Mientras desde ámbitos diversos como la Fundación Renovables o el nuevo Ayuntamiento de Barcelona defienden el autoconsumo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió en el Senado la regulación del autoconsumo que promueve su departamento, que implica que estos consumidores, los que sigan conectados al sistema eléctrico, paguen por las redes del sistema eléctrico como lo hacen el resto, para evitar «una nueva burbuja como la que provocaron las tecnologías renovables» en años previos a la crisis.

Así lo defendió el ministro en una interpelación de la senadora de UPN Amelia Salanueva, quien admitió que estos consumidores paguen un peaje, pero pidió que lo hagan por el uso efectivo de las redes y negó que el desarrollo de este tipo de consumidores eléctricos ponga en riesgo los costes del sistema. En este sentido, la senadora señaló que «no es de recibo» que el autoconsumidor pague por los costes del sistema cuando no hace uso de los mismos.

En opinión de Salanueva, el texto del proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo es «casi ininteligible para los expertos», «choca con diversas normas aprobadas por las comunidades autónomas», «no está a favor de la normativa europea» y ha «obviado todas las ventajas del autoconsumo». «No nos parece positivo que se plantee una regulación tan negativa para el autoconsumo», concluyó la senadora.

Por su parte, Soria calificó «ficticio» el debate sobre este asunto y rechazó que se critique al Gobierno diciendo que no tiene interés en promocionar el autoconsumo. Al respecto, destacó que este Ejecutivo ha sido el primero en regularlo y en incorporarlo a la normativa sobre el sistema eléctrico. «Se está malinformando a la opinión pública cuando se está diciendo que el Gobierno no quiere el autoconsumo», proclamó el ministro.

Soria señaló que mientras el coste de la energía en el mercado ronda los 50 euros el megavatio hora (MWh), «en el caso del autoconsumo es de 130 euros». Así, indicó que el autoconsumo sólo sería rentable si «se puede prever la posibilidad de engancharse al sistema sin abonar los costes regulados ya que una parte de los costes del autoconsumo los pagarían otros consumidores». El Gobierno elaboró un borrador de normativa de autoconsumo que prevé una serie de cargos para aquellos conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema, algo que rechaza el sector, que apuesta por pagar los denominados peajes regulados sólo por la parte que se consume del sistema.

Soria defiende que todos los autoconsumidores conectados a la red tienen que pagar esos cargos porque, de lo contrario, «el resto de los consumidores estarían financiando» los costes. En ese sentido, consideró que sería «profundamente injusto» que el resto de los consumidores tengan que pagar los costes de alguien que consume su propia electricidad y está conectado a la red para poder acceder al suministro si no produce suficiente o para poder verter a la red la energía que produce pero no consume. A su juicio, los más afectados «serían los consumidores más vulnerables», precisamente, ya que son los que no pueden permitirse los equipos.

El ministro insistió en que quien autoconsuma la electricidad que produzca sin estar conectado a la red no tiene que pagar nada más que la inversión de la instalación, pero no el coste de la energía ni el IVA. Si hay enganche a la red, «hay que pagar porque si no los costes estarían siendo financiados por el resto de los consumidores», recalcó Soria. Por último, señaló que su objetivo es garantizar el desarrollo ordenado del autoconsumo porque tiene que ser compatible con la garantía de sostenibilidad técnica del sistema y con su equilibrio económico-financiero «para evitar que ocurra lo que ha ocurrido entre 2004 y 2011», indicó Soria en relación con el crecimiento del déficit tarifario del sistema eléctrico.

Fundación Renovables mira a Bruselas

Por su parte, la Fundación Renovables pide a la Comisión Europea que lance un marco regulatorio comunitario para el autoconsumo que promueva las mejores prácticas y que «evite iniciativas como la del Gobierno español en contra de la democratización de la energía y la cobertura de las necesidades energéticas como bien básico y de primera necesidad».Por ello, llama a la Comisión Europea a trabajar en una iniciativa que ponga a los consumidores «en el centro de la política energética».

«El autoconsumo es un instrumento clave para la democratización de la energía como derecho ciudadano en general», afirmó la Fundación Renovables, antes de considerar que el proyecto de real decreto de autoconsumo «pretende gravarlo y regularlo de forma disuasoria«. «Estos derechos, bien instrumentados deberían garantizarse de forma más urgente para beneficiar a las personas vulnerables tanto a la pobreza energética como a los impactos más devastadores del cambio climático«, señaló.

Ayuntamiento de Barcelona presenta alegaciones

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado alegaciones a la regulación propuesta por Industria para el autoconsumo. El gobierno municipal de Ada Colau entiende el autoconsumo y la autoproducción como «una herramienta esencial para combatir la pobreza energética», y defiende «el impulso de tecnologías de eficiencia como una vía más para garantizar el acceso al derecho a la energía». Según el consistorio barcelonés, el borrador elaborado por el Gobierno español «pone trabas a la promoción de estas políticas«, por lo que la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, entregó a la CNMC una serie de consideraciones contrarias a la propuesta del Ejecutivo.

El documento de alegaciones denuncia que el proyecto «va en contra de las directrices europeas que quieren incentivar la eficiencia energética y las energías renovables, ya que incorpora barreras administrativas, económicas, al tener que pagar un peaje por una energía que no demanda en la red, y técnicas que limitan notablemente este estímulo«. En cuanto a las barreras administrativas, el ayuntamiento denuncia que el decreto exige al autoconsumidor solicitar conexión a la red tanto si inyecta como si no inyecta energía. Además, según el consistorio, la conexión a la red la debe facilitar o denegar la empresa distribuidora, y actualmente este trámite requiere más de 6 meses, «un período demasiado largo que desmotiva la inversión».