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La ONU condena la «criminalización» del líder indígena guatemalteco Bernardo Caal Xol por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica

Europa Press.- Relatores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han lamentado la «criminalización» en Guatemala del líder indígena Bernardo Caal Xol, condenado en noviembre a 7 años y 4 meses de cárcel por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica.

Los expertos de la ONU han relacionado el dictamen judicial con el papel de Caal Xol como representante de las comunidades qeqchí del municipio de Santa María Cahabón en sus acciones legales contra la empresa Oxec para frenar este proyecto energético. La ONU denuncia que «el proyecto comenzó sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas y ha tenido un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso al agua y la salud de las comunidades qeqchí».

En enero de 2017, el Tribunal Supremo suspendió el proyecto y, en mayo de ese 2017, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho al consentimiento libre, previo e informado del pueblo qeqchí. Entretanto, una empresa subsidiaria de Oxec empezó a presentar cargos penales contra Caal Xol, en prisión preventiva desde enero de 2018. «La criminalización del señor Caal Xol ha estado precedida por virulentas campañas de difamación en los medios de comunicación, describiéndolo como un criminal violento que actúa en contra de los intereses de la nación», ha recordado la relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Una condena “desmesurada” por robo

Tauli-Corpuz y otros relatores especiales han considerado que «la condena de Caal Xol a más de 7 años de prisión por cargos de detención ilegal y robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica parece desmesurada y se basó principalmente en testimonios de afiliados de Oxec». «Es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena», han afirmado.

Los relatores han alertado de que «no es un caso aislado», sino que «hay numerosos miembros de comunidades indígenas que están siendo criminalizados en Guatemala por defender sus tierras tradicionales y recursos contra proyectos de desarrollo a gran escala que causan daños ambientales«. En este contexto, han instado al Gobierno «a garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de Derechos Humanos», han recordado a las empresas que «tienen que respetar los Derechos Humanos» y subrayan que «las investigaciones criminales deben ser independientes e imparciales».

Greenpeace corta el suministro de agua en la sede de ACS en por la obra de una hidroeléctrica en Guatemala

EFE.- Greenpeace ha cortado el suministro de agua a la sede de la empresa ACS en Madrid para denunciar las obras que se están llevando a cabo en el río Cahabón, en Guatemala, por la construcción de una hidroeléctrica que afecta a más de 29.000 indígenas.

Cerca de una veintena de miembros de Greenpeace se han concentrado a las puertas de la sede de la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, en el barrio de Chamartín, para reflejar la situación actual de la población indígena quekchís, según indicó el portavoz de la organización ecologista, Miguel Ángel Soto. «Hemos cortado el agua de esta compañía para demostrar lo que significa vivir sin este recurso natural«, apuntó Soto.

El Grupo Cobra participa como subcontrata del grupo ACS en varias de las 5 fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que ha alterado el curso del río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros en el departamento de Alta Verapaz. Según Soto, las obras no están respetando las directrices de Naciones Unidas sobre las Empresas y Derechos Humanos, ya que están dañando los intereses del pueblo quekchí al dejar a casi 30.000 personas con un uso restringido del agua. El portavoz ha denunciado que Greenpeace ha recibido recientemente varias negativas a las propuestas de reunirse con los directivos de Cobra para acordar soluciones que no perjudiquen al pueblo indígena.

«Cobra, con el proyecto Renace, que actualmente se encuentra en su penúltima fase, la cuarta de cinco, no ha respetado el derecho a consulta de los indígenas» recogido por la ONU, ha detallado Almudena Moreno, portavoz de la ONG Alianza por la Solidaridad. Moreno también ha denunciado el «acoso y coacción» al pueblo quekchís, y ha recordado el encarcelamiento del dirigente Bernardo Caal, retenido desde enero pasado, y que lidera el movimiento de rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos en Guatemala. La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad al delegar el respeto de los derechos humanos y medioambientales a la empresa subcontratada Grupo Cobra, por ser ésta la que construye la obra, ha subrayado Moreno.

La portavoz de Alianza por la Solidaridad coincide con Soto al señalar que «ACS es una empresa cómplice al prestar asistencia práctica a sabiendas de que se están vulnerando los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos». ACS declinó hacer ningún comentario. El caso del Grupo Cobra/ Grupo ACS en Guatemala fue incluido por Greenpeace en el informe Justicia para las personas y el planeta por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos en enero.

El Foro Económico Mundial considera que la mayoría de los países latinoamericanos aún no están listos para la transición energética

EFE.– La mayoría de los países de América Latina todavía no están bien preparados para afrontar la transición energética, según revela un informe del Foro Económico Mundial en el que se analizan 114 países, entre ellos varios latinoamericanos. El análisis Promover una transición energética efectiva fue publicado en el marco del Foro Económico Mundial sobre América Latina, celebrado en Sao Paulo.

De acuerdo con esta evaluación, que clasifica a los países en función del estado actual de sus sistemas energéticos y su nivel de preparación estructural para adaptarse a las futuras necesidades energéticas, América Latina debe mejorar en varias áreas, como la innovación, el desarrollo del capital humano, la seguridad de las inversiones y la eficacia del marco institucional. El informe examina el desempeño de los sistemas energéticos actuales de los países bajo tres dimensiones: acceso y seguridad energética; sostenibilidad ambiental del sistema; y potencial de crecimiento. Asimismo, analiza en qué medida existen condiciones que faciliten una transición hacia un sistema de bajas emisiones de CO2.

Los países escandinavos y de Europa occidental encabezan el Índice de Transición Energética, con Suecia, Noruega y Suiza a la cabeza, en tanto que el Reino Unido (7) y Francia (9) son las únicas economías del G7 que se ubican dentro de los 10 primeros. En la región latinoamericana, los que muestran los mejores desempeños son Uruguay, que ocupa el puesto 13, Costa Rica (20), Chile (24) y México (28). De manera general la región obtiene una puntuación similar al promedio global en cuanto a la contribución del sistema energético al crecimiento económico, a la seguridad y al acceso, y por encima del promedio cuando se trata de sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, varios países se quedan atrás porque no están preparados adecuadamente para la transición, según el informe. Es así que Perú se ubica en el puesto 34, Paraguay en el 37, Panamá en el 39, Ecuador el 48 y Argentina el 56. De manera particular, el informe menciona a Colombia (32) y Brasil (38) por tratarse de dos países que «cuentan con sistemas energéticos con buen desempeño debido a sus abundantes recursos naturales», pero que al mismo tiempo «tienen niveles de preparación bajos» para la transición«. Ello es debido a «deficiencias en materia de capital humano y fallos en sus instituciones y marcos regulatorios».

Los últimos países latinoamericanos que figuran en la clasificación son Guatemala (62), y El Salvador (69), mientras Venezuela se queda a cuatro puestos de cerrar la lista, el 111, sólo por delante de Kirguizistán, Sudáfrica y Zimbabue. A nivel global, el informe establece que el avance hacia la sostenibilidad ambiental se ha detenido y considera que la tendencia prácticamente plana en la intensidad de las emisiones de carbono lo demuestra.

Además de las repercusiones positivas para el clima, la mejora de los sistemas energéticos contribuiría a remediar la situación de 1.000 millones de personas en el mundo que actualmente carecen de electricidad, según el Foro Económico Mundial. Finalmente, el director de Industrias Energéticas del Foro, Roberto Bocca, sostuvo que el informe permite tener una visión del funcionamiento actual de los sistemas energéticos nacionales, así como una perspectiva «muy necesaria de lo que se requiere para lograr el éxito a futuro».