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Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».

Nadal se erige en “defensor” de los consumidores mientras Compromís se suma a la revisión retributiva de la distribución eléctrica

Europa Press.- Compromís está de acuerdo en algo con el Gobierno y no es otra cosa que la revisión a la baja de la retribución a la actividad de la distribución de electricidad, lo que parece coincidir con los planes del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha lamentado la «conflictividad judicial» de las compañías eléctricas con las reformas realizadas por el Gobierno y ha defendido la necesidad de tener una factura energética «lo más ajustada posible» en defensa de los consumidores.

Respecto a «la polémica» surgida tras las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, Nadal indicó que en España se ha hecho «un enorme esfuerzo» para eliminar la generación de más déficit tarifario ya que «el aumento de los precios no servía para cubrir los costes». Tras destacar que el precio de la energía eléctrica es «clave» para el desarrollo industrial del país, Nadal subrayó que «el peso de la factura eléctrica en los costes del PIB industrial es «muy alto».

«Lo prioritario de la política energética es el desarrollo industrial y que tengamos unos precios competitivos«, ha incidido, para añadir que de no haberse llevado a cabo la reforma de 2013 los precios finales hubieran sido un 42% superiores, lo que era «liquidar la capacidad competitiva de la industria española». En este sentido, Nadal ha lamentado así la «conflictividad judicial» habida en los últimos años, en los que se ha «recurrido todo» y no hay «ninguna norma que no se haya recurrido» por el sector.

De este modo, ha valorado la propuesta realizada desde el Ministerio a las diferentes formaciones políticas para que «de la misma manera que las eléctricas defienden sus intereses» haya «determinados elementos en interés del consumidor que también deben ser corregidos«. «En esto consiste esa tensión, ya que no sería adecuado que el sistema solo se corrigiera a favor de los generadores de electricidad, sino que también habrá que hacer correcciones en el sistema cuando tocan del lado del consumidor», ha descrito, para añadir que «es muy importante tener una factura energética lo más ajustada posible en defensa de los consumidores».

En este sentido, ha incidido en que «cada euro que no se gaste en energía es un euro que no nos lo gastamos en salarios o innovación», por lo que ha subrayado que la política llevada a cabo desde su Ministerio es «defendible y tiene lógica«. «Prácticamente no cambia nada porque determinadas cosas caen hacia las eléctricas y otras hacia los consumidores, por lo que se compensan y el sistema se queda igual, con las empresas rentabilizando sus inversiones», concluyó.

Retribución de la distribución eléctrica

Por su parte, Compromís quiere revisar a la baja la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica de cara al próximo período regulatorio que comenzará en 2020, máxime después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que el regulador detectaba una retribución superior a la establecida legalmente. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Ignasi Candela, registró una proposición para su debate en la comisión del ramo de la Cámara Baja, en la que insta al Gobierno a adecuar estas retribuciones.

Según recuerda en su iniciativa, la CNMC señaló en su Informe de Análisis Económico-Financiero de las Principales Empresas de Distribución del Sector Eléctrico que la retribución de las compañías EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo se situaba en este período por encima del 10%. «Muy por encima del 6,5% en el que, según lo dispuesto en la ley, se debería haber situado», asevera Candela. Las retribuciones fijadas a la distribución de energía en la reforma de 2013 marcaba una tasa ligada a las obligaciones del Estado a diez años, más 200 puntos básicos.

Unidos Podemos y Compromís exigen explicaciones a Nadal por declararse «incompetente» ante la subida de la luz

Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís han exigido en el Congreso que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparezca ante el pleno del Congreso para explicar la subida del precio de la luz y por qué justifica que «no tenía capacidad para reducir» este precio.

«En un primer momento podemos pensar que es de incompetentes, si dice que no es capaz, cosa que es falso. Pero entonces, ¿por qué su Gobierno recurre las leyes contra la pobreza energética? Eso no es de incompetentes, es de sinvergüenzas», ha dicho Ignasi Candela, de Compromís. Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell criticó que no haya sido el propio ministro el que haya solicitado comparecer, aunque ha lamentado que la respuesta ante el encarecimiento sea «la misma»: «El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para solucionar un problema que es estructural».

Así, ha señalado que España es el tercer país con la energía más cara de Europa, «consecuencia del fracaso de la reforma energética de 2013 del PP», pues cree que el Gobierno «no tiene desgraciadamente una respuesta a esa problemática». Por ello reclaman “nuevas soluciones” como introducir retribuciones diferenciadas para acabar con los beneficios caídos del cielo a las energías más baratas, que son retribuidas con el mismo precio que la última en llegar al pool, potenciar las energías renovables y garantizar la energía como un derecho de la ciudadanía.

Precisamente, en esta situación ha incidido la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ioane Belarra, que ha lamentado que el ministro haya «tardado» 10 meses en aprobar el reglamento para articular el bono social, que criticó como «no más que un parche», y que la situación se vaya a «recrudecer» durante el invierno. Belarra atribuye esta situación al «altísimo número de altos cargos del PP» que cuentan con «retiros dorados» en el sector eléctrico, como el expresidente José María Aznar, o Pío Cabanillas o Manuel Pizarro. «Creemos que eso tiene relación con las decisiones y no decisiones que está tomando el PP en materia energética», concluyó.

Compromís quiere saber cuánto le pueden costar al Estado los arbitrajes internacionales por los recortes retributivos a las energías renovables

Europa Press.- Compromís quiere saber a cuánto puede ascender el coste de los juicios que tiene abiertos el Estado por los recortes a las energías renovables, teniendo en cuenta que el primer juicio en el Ciadi se saldó con una condena de 128 millones de euros más 20 millones en asesoría, y aún hay 25 litigios pendientes.

El diputado de la formación naranja, Ignasi Candela, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que recuerda que España lidera las denuncias de arbitraje contra su política energética, ya que empresas e inversores de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, entre otros países, mantienen causas abiertas por los recortes que supusieron la reforma del sector en 2014. Candela ha preguntado qué iniciativas piensa llevar a cabo el Ejecutivo ante la avalancha de reclamaciones y ha criticado la postura del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha anunciado nuevos recortes en renovables para 2019.

Por otro lado, el diputado valenciano ha preguntado por el rechazo del Gobierno a negociar con las empresas denunciantes ya que, según señala, algunos de los inversores han explicado que fueron a los tribunales de arbitraje después de que el Gobierno no contestara a la oferta de una solución amistosa del conflicto. Candela ha recordado que la primera condena a España supuso una multa de 128 millones de euros más costas e intereses, más al menos 20 millones de euros en asesoría jurídica, y que el Estado aún tiene más de 25 litigios pendientes. De hecho, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) estima el coste total en unos 7.000 millones de euros.

Un coste que, además, deberán asumir los consumidores de electricidad en España, habida cuenta de que los Presupuestos de 2017 incluyeron una disposición para poder utilizar parte del superávit eléctrico en el abono de laudos de arbitraje y que el propio ministro Nadal asumió que, en caso de perderse estas causas, la factura de la luz debería incrementarse. Una postura que critica Candela, lamentando que «se socializan pérdidas y se privatizan ganancias». «La reforma eléctrica de 2014 es injusta, perjudica la imagen en el exterior y va contra los objetivos europeos de transición energética», ha sentenciado. Tras conocerse la multa interpuesta por el Ciadi, Compromís ya reclamó la dimisión de Nadal como ministro de Energía.

Compromís propone en el Congreso que la publicidad de las compañías eléctricas informe de sus emisiones de CO2

Europa Press.- Compromís registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a exigir que la publicidad de las eléctricas informe sobre la cantidad concreta de emisiones de gases contaminantes y de residuos generados por las mismas el año anterior.

El diputado Ignasi Candela ha defendido el derecho de los ciudadanos a tener toda la información posible respecto a los productos de consumo, como reconoce la Constitución. «Con esta iniciativa queremos garantizar que los consumidores conocen el impacto sobre el calentamiento global», ha señalado. La formación valenciana señala que esta propuesta extiende a las empresas eléctricas una obligación con la que ya cuentan otros artículos de consumo. En este sentido, la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos es obligatoria desde 1995, mientras que desde 2013 los inmuebles nuevos, en alquiler o en venta deben informar de la certificación energética.

El partido fundamenta la propuesta en las garantías constitucionales reconocidas como son la protección al consumidor, y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Además, recuerdan que la legislación española permite regular la publicidad en base a la protección de los valores y derechos recogidos en la Carta Magna. Por otra parte, indica que la Eurocámara aprobó en agosto un nuevo marco que simplifica el etiquetado energético, para facilitar la información a los ciudadanos, y que entrará en vigor en enero de 2019.

Compromís recurre en el Congreso el veto del Gobierno a una iniciativa que presentó sobre la retribución a las fotovoltaicas

Europa Press.- Compromís ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso con la intención de que reconsidere su decisión de aceptar el veto planteado por el Gobierno que impidió la tramitación de una proposición de ley de la formación valenciana sobre la retribución a las fotovoltaicas.

El Ejecutivo está facultado para frenar las iniciativas legislativas que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos y en lo que va de legislatura ya ha recurrido a esta herramienta en 34 ocasiones. Para Compromís, el uso de este instrumento debería ser «extraordinario» pero el Gobierno lo está usando habitualmente de forma «partidista, partidaria y a la carta» para «trampear las incomodidades de una legislatura en minoría«.

Ante el veto a su ley, Compromís solicitó un informe de la Oficina Presupuestaria de las Cortes que, según el diputado Ignasi Candela, les respondió con un texto plagado de «errores». «Utiliza criterios diferentes, no explica la metodología utilizada y entra en juicios de valor que nada tienen que ver con el presupuesto», señaló Candela, quien también se queja de que, en lugar de estudiar el impacto presupuestario de su iniciativa se limita a hacer un «análisis jurídico para avalar la decisión del Gobierno». Candela niega que la iniciativa implique un aumento de gasto y por eso han solicitado a la Mesa del Congreso la reconsideración del acuerdo por el que no admite su tramitación.