidad del canon hidráulico con la normativa europea

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Europa Press.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) sobre la creación del canon para la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, al tener dudas de su compatibilidad con la normativa comunitaria.

El alto tribunal ha estudiado los recursos interpuestos por Acciona y por Unesa, la patronal de las eléctricas, contra el Real Decreto 198/2015, que desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se crea dicho canon y, ante las dudas surgidas a la hora de resolver, traslada tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europa.

En la primera de ellas, el Supremo expresa sus dudas sobre la finalidad medioambiental del canon hidráulico y pregunta al TJUE si es respetuoso con la aplicación del principio comunitario del quien contamina paga. Según el Supremo, dicha tasa no responde al perfil de tributo medioambiental porque «no vela por proteger los supuestos daños medioambientales», sino que su finalidad es «establecer un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, con lo que el legislador parece ir contra los propios principios que inspiran la política europea en materia energética y ambiental». Indica también que una cantidad «insignificante», el 2% del canon recaudado, se destina a las actuaciones del organismo de cuenca, frente al 98% que será ingresado en el Tesoro Público.

Otra cuestión que el Supremo plantea al tribunal europeo es si el canon es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. La Sala recuerda que esta tasa se exige a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias y a quienes utilizan otras tecnologías. Para el Supremo, se ha provocado «una situación de desigualdad» entre productores de energía en general, así como entre los titulares de las centrales hidroeléctricas en particular, que incide en la competencia dentro del mercado eléctrico.

Por último, el alto tribunal tiene la duda de si el cobro de este canon a los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado que está prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los magistrados cuestionan si este impuesto es un «tributo asimétrico» que perjudica la competencia en el mercado eléctrico creando ayudas de Estado a favor de terceras personas. Al respecto, el  Supremo señala que, por un lado, se produce una diferenciación entre compañías de producción hidroeléctricas que se encuentran en la misma posición y, por otro, respecto a los productores de energía eléctrica proveniente de otras fuentes.

El canon hidroeléctrico fue aprobado por el Gobierno y lanzado en 2013 como parte de los nuevos impuestos a la actividad eléctrica, con los que estimaba recaudar unos 2.700 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa del sistema eléctrico. Dicho canon sólo se aplica a las cuencas intercomunitarias y la base imponible es el valor económico de la electricidad producida, con un gravamen del 22% sobre dicha base.

España es uno de los países de la Unión Europea que menos ingresa por impuestos medioambientales

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Europa Press.- España recauda el 5,6% del PIB por impuestos medioambientales, por debajo del promedio de la Unión Europea, que alcanza el 6,8% del total, según datos de Eurostat del año 2015. La Unión Europea ha propuesto recientemente aumentar sustancialmente la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, buscando lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos. De hecho, el Gobierno español ha anunciado nuevos impuestos verdes, por los que prevé recaudar 500 millones de euros adicionales.

En 2015, una serie de países de la Unión Europea han conseguido una recaudación de los impuestos medioambientales superior o en torno al 10% del total de ingresos fiscales. Entre los impuestos verdes, más de tres cuartas partes corresponden a tributos energéticos, mientras que los impuestos sobre el transporte suponen casi un 20% y los impuestos sobre la contaminación llegan a un 3,5% del total. Por debajo del 5,6% que recauda España por estos tributos se sitúan Austria, Eslovaquia, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y Bélgica.

Por el contrario, Croacia se coloca en primer lugar con un 10,9%, figurando a continuación Eslovenia (10,6%), Grecia (10,3%) y Bulgaria (10%). Letonia, Malta, Chipre y Países Bajos se sitúan en torno a un 9%, mientras que Dinamarca llega a un 8,6%; seguida de Irlanda (8%) e Italia (7,9%). El Reino Unido, Portugal, Hungría y Finlandia también superan el promedio europeo. Levemente por debajo quedan Lituania y la República Checa.

Energía prepara otra refacturación de la luz por orden del Supremo en las comunidades autónomas con tributos territoriales al sector

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará una orden ministerial en la que recogerá una refacturación a los consumidores de electricidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. La refacturación se refiere a los tributos autonómicos aplicados durante el 2013.

La medida tiene como objetivo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio.  Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada recientemente, en la que se revisa el margen de comercialización del PVPC de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04%.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Energía se ve ahora obligada a tener preparada la orden ministerial antes del 20 de enero para evitar una multa del Supremo.

Según fuentes oficiales, el Gobierno amortiguará el impacto de esta medida en los ciudadanos, porque las cantidades no se empezarán a cobrar hasta 6 meses después de que se apruebe la orden ministerial y su pago se repartirá a lo largo de un año. Las comercializadoras deberán informar previamente a los consumidores y el recargo se incluirá en la factura en un concepto separado que especificará que se trata de un suplemento territorial por los tributos autonómicos del año 2013.

Según sus cálculos, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013. Por su parte, los usuarios de la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, o 0,065 euros al mes, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña, o 10 céntimos al mes, o los 0,05 euros anuales de La Rioja, o 0,004 euros más al mes.

Según consta en el borrador de orden ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual.

«El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los suplementos objetivos entre el 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de 2013», afirma Energía en el borrador de orden ministerial. Conforme a la norma que prepara el departamento dirigido por Álvaro Nadal, los valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización.

Así se cumplirá con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y en el real decreto ley 20/2012, en los que se indica que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».

Esta redacción estuvo vigente durante 2013. En diciembre de ese año se aprobó la actual Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, en cuyo artículo 16 se mantiene esta filosofía de que los consumidores de cada territorio costeen los tributos de su zona. El Supremo considera que el Gobierno no puede ampararse en la falta de desarrollo de la norma para dejar de aplicar la medida.

Para dar cumplimiento a la medida, el Ministerio de Hacienda pidió a las comunidades autónomas afectadas la información relativa a los distintos tributos existentes en 2013 en los que se gravasen actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. «Dichos requerimientos fueron atendidos de forma desigual por las distintas comunidades autónomas», advierte Energía, que informa además de que el Supremo le envió una providencia por la que apercibe con la imposición de multas coercitivas si antes del 20 de enero no remite la propuesta de orden ministerial para cumplir la sentencia.