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García-Page destaca que la decisión del Gobierno de paralizar el ATC es «coherente» con lo que siempre defendió Castilla-La Mancha

Europa Press.- El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de «coherente» la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar el permiso de construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, como siempre defendió la región. «Muy cerca del objetivo. La decisión del nuevo Gobierno de España es coherente con lo que desde un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra», destacó García-Page en Twitter.

Posteriormente, ha afirmado que supone también el «reconocimiento» de que «todo el procedimiento del basurero nuclear encerraba mucha más basura que la nuclear», y en este sentido ha precisado que espera que esto se termine conociendo porque «ha costado muchos millones a la sociedad española». El presidente cree que el Gobierno central revisará toda la estrategia de gestión de residuos y que con esta decisión ha hecho lo «prudente», que es paralizar el proyecto, algo que considera «ya es bastante».

Supone igualmente que cuando el Ejecutivo plantee una estrategia global, habrá una alternativa al ATC, y en este sentido, ha apostillado que de momento hay almacenes temporales y que «si no se va a prolongar la vida útil de las nucleares, esto va a suponer menos residuos» y por ello será «menos necesario hacer un cementerio nuclear«. En todo caso, ha puntualizado que, independientemente de que España quiera tener un ATC, su Ejecutivo insiste en que éste no, porque es una chapuza que responde a intereses todavía más sucios y más peligrosos que la nuclear».

Asimismo, ha especificado que le gustaría que se retirara el pleito que mantiene el Estado contra la declaración de ampliación de protección medioambiental de la Laguna de Hito. A su juicio esto también sería «coherente» porque no ha sido circunstancial. «Está anulado judicialmente y legalmente el Plan de Ordenación del municipio», ha resaltado García-Page, por lo que cree que Castilla-La Mancha tiene «las de ganar».

Según ha especificado, para este año el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, cuando era ministra de Defensa, tenía planteados 145 millones de euros «de derroche más a los españoles para enterrarlos en ese basurero nuclear». García-Page ha lanzado su deseo de que esos 145 millones se dediquen ahora a la protección social y ambiental en «homenaje» a quienes han estado «batallando» por este objetivo. Por lo que respecta a que alternativas podrían plantearse ahora para Villar de Cañas, el presidente reitera que desde el Gobierno regional hay planteamientos alternativos» de energías renovables que a su juicio pueden generar más riqueza a todo el entorno y asegura que están en disposición de «tirar hacia adelante con ello sin dudas».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha recalcado que se ha conseguido «uno de los hitos más importantes de esta legislatura en Castilla-La Mancha», algo que se ha realizado «conversando con el Ministerio para la Transición Ecológica y con el Gobierno central, como se deben hacer las cosas». «Todos tenemos que remar en la misma dirección, que es la de los intereses de los ciudadanos, y en Castilla-La Mancha los ciudadanos no querían un cementerio nuclear», subrayó, recordando que «algunos decían que no había diferencia, que los gobiernos del PP y el PSOE eran igual e iban a perjudicar a Castilla-La Mancha», y ante esto, reivindicó, «la realidad pone de manifiesto que no era cierto«.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, destacó que el Ejecutivo autonómico «puede estar muy satisfecho porque se ha cumplido en parte uno de los objetivos» de la legislatura. Aunque reconoció que «no es el último paso», argumentó que si el planteamiento del Gobierno de España de que a partir de 2028 no haya centrales nucleares en España consigue el visto bueno de Europa supondrá el «principio del fin» y eso «demuestra que hay otra forma de crecer y hacer política». El portavoz del Gobierno ha avanzado que el proyecto de ampliación de la Laguna del Hito, próxima a la zona del ATC, «sigue adelante», ya que es «una forma de proteger el medio ambiente».

Castilla-La Mancha pide al Gobierno que retire el recurso contra la protección ambiental que permitiría impedir la construcción del ATC

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la región para paralizar la protección del espacio natural que rodea la laguna del Hito.

Esta petición ha venido de la mano del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que espera que la «sintonía» que ha transmitido el Gobierno central en materia de energías al Gobierno de Castilla-La Mancha, «que apuesta por un modelo renovable y sostenible, contrario a la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares», ayude a la toma de decisión de que «no es necesario» construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares «en ningún lugar», menos en Villar de Cañas (Cuenca).

Dicho esto, el consejero ha avanzado que se van a iniciar los trabajos con el Ministerio en relación a esta cuestión «para intentar llegar a un compromiso que sea positivo para todos«.

«Estamos en proceso de conversaciones» con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha agradecido su «predisposición al diálogo», cosa que «no ocurría» con el anterior Gobierno. «La ministra sabe de la materia y tiene intención de colaborar y ayudar y está dispuesta a trabajar con las comunidades autónomas», ha espetado.

Así, ha confiado en que mientras se producen estas conversaciones y, teniendo en cuenta que ha cambiado el Gobierno en nuestro país, «no se tomen decisiones que puedan ser incluso contrarias a los planteamientos del Gobierno central en este momento». «No parecería lógico», ha avisado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) toma alguna decisión al respecto mientras se producen esas conversaciones con el Gobierno central.

El Tribunal Constitucional da la razón a Castilla-La Mancha y no ve inconstitucionalidad en su ley antifracking

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional una parte de la ley antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros de diciembre de 2017. El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, consideraba que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental«.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha. Esta admisión ya suspendía automáticamente la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados tras la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas. El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, expresó su «satisfacción y orgullo» ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la comunidad autónoma su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

La ley antifracking de Castilla-La Mancha incluye varias medidas para imposibilitar, en la práctica, el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe un plan estratégico sectorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Cantabria, La Rioja y Navarra

En su recurso, el Gobierno central argumentó que varios aspectos de la ley incurrían en inconstitucionalidad inmediata por vulneración de competencias estatales, como protección del medio ambiente, y recordó que el Estado aprobó en 2013 la ley del Sector de Hidrocarburos, en la que se autorizaba el empleo del fracking. En este sentido, la sentencia recuerda que por no respetar el contenido de esta ley, se declararon nulas e inconstitucionales las leyes sobre esta materia de Cantabria, La Rioja y Navarra, pues contenían «una prohibición absoluta e incondicionada» de la fractura hidráulica en sus regiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley de Castilla-La Mancha ni contiene una prohibición legal expresa de esta técnica de carácter absoluto e incondicionado como en los demás casos citados ni efectúa una remisión incondicionada o en blanco a la Administración para que regule su posible uso. Por lo tanto, la sentencia indica que la ley, al proponer la elaboración de un plan estratégico sectorial, recoge una «norma novedosa y no examinada hasta la fecha» consistente en habilitar a la Administración autonómica para que ésta efectúe una zonificación del territorio y delimite áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida.

De este modo, el Tribunal Constitucional señala que «no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración», pues ha afirmado que el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse sobre las eventuales o hipotéticas interpretaciones de las leyes, sino que debe responder si las leyes se oponen o no a los mandatos constitucionales.

También señala que «la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas». Con todo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la comunidad autónoma puede crear un instrumento normativo como el plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica y que no procede evaluar la adecuación del plan aún no aprobado, de forma que su simple aprobación no puede considerarse contraria al orden constitucional.

La Junta de Castilla-La Mancha y las organizaciones ecologistas insisten en su «oposición y rechazo» al ATC de residuos nucleares

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y las asociaciones ecologistas SEO/Birdlife, WWF-España y Ecologistas en Acción han mostrado su «oposición y rechazo» a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha mantenido un encuentro con representantes del medio ambiente para tratar cuestiones relacionadas con este ámbito y donde se ha abordado la infraestructura nuclear, según indicó la Junta.

Así, les ha mostrado la posición contraria por parte del Ejecutivo autonómico a la construcción de este «basurero». Un encuentro donde, según el consejero, estas asociaciones ecologistas han transmitido «el apoyo sin matices, contundente y rotundo a la posición que está manifestando el Gobierno de Castilla La Mancha».

Martínez Arroyo ha destacado que este «respaldo» es «muy relevante», ya que «incorpora al movimiento social a la demanda de protección ambiental del espacio», siendo «el compromiso de los que representan a aquellos ciudadanos que están preocupados por el medio ambiente y buscan un modelo coincidente con el de Castilla-La Mancha de energías renovables y sostenibles».

La Junta de Castilla-La Mancha se opone a la inversión contemplada en los Presupuestos para el ATC de residuos nucleares

EFE.- El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, lamenta que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplen una inversión de 144,4 millones de euros para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) «en contra de la posición de la Junta y de los ciudadanos». Martínez Arroyo considera que «es una pena» que el Gobierno central apueste «como única cuestión inversora relevante» en los presupuestos por dar continuidad al «cementerio nuclear».

En opinión del consejero, en Castilla-La Mancha hay «otras muchas prioridades». «Lamentablemente el Gobierno central vuelve a insistir en una cuestión que en Castilla-La Mancha no queremos», ha aseverado. En este sentido, ha incidido en que «no se pueden hacer las cosas en contra de la posición de una comunidad autónoma y en contra, sobre todo, de la posición de los ciudadanos». Además, ha recordado que como consejero ha instado en varias ocasiones al Ejecutivo central a abordar la política energética de Estado «pero desde una perspectiva de país y no tomando decisiones en contra de Castilla-La Mancha», ha concluido.

Castilla-La Mancha recurrirá al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes autonómicas

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes regionales el año pasado, «mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica» que impida esta práctica en la región. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley porque de ellos depende que en Castilla-La Mancha se puedan realizar prácticas de fractura hidráulica y queremos impedirlo a través de ese recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional», ha señalado. Y es que, ha incidido, la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha «no invade competencias estatales» ya que, ha recordado, «se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública», en las que «tenemos las competencias para legislar y no estamos de acuerdo con esa posición manifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido por el Tribunal Constitucional», explicó.

En suspenso por el recurso

En este sentido, ha indicado que, además de garantizar la salud pública y el medio ambiente, en Castilla-La Mancha se apuesta por un «modelo energético sostenible muy alejado de prácticas como el fracking y las energías nucleares y vamos a defenderlo siempre» porque «garantiza la viabilidad de nuestro territorio«. En la Ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la fractura hidráulica.

El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica «de la que se desconocen con precisión sus efectos» según resaltó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien reitera que «hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia apoyándonos en competencias exclusivas de Castilla-La Mancha y así vamos a defender los intereses en la región en este sentido».

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.

El Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica antifracking de Castilla-La Mancha, que argumenta “proteger el territorio”

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado, después de que el Gobierno central acordara interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antifracking de la región, destacando que promueve un modelo que «protege el territorio». Madrid recurre determinados preceptos de la ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medioambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.

El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno entiende que las normas de protección reguladas en la ley manchega vulneran las competencias estatales sobre hidrocarburo y medioambiente. Por ello, el Ejecutivo de Rajoy invoca el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, considera que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental».

En País Vasco sin suspensión

En concreto, el Gabinete de Rajoy concluye que la ley manchega que prevé la elaboración de un plan estratégico para prohibir el fracking «en zonas de restricción y zonas de exclusión» supone «una vulneración de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como la Ley de Evaluación Ambiental». El Tribunal Constitucional ya ratificó en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria o en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores, pero sin una prohibición explícita, contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Constitucional levantó la suspensión.

Castilla-La Mancha: “Protege el territorio”

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, defendió en su cuenta de Twitter que «frente a un modelo energético insostenible y no respetuoso con el medio ambiente», la Junta «apuesta por otro que genera riqueza y protege el territorio«. «Frente a un modelo de decisiones sin contar con los ciudadanos, un orgullo escuchar la voz de las gentes de CLM @frackingNOguada», señaló el consejero.

ERC pide que Nadal explique en el Congreso el retraso del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca)

Europa Press.- En medio de la polémica en la que la plataforma anti silo pide explicaciones por lo que consideran «mentiras» sobre el pago a Francia por albergar los residuos nucleares españoles, Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, explique cuál es la situación actual del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que debía estar listo en 2016.

La decisión de llevar a cabo este almacén se aprobó en diciembre de 2011. Sin embargo, la iniciativa se ha ido retrasando a lo largo de los años entre concesiones de permisos estatales y autonómicos y el estudio de informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar el visto bueno a la localización. Fue en abril de 2016 cuando el órgano regulador ha dado el visto bueno.

La empresa pública responsable de gestionar los residuos nucleares en España, ENRESA, adquirió terrenos en la localidad conquense con unas dimensiones totales de 55 hectáreas. Según su planificación, los trabajos para la construcción de ATC debían iniciarse alrededor de 2014 y deberían estar terminados en dos años. Este retraso ha provocado un «sobrecoste», según denunció el pasado abril el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago. Y es que, este retraso en la construcción del ATC está obligando a las centrales nucleares a construir almacenes temporales individualizados (ATI) junto a cada planta.

La petición de ERC se une a otra sobre esa misma materia registrada por Ciudadanos el pasado mes de junio. Ambos partidos, junto al resto de la oposición, también pidieron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), durante la última Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Baja, que elabore un informe sobre la situación de este proyecto. Precisamente, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su «total satisfacción» sobre esta iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados, que plantea reevaluar la ubicación del ATC nuclear previsto realizar en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca).

El planteamiento que cuestiona la idoneidad del cementerio nuclear en esta ubicación fue apoyado a través de una resolución transaccional por la que se pide al CSN un informe sobre la adecuación de este almacén en el emplazamiento previsto. «Esto respalda lo que manifestamos desde el Gobierno regional», ha afirmado Martínez Arroyo, que ha recordado que los informes técnicos consideraban el emplazamiento «poco idóneo para un almacén nuclear». «Nos alegramos de que la mayoría de los diputados se hayan dado cuenta de ello», ha añadido el titular de Medio Ambiente.

En esta materia, se ha mostrado confiado en que el Gobierno central escuche al Parlamento y, en cualquier caso, ha advertido de que el Gobierno de Castilla-La Mancha «continuará reforzando su compromiso medioambiental respecto al entorno de la Laguna del Hito, porque no puede ser que se prohíba preservar un espacio natural que tiene los valores naturales para ser protegido».

Pago a Francia por residuos

Por su parte, la Plataforma contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas ha pedido explicaciones tanto al Gobierno estatal como al alcalde del municipio, José María Sáiz, al considerar que «se ha mentido» al respecto de que España pagaba 65.000 euros diarios a Francia por albergar los residuos nucleares españoles como justificación para defender la necesidad de poner en marcha este ATC nuclear.

Según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, «es indignante que durante años el gobierno de Rajoy y el alcalde Villar de Cañas dijeran que se estaban pagando 65.000 euros diarios de penalización por la custodia de los residuos nucleares y ahora, que se ha publicado que se empezará a contabilizar desde el 1 de julio, no reconocen que han mentido a sabiendas para manipular a la información pública a favor de construir un ATC ahora inútil». Insiste la portavoz en que «la realidad es que, 11 años después de la aprobación del sexto Plan general de residuos radiactivos, el ATC ya ha dejado de ser necesario, puesto que las centrales nucleares tienen ATIs o están a punto de tenerlos».

La Plataforma indica que según se ha publicado citando fuentes del Ministerio de Energía y Enresa «las cantidades a pagar se devolverán una vez vuelvan los residuos a España descontando los gastos de almacenaje«. «Estos residuos provenientes de la central nuclear de Vandellós I son, junto con los 500 elementos combustibles de Garoña en el centro de reprocesamiento de Sellafield, los únicos residuos nucleares de alta actividad, que están fuera de nuestras fronteras», apunta Andrés.

La Junta de Castilla-La Mancha recurre ante el Supremo la suspensión de la protección medioambiental de la Laguna del Hito

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha confirmado que el Gobierno regional ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que suspendía la protección del espacio natural de la Laguna del Hito que afectaba a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

El consejero reconoció que se comunicó también a la Comisión Europea que «el espacio protegido en torno a la Laguna de El Hito se está viendo amenazado por varias sentencias de los tribunales que cuestionan que tenga que ser protegido». En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional considera que «hay que mantener la defensa de nuestro patrimonio natural», por lo que ven el recurso como «un paso más en la apuesta del Gobierno regional por un modelo energético distinto». Y ha concluido asegurando que el Gobierno regional no se quedará «aquí», seguirá «recurriendo a las instituciones judiciales a nivel nacional y europeo en defensa de la Directiva Hábitats».