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El futuro de la CNMC, en juego en las urnas

La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.

Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.

Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».

Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.

El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».

Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.

El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.

«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Ignacio Aguado (Ciudadanos): «Planteamos separar la propiedad de las actividades de generación, distribución y comercialización de las energéticas»

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde las elecciones del pasado mes de mayo, en las que cosechó un 12% de los votos. Licenciado en 3 titulaciones como Derecho, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajaba desde 2008 en el área de regulación de Unión Fenosa Gas. Aguado ha sido el responsable de elaborar el programa energético del partido para las elecciones generales, al que acude sin prejuicios para alcanzar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El Gobierno se encontró con un problema muy importante que era el déficit de tarifa y han centrado toda la legislatura en frenar este problema, algo ciertamente inaplazable, pero también es evidente que se han olvidado de otras muchas cosas e incluso han aprobado medidas con las que no estamos de acuerdo, que no contribuyen a nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro energético de España, especialmente con la restricción al autoconsumo.

Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Diría que con la reforma energética han conseguido, desde mi punto de vista y sacrificando a las empresas y al consumidor, poner rumbo a acabar con ese déficit de tarifa. No obstante, la deuda acumulada de más de 20.000 millones de euros sigue ahí, pero es positivo que el déficit estructural no vuelva a producirse.

-¿Qué quiere aportar Ciudadanos al sector energético?

En España hace falta trasladar el concepto de la importancia de las empresas, de unas empresas responsables, en un mercado con muchos agentes. De competencia perfecta en la medida de lo posible, que es lo que mejor funciona; un mercado con un buen marco regulatorio, que se toque lo menos posible, con seguridad jurídica y donde la energía no sea un tema de derechas o de izquierdas. En Ciudadanos entendemos la energía como una necesidad de la sociedad y queremos que sea lo más sostenible, barata y accesible posible. La energía no es de derechas o de izquierdas; hay que despolitizar el concepto energético. No me gusta hablar de pronuclear o prorenovable.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Todas las energías tienen sus pros y sus contras. Por tanto, todas las energías pueden aportar y pueden sumar, y lo que hay que hacer es buscar el mejor mix energético teniendo en cuenta que vamos a un modelo en el que las renovables van a tener un peso fundamental en España, en Europa y en el mundo. Teniendo esa visión a largo plazo en la mente, lo importante es tener un plan energético que nos garantice en los próximos años unas energías de tránsito hacia las renovables, de forma que sea lo más sostenible y barato posible y que haya seguridad en el suministro.

-¿Qué plantea su partido sobre las centrales nucleares? ¿Abogaría por aumentar su vida útil hasta los 60 años o cierre a los 40?

Condicionaremos nuestra decisión a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que preguntaremos si existe la posibilidad de ampliar la vida de las plantas nucleares durante más años, como pasa en Estados Unidos, dónde se han ampliado ya muchas centrales a los 60 años. Si el informe es favorable, valoraremos si interesa mantener esa planta nuclear o no, también en función de si es necesaria su aportación energética, si hay capacidad de respaldo en caso de prescindir de esa planta nuclear. Es un tema técnico que hay que dejar en manos de profesionales expertos, básicamente el CSN. Con el informe en la mano, analizaremos si merece la pena ampliar la vida útil de la planta o no.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit?

Estamos en año electoral y no interesan las malas noticias para los usuarios, que ya estamos bastante penalizados a nivel eléctrico y a nivel gasista, con unas facturas por encima de la media europea. En Ciudadanos creemos que tiene más sentido dedicar el superávit a reducir deuda e intentar ver por otro lado la manera de reducir los peajes sacando costes que no tienen que estar en la factura eléctrica.

Estamos hablando, por ejemplo, de los costes extrapeninsulares o cualquier coste que tiene más que ver con políticas energéticas que con las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Entendemos que esos costes tienen que ir al margen de la factura. Es un cambio importante que hay que analizar entre todos los grupos políticos y decidir qué partidas de esa factura eléctrica tienen que ir a Presupuestos Generales del Estado y cuáles siguen siendo soportadas por los usuarios.

-¿Contemplan sacar la retribución a las renovables de la factura y ubicarla en los Presupuestos?

Habría que ver hasta qué punto el coste de las primas a las renovables hay que sacarlo o no de la factura eléctrica. Es un tema de mucho calado, por eso lo valoraríamos con todos los grupos políticos. Buscamos un pacto energético a nivel nacional para determinar el mix energético que queremos para los próximos 15/20 años en España. Diseñar cómo es el tránsito hacia las energías renovables y cómo vamos a conseguir un mix energético equilibrado. No tenemos por tanto, una postura clara con las primas a las renovables y hasta qué porcentaje debería ir en los Presupuestos y cuánto en la factura eléctrica.

-Ciudadanos plantea en su programa electoral impedir que las actividades de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué consideran necesaria esta medida?

Así reduciríamos las posiciones de poder de determinadas empresas que hasta hace pocos años mantenían el control vertical de toda la cadena de suministro, lo que les permitía controlar el precio y reducir la competencia aumentando las barreras de entrada al sector. Creo que siendo capaces de trocear la tarta energética, con menor capacidad de los agentes para influir en el mercado y en los precios, favoreceremos la competencia, el mercado y la llegada de nuevos agentes. Aparte de que creemos en ello viene marcado por la Unión Europea. El modelo más exigente de la Unión Europea es el que exige la separación, no sólo del funcionamiento sino también de la propiedad, de las actividades de generación, distribución y comercialización.

GOBERNANZA

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Hay unas directivas europeas que obligan a la separación de actividades. En otros países como Francia y Alemania han sido más reticentes, pero en España se ha hecho bastante bien con los TSO (operador de transporte y de gestión del sistema). Actualmente la operación y el transporte son dos empresas distintas que dependen de una misma matriz. Hay una separación no del todo efectiva, pues siguen siendo los mismos grupos los que controlan ambas actividades. La separación funcional existe, y se está haciendo bastante bien, pero hay que seguir trabajando y profundizando en la separación real y total de la operación y el transporte, por lo que somos partidarios en profundizar en esa separación hasta llegar al modelo independiente total.

-Siendo críticos con el hecho de que haya políticos que terminan en los consejos de administración de las empresas privadas. ¿Qué piensa Ciudadanos de lo que ocurre en REE y Enagás, empresas en las que además hay una participación mayoritaria pública con la SEPI y que lleva en la práctica a un modelo de turnos de PP y PSOE en estas empresas?

Es un tema que tiene mucho que ver con las puertas giratorias, con cómo se establece un régimen de incompatibilidades a los políticos que luego terminan en los consejos de administración; tiene que ver con los organismos reguladores y su independencia respecto al sector, que a día de hoy es muy deficiente y habría que mejorar. Hay que garantizar la independencia de los organismos reguladores y establecer mejores y mayores criterios de incompatibilidades para evitar ese tipo de puertas giratorias.

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente?

Esta fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados bajo un único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro siempre que se den esos requisitos.

¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La Ley dice que el regulador tiene que tener cada vez más competencia para al menos definir la metodología. Definir las tarifas concretas es algo que debe ser competencia del Gobierno. Otra cosa es que también hay que simplificar las tarifas y revisar completamente las tarifas y los peajes en España. Hay tantos temas a nivel energético que tocar que nosotros queremos llegar con pies de plomo, porque es muy técnico y complicado. Queremos tener toda la información, reunirnos con todos los colectivos, y ser sensatos.

-¿Qué opinan sobre que la estructura de la tarifa para consumidores industriales haya sido modificada de tal forma que la estructura tarifaria para las industrias del País Vasco o Navarra se haya beneficiado con respecto a otros territorios?

Forma parte de la política encaminada a beneficiar a determinados sectores e intentar llevar la competitividad a las empresas, no tanto facilitándoles su crecimiento en innovación sino apostando por reducciones concretas de sus costes energéticos. En Ciudadanos creemos que hay que apostar por la industria pero existen otros mecanismos, menos arbitrarios desde mi punto de vista, donde se puede poner en valor la capacidad de las empresas para generar riqueza y no solamente con este tipo de incentivos que generan inequidad entre las distintas industrias.

El objetivo fundamental a medio plazo tiene que ser conseguir la misma factura para todos, incluido para la industria. Apostamos por la cogeneración como una herramienta clave para contribuir con la competitividad. Esto no tiene que ver con tantos niveles de peajes o tarifas distintas, que al final generan distorsiones innecesarias entre unos sectores y otros.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Entendemos que la fiscalidad es importante y que, en primer lugar, debe mantenerse armonizada en toda España. Queremos que los impuestos que graven la electricidad sean los mismos en toda España. No siempre sucede así porque las comunidades autónomas tienen competencias en este sentido. En los demás aspectos habrá que trabajar con otros grupos parlamentarios. Es un tema delicado que hay que abordar con calma, sobre el que no tenemos una receta mágica, pero sí que entendemos que cualquier reforma fiscal debe ser global, no sólo de los impuestos especiales e impuestos a la energía sino también de IRPF, Sociedades… Una reforma fiscal global, no sólo de la fiscalidad energética.

Lo que tampoco podemos hacer es trasladar todo el peso de los impuestos únicamente al consumidor final. Tiene que haber un reparto equilibrado dentro de la energía. En España hay un peso muy importante, especialmente en el sector de los hidrocarburos, pagando muchos impuestos en el litro de gasolina que suponen una recaudación muy importante para las arcas públicas. Pero hay que ser cautos porque cada céntimo que subas a nivel impositivo, estás gravando la actividad de los transportistas, que son los que dependen del hidrocarburo para su negocio, y cada céntimo que restas lo haces sobre las arcas públicas.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Hay que valorar la posibilidad de gravar más fiscalmente aquellas energías que más contaminen, que es algo que parece que va en la línea de las directrices europeas y que tiene sentido. Algo que se haría sin ahogar a los sectores de la noche a la mañana pero sí que habría que ir introduciendo criterios fiscales para que las energías más contaminantes tengan un mayor coste, una mayor penalización fiscal, que las que son renovables y contribuyen a alcanzar los objetivos de reducción de contaminación marcados por la Unión Europea. ¿Cuánto o en qué porcentaje? No lo tenemos todavía definido.

RENOVABLES

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Desde Ciudadanos pretendemos un marco de competencia perfecta a medio plazo, que entren todos en el mercado. En un mercado energético liberalizado, que funcione, en el que se eliminen barreras de entrada y salida para los agentes, donde se compita en libertad dentro de un pool con reglas claras, transparentes, no discriminatorias. Todo diseñado de forma que si hay que potenciar alguna energía a nivel de Estado, por política energética nacional o medioambiental, siempre que se haga con un sistema de retribución que vaya acorde con la curva de aprendizaje de esa energía, con primas decrecientes y tendentes a desembocar en un pool en el que se compita en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de energías.

-¿Estáis de acuerdo con las críticas al pool que se realiza desde algunos sectores, a pesar de que los precios son bastante semejantes a lo marcado por otros mercados europeos?

Sinceramente creo que no está funcionando adecuadamente. Hay una duplicidad: por un lado hay unas tecnologías que parece que funcionan en libre mercado en el pool junto a una serie de tecnologías que tienen una rentabilidad garantizada por su  régimen retributivo que les permite entrar a cero y, en definitiva, que están distorsionando el precio real del pool. El pool no está reflejando exactamente el coste de generación. Incluso las propias empresas pueden jugar con el pool. Hay que pulirlo y trabajar en un mecanismo más sencillo. Sabemos que es complicado, pero desde Ciudadanos pretendemos un mercado que refleje exactamente el coste de generación de la energía y en el que entren todas las tecnologías en igualdad de oportunidades.

-Volviendo a las renovables, ¿Cómo valoran todo lo acontecido durante esta legislatura para este sector?

Se derogó el régimen especial pero persisten determinadas primas, rentabilidades garantizadas, condiciones ventajosas de unas energías frente a otras. Si vamos a ese modelo de potenciar determinadas energías como el impulso a la biomasa, que está entrando muy fuerte, o fotovoltaica o eólica con un determinado nivel de rentabilidad garantizada, hay que elaborarlo de otra manera. No podemos volver a caer en los errores de 2004-2005. Se diseñó un sistema de primas que en lugar de ser decrecientes fueron planas. Lo que hemos hecho es pagar toda la curva de aprendizaje de las renovables a nivel mundial sin que la prima fijada para esos proyectos, que están diseñados a 20-30 años, fuera cayendo en consonancia con la curva de aprendizaje.

-¿Qué valor da Ciudadanos a la seguridad jurídica?

Tenemos que reconocer que el Gobierno del PP no ha tenido más remedio que sacrificar la seguridad jurídica para controlar el déficit de tarifa. No se me ocurre una solución mejor a quebrantar la seguridad jurídica, aún reconociendo que para nosotros la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Se habían hecho las cosas tan mal con las primas a las renovables que era la opción menos mala. En Ciudadanos somos defensores de la seguridad jurídica y lo que proponemos lo queremos respetar al 100%. Queremos dar seguridad jurídica a los inversores y que sepan que si vamos a poner unas reglas de juego, su proyecto terminará exactamente igual que empezó.

Lo que no se puede hacer es como hizo el Gobierno de Zapatero, poner primas permanentes con curvas de desarrollo tecnológico que aumentaban su eficiencia, al mismo nivel hasta el final de su vida útil de las renovables, porque eso te lleva a lo que ha hecho el Gobierno del PP. Coartar la seguridad jurídica y recortar las primas, lo que genera una espantada a los inversores internacionales o nacionales.

-¿Pero creen que las formas del Gobierno de hacerlo han sido las adecuadas?

No sé el grado de interlocución que ha habido con el sector. Lo cierto es que está bastante recurrido por todos y el Estado va a tener que soportar sentencias millonarias en contra por haber quebrado la seguridad jurídica. Creo que el Estado lo entendió como un mal menor. Posiblemente se podía haber llegado a algunos acuerdos y haber evitado algunas de las sentencias que están por venir. Creo que lo que se ha hecho para corregir el déficit era necesario, que se sacrificó mucho a la industria eléctrica, desde las multinacionales a los productores solares, y que todo debe servir para aprender de los errores del pasado y diseñar, entre todos, un modelo retributivo que no se pueda tocar.

CARBÓN

-¿Cómo abordaréis la cuestión del carbón nacional?

Avanzamos a un modelo en el que el carbón, para poder estar presente en el mix energético, tiene que ser económicamente viable para entrar en el pool sin ayudas, sin subvenciones y sin aportaciones por parte del Estado. Hay dos realidades: la primera es que únicamente pueden llegar a ser rentables las minas a cielo abierto. En segundo lugar, tiene que haber una renovación importante del parque de centrales térmicas en España. Actualmente están obsoletas, no cumplen los requisitos medioambientales de la Unión Europea, para lo que precisan llevar a cabo unas inversiones muy importantes para cumplirlos. Así podríamos mantener el carbón como una energía de transición durante unos años. Si no lo hacen, no habrá más remedio que cerrarlas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito?

No es un tema únicamente de la Administración sino del sector. No es un tema de ayudas: el sector lleva años con un plan de reconversión industrial de las minas en España. Actualmente la apuesta medioambiental es muy potente. Existen mecanismos que permiten reducir la contaminación del carbón de una forma notable. La pelota está en el tejado de la industria carbonera y de la industria de generación eléctrica, que son los que tienen que decidir si llevan cabo unas inversiones muy importantes en las plantas térmicas. Es verdad que la industria tomará la decisión en función de cuál sea la seguridad jurídica en España; si se les garantiza unas reglas de juego estables seguramente apostarán por renovar las plantas.