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Goldman Sachs asegura que Siemens Gamesa se verá afectada por la paralización del mercado eólico indio

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EFE. – La compañía Siemens Gamesa puede verse afectada por la desaceleración del mercado eólico indio, según un informe del banco de inversión Goldman Sachs.

De esta manera, el Gobierno indio ha cancelado y reducido el tamaño de sus dos últimas subastas eólicas, una medida que, según la entidad financiera, puede afectar al 20% de los ingresos de la empresa.

Así, los títulos de Siemens Gamesa están cerrando, estos días, en torno al 11,45 euros, si bien en lo que va de año la compañía se mantiene en zonas de ganancias, con una revalorización del 0,26%.

En este sentido, tras la pasada fusión, hace poco más de un año, de la española Gamesa con la división eólica de Siemens se comunicó un beneficio neto recurrente para el tercer trimestre de su año fiscal, que arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, de 135 millones de euros, un resultado que se vio afectado por la paralización del mercado indio por la falta entonces de subastas.

Asimismo, el grupo Siemens Gamesa, con sede en Zamudio, es el mayor proveedor de turbinas en India, con un 30% del negocio, y Goldman Sachs prevé que la compañía intente compensar el descenso en ese mercado en cualquier otra parte, lo que podría volver a presionar los precios de los aerogeneradores.

Energía insiste en que «no ha cambiado de criterio» y aplicará la rentabilidad razonable tal y como fija la Ley

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha insistido en que el Gobierno «no ha cambiado de criterio» respecto a la revisión en la rentabilidad razonable de las actividades del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 y subraya que se hará lo que dice la normativa aprobada en 2013.

En este sentido, Navia se mostró «muy sorprendido» del resultado de sus reuniones con los inversores, «ya que cada uno cuenta una cosa distinta, cuando yo siempre digo lo mismo». Así, subrayó que a lo que se ha limitado en esas reuniones con inversores es a «explicar estrictamente el marco legal vigente, que contempla una revisión de la tasa de forma automática en el año 2020» y que es un mensaje que ya fue hecho público en junio por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

De todas maneras, Navia consideró que se trata de un debate que no tiene la importancia que se le está dando, ya que se refiere a un periodo de 6 años para inversiones que tienen una vida útil de 25 años. «Entiendo que cuando uno invierte a 25 años no mira solo la rentabilidad de los primeros 6 años, mira el total», añadió. Navia ha mantenido nuevas reuniones con los bancos de inversión, tras la que tuvo con Goldman Sachs, en las que les comunicó la intención de prorrogar la vida actual del parque nuclear en 10 años y suavizó el recorte a las eléctricas en la revisión de 2020.

Respecto al real decreto para regular el cierre de centrales eléctricas en el que está trabajando el Gobierno, Navia afirmó que no hay «ningún plazo cerrado» para su aprobación y señaló que se sigue hablando con el PSOE con el fin de llegar «a un consenso». «Nuestra idea sería sacarlo cuanto antes mejor, pero es más importante estar de acuerdo que llegar temprano», añadió Navia al respecto. En su discurso, el secretario de Estado de Energía consideró que se debe trabajar en el desarrollo del mercado del gas y seguir «buscando alternativas» para que las infraestructuras tengan un mayor uso.

Por otra parte, Navia advirtió que en la transición energética se producirá un cambio en el mix que alterará los modos de generación, y subrayó que el actual modelo de operadores dominantes e integrados, «que tiene sentido económico en un modelo con grandes economías de escala», dejará de tenerlo en un modelo con más operadores y donde los costes fijos no serán tan elevados. «Afectará a todas las actividades del sector energético, va a haber un cambio de operadores relevantes en nuestro sistema energético», auguró.

Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

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EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

Nadal asevera que la reforma eléctrica se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y se revisará la rentabilidad razonable

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades reguladas del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa.

«La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años. Ha habido cierto revuelo cuando se ha recordado por un banco de inversión, pero es lo que está en la ley. La reforma se hizo y se aplicará, tal como estaba prevista, sin ningún cambio en sus planteamientos», afirmó Nadal en referencia al informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, lo que provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

El ministro defendió en su intervención la necesidad de acertar en las decisiones que se tomen en política energética en momentos de cambios como los actuales, ya que «es crucial y los errores en política energética duran décadas». Por ello, Nadal subrayó que «el objetivo primordial» del Gobierno en materia energética es asegurar un precio competitivo de la energía con el que poder respaldar a la competitividad y al crecimiento económico para conseguir mayor nivel de empleo, «siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha comprometido, dentro de un marco de reducción de emisiones de CO2 y de incremento de las renovables».

Así, Nadal valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó la necesidad de definir cuál es el mix energético «más adecuado» para afrontar ese futuro de descarbonización. A este respecto, se mostró partidario de definir qué hacer con el carbón y la nuclear, tecnología que defendió ya que tiene «ventajas indudables», como que no emite CO2 y produce continuamente, aunque «tiene el problema de los residuos». De hecho considera que no se podrá prescindir de la nuclear mientras siga habiendo un nivel muy bajo de interconexión, una materia en la que, a su juicio, se está avanzando muy lentamente.

Respecto al carbón, destacó que emite más CO2 que el gas, aunque es más barato, por lo que se mostró a favor de mantener «una diversificación adecuada» de las dos fuentes de energía en el mix en esa transición energética. «Prescindir del carbón por tema medioambiental tiene su coste», advirtió. Además, el ministro señaló también la necesidad de ver cómo se retribuye la térmica, una tecnología que será imprescindible con la introducción de energías más volátiles como las renovables. «Debemos tener mayor capacidad de actuar con el parque de bomberos, que es la térmica, que estará parada o poco utilizada, pero imprescindible por esa falta de interconexión y por el hecho de que la renovable es volátil», añadió al respecto.

Nadal ha señalado que la transición energética obligará a ordenar una reducción de la capacidad existente en ciertas energías y a variar la retribución para dotar de más flexibilidad a la gestión, pues habrá fuentes, como la energía térmica, que a futuro se utilizarán poco pero con mucha intensidad cuando se necesite. En opinión del ministro, la retribución de lo que queda del sistema para dar flexibilidad, por la reducción de capacidad de generación que tiene que ir desapareciendo al ser sustituida por las nuevas fuentes de energía, es lo que va a condicionar la política energética no sólo de España, sino de la Unión Europea, de aquí a 2030.

Sobre el paquete de invierno de la Unión Europea, que marcará el camino hacia la descarbonización de las economías, Nadal lamentó que no se haya tenido en cuenta al configurar esta hoja de ruta dos aspectos fundamentales para España como son la alta tasa de desempleo y el «altísimo grado de aislamiento que tiene la Península Ibérica«. Nadal afirmó que mientras otros países están en mejores condiciones de poner más énfasis en objetivos medioambientales y de reducción de emisiones, la prioridad española es cumplir esos objetivos pero sin perder competitividad.

Recordó que, cuando el PP llegó al Gobierno en 2012, se encontró con un sistema eléctrico «desequilibrado» y con una deuda en crecimiento, que de no haberse adoptado medidas, hubiera crecido en 10.000 millones de euros por año, lo que hubiera supuesto «la quiebra del sistema». El ministro reivindica que la reforma produjo un declive de los precios del sector eléctrico y lo mismo pasó con el gas y con el suministro a la industria, cumpliéndose el objetivo de causar un cambio en los precios.

Asimismo, Nadal afirmó que «es muy difícil» compaginar la reducción de emisiones y el desarrollo de las renovables con la eficiencia y la competitividad, puesto que se pueden generar costes a las empresas que frenen la creación de empleo. «Cada euro que una empresa paga en energía es un euro que no va a salarios» añadió en este sentido. Por otra parte, Nadal señaló que Europa supone solamente el 10% de las emisiones de gases contaminantes y que son otras regiones y países quienes tienen que hacer más contra el cambio climático. Nadal también afirmó que mientras Europa se centra en objetivos medioambientales, otros países de América y Asia se centran en reducir precios y aumentar su eficiencia y competitividad.

«Realmente estamos aislados, tenemos un problema de interconexión, que es el principal problema de España en su relación con la Unión Europea», afirmó, añadiendo que le hubiera gustado que existiera en el paquete una gobernanza de cumplimiento para el tema de las interconexiones «tan estricta como existe para otros aspectos, ya que lo básico es que exista un mercado interior«. Por ello ha señalado que, aunque el problema del déficit del sistema en España está solucionado, quedan asuntos pendientes, como las interconexiones, sin las cuales ha advertido que un mercado interior de la energía en la Unión Europea es hablar para España de una «ficción».

La versión Goldman Sachs (II)

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En un país en el que la electricidad ha caído en las fauces de la política politizada, puede sorprender a primera vista la consideración de Goldman Sachs de que la actividad eléctrica debe ser valorada de forma económico-financiera por los accionistas que son, en realidad, los propietarios de las empresas. Ante una posición tan pueril es preciso subrayar que estamos en un mundo globalizado dónde los flujos de capital se mueven de forma muy rápida y no se someten a los intereses partidistas o electorales de un país en concreto.

Eso exige una política definida en materia económica, energética, medioambiental y fiscal; habilidades de negociación, disponer de una regulación predecible, de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Se comprende que quienes ejercen responsabilidades de Gobierno conocen e incorporan esas reglas del juego, lo asumen dentro de su comportamiento como una coordenada a tener en cuenta y, si la traspasan, se entiende que es de forma deliberada.

Es un informe “revelador” del modelo de política que el Ejecutivo plantea para el sector eléctrico y de la visión inversora de sus responsables, orientada a la reducción de precios sin revisar la composición de la tarifa, sin limpiarla de componentes (cuña gubernamental) que aumentan sus costes y que deberían ser tratados de otra forma. En consecuencia, sigue existiendo un modelo en que se habilitan mecanismos discrecionales y de dudoso encaje en la tarifa que presionan al alza los precios y que se combinan con la pretensión electoralista de una tarifa forzada a la baja fruto de una politización de la electricidad que no cesa.

¿Cómo se resuelve este sudoku en esta revisión regulatoria prevista? Rebajando los componentes regulados vía exprimir sus resquicios legales, lo que seguramente nos atrapará en un nuevo proceso de judicialización, e incorporando nueva potencia renovable para aumentar la oferta de generación y bajar el componente de los precios de mercado de generación, tratando de cumplir al límite los compromisos con Europa del 20-20-20 antes que con un proceso planificado de descarbonización o de transición energética.

Una vez descontado el efecto del anuncio y de su instrumentación legal sobre las compañías y los accionistas de las empresas, queda el propio Ministerio de Energía. Seguramente perciban el origen y las causas de esta tormenta con un cierto grado de indiferencia, más allá de las lecturas resultantes sobre la Administración energética española y de que se trate de una fórmula adicional para instigar a las compañías hacia la desinversión y la internacionalización empresarial. O a lo mejor no es así, siquiera. Lo que si nos confirma es que, menos en el sector energético, las empresas e inversores internacionales son una coartada necesaria para la argumentación y comunicación política.

Energía seguirá manteniendo la rentabilidad ligada al bono para retribuir a las renovables y recuerda que nada cambiará hasta 2019

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía no tiene intención de cambiar la fórmula para calcular la rentabilidad razonable que reciben los dueños de instalaciones renovables, según indicaron fuentes de este departamento tras conocerse un informe de Goldman Sachs sobre las caídas en la rentabilidad obtenida de las compañías en España ante la revisión que se hará para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará a aplicarse en 2020.

Energía explicó que en la reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se volvió a exponer ante representantes del banco de inversión la postura del Gobierno y se insistió en que la intención del Ejecutivo es no cambiar la fórmula que se utiliza para calcular la rentabilidad que perciben los propietarios de esas instalaciones y aunque es previsible que se revise a la baja, «aún es pronto para saber qué puede pasar». La fórmula, que se fijo en el año 2013 y que toca revisar a mediados de 2019 para su aplicación en el siguiente periodo regulatorio desde 2020, es la suma del rendimiento del bono español a 10 años y un diferencial de 300 puntos básicos.

En la actualidad la rentabilidad razonable, fijada en 2013 con esa fórmula para un periodo de 6 años, es del 7,4%, porcentaje que se vería rebajado por la evolución del bono español, aunque fuentes del Ministerio han dicho que habrá que esperar a mediados de 2019, cuando se haga la revisión. Han asegurado que el compromiso del Gobierno es no mover la fórmula que se aplica para la retribución de las renovables y han recordado que en junio pasado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya manifestó en el Congreso que es partidario de que la retribución siga ligada al bono del Estado para poder rebajar entre un 5% y un 10% el coste de la factura de la luz.

El descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a rebajar esa rentabilidad para las plantas renovables para el periodo 2020-2025. Por ello, fuentes de Energía indicaron que quedan dos años para revisar la retribución de las renovables, y hay factores de muy distinta índole que pueden afectar al rendimiento del bono del Estado a 10 años, como por ejemplo el Brexit o la evolución de la prima de riesgo. Eso sí, Nadal subrayó en el Congreso que la «prioridad número uno» del Gobierno es que las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

El informe de Goldman Sachs

El informe de Goldman Sachs indica que, tras las conversaciones que mantuvieron con representantes del Gobierno, son más «cautelosos» a la hora de invertir en compañías de energía en España y Portugal, recomendando no comprar ningún valor, al apreciar factores que pueden reducir significativamente sus ganancias en el periodo 2020-2025 y que no están siendo descontados por el mercado. Según expone, las rentabilidades de la distribución eléctrica pueden caer en el mercado ibérico cerca de un 40% en el periodo 2020-2025, que la próxima revisión regulatoria podría reducir en un tercio los ingresos de las renovables y que su incorporación tras las subastas ejercerá una presión a la baja sobre los precios a partir de finales de 2019 y 2020.

Por eso, reduce en promedio la previsión de beneficio de esas compañías en un 8% para el periodo 2020-2025, por lo que no recomienda comprar valores de eléctricas en el mercado ibérico, y dice que aprecia un riesgo a la baja de alrededor de un 15% en las acciones de la portuguesa EDP y Endesa sobre los niveles actuales. Fuentes del sector eléctrico manifestaron su descontento y lamentaron que los mensajes lanzados por el Gobierno en encuentros del tipo de Goldman Sachs pueden «desincentivar la inversión» en el sector eléctrico español y llamaron a la responsabilidad del Gobierno para promover la llegada de inversores a un sector estratégico en lugar de «espantarlos» así como adoptando medidas que mejoren la competitividad.

Por su parte, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables que han tenido lugar en España bajarán los precios del sistema, pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias. Entre las subastas han adjudicado 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s estima que estas subastas de renovables han reducido los costes de la electricidad y han transferido el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

La versión Goldman Sachs (I)

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La difusión del informe de Goldman Sachs y sus efectos sobre la cotización de los valores cotizados del sector eléctrico español ocasionó que el final de la semana pasada fuese negro desde el punto de vista bursátil para el sector. En el informe se ponen números y cifras según la exposición de cada compañía a las actividades reguladas afectadas por la revisión retributiva que el Gobierno pretende aplicar en 2019. Un set-ball en toda regla.

Se dice difusión, más que filtración, por el hecho de que estas entidades financieras, a la hora de emitir sus informes y recomendaciones, tienen mecanismos de información muy profundos y sofisticados respecto de las consultas y la información que obtienen de los países y de los sectores económicos. Se dice que los mercados tienen información perfecta y, por ello, la procuran encontrar, desmenuzar y analizar. Asimismo, por otra parte, la noticia de que el Gobierno está preparando la reducción de la retribución de los activos regulados ya era generalizada y de dominio público en el sector desde antes del verano.

Esta intención ya fue anunciada en foros privados y semipúblicos por el secretario de Estado, incluso por el propio ministro, y se confirma con la reunión a la que alude el propio informe. También cuenta el silencio administrativo para no precisar el cambio normativo que evite la instrumentación efectiva de una reducción retributiva calculada según la situación del bono español. Con la calculadora en la mano: un 40% menos de rentabilidad que afectará más a las compañías más expuestas en el mercado español y a estas actividades reguladas. Era cuestión de tiempo que esta información llegase a los mercados. No puede sorprender en exceso ni su difusión, ni sus efectos.

Por otra parte, su efecto económico-financiero-bursátil ha sorprendido a quienes consideran que la electricidad en nuestro país es una cuestión que se determina (o se debe determinar) en la acción política de los Gobiernos, más que en un modelo de gobernanza empresarial, de mercado y de acción del Estado complementaria, que establece una regulación previsible y estable, acompañada de sus consiguientes mecanismos de inspección, control y supervisión. Una visión tremendamente esquemática, aplicada a un sector que requiere fuertes inversiones a largo plazo, en la que la política puede decidir “lo que sea” y lo que está escrito en la ley se aplica, con independencia de su lógica empresarial y la de los mercados de capitales.

La visión de que la política todo lo puede está instalada en el pensamiento intervencionista español que comparte el origen retroprogresivo en todos los signos políticos. En ese modelo, las compañías y sus propietarios deben aceptar los designios de la política y deben convertirse en brazos articulados de la acción política, sin tener en cuenta las alternativas que se presentan en el mercado de capitales, por otra parte, muy competitivo. Esta cuestión es sustantiva porque su asunción lleva a un error de perspectiva muy relevante, el de la politización de la actividad del suministro eléctrico.

Goldman Sachs pone números al terremoto regulatorio sobre el sistema eléctrico de España que el Gobierno piensa desencadenar en 2019

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Javier Angulo.- Una reunión con responsables del Ministerio de Energía y el consecuente informe de Goldman Sachs sobre las conclusiones. Así caduca el mantra enarbolado por la Administración Rajoy de que las medidas puestas en marcha por el binomio Soria-Nadal servían para aportar estabilidad al sistema eléctrico. Se avecinan nuevos recortes retributivos en las actividades reguladas y la recomendación de la entidad financiera estadounidense es clara: invertir en las utilities españolas no es buen negocio: caerán un 8% de media hasta 2025.

A nivel bursátil, Goldman Sachs considera que el mercado no está descontando el impacto sobre las cuentas de las compañías energéticas que puede producirse a raíz de la revisión regulatoria que se producirá a finales de 2019, al finalizar el primer periodo regulatorio de 6 años establecido por el Gobierno en la denominada como reforma energética, con los consiguientes efectos sobre los ingresos percibidos por redes y renovables. Un nuevo ajuste contable que viene a sumarse a la reforma de 2013, con un impacto aproximado de 10.000 millones de euros para enjugar el déficit tarifario.

Tal y como ha manifestado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y pudo corroborar ante los enviados de Goldman Sachs el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, la intención del Gobierno es aplicar en su literalidad la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y mantener la rentabilidad razonable, establecida para las actividades reguladas, ligada al rendimiento del bono español a 10 años más 300 puntos básicos, eso sí, calculándose en cada momento de revisión retributiva y desde las perspectivas de las instalaciones tipo bien gestionadas. En consecuencia, el recorte retributivo que el Gobierno ejecutará para las redes de transporte y distribución de electricidad en el período regulatorio 2020-2025 puede alcanzar un recorte de la rentabilidad de un 40%. Igualmente, y por el mismo procedimiento, salen mal paradas las renovables, con un nuevo ajuste de hasta un tercio en su rentabilidad.

En este sentido, Goldman Sachs aconseja ser cautelosos con las compañías energéticas españolas y cambia directamente su consejo sobre Acciona, donde ahora mantiene una posición neutral y en la que hasta ahora venía recomendando entrar a los inversores. Más tajante es su cambio de postura con Red Eléctrica de España. La compañía presidida por José Folgado puede ser una de las grandes damnificadas de los nuevos recortes al depender en gran medida de su retribución como operador del transporte, tras sortear las reformas anteriores. Por ello Goldman Sachs aconseja vender las participaciones en la compañía. En el resto de utilities, mantiene una postura neutral respecto a Enagás e Iberdrola, mientras que aconseja abandonar posiciones en la compañía lusa EDP, en Endesa y Gas Natural Fenosa.

Precisamente la principal perjudicada en Bolsa desde que se conoció el informe de Goldman Sachs es Gas Natural Fenosa, con una caída acumulada en las dos últimas sesiones del 3,08%, similar al 3,07% perdido por Red Eléctrica. Por su parte Acciona ha caído un 2,75% en las dos últimas sesiones, acercándose a perder los 70 euros por acción, mientras que Endesa perdió un 1,78%, poniendo en peligro los 20 euros pero en unos números que no llaman especialmente la atención al situarse en cifras muy similares a las de Iberdrola, que con un negocio más internacional también cayó un 1,76%.

Otro de los aspectos señalados por Goldman Sachs en su informe es que la nueva potencia renovable subastada durante este año, que debería comenzar a operar antes de 2020 para cumplir los objetivos europeos, supondrá introducir una mayor presión a la baja sobre el precio del mercado mayorista de electricidad (pool) por el aluvión de megavatios de energía eólica y fotovoltaica. Por ello, ante estas perspectivas, Goldman Sachs subraya que no hace “ninguna recomendación de comprar en la región” y, al contrario, recomienda vender, principalmente EDP y Endesa, donde calcula un riesgo de caída de rentabilidad de hasta el 15%.  De hecho, la caída media de rentabilidad en las empresas del sector que se anticipa es del 8%, dependiendo el mayor o menor impacto de su exposición al mercado español y su participación en las actividades afectadas por esta revisión retributiva que prepara el Gobierno.

Repsol ve mejoradas sus previsiones y recibirá 30,5 millones del Estado como indemnización por vender obligatoriamente el butano a pérdida

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Europa Press / EFE.- Un informe de Goldman Sachs ha elevado sus previsiones sobre el barril de crudo y la cotización de Repsol al tiempo que el Gobierno ha reconocido una indemnización por 30,5 millones de euros a Repsol Butano por obligar a esta empresa a vender la bombona a pérdida, con lo que el Estado cumple con las resoluciones judiciales sobre este asunto.

Concretamente, el Gobierno autorizó la aplicación del fondo de contingencia para responder a esta cuantía por 30,5 millones, que se articulará a través de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Energía. De esta forma, se atenderá al pago establecido a modo de indemnización en concepto de daños y perjuicios en una sentencia de abril de 2014 dictada por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El tribunal estableció en ese momento que el nuevo sistema de fijación de precios de los gases licuados del petróleo envasados le suponía a Repsol Butano una pérdida de ingresos en el último trimestre de 2011 que posteriormente se extendió al primer trimestre de 2012.

En 2015, la sala tercera del Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado y confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional. La sala de lo contencioso-administrativo, conforme a su doctrina, señaló que no puede admitirse como razonable un precio regulado que impone a los suministradores la venta a pérdidas durante un período prologando de tiempo. También reconoce que se ha producido una vulneración del principio de proporcionalidad en la intervención pública a la hora de fijar de forma específica los precios máximos del GLP.

Informe Goldman Sachs sobre Repsol

Un informe de Goldman Sachs elevó sus previsiones sobre la cotización de Repsol, de forma que el banco de inversión estadounidense ha aumentado el precio objetivo de la acción de la petrolera española hasta los 15,7 euros, desde los 12,4 euros anteriores, lo que supone una subida del 26,6%, y ha mejorado su recomendación, que pasa de neutral a comprar. Goldman Sachs, que también eleva las previsiones del precio del crudo Brent para 2017 desde 54 dólares a 57 dólares, explica que la compañía se beneficiará tanto de esta subida de petróleo como de la mejora de los precios del gas en Estados Unidos y de los márgenes de refino.

La danesa DONG se dispara en su salida a bolsa tras la venta pública del 17,4% de acciones

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EFE.- La cotización de los títulos del grupo danés semipúblico DONG Energy se disparó un 10% en su primer día de negocios en la Bolsa de Copenhague, tras completar una oferta pública de venta de acciones (OPV) del 17,4% de su capital.

Minutos después de que se hiciera oficial la salida a bolsa, la mayor en la historia de Dinamarca, los títulos de DONG subían hasta las 258 coronas danesas (34,7 euros) frente a las 235 (31,6) en que había sido cerrada la operación, lo que suponía una valoración de la compañía en unos 13.200 millones de euros.

DONG, considerado el mayor operador eólico marítimo del mundo, había fijado una horquilla de entre 200 y 255 coronas (entre 26,9 y 34,3 euros) por acción cuando lanzó la oferta hace dos semanas.

Cerca del 10 % de las acciones, que permitirán recaudar un total de casi 7 millones de euros, han sido colocadas entre inversores privados daneses, mientras que el resto han sido vendidas a instituciones nacionales y extranjeras, informó DONG.

El Estado danés conservará el control de la compañía con el 50,4 % de los títulos, mientras que el banco estadounidense Goldman Sachs se mantendrá como segundo accionista con el 14,7 %.

La nueva valoración de DONG tras su salida a bolsa triplica la realizada hace dos años por el Gobierno, cuando vendió algo más de un cuarto de sus acciones a un grupo encabezado por Goldman Sachs.

La operación provocó en enero de 2014 la salida de un socio menor del entonces Gobierno de la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt, y críticas de expertos y políticos por considerar que las acciones habían sido vendidas a un precio muy inferior al real.

La venta -a la que según los sondeos se oponía la mayoría de la población- fue justificada por la necesidad de inyectar capital en la compañía tras pérdidas millonarias por el deterioro de valores en inversiones petroleras y gasísticas.

DONG Energy, que cuenta con 6.500 empleados y una facturación anual de unos 9.000 millones de euros, está centrada sobre todo en la energía eólica y en la explotación de petróleo y gas, con Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Noruega como principales mercados.