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La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

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Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.

El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

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Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

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Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

La Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno central «apoye económicamente» al proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, denuncian la subvención a Gas Natural por 6,3 millones de euros para el 2018 señalando que así se fomenta el «agravar» los problemas del parque, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamenta que el Ministerio» siga apoyando económicamente el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Martínez Vidal asegura que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a efecto recientemente, refiriéndose a que la Junta «ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los 4 subproyectos en los que se divide este gran proyecto de almacenamiento de gas».

El director general de Prevención ha explicado que «estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013 y el único proyecto que cuenta con autorización es el de Marismas Occidental«, para el que solicitan que «se paralice la ejecución del proyecto«. «Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del IGME y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida», ha indicado.

Por ello, ha señalado que, según el artículo 44 de la ley 21/2013, se ha solicitado la revisión de estas vías por «concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos». De esta forma, ha asegurado que «el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único».

“Pagando para agravar los problemas”

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, incide en que la subvención a Gas Natural «es inmoral e incongruente».Y es que, agrega, se abona una subvención, que supone «la mitad del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático«.Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.»Hay un informe del Defensor del Pueblo donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».

Izquierda Unida envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre el almacén de Gas Natural de Doñana

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Europa Press.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, al tiempo que ha incidido en la necesidad de organizar una misión de investigación.

En dicho informe, el Defensor solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el parque los 4 proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas. Según Izquierda Unida, Albiol pidió a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en la PETI, incluya el documento como información complementaria a su petición todavía abierta.

La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en la PETI sobre Doñana «ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto», algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe de noviembre, que reflejaba las denuncias que se vienen haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos, que también se encuentran cuarteados, y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero «sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados», explicando que «las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero«.

Albiol cree que «no hay más tiempo que perder» y, ante «la importancia» de este informe del Defensor del Pueblo, que «refleja las denuncias que hacemos desde hace años», insiste en que «la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco».

Medio Ambiente alega ante el Defensor del Pueblo que no tiene competencia para revisar el almacén de gas en Doñana

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no tiene ya competencias en relación con los procedimientos administrativos para la autorización de los 4 grandes proyectos de almacenamiento de gas en Doñana porque las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental ya fueron tramitadas entre 2010 y 2013. La petición de evaluación conjunta afecta a los proyectos Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé la explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Así respondieron fuentes ministeriales después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana. Además, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la citada evaluación ambiental conjunta. En un escrito, el Defensor solicita a Energía que aclare la situación del proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía, y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.

En este sentido, el departamento que dirige Isabel García Tejerina recuerda que los cuatro proyectos fueron sometidos, desde su presentación por parte del promotor, a diversos procedimientos de evaluación ambiental previstos en la legislación española y comunitaria. A ese respecto, estas fuentes subrayan que el Ministerio cumplió con su labor y tramitó las Declaraciones de Impacto Ambiental según lo que establece la normativa estatal y las directivas comunitarias y que en ese proceso tuvo en cuenta los informes favorables de 2008 aportados en los procedimientos por la Junta de Andalucía.

En todo caso, garantiza que en la tramitación que le competía los 4 proyectos no se fracturaron sino que, precisamente, se agruparon en 4 para considerar los efectos acumulativos que se producen puesto que constituyen zonas homogéneas para estudiarse mejor o con más precisión, lo que no constituía ninguna vulneración de derecho. A ese respecto, afirman que ahora ministerialmente le corresponde a Energía  autorizar estos proyectos y recuerdan que la Junta de Andalucía tiene capacidad en este momento para otorgar o denegar las preceptivas Autorizaciones Ambientales Unificadas. Si bien, insiste en que esto se debe en todo caso a pleno sometimiento a las condiciones de las Declaraciones y a la normativa ambiental que se aplique.

Analizar conjuntamente los 4 proyectos

La cuestión es que el Defensor considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) genera «dudas» sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. En este sentido, el Defensor quiere que se valoren «distintas alternativas» de almacenamiento de gas y garantizar «con un grado de certeza acorde» con su «importante relevancia ecológica» que el espacio no se verá «negativamente afectado» por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan «al mínimo posible».

La institución pidió información adicional al IGME en julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los 4 proyectos por separado». Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a Doñana.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».