Europa Press.- Mientras el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo «incoherente», «carente de sentido en el contexto actual» y con algunos preceptos de «dudosa legalidad», Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón.
Fuentes de la energética señalaron que el Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la política energética del país, por lo que aguardarán a conocer la letra definitiva del decreto y la Ley de transición energética, y cualquier iniciativa se hará «en coordinación con la política energética que determine el Ministerio«. En su plan estratégico 2017-2020, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, defendiendo la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón para evitar mayores emisiones y costes del sistema.
A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas. El pasado mes de mayo, Enel, principal accionista de Endesa, anunció su intención de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en 2020 por no ser viables económicamente.
Abogados ambientales critican el decreto
Por su parte, el IIDMA advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía incluye disposiciones que podrían «no estar apegadas a la legalidad» y que en el contexto de transición energética «no es razonable», ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española. En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la «unión de esfuerzos» para lograr un plan de cierre de las centrales «ordenado y progresivo» y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.
Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental «son incoherentes». Asimismo, ven «poco racional» exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos 3 ejercicios sin incluir los costes de adaptación que deben hacerse para seguir funcionando en un futuro.
En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones de euros adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares).
También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a «todos» los cierres solicitados desde el 15 de septiembre. La memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad. Asimismo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la Unión Europea, que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.
Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctrica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático. La directora del IIDMA, Ana Barreira, criticó el Decreto por no ser «razonable» en un contexto de transición energética y lamenta la «falta de visión» y previsión a medio plazo del Ministerio ya que «un gran número de centrales» tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo, todas tendrán que terminar como mucho en 2030.
