Entradas

La recaudación por el impuesto de hidrocarburos sube un 5,5% y por el de electricidad repunta un 1,7%

Servimedia.- La Agencia Tributaria recaudó 5.446,9 millones de euros entre enero y junio de 2017 con el impuesto de hidrocarburos, lo que supone un 5,5% más que en el mismo periodo de 2016 (5.160,8 millones). De esta recaudación tributaria de 5.446,9 millones del mes de junio, 2.152,2 millones los recaudó el Estado, casi 3.238 millones las comunidades autónomas y los restantes 56,8 millones lo hicieron las corporaciones locales.

También creció la recaudación del impuesto que grava la electricidad, aunque en menor medida, pues la Agencia Tributaria ingresó 656,8 millones de euros por el mismo en el primer semestre, un 1,7% más que en el mismo periodo de 2016. Por otra parte, con los impuestos al carbón se ingresaron 165,8 millones de euros, cifra un 27% superior a la del periodo enero-junio de 2016.

La OCU denuncia que la gasolina suba de nuevo con las vacaciones de agosto

Servimedia / EFE.– La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la gasolina, “una vez más”, suba en España justo con las vacaciones de agosto, una de las épocas en las que más combustible se consume. Según la OCU, los precios del gasóleo y de la gasolina “han repuntado esta semana hasta casi un 0,6%, y alcanzan sus niveles máximos en el verano”.

Ante esta situación, la organización ofrece algunos consejos que pueden ayudar a los consumidores a ahorrar en consumo de combustible este verano, como por ejemplo parar a repostar en autonomías donde no se aplique el impuesto que grava los carburantes. El impuesto se aplica en todas las del litoral Mediterráneo, Galicia, Asturias y la mitad sur de España, a excepción de la Comunidad de Madrid.

Si en la ruta se pasa cerca de un supermercado o un hipermercado con estación de servicio, es una opción también detenerse a repostar, ya que estas gasolineras suelen ser más baratas. Este es especialmente el caso de Alcampo, Eroski y E. Leclerc a nivel nacional. Algo similar ocurre con las gasolineras llamadas low-cost, automáticas o con repostaje no atendido por personal propio, que también suelen tener precios más bajos.

Deben recordar también que la comodidad de repostar en autovías se paga. Las gasolineras que se encuentran en ellas, sin necesidad de salirse, tienden a ser más caras que las que se encuentran en una salida. Conviene tener en cuenta además que, en algunas autovías recientes, existen muy pocas gasolineras construidas en su camino, por lo que al tener menos competencia en la ruta su precio también es más caro.

Las estaciones de servicio independientes o de cadenas locales en carreteras secundarias son más baratas. Puede que haya que desviarse un par de kilómetros o pasar a la vía antigua en una salida para reincorporarse en la siguiente, pero la diferencia de precio puede ser notable. La OCU pone además a disposición de los consumidores un comparador que permite encontrar la gasolinera más cercana con los precios más bajos: http://www.ocu.org/coches/coches/calculadora/hidrocarburos

UPA lamenta que la ruptura del acuerdo sobre el impuesto del gasóleo costará 19 millones de euros a los agricultores

Europa Press.- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que el Gobierno «se ha puesto de parte de la Unión Europea y no de los agricultores españoles» al modificar el acuerdo del gasóleo y reducir la devolución del impuesto a esta materia prima imprescindible para desarrollar su trabajo, lo que le costará 19 millones de euros a los agricultores.

En concreto, la devolución del impuesto al gasóleo es básica para muchas pequeñas explotaciones agrícolas que ahora, «de forma súbita», verán subir sus costes, pero no sus ingresos. «Esto perjudicará a muchos compañeros del sector», han asegurado en la organización agraria, que advierten de que esta medida llega en el «peor momento», cuando la agricultura y la ganadería están sufriendo la peor sequía en décadas.

Ajuste de ayudas de Estado

UPA ha explicado que el Gobierno se ha amparado en las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. La principal novedad a efectos del impuesto especial de hidrocarburos es que los regímenes de ayudas vinculados a exenciones y reducciones fiscales tienen que ajustarse a las normas de las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

El acuerdo del gasóleo fue un pacto culminado en el 2005 por UPA y COAG con el Gobierno en el que no participaron otras organizaciones, siendo UPA la única que firmó los tres acuerdos que comprendían el convenio (en 2000, 2004 y 2005). UPA critica «la doble cara» de algunas organizaciones que «ahora se quejan de la retirada de esta medida del Gobierno cuando en realidad no lucharon para conseguirla».

La patronal petrolera AOP cifra en hasta 540 millones el fraude en la distribución de carburantes y pide mayor control

Europa Press.- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que participan Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp, advierte de la «lacra» que sufre el sector relacionada con el fraude fiscal en la distribución de carburantes, ilegalidad ejercida por «verdaderas tramas criminales» y cuyo importe puede alcanzar los 540 millones de euros al año.

La asociación realiza estas consideraciones en su Memoria de 2016, en la que advierte de que algunos desarrollos legislativos «han abierto la puerta al fraude», sobre todo desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa para ejercer la actividad de distribución al por mayor y se sustituyó por una declaración responsable. El valor de lo defraudado puede alcanzar los 270 euros por metro cúbico y su importe puede oscilar entre 270 millones y 540 millones de euros, en función de si la práctica alcanza al 3% o al 6% del mercado. Solo el fraude del IVA asciende a 300 millones, según la Agencia Tributaria.

Ante esta circunstancia, AOP propone establecer una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones, reportar a diario las existencias mínimas de seguridad y acortar el plazo en la imposición de expedientes sancionadores. Los operadores también alertan de fraudes concretos, para los que piden medidas específicas. Entre ellos figuran los relacionados con los incumplimientos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de la incorporación de biocarburantes o del IVA o del tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos. El efecto frontera provocado por las diferencias de precios entre comunidades autónomas con distintas tramos fiscales también está contribuyendo al fraude de la distribución.

El presidente de AOP, Federico Molina, y el director general de la asociación, Álvaro Mazarrasa, aseguran que el sector vive una «lacra» que «distorsiona gravemente el mercado» puesto que «permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones«. «AOP siempre ha defendido la libre competencia pero, a la luz de la realidad descrita, creemos que es urgente tomar medidas concretas para que el fraude se detecte lo antes posible y, con ello, se minoren sus efectos para la Hacienda Pública, el mercado y los consumidores», señaló la patronal.

AOP también advierte de que los vehículos con tecnologías alternativas «hoy por hoy no están en paridad de coste» y su incorporación ha de realizarse «mediante subsidios en diferentes formas». AOP considera que «los recursos públicos son finitos y no se puede favorecer una tecnología frente a sus alternativas sin tener en cuenta el coste beneficio». «Elegir una tecnología determinada como la solución del futuro sería un gran error, ya que cada tecnología tiene que ser capaz de penetrar en el mercado por sí misma y por sus méritos», afirma, antes de advertir de que «los vehículos de emisiones cero de CO2 no existen», sino que son «puro marketing medioambiental».

Fraude en la gasolina: millones de euros que escapan al ciudadano gota a gota

EFE.- En solo seis operaciones la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria destaparon durante el último quinquenio un fraude de impuestos en las gasolinas de 280 millones de euros, cifra similar a los presupuestos de la Diputación de Málaga y una cantidad con la que se podrían construir 10 colegios. Un delito «muy goloso» para operadoras poco escrupulosas debido al importante volumen de beneficios que genera.

Responsables del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO explican el modus operandi de estas organizaciones para defraudar a Hacienda tanto el IVA como el Impuesto Especial de Hidrocarburos, así como el arduo trabajo de los investigadores para tratar de recuperar el máximo de dinero posible de lo defraudado. Hasta ahora han conseguido la mitad, es decir, 139 millones. En primer lugar ponen sobre la mesa las cifras. Desde 2012 y hasta finales del año pasado, la UCO y la Agencia Tributaria o sus diferentes órganos llevaron a cabo 6 grandes operaciones por la práctica totalidad del territorio nacional, con 194 detenidos y 129 registros.

Lo defraudado por esos grupos delictivos asciende a 280 millones de euros, cifra que, si se hace caso a las cuentas de la Asociación Española de la Carretera, con ese dinero que el Estado ha dejado de ingresar podrían mejorarse algo más de 4.300 kilómetros de la red viaria a razón de 65.000 euros cada uno. Es solo un ejemplo de cómo al contribuyente le puede afectar ese fraude, que perjudica aún más al sector, ya que se ve arrastrado por la competencia desleal de los precios más bajos que ofertan las operadoras delictivas y, en muchas ocasiones, está abocado a imitar esas mismas prácticas.

Dos son los modus operandi que ha constatado la UCO. El primero de ellos, como queda demostrado en la reciente operación Burlao, con 21 detenidos y un fraude destapado de 24 millones, comienza con la constitución de una operadora que, legalmente, adquiere hidrocarburos en los depósitos fiscales, una compra que está exenta de IVA. Ese combustible lo distribuyen a los minoristas, las gasolineras fundamentalmente, a los que repercuten un IVA del 21%. Hasta aquí, todo aparentemente legal. Porque ese impuesto repercutido no lo pagan tal cual a Hacienda, sino que lo compensan con un IVA soportado de otras actividades secundarias, generalmente ficticias, de empresas pantalla.

Red para defraudar el IVA

De este modo, del IVA repercutido a los clientes restan el impuesto soportado por esas otras actividades y el resultado es un porcentaje mínimo a declarar a Hacienda, pero un beneficio máximo. Un claro ejemplo de esta forma de actuar es la organización, dirigida por italianos, que se desarticuló en la Burlao. La red contaba con una actividad paralela a la de la operadora de hidrocarburos que, supuestamente, se dedicaba a la compraventa de metales preciosos, pero en realidad los paquetes que movía no contenían oro sino cobre o curry.

Al IVA repercutido a las gasolineras le restaban el soportado por esa actividad de compraventa ficticia y pagaban a Hacienda un porcentaje casi irrisorio. Fue desarticulada a tiempo, porque, como explican los responsables de la investigación de la Guardia Civil, ya tenían en marcha dos operadoras más, dadas de alta para comenzar a funcionar, y su intención era adquirir gasolineras hasta contar con 100 en dos años. Si no hubiera sido por la operación, el negocio hubiera sido redondo, ya que la organización hubiera contado con clientes de su propiedad, que podrían haber entrado en el mercado con precios agresivos y «engullir» a sus competidores.

El otro modus operandi del fraude es más sencillo. Su mejor ejemplo es la operación Reata, también de 2016, con 9 detenidos y 11 millones defraudados. La red compraba el combustible, lo distribuía con un IVA repercutido y no lo declaraba a Hacienda, que cuando lo reclamaba se encontraba con peticiones de prórroga, documentos falsificados o, simplemente, con la operadora desaparecida y testaferros ilocalizables. Mientras, la organización constituía otra operadora que heredaba la cartera de clientes de su antecesora, pero cuyos vínculos era difícil demostrar.

Ambas modalidades se codean con otra que, además, pone en peligro la salud de los motores: adulterar el combustible y venderlo como gasóleo A cuando es B, por ejemplo. Más de 100 detenidos y un fraude de 10 millones fue el resultado de la operación Nehar en 2014 en 23 provincias. Y muchas denuncias de coches dañados. La operación Bashnya en 2012 (120 millones de fraude), la Walkers en 2013 (100 millones) y la Zelote en 2015 (15 millones) completan las seis actuaciones más importantes.

Si algo une a estas formas de fraude, además del combustible, es la dificultad para encontrar al jefe de la organización, escondido entre tanto testaferro, y para recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado. Porque todas estas tramas depositan en cuentas extranjeras la mayor parte de sus beneficios ilícitos. A pesar de las comisiones rogatorias, no todos los países colaboran por igual y en varios casos es necesaria una negociación para que al menos retorne a España la mitad.

La Unión de Contribuyentes rechaza una subida de impuestos a los hidrocarburos, que ya están «maltratados por diversos gravámenes»

Europa Press.- La Unión de Contribuyentes rechaza cualquier posible subida de impuestos a los hidrocarburos al considerar que tendría carácter «indiscriminado» y que estos productos se encuentran «maltratados» por diversos gravámenes. La organización señala que «diversos analistas próximos al Gobierno» están sugiriendo una posible subida de estos impuestos. «Estamos ante el típico globo sonda cuyo objetivo es preparar el terreno de la opinión pública para suavizar la introducción de la medida cuando se produzca«, asegura el presidente de Unión de Contribuyentes, Juan Pina.

La organización señaló a comienzos de diciembre que las medidas tributarias del Gobierno «no eran suficientes para cumplir con los objetivos de déficit establecidos por la Unión Europea» y consideró que su aplicación «sólo abrían la puerta a nuevas alzas fiscales a lo largo de 2017». Pina considera que un alza de los impuestos sobre los hidrocarburos «perjudica gravemente al conjunto de la sociedad, ya que sus efectos son indiscriminados y encarecen el precio de infinidad de bienes y servicios».

«Los hidrocarburos ya se encuentran particularmente maltratados en nuestro régimen a consecuencia del gravamen adicional que imponen las autonomías», indica, antes de asegurar que «los contribuyentes ya soportan unos impuestos extremadamente elevados a los hidrocarburos”, y alerta sobre el daño que les causaría una nueva subida«. La Unión de Contribuyentes ve absolutamente «imprescindible reducir el déficit por el lado del gasto y no mediante el continuo incremento de los impuestos.

La recaudación por el impuesto de hidrocarburos sube un 8,5% y por el impuesto de la electricidad cae un 8,3%

Servimedia.- La Agencia Tributaria recaudó 7.923,1 millones de euros entre enero y septiembre de 2016 con el impuesto de hidrocarburos, lo que supone un 8,5% más que en 2015 (7.300 millones). De la cuantía total, 2.793,6 millones los recaudó el Estado, algo más de 5.028 las comunidades autónomas y casi 101 lo hicieron las corporaciones locales.

Tendencia diferente se observa en el impuesto que grava la electricidad, pues la Agencia Tributaria ingresó 967,4 millones de euros hasta septiembre, un 8,3% menos que en 2015. En este caso, el Estado recaudó cerca de 159 millones de euros y en las comunidades autónomas la cuantía ascendió a 809,3 millones. Por otra parte, con los impuestos al carbón se ingresaron 158,4 millones, íntegramente por parte del Estado, un 27,4% menos que el año anterior.

Las gasolineras aseguran que Aragón recaudará 1 millón de euros menos al implantar el impuesto autonómico de hidrocarburos

EFE.- La Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar) ha exigido al Gobierno autonómico que dé marcha atrás en la implantación del impuesto especial autonómico sobre los hidrocarburos, porque, según prevén, se dejarán de recaudar 965.000 euros por el llamado «efecto frontera».

De esta manera se han referido a la «huida» de usuarios que, tras esta subida impositiva, prefieren repostar en regiones vecinas, como Castilla y León y La Rioja, que no aplican esta tasa, con lo que desciende el consumo en las gasolineras y en los servicios y establecimientos próximos, explicó la presidenta de Aesar, Pilar Soto, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes. En lo que va de año, según remarcó, la caída en ventas es «considerable», de un 8,6%, y en casos limítrofes con comunidades con el combustible más barato llega a superar el 30%.

Del mismo modo, las gasolineras aragonesas han apuntado que ya existen textos y estudios jurídicos que indican que estas tasas podrían ser contrarias al derecho comunitario, al igual que ocurrió con el llamado céntimo sanitario. Además del perjuicio a las estaciones de servicio, también subrayó los efectos sobre la competitividad de sectores estratégicos para Aragón, como el transporte y la logística, o de modo especial a los autónomos, pequeños transportistas y a las gasolineras rurales.

En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado popular Fernando Galve aseguró que no podrían estar «más de acuerdo» con lo defendido y tachó el «impuestazo» de «gran irresponsabilidad», porque, entre otras cosas, no afecta «a los más ricos» sino a todos los aragoneses por igual. Lo peor de todo, sin embargo, es que comportará «casi con total seguridad» una pérdida de empleo, ha lamentado, por lo que se ha dirigido al Ejecutivo PSOE-CHA diciendo que «como broma ya está bien» pero «que rectifique».

Darío Villagrasa, del PSOE, justificó la subida como «un ejercicio de prioridad política» por la necesidad de acompañar los gastos de unos ingresos, por lo que decidieron equiparar Aragón a la media española en materia de precios de hidrocarburos. Apuntó  que continúa siendo la sexta región más barata para adquirir gasóleo y la séptima en el caso de la gasolina, según datos del Ministerio de Industria, aunque admitió que sí finalmente se da un «notable perjuicio» el Gobierno «sabrá rectificar».

El diputado de Podemos Román Sierra, tras recordar que esta medida no la llevaban en su programa al no ser progresiva sino que fue presentada por los socialistas, ha reconocido que desconoce el efecto generado por este impuesto. No obstante, ha señalado que aunque Aragón ha pasado de ser de las comunidades más baratas a situarse casi en la media, también hay otras limítrofes, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, cuyo tramo autonómico es el doble que el aragonés.

Lucía Guillén, del PAR, reiteró que esta medida afecta a todos los aragoneses «sin hacer distinción de ningún tipo» y ha tenido un impacto «enorme» en los casos de gasolineras limítrofes, por lo que le parece un «error garrafal». Javier Martínez (Ciudadanos) ha lamentado que «parece ser que este Gobierno no entiende o no quiere entender que muchas veces por subir los impuestos no se va a recaudar más» y criticó que no tuvieran en cuenta el impacto económico, los costes de oportunidad o el impacto psicológico cuando se decidió implantar esta subida. Por su parte, el representante de CHA, Gregorio Briz, ha defendido la necesidad de subir los impuestos para atender unas necesidades sociales que son «perentorias y urgentes».

Hacienda prevé un impacto máximo de 1.000 millones por la devolución adicional del céntimo sanitario exigida por el Tribunal Supremo

Servimedia.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que la decisión del Tribunal Supremo de admitir los recursos contra el Estado por el cobro del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (Ivmdh), el llamado céntimo sanitario, supondrá un impacto máximo de 1.000 millones de euros en el déficit del ejercicio 2016, ya que ésta es la cuantía que debería devolver la Agencia Tributaria en función de los 4.000 recursos presentados ante el Alto Tribunal, según estimaciones realizadas por Hacienda.

Estos 1.000 millones se añadirían a los aproximadamente 2.000 de euros que está devolviendo Hacienda desde finales de 2014 a los afectados por el cobro indebido de este impuesto entre los ejercicios 2010 y 2012, los millones de euros recaudados indebidamente que no estaban prescritos, cuantía de la que según las fuentes consultadas de Hacienda se ha devuelto ya aproximadamente la mitad. En este caso, el impacto de esta primera devolución del impuesto se aplicó en las cuentas del 2014, lo que supuso una desviación de unas dos décimas en el déficit de ese año.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el cobro de este impuesto contrario a la normativa europea sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica. Tras recibir la sentencia, Hacienda decidió poner en marcha un sistema de devolución a todos los afectados en los años no prescritos. En este sentido, los recursos al Supremo se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del ministro Cristóbal Montoro (Hacienda), rechazaron las solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto. Los recursos buscan recuperar los pagos realizados en períodos ya prescritos de este tributo.

Facua pide un «reintegro rápido»

Facua aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de estimar los recursos contra el céntimo sanitario, y pidió al Gobierno que, una vez sean firmes las sentencias, lleve a cabo un «reintegro rápido» de las cantidades cobradas irregularmente. Asimismo, Facua lamenta que el Gobierno haya obligado a judicializar el caso, lo que ha provocado que el Supremo tenga que analizar casi 4.000 recursos contenciosos-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, pese a la sentencia del TJUE. El céntimo sanitario estuvo en vigor entre 2002 y 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. En esos años, consiguió recaudar más de 13.000 millones de euros.

Sentencia satisface a los transportistas

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) mostró «su satisfacción» por el fallo del Tribunal Supremo revocando la negativa del Gobierno a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado en relación al céntimo sanitario, lo que según Fenadismer podría obligar al Estado a devolver no sólo lo recaudado en los últimos 4 años como pretendía inicialmente el Gobierno, sino desde que se aprobó dicho impuesto en 2002, lo que supone esos 13.000 millones de euros.

Al respecto, Fenadismer recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo resolvió en febrero de 2014 declarar ilegal dicho impuesto por considerarlo contrario a la normativa comunitaria, estableciendo además la no limitación temporal de los efectos de la sentencia, al quedar acreditada la actuación culpable del Estado español al haberlo mantenido vigente durante más de una década pese a las sucesivas advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad. Por ello recuerdan que la Agencia Tributaria no está devolviendo lo que respecta a las cantidades recaudadasentre 2002 y 2009, aduciendo el Gobierno que no existía responsabilidad patrimonial de la Administración.

Para Fenadismer, esta sentencia supone un «triunfo del Estado de Derecho» esto es, un claro ejemplo de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos sometidos al mismo ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones». En la misma línea, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora la sentencia del Supremo. «Deseamos que con esta noticia se restauren definitivamente los perjuicios ocasionados a las empresas de transporte y se ponga el punto y final a una situación que siempre hemos considerado como completamente injusta para nuestro sector», indicó CETM.

Carburantes y petróleo: claves para entender un descenso a dos ritmos

EFE.- La bajada del crudo, que cerró este lunes sesión en 36,45 dólares, ha vuelto a abrir el debate de si los precios de los carburantes en el surtidor reflejan los descensos del petróleo al ritmo adecuado, un «misterio» que para el sector petrolero tiene su explicación en varias claves.

En el último mes, el barril de crudo Brent, el que se usa de referencia en Europa, cayó más del 16%: el viernes cerró en 36,8 dólares frente a los 44,2 dólares de hace un mes. En el mismo periodo, el precio de venta al público del litro de la gasolina 95 se ha abaratado un 2,7% de media en España y el gasóleo, un 5,8%, según los datos que se recogen cada lunes y publica los jueves el boletín petrolero europeo. Y, según el sector petrolero, el error de base empieza, por varios motivos, en cruzar esos dos porcentajes.

El primero, señalan desde la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), es que los precios de los carburantes no tienen una relación directa con la cotización del barril de crudo Brent sino que dependen de las cotizaciones en los mercados al por mayor. Estos mercados, aparte de la cotización del Brent, no obstante, el factor más influyente, están condicionados por la oferta y demanda de dichos productos y por el tipo de cambio euro-dólar.

El segundo tiene ver con los distintos componentes que conforman el precio de cada litro de carburante. La materia prima, la parte directamente vinculada a esos mercados, constituye alrededor de un 31% del precio de la gasolina y del 35% del precio de venta del gasóleo. El resto de elementos que conforman el precio de los carburantes son los impuestos, que suponen más de la mitad del precio final, y otros costes, como distribución o comercialización, que no están afectados por la evolución del Brent.

El tercer punto que esgrimen los operadores tiene que ver con las estadísticas que se usan para las comparaciones ya que los precios publicados los jueves en el Boletín Petrolero corresponden a la media de los precios diarios de la semana anterior. Existe así, explican, un decalaje entre los precios publicados en el Boletín semanalmente y los precios del surtidor.

No obstante, y pese a estas explicaciones, el Gobierno apuntó a este diferente ritmo en el que se reflejan las bajadas y subidas, el conocido como efecto cohete y pluma: cuando sube el precio del crudo, aumenta como un cohete el de la gasolina, pero cuando baja, el descenso de los precios de la gasolina es como la caída de una pluma. Así, el pasado verano, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el Gobierno iba a pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que actuará si las compañías no trasladan íntegramente al precio de los carburantes las caídas del Brent. La legislatura concluye sin avances al respecto y con las dudas vigentes.