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Energía rebajará un 9% en enero los cargos fijos a los autoconsumidores domésticos de electricidad

Europa Press.- El Ministerio de Energía aplicará para el ejercicio 2017 una rebaja del 9% en los cargos fijos que afrontan los autoconsumidores domésticos de electricidad, esto es, los que disponen de una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores pagarán 8,144 euros por kW a partir de enero para sufragar los cargos fijos, según consta en el borrador de la orden ministerial de peajes eléctricos. Esta cifra contrasta con los 8,898 euros recogidos en el real decreto 900/2015.

Este decreto, de octubre de 2015, exime de forma transitoria a los autoconsumidores domésticos de abonar los cargos variables, que se aplican en función de los kilovatios hora producidos. Aún así, tanto el decreto como la nueva orden ministerial siguen recogiendo un coste para estos cargos variables, pese a su inaplicación temporal. A partir de enero, los cargos variables ascenderán a 0,0431 euros por kilovatio hora (kWh), un 7% menos que los 0,0467 euros recogidos en el real decreto 900/2015. En este epígrafe se recogen diversos costes del sistema eléctrico entre los que no figuran el transporte y la distribución, imputados a la parte fija.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que el Gobierno no justifica adecuadamente en el borrador ni la bajada en el cargo variable ni en el fijo de los autoconsumidores, lo que no hace sino «incrementar la incertidumbre y desincentivar cualquier inversión a largo plazo«, afirma. Morales de Labra cita informes en los que se alude a que la amortización de una instalación domésticos lleva entre 12 y 18 años, si bien resulta «muy grave» que se estén cambiando los números y que el inversor carezca de cualquier certeza. «No te pueden estar cambiando continuamente los números. En un año ya lo han hecho tres veces. Resultan graves estos cambios al impuesto al sol«, asegura.

Morales de Labra también constata, tras el análisis del borrador de la orden ministerial de peajes, que los cargos que se aplican a las empresas que autoconsuman en 2017 en Mallorca y Menorca serán superiores a los del mismo perfil en la Península. Esta circunstancia responde a que a estos autoconsumidores se les imputarán en la parte de cargos variables los costes de las redes eléctricas, lo que no ocurre en la Península. Un cambio que aporta más incertidumbre, critica.

La Fundación Renovables lamenta la pérdida de oportunidad que supone la propuesta de la UE

Europa Press.- La Fundación Renovables considera que el contenido de la nueva propuesta de directiva de energías renovables presentada por la Comisión Europea dentro del paquete energético de la Unión Europea puede suponer «una década perdida para las renovables en Europa y un claro retroceso respecto a la anterior directiva».

En un comunicado, la fundación señala que la propuesta no asegura «un esfuerzo coherente con el ya realizado, ni con lo que requieren las actuales circunstancias medioambientales», al haberse alcanzado ya unos niveles promedio de dióxido de carbono en la atmósfera de 400 partes por millón (ppm) a lo largo de 2015.

Así, afirma que la única justificación a esta propuesta es la cesión por parte de la Comisión «ante la presión de los lobbies europeos de empresas energéticas tradicionales para alargar su statu quo unos años más», sobre todo ahora que las energías renovables han alcanzado unos precios más competitivos.

Además, subraya que el objetivo vinculante para 2030 de un mínimo del 27% de energías renovables respecto al consumo final de energía es «insuficiente» y que la propuesta de directiva «ni es operativa, ni garantiza su cumplimiento al no ser vinculantes sus objetivos por estado miembro, lo que impedirá un esfuerzo predecible para cada uno».

La Fundación Renovables pide una ley de transición energética y un ministro dialogante mientras Anpier reclama “sentido de Estado”

Europa Press / Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha reclamado al presidente de Gobierno un ministro de Industria, Energía y Turismo «con sentido común y sentido de Estado, y que sea capaz de encontrar una solución política urgente frente a la inseguridad jurídica«. Por su parte, la Fundación Renovables reclama un giro de las políticas energéticas hacia un modelo más sostenible que incluya una ley sobre transición energética que esté pilotada por un ministro con capacidad para pactar y dialogar.

La Fundación considera que, en la nueva etapa política, resulta «ineludible avanzar hacia un nuevo modelo energético y recuperar el grave atraso sufrido durante la pasada legislatura, nefasta desde el punto de vista de la sostenibilidad energética». El momento actual, por «urgencia y por oportunidad», recomienda que España aplique las políticas energéticas adecuadas para evitar «quedar fuera de la senda de acción política que ya está siguiendo la mayoría de las grandes economías del entorno».

La Fundación Renovables considera que todos los partidos tienen «una importante función que cumplir» y espera que se pongan «de inmediato a trabajar en el Parlamento para generar los consensos necesarios y avanzar hacia un futuro 100% renovable». Además, reclama al nuevo Gobierno que designe un responsable con «capacidad demostrada de dialogar y pactar con el resto de formaciones parlamentarias e instituciones sociales una Ley de Transición Energética y Cambio Climático» que permita alcanzar un modelo energético sostenible y cumplir con los compromisos climáticos adquiridos.

Este giro político resulta clave «tras años de desastrosa política energética y de ignorar el desafío del cambio climático«, señala la Fundación. «La participación y el diálogo, no solo entre los grupos políticos, sino con todos los actores sociales, será un elemento imprescindible para que la regulación se adecue a las necesidades y capacidades de la sociedad española», añade. La Fundación aboga por impulsar las renovables, una mayor electrificación de la demanda, el desarrollo del coche eléctrico, la mejora en la eficiencia, la lucha contra el cambio climático y la erradicación de la pobreza energética.

Anpier pide más seguridad jurídica

Por su parte, Anpier pide un ministro «que sea capaz de encontrar, a través del diálogo sectorial, una solución política urgente frente a la inseguridad jurídica que sufre el sector fotovoltaico español». En este sentido, la asociaciónconsidera que el anterior ministro José Manuel Soria, junto con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tuvieron «un comportamiento reprobable al paralizar la progresión del sector renovable en beneficio de la producción fósil y nuclear» e «intoxicaron» a la sociedad «con información sesgada sobre el colectivo fotovoltaico, con la intención de justificar los draconianos recortes aplicados».

Asimismo, Anpier insta a Rajoy a que contraste información sobre «la magnitud real de los recortes aplicados y las rentabilidades» y advierte que el sector se movilizará en 2017. De esta manera, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, considera que el nuevo Gobierno «debe articular una nueva política energética de Estado, electrificando la economía sobre fuentes renovables y socializando el acceso a la generación, y empezando por restaurar la seguridad jurídica de las miles de familias españolas fotovoltaicas que han contribuido con sus ahorros a resolver los problemas energéticos y medioambientales de nuestro país».

La Fundación Renovables nombra a Laura Martín Murillo como nueva directora

Europa Press.- La Fundación Renovables ha elegido a Laura Martín Murillo como nueva directora, un nombramiento que abre una nueva etapa en la organización y que busca su refuerzo ante los importantes retos a los que se enfrenta el sector energético. En este sentido, el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, incide en que ahora hay mayoría de fuerzas parlamentarias suficientes «para darle la vuelta al sistema energético y arrumbarlo ya hacia la sostenibilidad y mitigación del cambio climático como necesidad y gran oportunidad».

En esta línea, Martín Murillo afirma que desde la Fundación van a exigir a las fuerzas parlamentarias que cumplan los compromisos adquiridos con el objetivo de superar lo antes posible «el grave atraso sufrido por el sector renovable en los últimos años». «Necesitamos activar ya la transición energética hacia un modelo energético sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía», añade la directora.

La Fundación Renovables destaca que Martín Murillo cuenta con una «dilatada carrera» en el ámbito de la sostenibilidad e indica de que ha sido directora de Sustainlabour durante 13 años (2003-2016), fundación que trabajó con organizaciones sindicales de todo el mundo en la agenda de la sostenibilidad y el medio ambiente. Además, ha sido representante en negociaciones internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o el Grupo de Trabajo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

El cambio climático obliga a repensar los riesgos de las inversiones financieras

EFE.- El cambio climático plantea escenarios de riesgo para los activos financieros, en la mayoría de los casos desconocidos por los inversores, por lo que los expertos internacionales en esta materia reclaman a los países nuevos marcos regulatorios que valoren la variable del calentamiento. Expertos de instituciones medioambientales y financieras coinciden en que se necesita una regulación que proporcione transparencia para que la gente «entienda los riesgos climáticos» y tome decisiones de inversión «coherentes».

«Los inversores deben empezar a plantearse si lo que es rentable hoy lo será en 10 o 20 años» en un mundo con eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos y donde cerca de 200 países se han comprometido a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, indicó Paula Caballero, directora de Medio Ambiente del Banco Mundial. En la misma línea, la mayoría de los fondos de pensiones poseen inversiones muy intensas en carbono (carbón, petróleo) que «van a dejar de tener sentido», apostilló el director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Francia, Pascal Canfin.

Actualmente existe un «enorme» vacío legal y de transparencia en esta materia, por lo que ni las compañías están obligadas a informar del riesgo ni los inversores pueden pedir responsabilidades patrimoniales en caso de perder el capital o no recibir los retornos esperados. «Estamos ante un proceso de cambio hacia un modelo de desarrollo que va a ocurrir sí o sí, por lo que es importante activar sistemas regulatorios que disminuyan las incertidumbres financieras», apuntó la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), Teresa Ribera.

Sólo entre un 0,5% y un 0,6% de los flujos financieros globales hacen cálculos de riesgos climáticos y rechazan invertir donde existen, entre ellos el Global Pension Fund noruego, el mayor fondo soberano del mundo, o los fondos de pensiones públicos de California. Los expertos coinciden en que el «punto de inflexión» se producirá cuando entre un 5% y un 6% de los grandes flujos financieros se nieguen a invertir en nada que implique riesgo climático y dirijan el dinero hacia activos en consonancia con un nuevo modelo de desarrollo.

Activos como las renovables, incidió Alison Tate, directora de políticas sociales de la Confederación Sindical Internacional, que demandarán, como mínimo, «30 billones de dólares de inversión hasta 2030». El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez, advirtió de que las «perspectivas de inversiones en el mercado energético, particularmente en generación, ya están cambiando drásticamente». En el último año, «se invirtió más en generación renovable que en combustibles fósiles», y «este proceso se aceleraría si se retiraran las subvenciones a los fósiles, que son 5 veces más que a las renovables».

Las organizaciones ecologistas piden a los políticos un modelo energético sostenible sin carbón

Europa Press.- Las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Fundación Renovables han pedido a los partidos políticos que asuman que este combustible fósil es responsable del cambio climático. Así, aseguran que el carbón no tiene cabida en un modelo energético sostenible por su elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas organizaciones consideran que cualquier política dirigida a impulsar el uso de este combustible fósil contraviene los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático y “será irresponsable e insolidaria con el resto de personas que habitan este planeta y con las generaciones futuras». Además, les insta a rechazar cualquier propuesta que suponga el desarrollo de políticas que garanticen la continuidad del uso del carbón, ya sea autóctono o importado.

Propuestas recientes que han hechodiversos partidos como el PSOE o Foro Asturias buscan prolongar la actividad de la minería y el carbón autóctono más allá del límite de 2018 así como favorecer el consumo del carbón autóctono en las centrales térmicas a través de beneficios fiscales. A su juicio, los planteamientos de las iniciativas son inconsistentes y califica de ilegales algunas de las propuestas.

Los firmantes solicitan que ningún partido político apoye la quema de carbón en España con subsidios, incentivos o bonificaciones, ni para su extracción, ni para su combustión para la planificación de energía. Desde 1992, las empresas mineras de extracción de carbón han recibido ayudas por un total de 32.000 millones de euros. Así que exigen que se desarrollen políticas de acuerdo a los compromisos internacionales de cambio climático y dirigidas a lograr un sistema energético 100% renovable que incluya un plan de cierre del carbón.

Equo, Greenpeace y la Fundación Renovables lamentan que el Congreso pida bonificaciones al carbón nacional

Europa Press.- Equo, Greenpeace y la Fundación Renovables expresaron su malestar por la decisión de la Comisión de Hacienda del Congreso de pedir al Gobierno que bonifique el Impuesto sobre el Carbón para incentivar el consumo de este producto siempre que tenga origen nacional, tal y como ha propuesto el PSOE.

El partido ecologista pretendía que, en lugar de esta bonificación al llamado ‘céntimo verde’, se impusiera un arancel a las importaciones de carbón de empresas que no respeten las exigencias sociales y medioambientales que deben cumplir las producciones nacionales.

Sin embargo, con el texto finalmente aprobado se plantea una «ayuda encubierta al conjunto del sector nacional del carbón que perjudica al sector de las energías renovables», según opina el diputado de Equo Jorge Luis Bail, que lamenta que así se perjudica a la necesaria transición energética hacia la generalización de las renovables, imprescindible para cumplir con el Acuerdo de París.

«El sector del carbón es un sector en declive que ha recibido continuas subvenciones que se han mostrado ineficaces, por lo que apoyar a sus trabajadores pasa por la reconversión y por su reubicación progresiva en nuevos sectores limpios y competitivos, como el de las energías renovables«, ha insistido.

Contra la normativa europea

En la misma línea, Greenpeace y la Fundación Renovables también se han quejado de la aprobación de esta iniciativa parlamentaria, contra la que habían pedido el voto, y advierten de que las bonificaciones que se plantean son «contrarias a la normativa europea» además de perjudicar a los objetivos de reducción de las emisiones.

«La bonificación para el carbón nacional es una ayuda encubierta que producirá un claro perjuicio a la competitividad de las energías renovables y, por lo tanto, es contraria a los compromisos internacionales asumidos por España de lucha contra el cambio climático», advierten ambas organizaciones.

En este sentido, el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, critica la «gran falta de compromiso con la lucha contra el cambio climático» que muestra el PSOE promoviendo esta iniciativa «a dos días de la firma en Nueva York del Acuerdo de París».

Por su parte, la responsable de Energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha reprochado que se pretenda seguir subsidiando a un sector cuyas ayudas finalizarán en 2018 en cualquier caso, por lo que el Gobierno debería estar dedicándose a plantear un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón y programas de transición justa para el empleo.

Organizaciones ecologistas y renovables piden a Rajoy que no ilegalice las instalaciones de autoconsumo a partir del lunes

Servimedia / Europa Press.- 11 organizaciones ecologistas, de consumidores y del sector de las renovables enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por «la situación de indefensión» a la que el Ejecutivo somete a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica, que podrían ser sancionados a partir del próximo lunes, fecha límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se registren, por lo que piden prorrogar el plazo.

Las entidades son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España. Denuncian que miles de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España podrían entrar el próximo lunes, 11 de abril, en un limbo legal muy cercano a la ilegalización, ya que es la fecha límite para que las instalaciones se adapten a su articulado, bajo amenaza de ser declaradas ilegales y de exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de pagar los cargos al autoconsumo.

Las organizaciones consideran que el Gobierno penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios en los últimos años, algo que «contribuye a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético del país». Además, denuncian que el Ministerio de Industria, que fraguó el decreto contra el autoconsumo, «está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que estableció, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas.

Asimismo, las entidades piden a Rajoy que resuelva «el caos creado por el ministro José Manuel Soria» y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas por «la falta de previsión» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otro lado, recalcan que, «en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana». «Por este motivo, resulta incomprensible que Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas«, añaden.

Las organizaciones destacan que el decreto de autoconsumo eléctrico «contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética». «La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas», concluyen.

La Fundación Renovables celebra la petición del Congreso de prohibir el fracking y pide el cierre de nucleares y carbón

Europa Press.- La Fundación Renovables aplaudió la iniciativa parlamentaria aprobada por el Congreso, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, por la que insta al Gobierno a prohibir la técnica de la fracturación hidráulica, el fracking, uno de los procedimientos de extracción de combustibles fósiles que considera de las «más peligrosas».

Asimismo, la Fundación Renovables insta a los grupos parlamentarios a «dar urgentemente nuevos pasos» para acordar el cierre «de forma progresiva pero urgente» de centrales de carbón y nucleares, según indicó el presidente de la entidad, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, las centrales nucleares son «insostenibles» y «muy peligrosas» y considera que este cierre debe producirse en el momento en que finalice la licencia de operación de la que disponen en la actualidad; la última expira en 2024.

En cuanto a las térmicas de carbón, considera que debería concretarse un plan de cierre progresivo en 2016, y que en todo caso se debería producir antes de 2025, para alcanzar así un escenario energético eficiente y 100% renovable en 2050. Además del cierre de las centrales de carbón y nucleares, la Fundación Renovables también pide el fin del uso de todos los combustibles fósiles y el abandono de la minería, que debe ir acompañado de planes de «transición justa», tal y como expone la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Negativas consecuencias medioambientales” del fracking

Con respecto al gas, la Fundación Renovables reitera su utilización exclusivamente en el periodo transitorio hacia un escenario 100% basado en energías renovables, «con un cometido de favorecer la gestionabilidad del sistema en ese lapso de tiempo y nunca con la consideración de combustible directo«. Con respecto al fracking, la Fundación también insta al Congreso a prohibir la importación de gas natural procedente de esta técnica, ya que, según la entidad, las emisiones de metano lo hacen equivalente a apostar por el carbón. Además, considera un «completo sinsentido» que se permitan nuevas prospecciones para extracción de combustibles fósiles, así como la explotación de yacimientos, por las «negativas consecuencias» medioambientales que producen las energías no renovables.

Según recuerda la Fundación, el fracking es una técnica de fracturación hidráulica que consiste en romper la roca del subsuelo de esquisto y liberar el gas y el petróleo en ellas retenido. Este proceso implica la producción de enormes cantidades de aguas residuales, fuertemente cargadas de productos químicos tóxicos, de las que la industria se deshace mediante su inyección subterránea. “Esto ha provocado el incremento de la sismicidad inducida en los terrenos donde se practica el fracking, un hecho reconocido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)”, concluye.

La Fundación Renovables pide incluir el autoconsumo entre los derechos del consumidor

Europa Press.- La Fundación Renovables reclama que se garantice a los consumidores el derecho a autoconsumir electricidad, y presenta esta reivindicación con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En concreto, pide que se reconozca este derecho sin ningún tipo de cargo y con posibilidad de recibir una remuneración por los excedentes de energía producida, así como sin trámites administrativos «complicados e innecesarios ni un régimen sancionador absurdo».

Anuncian la llegada del “prosumidor”

«El autoconsumo eléctrico, regulado de forma correcta para que se pueda ejercer sin trabas, es una herramienta clave para el empoderamiento de los consumidores, para conseguir que éstos sean por fin parte activa del sistema energético, y un vector de cambio para la sostenibilidad del sistema eléctrico y energético», indica el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, el autoconsumo eléctrico allana el camino hacia un modelo energético «eficiente, seguro, distribuido y respetuoso con el medio ambiente», y al mismo tiempo permite al consumidor «dejar de ser un mero sumidero de energía y pasar a corresponsabilizarse y ser más sostenible con el entorno, al transformarse en un productor-consumidor (un prosumidor)».

La organización considera además que facilitar la «correcta» implantación y desarrollo del autoconsumo permitiría además contar con una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de 7 millones de personas en España y cuya solución debería ser «prioritaria para el Gobierno». «Por culpa de la nefasta regulación del autoconsumo eléctrico aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular es José Manuel Soria, España está muy atrasada en su desarrollo, en comparación con la mayoría de países de nuestro entorno, incluidos algunos con peores condiciones naturales para el autoconsumo, como Alemania», indica.