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Unilever registra el menor impacto ecológico entre las empresas con más consumo de CO2 del mundo, según el ranking CDP

Europa Press.- Un informe sobre información ambiental global, realizado por CDP, concluye que la multinacional Unilever se mantiene como empresa líder en la lucha contra el cambio climático en el ránking de las 16 compañías con un mayor consumo de carbono del mundo. El informe, donde se analizan las emisiones del CO2 y otros elementos que contribuyen al calentamiento global, otorga a Unilever una puntuación de 2,31 puntos sobre 10, siendo los valores más bajos los que reflejan un menor impacto ecológico.

En este sentido, la compañía recuerda que cuenta con el proyecto Plan Unilever para una Vida Sostenible, con el que se busca reducir a la mitad el impacto medioambiental de la fabricación y el uso de sus productos para 2030. En la última década, la entidad ha reducido en un 47% las emisiones de CO2 provenientes de la energía utilizada por cada tonelada de producción, debido a que el 65% de la electricidad de la red usada en las fabricaciones proviene de recursos renovables. Asimismo, la empresa ha disminuido el total de residuos por tonelada de producción, en un 98%.

Ciudadanos critica que el Gobierno socialista haya prorrogado la plataforma petrolífera Casablanca que opera Repsol en Tarragona sin informe medioambiental

Europa Press.- Ciudadanos cuestiona que el Gobierno decidiera prorrogar la concesión de la plataforma Casablanca para la explotación de hidrocarburos, que opera Repsol, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental, y se pregunta si este expediente no debería haber sido sometido a este trámite, de acuerdo con las directivas comunitarias de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio marino.

Así lo manifiestan a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso por los diputados Fernando Navarro, José Luis Martínez González y Sergio del Campo, para la que han solicitado respuesta escrita del Gobierno. «Parece haberse hecho atendiendo meramente al cumplimiento de los requisitos legales por la concesionaria, pero sin ningún estudio de impacto ambiental, todo ello en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como es el Mediterráneo», inciden. Por ello, preguntan si esta prórroga era «obligatoria o potestativa para el Gobierno» y, si así era, qué razones llevaron a ello y si esta decisión es congruente con «la política de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles».

Tetra Pak apuesta por la eficiencia energética y las renovables para reducir un 13% sus emisiones de CO2 desde 2010

Europa Press.- Tetra Pak ha conseguido reducir en los últimos 7 años un 13% sus emisiones de CO2 respecto a sus emisiones en 2010, a pesar de un crecimiento del 19% de envases vendidos en este periodo, según el Informe de Sostenibilidad de la compañía. «Nuestro objetivo de sostenibilidad es limitar nuestro impacto medioambiental en 2020 en toda nuestra cadena de valor en los niveles de 2010, independientemente del crecimiento del negocio”, afirmó el director General de Tetra Pak Iberia, Alejandro Cabal.

“Esto requiere, por nuestra parte, seguir mejorando en eficiencia energética y progresar en el uso de energías renovables», asevera Cabal. En 2016 Tetra Pak asegura que se convirtió en la primera compañía de la industria de envasado de alimentos a nivel global en tener sus objetivos de reducción del impacto medioambiental aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBT). «Continuamos trabajando en nuestro compromiso público RE100 para que, en 2030, el 100% de la energía que utilizamos sea de origen renovable. En la actualidad, este dato ya alcanza el 50% globalmente. En España, el 100% es una realidad», añadió Cabal.

La ONU condena la «criminalización» del líder indígena guatemalteco Bernardo Caal Xol por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica

Europa Press.- Relatores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han lamentado la «criminalización» en Guatemala del líder indígena Bernardo Caal Xol, condenado en noviembre a 7 años y 4 meses de cárcel por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica.

Los expertos de la ONU han relacionado el dictamen judicial con el papel de Caal Xol como representante de las comunidades qeqchí del municipio de Santa María Cahabón en sus acciones legales contra la empresa Oxec para frenar este proyecto energético. La ONU denuncia que «el proyecto comenzó sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas y ha tenido un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso al agua y la salud de las comunidades qeqchí».

En enero de 2017, el Tribunal Supremo suspendió el proyecto y, en mayo de ese 2017, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho al consentimiento libre, previo e informado del pueblo qeqchí. Entretanto, una empresa subsidiaria de Oxec empezó a presentar cargos penales contra Caal Xol, en prisión preventiva desde enero de 2018. «La criminalización del señor Caal Xol ha estado precedida por virulentas campañas de difamación en los medios de comunicación, describiéndolo como un criminal violento que actúa en contra de los intereses de la nación», ha recordado la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Una condena “desmesurada” por robo

Tauli-Corpuz y otros relatores especiales han considerado que «la condena de Caal Xol a más de 7 años de prisión por cargos de detención ilegal y robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica parece desmesurada y se basó principalmente en testimonios de afiliados de Oxec». «Es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena», han afirmado.

Los relatores han alertado de que «no es un caso aislado», sino que «hay numerosos miembros de comunidades indígenas que están siendo criminalizados en Guatemala por defender sus tierras tradicionales y recursos contra proyectos de desarrollo a gran escala que causan daños ambientales«. En este contexto, han instado al Gobierno «a garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de Derechos Humanos», han recordado a las empresas que «tienen que respetar los Derechos Humanos» y subrayan que «las investigaciones criminales deben ser independientes e imparciales».

La Guardia Civil investiga un nuevo vertido presuntamente desde la planta de biodiésel en el puerto de Carboneras (Almería)

Europa Press.- Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido que se produjo el pasado 20 de octubre desde una planta de producción de biodiésel al mar en el entorno del puerto de Carboneras (Almería); el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar. En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar.

La presencia del vertido, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada «ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia».

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder», detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. La jueza Mónica Villena citó a declarar en calidad de investigado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU como titular de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel en la causa penal que se sigue por un supuesto delito medioambiental.

“Emanaba un residuo líquido viscoso”

El procedimiento, según indicaron fuentes judiciales, se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les comunicó que, probablemente, «provenía» de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.

La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental «nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente». Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, para así evitar que este llegase a desembocar en el mar.

En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por la desaladora, «pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar«.

Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que le había asegurado que no tenía localizado «el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía». El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado. En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados y citó, al margen de al representante legal de la refinería en calidad de investigado, al jefe de la planta y a una segunda trabajadora como testigos.

La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático denuncia que los 12 grandes proyectos hidroeléctricos del país podrían triplicar su deuda

EFE.- Los planes de Bolivia de construir en los próximos años 12 grandes presas hidroeléctricas pueden duplicar y hasta triplicar la deuda del país y causar daños graves en el ecosistema, según denunció la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático.

Así lo afirma Martin Vilela, coordinador de Justicia Climática de la ONG, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en Bangkok.

Vilela afirmó que los casos más preocupantes son las presas de Bala-Chepete y Rositas en la cuenca amazónica que no han contado, según él, con una consulta informada previa de las comunidades e invadirán terrenos de parques naturales.

El activista boliviano añadió que las hidroeléctricas, proyectadas para exportar energía, producirán electricidad a precios no competitivos en un mundo que avanza hacia otras tecnologías renovables.

También se mostró preocupado por la apuesta del Gobierno de Evo Morales por el biocombustible, lo que significará que la deforestación aumente desde las 200.000 o 340.000 hectáreas anuales en la actualidad a 420.000 hectáreas por año en el futuro.

En su opinión, el fracking de hidrocarburos y la energía nuclear, también incluidas en los planes del Gobierno boliviano, asimismo son contraproducentes.

«En Bolivia vivimos un gran desafío porque el Gobierno solo entiende el desarrollo como crecimiento económico», indicó Vilela.

El activista denunció que en este sentido las autoridades bolivianas han perseguido en los últimos diez años «un modelo de industrias extractivas en energía».

Las ONG bajo la plataforma demandan que los países desarrollados abandonen las fuentes de energía contaminantes en 2030 y las naciones en desarrollo lo hagan en 2050, como muy tarde.

También exigen una moratoria a la energía nuclear a partir de 2019 y la prohibición de la hidrofracturación o fracking de gas y petróleo.

Los delegados en Bangkok negocian un manual de normas y directrices que incluya metas, calendarios y políticas para que los países reduzcan sus emisiones de gases contaminantes, responsables del calentamiento global, de acuerdo con el Acuerdo de París (2015).

Uno de los escollos en las negociaciones es cómo van a hacer efectivo los países desarrollados los 100.000 millones de dólares anuales que se han comprometido a aportar a las naciones en desarrollo a partir de 2020 para luchar contra el cambio climático y paliar sus efectos.

La cita de Bangkok, en la que participan más de 1.400 delegados de 182 países, es la última reunión preparatoria antes de la Cumbre del Clima (COP 24) que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en diciembre.

Trudeau asegura que Canadá seguirá con la ampliación del oleoducto Trans Mountain a pesar del bloqueo de los tribunales

EFE.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, asevera que su Gobierno está decidido a seguir con la ampliación del controvertido oleoducto Trans Mountain a pesar de que los tribunales del país bloquearon el proyecto.

Trudeau cree que la ampliación del oleoducto Trans Mountain es «lo mejor para los intereses de todos los canadienses» y aseguró estar «comprometido a defender los intereses nacionales».

El primer ministro canadiense añadió que su Gobierno está estudiando la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones de Canadá que ayer canceló la ampliación porque considera que las autoridades no habían realizado un análisis apropiado de impacto medioambiental y no había consultado con las comunidades indígenas.

«Si, estos son desafíos pero siempre han sido desafíos», explicó Trudeau.

Precisamente ayer, los accionistas de la empresa propietaria de Trans Mountain, la estadounidense Kinder Morgan, aprobaron la venta del oleoducto al Gobierno canadiense por 4.500 millones de dólares canadienses (3.465 millones de dólares estadounidenses).

Ottawa decidió comprar el oleoducto después de que la provincia de Columbia Británica bloquease la ampliación de Trans Mountain precisamente por temor a sus repercusiones medioambientales.

El oleoducto, que fue construido a mediados del siglo XX, conecta los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta con la costa del Pacífico de Canadá.

La ampliación de la capacidad permitirá triplicar la exportación de crudo hacia los mercados asiáticos.

Pero la ampliación del oleoducto ha sido rechazada por organizaciones medioambientales, comunidades indígenas y la provincia de Columbia Británica, que temen sus consecuencias medioambientales.

La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones es un duro golpe para el Gobierno canadiense, que considera que la ampliación de Trans Mountain, un proyecto presupuestado en 7.400 millones de dólares canadienses (5.700 millones de dólares estadounidenses) es fundamental para la economía de Canadá.

Según el tribunal, el Consejo Nacional de Energía, que revisó el proyecto para garantizar que se ajustaba a las normas medioambientales del país, «no cumplió su obligación de valorar y asesorar el proyecto» para proporcionar la información que permitiese a Ottawa aprobar su construcción.

El consejo concluyó que el aumento del tráfico de petroleros en las costas del Pacífico de Canadá a consecuencia de la ampliación probablemente no causaría efectos medioambientales adversos, lo que según el tribunal es una «conclusión errónea» que impidió que las autoridades valorasen de forma adecuada el proyecto.

Además, añadió el tribunal, «Canadá no cumplió su deber de consultar con los demandantes indígenas y, si fuera necesario, acomodarlos».

Tras el anuncio de la sentencia, el Gobierno de la provincia de Alberta, que defiende la ampliación de Trans Mountain, aseguró que se retiraba del plan de lucha contra el cambio climático puesto en marcha por el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Alberta indicó que no se reintegrará en el plan, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, hasta que la ampliación de Trans Mountain sea aprobada.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, declaró que Ottawa está estudiando la sentencia para determinar los próximos pasos a dar.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha desaconsejado la realización de sondeos acústicos marinos entre Ibiza y Mallorca

EFE. – El Ministerio para la Transición Ecológica ha desaconsejado la realización del proyecto MedSalt-2, promovido por un instituto geológico italiano, para realizar sondeos acústicos usando cañones de aire comprimido en el fondo marino entre Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera.

Según un comunicado de la plataforma Alianza Mar Blava, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del ministerio emitió un informe el 20 de julio en el que se concluye que la zona donde está previsto realizar los sondeos es «un área de gran importancia» para ciertas especies de animales.

La plataforma asegura que el informe señala que la mayoría de especies marinas presentes en esas zonas, entre las que se encuentran cetáceos, tortugas marinas y peces como el atún rojo o el pez espada, están incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Asimismo, informa de que «para todas ellas» es aplicable el régimen de protección de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe «dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico».

Alianza Mar Blava ha destacado que el Ministerio de Medio Ambiente reconoció en 2016 el «impacto adverso» que podría tener el MedSalt-2, pero que, pese a ello, los promotores del proyecto persistieron en su intento de llevar a cabo las prospecciones.

La plataforma ha aplaudido las conclusiones del informe oficial y ha destacado que, al margen de la «clara y demostrable vinculación del proyecto a los intereses del sector petrolero», el MedSalt-2 no debe ser autorizado por los efectos negativos que puede acarrear en la fauna marina el uso de cañones de aire comprimido.

En este sentido, la asociación ha pedido que el proyecto sea archivado «inmediatamente» ya que el impacto medioambiental que supondría «sería crítico».

 

 

Las emisiones de CO2 de la producción de vehículos bajan casi un 24% en la última década, según la ACEA

Europa Press.- Las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) derivadas de la producción de vehículos disminuyeron casi un 24% desde 2008, pese a que el número de automóviles fabricados aumentó de 11,9 millones en 2013 a 17 millones el año pasado. Asimismo, por cada automóvil ensamblado en la última década, el consumo de agua se redujo en aproximadamente un 31%, gracias al uso de tecnologías para la reutilización de agua, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

ACEA recalca que, a medida que los automóviles incorporan más funciones para que sean más limpios, seguros e inteligentes, la producción de coches se ha vuelto «más compleja». «Pese a esto, el consumo de energía por automóvil producido ha disminuido casi un 16% en los últimos 10 años y la cantidad de residuos generados por vehículo ensamblado casi un 14%», destaca la asociación europea. El secretario general de ACEA, Erik Jonnaert, señaló que este «historial positivo» demuestra el «fuerte» compromiso de la industria del automóvil por reducir el impacto medioambiental tanto en el uso del vehículo como en su producción.

La comisión de expertos defiende una subida de impuestos en el sector energético para incluir el coste por daño medioambiental

Europa Press / EFE.- El presidente del grupo de expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, subraya que la fiscalidad es «muy relevante» para dar las señales adecuadas de precios al mercado y ha asegurado que en este momento los impuestos a la energía no internalizan correctamente los daños ambientales. Por ello los expertos defienden una subida de impuestos en el sector energético para que de este modo quede reflejado el coste por daño medioambiental.

El informe servirá de base para la discusión de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sanz ha destacado que la mayoría de los impuestos que gravan la energía no depende de su impacto ambiental. Según añadió Sanz, con esta nueva fiscalidad subirían los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, entre otros, porque tal y como sostiene, actualmente la fiscalidad ambiental en estos sectores «es muy baja». El experto ha defendido la necesidad de que los precios sean «volátiles» y que esta subida de impuestos repercuta además en el usuario que consume «en las horas en las que hay una alta probabilidad de agotar las tecnologías de generación firmes disponibles».

«Aunque no guste, ordenará el debate tecnológico», apunta el presidente del Comité, ya que permitirá que surjan nuevas tecnologías más eficientes sin recurrir a decisiones políticas. «Es fundamental trasladar las señales de precio. Estas son las señales correctas», añade respecto a la fiscalidad y a los peajes de acceso. No obstante, advierte de que el aumento de los impuestos «es un problema para la política». «Cuando los precios bajan, ya se encargan los ministros de decirlo y hacerse fotos, pero cuando suben se ponen muy nerviosos, y lo que menos le gusta al Gobierno es que suban, pero en los mercados tienen que subir y bajar». Y añade: «Que haya precios altos es tan bueno como que haya precios bajos«.

Según ha expuesto el presidente de la Comisión, esta reforma fiscal ayudaría también a que se desarrollasen las energías renovables: «La energía renovable ha de ser valorada al coste de la energía fósil a la que sustituye; si la fósil internaliza el daño medioambiental, el valor será mayor y la inversión en renovables será mayor». Sanz ha pedido «prudencia» y «neutralidad» en las inversiones, ya que en el pasado los gobiernos se han equivocado al apostar por tecnologías concretas. En su opinión, con las señales adecuadas de precios, «muchas inversiones se harán solas». «Lo importante es que gane el mejor y el más barato en beneficio de los consumidores», recalcó.

La reforma fiscal que propone este Informe, entregado en abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, consiste en la fijación de un tipo impositivo por cada elemento contaminante, es decir, hacer pagar a cada tecnología en función de las emisiones generadas. El documento contempla exenciones a colectivos vulnerables, como aquellos que compiten a nivel internacional, transportistas, agricultores y pescadores, para los que se estudia compensaciones monetarias que sirvan para ir sustituyendo las energías sucias por limpias. El informe propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas y derivados del petróleo).

También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en la gasolina y el gasóleo A). «El principal mensaje del informe es que algunas tecnologías van a ganar y otras se quedarán por el camino», ha comentado el experto, que señala que «está claro que el futuro son las renovables», ya que son «las más eficientes», y para ello habrá que «cambiar hábitos y procedimientos«. El presidente del grupo de expertos ha resaltado que manipular los precios del mercado eléctrico mayorista «lleva a malgastar recursos».