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País Vasco tiene los precios de los carburantes más caros de la Península tras adoptarse el tipo especial único estatal

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Europa Press.– El tipo especial único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 0,10 y 0,22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero.

Desde enero, se integraron los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el tramo autonómico (que oscilaba entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro y cuya cuantía decía cada comunidad) y el tramo estatal (que ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro) en un único impuesto. Este nuevo gravamen denominado tipo especial se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por igual en toda la Península y Baleares.

Según el regulador, el impacto de esta modificación impositiva es que, a pesar de que los precios antes de impuestos disminuyeron, se produjo un aumento de los precios de venta al público. En concreto, el precio antes de impuestos de la gasolina descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se incrementaron en 0,10 y 0,22 céntimos de euro por litro para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Además, debido a ello, se ha modificado el ranking provincial de precios de venta al público. Así, en las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero (Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo. De esta manera, las provincias con la gasolina más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por el contrario, las que registraron precios más bajos fueron Almería, Murcia y Lleida. Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria tuvieron los precios más elevados mientras que Badajoz, Lleida y Valencia registraron los más bajos.

En lo que respecta al margen bruto promedio mensual, el de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto promedio del gasóleo A cayó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en 5,5 céntimos para la gasolina y 2,9 céntimos para el gasóleo A.

En lo que respecta a las estaciones de servicio, las de Repsol, y tras ellas las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus precios de venta al público, señala la CNMC. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios más notables fueron las llamadas independientes, seguidas de las de BP en gasolina 95 y del grupo resto operadores en gasóleo A. Las diferencias entre estaciones integradas en redes de operadores y las independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más bajos se registraron en los hipermercados.

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

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Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

El combustible nuclear y los residuos radiactivos aportaron casi el 40% de la recaudación de los impuestos medioambientales en 2016

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Europa Press.– El impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos supusieron el 39,1% de los impuestos ambientales sobre la contaminación y los recursos, la única categoría de otros impuestos a la producción que creció, en este caso un 7,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, según la estadística de las Cuentas ambientales de los impuestos ambientales, publicada por el INE, los impuestos y cánones de vertidos, el canon de explotación de hidrocarburos y el canon de superficies de minas supusieron el 23,9% del total de esta categoría impositiva. En total, la recaudación por impuestos ambientales alcanzó los 20.640 millones de euros en 2016, lo que representa un 1% menos que en 2015 y, en total, estos representaron el 8,4% del total de impuestos en España, dos décimas menos que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte e impuestos sobre la contaminación y los recursos. Los primeros, los impuestos sobre la energía alcanzaron 17.130 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 1,7% respecto a 2015. Por el contrario, los impuestos sobre el transporte crecieron un 1,3% y los impuestos sobre la contaminación y los recursos también crecieron, en este caso un 5,6%. En cuanto a los impuestos sobre productos energéticos, el aplicado a hidrocarburos, representó el 77,4% del total y aumentó un 3,8%. Por el contrario, el Impuesto sobre la electricidad, que supuso un 8,1% del total, disminuyó un 7,2%.

Asimismo, entre otros impuestos sobre la producción, los impuestos sobre la contaminación y los recursos fueron los únicos que subieron en 2016, con un crecimiento del 7,1%. Entre ellos, las categorías con mayor peso fueron el impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (39,1% del total) y los Impuestos y cánones de vertidos, canon de explotación de hidrocarburos, canon de superficies de minas (23,9%). En la categoría de otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental bajaron un 0,7%. Los impuestos sobre el transporte aplicados a vehículos de tracción mecánica pagados por los hogares representaron el 98,3% de esta categoría.

Por otro lado, el INE avanza también los resultados por sectores productivos y hogares del 2015 e indica que el total de impuestos ambientales ascendió a 20.857 millones de euros, un 7,6% más que en 2014. Ese año, los impuestos sobre la energía alcanzaron 17.429 millones de euros (el 83,6% del total). Los impuestos sobre transporte ascendieron a 2.553 millones (12,2%) y los Impuestos sobre la contaminación y los recursos llegaron a 875 millones (4,2%). Los impuestos sobre la energía aumentaron un 8% sobre 2014 y los impuestos sobre el transporte, un 0,2%. Los impuestos sobre la contaminación y los recursos se incrementaron un 27%.

Del total de impuestos ambientales, los hogares pagaron el 52,8%, un 5,9% más que el año anterior. Por tipo de impuesto, los hogares pagaron el 77,6% de los Impuestos sobre el transporte y el 51,7% de los Impuestos sobre la energía. Por el contrario, los sectores productivos pagaron un porcentaje mayor de Impuestos sobre la contaminación y los recursos, un 96,6%. Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2015 fueron transporte y almacenamiento (15,4% del total) seguido por la industria manufacturera (9,6%), y suministro de energía (7,7%). Por el contrario, los que menos pagaron fueron industrias extractivas (0,8%); construcción (1,1%) y agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,2%).

La Unión de Contribuyentes rechaza una subida de impuestos a los hidrocarburos, que ya están «maltratados por diversos gravámenes»

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Europa Press.- La Unión de Contribuyentes rechaza cualquier posible subida de impuestos a los hidrocarburos al considerar que tendría carácter «indiscriminado» y que estos productos se encuentran «maltratados» por diversos gravámenes. La organización señala que «diversos analistas próximos al Gobierno» están sugiriendo una posible subida de estos impuestos. «Estamos ante el típico globo sonda cuyo objetivo es preparar el terreno de la opinión pública para suavizar la introducción de la medida cuando se produzca«, asegura el presidente de Unión de Contribuyentes, Juan Pina.

La organización señaló a comienzos de diciembre que las medidas tributarias del Gobierno «no eran suficientes para cumplir con los objetivos de déficit establecidos por la Unión Europea» y consideró que su aplicación «sólo abrían la puerta a nuevas alzas fiscales a lo largo de 2017». Pina considera que un alza de los impuestos sobre los hidrocarburos «perjudica gravemente al conjunto de la sociedad, ya que sus efectos son indiscriminados y encarecen el precio de infinidad de bienes y servicios».

«Los hidrocarburos ya se encuentran particularmente maltratados en nuestro régimen a consecuencia del gravamen adicional que imponen las autonomías», indica, antes de asegurar que «los contribuyentes ya soportan unos impuestos extremadamente elevados a los hidrocarburos”, y alerta sobre el daño que les causaría una nueva subida«. La Unión de Contribuyentes ve absolutamente «imprescindible reducir el déficit por el lado del gasto y no mediante el continuo incremento de los impuestos.

Ecologistas en Acción reclama cerrar las nucleares y no fijarles impuestos porque «a la salud no se le pone precio»

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Europa Press.– Ecologistas en Acción criticó el impuesto sobre las nucleares previsto en la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2017 porque así la Generalitat «reconoce la peligrosidad y riesgo» de la energía nuclear sobre las personas. «A la salud y a la seguridad de las personas, no se les puede poner precio», aseveró la entidad y recuerda que, aunque no tiene competencias, el Gobierno autonómico debe definirse claramente sobre la actividad de las centrales nucleares.

La organización ecologista incide en que la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav), que es la empresa que gestiona las centrales catalanas, es la que acumula el número más alto de incidencias en sus instalaciones de toda España. De este modo, los ecologistas han rechazado el gravamen por no estar vinculado a la no renovación de permisos de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona), que finalizan en 2020 y 2021. «El Gobierno catalán debería de comprometerse a hacerlo tanto en el caso de que se le delegaran las competencias en materia nuclear el Gobierno central, como en el caso de obtener la independencia«, manifestó la organización.

Energía prepara otra refacturación de la luz por orden del Supremo en las comunidades autónomas con tributos territoriales al sector

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará una orden ministerial en la que recogerá una refacturación a los consumidores de electricidad de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. La refacturación se refiere a los tributos autonómicos aplicados durante el 2013.

La medida tiene como objetivo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio.  Esta refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes o la aprobada recientemente, en la que se revisa el margen de comercialización del PVPC de las comercializadoras de referencia, cuyo coste apenas supondrá un encarecimiento del 0,04%.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Energía se ve ahora obligada a tener preparada la orden ministerial antes del 20 de enero para evitar una multa del Supremo.

Según fuentes oficiales, el Gobierno amortiguará el impacto de esta medida en los ciudadanos, porque las cantidades no se empezarán a cobrar hasta 6 meses después de que se apruebe la orden ministerial y su pago se repartirá a lo largo de un año. Las comercializadoras deberán informar previamente a los consumidores y el recargo se incluirá en la factura en un concepto separado que especificará que se trata de un suplemento territorial por los tributos autonómicos del año 2013.

Según sus cálculos, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013. Por su parte, los usuarios de la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, o 0,065 euros al mes, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña, o 10 céntimos al mes, o los 0,05 euros anuales de La Rioja, o 0,004 euros más al mes.

Según consta en el borrador de orden ministerial sobre la medida, el importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual.

«El impacto económico en los consumidores es relativamente reducido, suponiendo los suplementos objetivos entre el 1,955% y un 0,006% sobre los peajes de 2013», afirma Energía en el borrador de orden ministerial. Conforme a la norma que prepara el departamento dirigido por Álvaro Nadal, los valores de cada uno de los suplementos territoriales se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Las empresas distribuidoras deberán calcular las cantidades correspondientes a cada uno de los conceptos de regularización.

Así se cumplirá con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y en el real decreto ley 20/2012, en los que se indica que, «en caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma».

Esta redacción estuvo vigente durante 2013. En diciembre de ese año se aprobó la actual Ley del Sector Eléctrico, la 24/2013, en cuyo artículo 16 se mantiene esta filosofía de que los consumidores de cada territorio costeen los tributos de su zona. El Supremo considera que el Gobierno no puede ampararse en la falta de desarrollo de la norma para dejar de aplicar la medida.

Para dar cumplimiento a la medida, el Ministerio de Hacienda pidió a las comunidades autónomas afectadas la información relativa a los distintos tributos existentes en 2013 en los que se gravasen actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico. «Dichos requerimientos fueron atendidos de forma desigual por las distintas comunidades autónomas», advierte Energía, que informa además de que el Supremo le envió una providencia por la que apercibe con la imposición de multas coercitivas si antes del 20 de enero no remite la propuesta de orden ministerial para cumplir la sentencia.

Cataluña reformula el impuesto autonómico que impuso a sus nucleares y que anuló el Tribunal Constitucional

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Europa Press.- El Gobierno autonómico de Cataluña aprobó la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre las centrales nucleares, con el que se prevé recaudar 40 millones de euros anuales y que sustituye al impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear que anuló el Tribunal Constitucional.

Según detalló la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, el nuevo impuesto ya no grava la producción de energía sino los riesgos ambientales de la producción, manipulación, transporte, custodia transitoria y emisión de elementos radiotóxicos de combustible nuclear. “A diferencia del impuesto estatal en este ámbito, que sólo tiene una voluntad recaudatoria», el que impulsa Cataluña es de carácter “medioambiental y finalista”, ya que una buena parte de la recaudación revertirá en la dinamización económica de las zonas afectadas, matizó Munté.

Iberdrola permanecerá en el Reino Unido aunque gane el Brexit mientras el Supremo obliga a devolverla 11,7 millones en Extremadura

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EFE.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola, compañía eléctrica que ya ha avanzado que permanecerá en el Reino Unido sea cual sea el resultado del referéndum sobre el Brexit que se celebra este jueves, una decisión que todas las empresas españolas allí establecidas consideran que sería más provechosa económicamente si ganara la permanencia, aunque preparan planes para afrontar la eventual salida de la Unión Europea.

El Reino Unido es un país clave para Iberdrola, donde emplea a 6.700 profesionales, cuenta con 6.465 megavatios (MW) instalados, la mayoría renovables, y casi 5,5 millones de clientes en los servicios de electricidad y gas. Sus activos en el país están valorados en 30.000 millones de euros. Este mercado ronda el 25% del resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo, una cifra que Iberdrola espera consolidar con unas inversiones previstas de 8.400 millones de euros entre 2016 y 2020. Iberdrola ha señalado que, en su opinión, «la pertenencia al mercado común beneficia a Gran Bretaña«, al tiempo que ha avanzado que, «sea cual fuere el resultado del referéndum, Iberdrola seguirá siendo una de las grandes empresas de Gran Bretaña».

11,7 millones devueltos en Extremadura

Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó que la Junta de Extremadura debe devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente correspondiente al ejercicio 2009. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó el recurso de casación que interpuso la Junta contra la sentencia que dictó en abril del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la cual confirma en sus propios términos.

El fallo del TSJEx estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola contra la resolución adoptada por el Gobierno regional en abril de 2012, que consideraba que no había lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por Iberdrola frente a la desestimación presunta, después expresa, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, según han explicado las mismas fuentes. La Sala de instancia anuló dichos actos administrativos y condenó a la Junta de Extremadura a devolver a Iberdrola la indicada suma, más los correspondientes intereses de demora.

En este proceso se ha tenido en cuenta una decisión del Tribunal Constitucional emitida en 2015, que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley extremeña 7/1997 de Medidas Fiscales sobre producción y transporte de energía que incidan sobre el Medio Ambiente. «Siendo inconstitucionales los preceptos legales que dieron cobertura a la autoliquidación discutida, su nulidad resulta indiscutible, procediendo, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia, reintegrar a Iberdrola la suma que ingresó en las arcas públicas de la Junta en concepto de impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente del ejercicio 2009, más sus intereses legales», han explicado desde el Tribunal Supremo.

Monago critica a la compañía

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, criticó que las compañías eléctricas «en lugar de recurrir tanto a los tribunales podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». El dirigente popular añadió que aunque la respeta «no deja de ser curioso siendo Extremadura exportadora neta de energía al resto de España». En este sentido, lamentó que no se haya sido capaz de que el domicilio fiscal de estas empresas esté en Extremadura ni que haya un tratamiento diferencial en cuanto al precio de la energía en Extremadura.

La Generalitat de Cataluña introduce un nuevo impuesto a las centrales nucleares después de que el Tribunal Constitucional lo anulara

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EFE.– La Generalitat de Cataluña introdujo un nuevo impuesto que afecta a las centrales nucleares a través del proyecto de ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos. Según consta en este anteproyecto de ley, sobre el que se pronunció el Consejo de Trabajo Económico Social de Cataluña (CTESC), la Generalitat pretende modificar la ley de protección civil de Cataluña, que data de 1997, para que las centrales nucleares queden afectadas por el gravamen de protección civil.

En concreto, se gravará con 44,14 euros por megavatio a las centrales nucleares, tributo con el cual el Gobierno autonómico trata de aprovechar al máximo sus competencias en esta materia después de que el Tribunal Constitucional haya vetado el impuesto catalán a las nucleares, con el que la Generalitat aspiraba a recaudar 40 millones, por entender que la producción de energía eléctrica nuclear ya está gravada por el tributo estatal a la producción de combustible nuclear. Con todo, se cree que la recaudación de este nuevo impuesto a las nucleares será sensiblemente inferior a la cuantía esperada por el anterior.

El Tribunal Constitucional anula el impuesto catalán sobre las centrales nucleares

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EFE.- El Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que grava la producción de energía eléctrica nuclear, impugnada por el Gobierno central en julio del año pasado, al entender que coincide con otro tributo similar de ámbito estatal. En su sentencia, el Constitucional declara inconstitucional la ley que el Parlamento catalán aprobó en diciembre de 2014 para gravar la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

La sentencia da la razón al Gobierno, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, por entender que la base imponible de ese impuesto, con el que la Generalitat recaudó 48 millones de euros, coincide con el tributo estatal sobre producción de combustible nuclear. La Generalitat, por su parte, alegó que existen diferencias entre ambos impuestos, ya que mientras el estatal grava el material resultante del proceso de producción de energía eléctrica termonuclear, los residuos radiactivos, el autonómico se aplica al combustible nuclear que se introduce en el reactor, “por el riesgo para el medio ambiente que entraña”.

El Constitucional considera que existe «equivalencia» entre el tributo autonómico y el estatal, ya que este «grava tanto la producción de combustible como los residuos». Para el Constitucional, en ambos tributos «el hecho imponible consiste en la utilización de energía nuclear para generar electricidad» y el hecho de que el impuesto de la Generalitat grave el gasto de combustible y el estatal la producción «no impide la conclusión de coincidencia». «En suma, lo que se sujeta a gravamen, en ambos tributos, es la utilización de combustible«, argumenta el Constitucional, que concluye que los dos impuestos no solo gravan la misma actividad, «sino que se hace también desde la misma perspectiva».

Por su parte, en su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol defiende que en el impuesto autonómico existe «una finalidad extrafiscal medioambiental y de protección civil» que lo diferencia del estatal y concluye que la aprobación de ese tributo sobre las nucleares entra dentro de las competencias autonómicas. Además de insistir en que la aprobación del impuesto catalán «supone el ejercicio de competencias autonómicas concurrentes con las estatales», el magistrado catalán cree que para valorar el tributo autonómico se debe tener en cuenta la «especial incidencia» que la energía eléctrica nuclear tiene en Cataluña.

Según expone Xiol, en España existen actualmente 8 reactores nucleares de producción eléctrica, 3 de los cuales se encuentran en Cataluña, concretamente en Tarragona, lo que supone un 37,5% del total estatal. «Esa cifra aumenta al 40% si el análisis se hace tomando en consideración la potencia eléctrica. Como gustaba decir a juristas clásicos intentando superar concepciones formalistas, res ipsa loquitur: los hechos hablan por sí mismos», apunta el magistrado.