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Los sindicatos aseguran que Industria aprobará el próximo 26 de abril el Estatuto de la Industria Electrointensiva

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Europa Press.- Los comités de empresa de Alcoa A Coruña y Avilés han asegurado que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo les han «garantizado» que el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que permitiría rebajar la factura eléctrica de las plantas y darle estabilidad para hacerlas viables de cara a conseguir futuros inversores, «estará aprobado antes de las elecciones» del 28 de abril, y apuntan que su aprobación se dará en el Consejo de Ministros del 26 de abril.

Este 15 de abril acabará el límite para recibir ofertas no vinculantes de inversores. El presidente de Alcoa, Rubén Bartolomé, apuntó que a pesar de que hay un borrador para el estatuto de las electrointensivas, aun «hay muchas incertidumbres» como «la compensación del CO2, o si se dispondrá o no de presupuesto». Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo les ha trasladado que «hay gente interesada en la compra de la compañía» pero ha añadido que se está «muy lejos de dar los pasos necesarios hasta junio para encontrar algo sólido».

De igual opinión era el consejero de Economía de Galicia, Francisco Conde, quien, a las puertas del Ministerio de Industria, ha afirmado salir «muy decepcionado» tras las expectativas creadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aseguró que había solución para Alcoa. «En estos momentos Alcoa sigue con la incertidumbre sobre su viabilidad», ha apuntado Conde, para recalcar a continuación que ese estatuto apunta a que «lamentablemente no va a recoger una solución integral y no parece que tampoco vaya a recoger todas las propuestas que desde Galicia» trasladaron.

Según añade, hay incertidumbre sobre si el Estatuto marcará un precio competitivo para que los inversores puedan hacer ofertas viables, por lo que ha apelado al Gobierno a que «salga de la inercia en la que está instalado y de pasos firmes para poder concretar una solución y poder trasladar certidumbres sobre ese precio eléctrico que puede permitir la viabilidad de las plantas de La Coruña y Avilés«. «Alcoa en estos momentos no tiene solución viable y estamos muy lejos de poder identificar si realmente el estatuto de los consumidores electrointensivos puede dar una respuesta cierta y un marco competitivo para los inversores», ha insistido.

El Gobierno de Asturias, “optimista”

Por su parte, el director general de Industria del Principado de Asturias, Manuel Monterrey, ha salido de la reunión de más de dos horas «optimista». No obstante, ha reconocido que los tiempos son «muy ajustados» debido al periodo electoral. Sobre las líneas maestras tratadas en la reunión, Monterrey ha avanzado que el estatuto va en línea con la decisión de la Comisión Europea de que los costes indirectos de emisión de CO2 «podrán llevarse a contribuir a la disminución de la tarifa». «Conocemos que hay 200 millones de euros que se han aprobado y se pretende ir a ese máximo para que contribuyan a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas», ha afirmado.

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez, ha indicado que el Estatuto «tendrá una parte que rebaje la factura», que contemplará también una parte que estipule cómo van a ser las ayudas a emisiones indirectas de CO2 y otra de «fomento de los contratos bilaterales«. No obstante, ha indicado que, actualmente, «lo único que hay es un despido el día 30 de junio». «Vamos justos, va todo muy encorsetado, tenemos que luchar para que salga adelante, las elecciones no nos hacen ningún favor», ha reseñado.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, comentó que durante la reunión les han explicado que han llamado empresas para interesarse por Alcoa. «Sabemos que el escenario se complica con el proceso electoral, pero tenemos que presionar al Gobierno y a los agentes que tienen capacidad para dar solución, tenemos posibilidades de salir victoriosos», añadido.

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, se denomina sector electrointensivo al conformado por aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial. Generalmente estas actividades pertenecen a la industria básica, que es aquella dedicada a la transformación de las materias primas, y por tanto, requiere una mayor cantidad de mano de obra y de energías que otros sectores industriales. En este contexto se engloban los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico, y gases industriales. En estas industrias el coste energético puede llegar a suponer un 50% de los costes de producción.

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

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Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

Los hogares españoles pagaron 970 euros de media en 2018 por sus facturas de luz y gas, un 6,3% más

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Europa Press.– Los hogares españoles pagaron una media de 970 euros durante el año pasado en concepto de gastos de luz y de gas, lo que se traduce en una subida del 6,3% en comparación con las cifras contabilizadas el año previo, según el Estudio Fintonic Consumo de Energía en España 2018.

El informe muestra diferencias «muy significativas» del gasto de los hogares en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Así, este gap se eleva hasta el 68% entre la región con la factura media más cara, que fue Castilla-La Mancha, con 1.068 euros, un 5,1% más, y la que registró la más barata, Canarias, con 638 euros, un 3,4% más. Por detrás de Castilla-La Mancha como las regiones con los mayores gastos medios por hogar durante el año pasado se situaron Baleares, con 1.045 euros, un 10,5% más, así como Cantabria, con 1.042 euros, un 10,1% más; Madrid, con 1.041 euros, un 7,1% más, y Aragón, con 1.039 euros, un 8,7% más.

En el lado opuesto, como las comunidades autónomas con la factura energética más baja en 2018, por detrás de Canarias, se encuentran Galicia, con 784 euros, un 2,1% más; Andalucía, con 879 euros, un 5,9% más; Comunidad Valenciana, con 917 euros, un 3,6% más, y Asturias, con 944 euros, un 11,1% más. A pesar de estos datos, la fundadora y consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, ve posible conseguir ahorros en la factura mediante la renegociación de las condiciones o con la contratación de otros proveedores. «De hecho, desde Fintonic nuestros usuarios ahorran una media de 200 euros al año en su factura de la luz sin cambiar de compañía, tan revisando su factura», añadió.

Industria trabaja para revertir los cierres de Alcoa ya que sus plantas españolas «siguen siendo viables» para el Gobierno

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Europa Press.- El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha afirmado que el Ministerio de Industria trabaja para revertir la decisión de la multinacional canadiense Alcoa de aplicar un ERE en sus plantas en Galicia y Asturias, al considerar que «siguen siendo viables«, y que mantendrá todas las opciones abiertas ante la intención de cierre de la entidad.

Blanco explicó que en la actualidad existe una propuesta de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la compañía en las plantas que tiene en A Coruña y Avilés, lo que motivaría el cierre de las mismas y afectaría a alrededor de 700 trabajadores. Así, recordó que la negociación laboral se ha ampliado hasta este martes y que desde el Gobierno están haciendo lo posible para evitar esta situación. «Creemos que las plantas siguen siendo viables», afirma Blanco, que añade que las medidas de apoyo a la industria electrointensiva aprobadas recientemente por el Ejecutivo afectarán de forma positiva, tanto a Alcoa como a otras industrias, ya que aportan un marco regulatorio estable.

Asimismo, indicó que desde Industria trabajan para tener cualquier posibilidad abierta ante la decisión de cierre de la compañía, al igual que se hizo en el caso de la planta de Villadangos del Páramo (León) de Vestas, un ejemplo que calificó como «un éxito», puesto que se pasó de un cierre en agosto a firmar un acuerdo con un nuevo inversor en diciembre. «Podemos hablar de que ha sido un éxito, ya que pasar de un cierre anunciado desde agosto a firmar un acuerdo en diciembre con un nuevo inversor que garantiza todos los empleos de la planta y también de la industria auxiliar es una noticia muy positiva», manifestó.

El Gobierno aprueba el pago de 84 millones en ayudas a la industria para la compensación de costes de CO2

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Europa Press.- El Ministerio de Industria ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a las empresas industriales por las ayudas para la compensación de costes de CO2 correspondientes a 2016 y 2017. Estas ayudas se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del 2016.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

Ayudas a Galicia, Asturias, Cataluña

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%, según el gabinete dirigido por Reyes Maroto.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%. A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades.

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

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Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

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Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

Ribera plantea «repensar» las subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra sus plantas en España tras recibir 1.000 millones en ayudas

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Europa Press.- Alcoa recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura eléctrica en la última década a través de las subastas de interrumpibilidad, que paga a las empresas de gran consumo energético por su disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de «repensar» este sistema tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña.

Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues «sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta», unos 90 millones de euros, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. «A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar», ha manifestado la ministra, que aseguró que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.

«Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria», ha indicado. Por ello, la ministra ha instado a «entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás» de la decisión de cierre de esta empresa. «Entiendo que es una decisión empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez», apostilló.

La ministra ha resaltado que «lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio» pues «nadie lo sabía hasta el día anterior». Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero «no se pusieron al teléfono». Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a «entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir» y que, si es así, el Gobierno pueda «encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas».

Maroto exige mantener las plantas

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno exigirá a Alcoa mantener las 2 plantas productivas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) que la empresa ha decidido cerrar con el consecuente despido de 700 trabajadores alegando, como uno de los principales motivos, el alto precio de la electricidad que Ribera tildó como una “excusa y cortina de humo”. Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Alcoa y los sindicatos para escuchar a la empresa, esclarecer las razones que le han llevado a tomar la decisión y así poder hallar cuáles son los escenarios en los que es posible trabajar, con el objetivo de mantener las plantas productivas.

«La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», ha explicado la ministra. Tras hablar con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así como con los alcaldes de los municipios afectados por las plantas cerradas, Reyes Maroto comprometió una reunión «al más alto nivel» entre administraciones para coordinar actuaciones.

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

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Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

El BNG propone una tarifa eléctrica para Galicia inspirándose en el euskopeaje que existe para la industria del País Vasco

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EFE.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de medidas que su partido defenderá en sede parlamentaria con el objetivo de tratar de frenar la “estafa” eléctrica que, a su juicio en estos momentos, sufre Galicia. Pontón salió así al paso de un inminente suplemento territorial a aplicar en la electricidad por parte del Gobierno central, el cual recibe como un “nuevo expolio” para el bolsillo de los gallegos, pese a ser una comunidad productora de energía.

Ante este panorama, la líder de la organización frentista ha reiterado su propuesta de una tarifa eléctrica propia gallega, a semejanza de la que dispone el País Vasco, y que, según asegura, permitiría ahorrar a las familias gallegas cerca de 200 euros anuales. Otra de sus demandas ha sido la reducción de la carga tributaria del IVA en la electricidad del 21% a tan solo un 4%, lo que salvaría cerca de 330 euros al año en cada hogar gallego.

Asimismo, Pontón defiende la creación de una empresa pública que asuma la gestión de los embalses en cuentas de su competencia que hayan finalizado las concesiones vigentes, además de impedir por ley que se puedan producir cortes de luz y gas por tratarse de bienes “de primera necesidad”. La dirigente nacionalista ha sostenido que si el precio de la electricidad sube continuamente “es por los gobiernos gallegos” y ha censurado que la normativa actual “penaliza a las personas” en beneficio de las empresas. Por todo ello, ha anunciado que esta batería de propuestas estará acompañada de una campaña social para concienciar sobre este tema y para denunciar el agravio comparativo que sufre Galicia como comunidad productora frente a otras beneficiarias.