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La CNMC y el regulador francés tumban el gasoducto MidCat (STEP), el proyecto de interconexión gasista con Francia por Cataluña

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión francesa de Regulación de la Energía (CRE) han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, denominado STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la gala Teréga.

Según indicaron en un documento la CNMC y la CRE, el proyecto «no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza». Por ello, los reguladores rechazan la solicitud de inversión y recomiendan a Enagás y Teréga realizar «evaluaciones adicionales» sobre el proyecto, con el fin de valorar si pudiera «proporcionar un ratio coste-beneficio claro y positivo en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza de las capacidades ofrecidas». El pasado mes de julio, Enagás y Teréga sometieron a las autoridades reguladoras esta solicitud de inversión transfronteriza y costes repartidos para el proyecto STEP.

¿Beneficios superiores a los costes?

La inversión del proyecto asciende a unos 442 millones de euros, de los que 290 millones serían aportados por Teréga y los restantes 152 millones por Enagás. A este respecto, tanto la CNMC como el regulador galo afirman que el análisis costes-beneficios del proyecto no demuestra claramente que sus beneficios sean superiores a los costes en los escenarios más realistas. Con este proyecto de interconexión gasista entre Francia y España se preveía crear una capacidad de intercambio adicional entre ambos países de 180 GWh/diarios desde Francia a España y de 230 GWh/diarios en sentido contrario.

En la decisión conjunta, los dos reguladores señalan que los operados del sistema no han presentado un proyecto que ofrezca una capacidad de interconexión firme, por lo que las capacidades creadas serían interrumpibles, lo que supone «un factor negativo determinante en la evaluación de la viabilidad de la infraestructura a largo plazo, y de su contribución a la obtención de precios competitivos y estables para los consumidores domésticos e industriales». Asimismo, destacan que el mercado no ha manifestado «ningún interés comercial» por nuevas capacidades de interconexión y subrayan que la interconexión gasista actual entre Francia y España «no está congestionada».

STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común. El proyecto de la infraestructura consta de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En el lado nacional, las infraestructuras asociadas al desarrollo de la conexión internacional STEP serían: el gasoducto Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras); el gasoducto Figueras-Frontera Francesa; y la estación de compresión de Martorell.

Iberdrola, la italiana Enel y la portuguesa EDP se alían con otras grandes compañías europeas para impulsar la financiación verde

Europa Press.– Las grandes energéticas europeas, con la española Iberdrola, la italiana Enel, la portuguesa EDP o las francesas EDF y Engie a la cabeza, han unido fuerzas con un grupo de empresas europeas para crear el Foro Corporativo sobre Finanzas Sostenibles, con el que, como principales emisores de bonos verdes de Europa, pretenden impulsar el desarrollo de ese tipo de financiación.

Este foro representa a más de dos tercios del volumen de bonos verdes y sostenibles emitidos por sociedades europeas y considera a los instrumentos financieros sostenibles como herramientas eficientes con base en el mercado que asignan los recursos económicos donde más se necesitan, particularmente a inversiones bajas en carbono y sostenibles, «que son clave para las estrategias corporativas de los miembros«, señaló. Junto a Iberdrola, Enel, EDP, EDF y Engie, figuran también entre las 16 compañías que participan en la iniciativa: Ferrovie Dello Stato Italiane, Icade, Orsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand París, SSE, Tennet, Terna, Tideway y Vasakronan.

Estas compañías proceden de una serie de sectores entre los que se incluyen el de las empresas de suministros, incluido el eléctrico, infraestructuras y operación de transporte ecológico, infraestructuras y servicios medioambientales y propiedad inmobiliaria. El foro aspira a contribuir en mayor medida al desarrollo de un conjunto más amplio de instrumentos del mercado financiero bajo el paraguas de las finanzas sostenibles, tales como los bonos y préstamos verdes y sostenibles, líneas de crédito y otras herramientas financieras sostenibles que reconocen la sostenibilidad del modelo de negocio de sus emisores.

Iberdrola es uno de los actores de referencia internacional en este tipo de financiación, habiendo sido en 2016 y 2017 el mayor emisor verde del mundo a nivel empresarial. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán fue la primera compañía en emitir un bono verde, en abril de 2014, y desde entonces realizó hasta 7 operaciones públicas de este tipo.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 7.400 millones de euros de financiación verde. En 2018, Iberdrola logró cerrar la mayor operación de crédito realizada a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, por importe de 5.300 millones de euros, con un diferencial sobre la referencia de tipo de interés ligado a la reducción de la intensidad de emisiones del grupo. En junio, cerró también otra por 750 millones de euros.

Las importaciones de gas natural caen un 12% en noviembre con Argelia, Nigeria y Noruega como principales suministradores

Europa Press.– Las importaciones netas de gas natural alcanzaron en noviembre los 31.598 gigavatios hora (GWh), con un descenso del 12,1% respecto a noviembre de 2017, según Cores. En concreto, disminuyeron las importaciones netas de gas natural licuado (GNL), que cayeron un 27,6%, mientras que ascendieron las realizadas a través de gasoducto un 4,9%.

Las importaciones brutas de gas natural alcanzaron en noviembre los 32.888 GWh, un 13,5% menos con respecto a 2017. El 58,5% se importaron a través de gasoducto, mientras el 41,5% restante se realizó en estado líquido. En noviembre descendieron las importaciones en todas las zonas geográficas, a excepción de Europa (+49,6%), por el aumento de los suministros procedentes de Francia en un 132% y las importaciones de Rusia. En el acumulado anual, los principales suministradores de gas natural a España fueron Argelia (52,3%), Nigeria (11,6%), Qatar (9,9%) y Noruega (9%).

Mientras, las exportaciones de gas natural se situaron en 1.290 GWh, con una caída del 37,6% frente a noviembre de 2017, siendo las menores desde febrero de 2013. Tan sólo el 3,8% de las exportaciones se realizaron en estado líquido con destino a Andorra, Francia, Italia y Portugal. El resto se exportó a través de gasoducto, repartiéndose entre Portugal y Francia, con un 78,1% y 18,1%, respecto del total exportado. En el acumulado anual, las exportaciones ascendieron un 17,4%, el 84,4% realizadas por gasoducto y el 15,6% restante en GNL.

Abogados ambientales resaltan que el carbón solo supone el 2,9% de la producción minera y el 0,007% del PIB nacional

Europa Press.- La industria carbonífera en España ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas de carbón en 1993 a menos de 3 millones en 2017, con un valor de producción de 83 millones de euros, algo que solo supone un 2,9% del sector minero en su conjunto y únicamente un 0,007% del PIB nacional.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que también refleja la disminución «drástica» del número de trabajadores en esta industria, que ha pasado de 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre. El número de explotaciones también ha descendido de forma paralela. Si a principios de los años 90 contaba con 146 explotaciones de carbón, a finales de 2017 solo 12 quedaban abiertas, 8 de ellas situadas en Asturias, 2 en Castilla y León, y otras 2 en Aragón.

En medio de este panorama, la industria ha rebasado la fecha límite marcada por la Unión Europea para el fin de las ayudas a las minas de carbón en el marco del plan de cierre de las explotaciones, un proceso empezado hace casi 3 décadas. Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, el sector del carbón está «en claro declive y tiene un papel residual dentro de la economía española», por lo que ve «inevitable» su fin, no solo en España, sino en todo el continente, ya que la norma europea prevé el cierre de todas las minas no competitivas.

Por ello, la prioridad ahora, según explica Barreira, es lograr que la transición de las cuencas mineras sea «ordenado y progresivo» y se apoye en un marco legal «adecuado» que garantice una transición «justa» para todos los trabajadores y comunidades afectadas». Entre las dificultades encontradas para alcanzar esta transición se encuentran «el monocultivo industrial, la ausencia de sectores alternativos, la despoblación y envejecimiento, la identidad minera de la población y un personal con baja formación».

Según comenta el ingeniero medioambiental del IIDMA, Massimiliano Patierno, la implementación de actividades económicas alternativas no deslocalizables, así como la planificación, la cooperación entre actores, la participación de la sociedad civil y el fomento de una formación profesional específica son algunos de los elementos «fundamentales» para que esta transición se realice con buenos resultados. La reconversión económica de las regiones mineras, tomando como ejemplo algunos casos de éxito registrados en otros países como Francia o Inglaterra, pasa por los sectores verdes y la economía circular, el ocio, la cultura y el I+D+i, de forma que se canalice el turismo mediante la creación de áreas recreativas o reconvirtiendo el patrimonio minero.

El grupo alemán de generación Uniper negocia en exclusiva con la checa EPH la venta de sus activos en Francia

Europa Press.- El grupo alemán de generación de energía Uniper, que aglutina los antiguos negocios de generación convencional de E.ON y que es propiedad de la finlandesa Fortum, mantiene «negociaciones en exclusiva» con EP Power Europe, filial de Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH), presidido por el magnate checo Daniel Kretinsky, para la venta de todas las actividades de la empresa en Francia, según han comunicado ambas sociedades.

La empresa, de la que la alemana salió en junio al completar la venta del 46,65% de su antigua filial a la finlandesa Fortum por 3.800 millones de euros. A partir de este momento, la alemana indicó que llevará a cabo un proceso de consultas con los representantes de los trabajadores sin el cual no sería posible concluir la transacción. Uniper comenzó en agosto el proceso exploratorio para la posible venta de sus actividades como parte de la revisión estratégica de su negocio en Francia. El negocio de Uniper en el país galo aportó en el ejercicio 2017 una cifra baja de un solo dígito al beneficio neto de 217 millones de la compañía germana.

España recibirá 38 millones de la asignación de capacidad anual de interconexiones con Francia y Portugal

Europa Press.- El sistema eléctrico español recibirá 38 millones de euros como resultado de las subastas de capacidad de interconexión entre España y Francia y Portugal, respectivamente, para el año 2019, importe que se destina a la reducción de los costes regulados del sistema, según apuntó Red Eléctrica de España (REE).

Las subastas de capacidad de interconexión con Francia son una herramienta por la cual los agentes del mercado (generadores y comercializadores) pujan por adquirir los derechos de transmisión de energía entre ambos países para garantizar un precio estable de dicho intercambio de energía. Como resultado de este proceso se fija el precio marginal de cada interconexión y en cada sentido.

En el sentido España-Francia, se ofrecieron y asignaron 600 megavatios (MW) para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 4,36 euros/MW y hora. Por su parte, en el sentido opuesto (Francia-España) se ofrecieron y se asignaron 800 MW, con un precio resultante de 7,51 euros/MW y hora. En ambos sentidos, obtuvieron capacidad 12 agentes participantes. Con respecto al sentido España-Portugal, se ofrecieron y asignaron 250 MW para cada hora del año, estableciéndose un precio resultante de 0,12 euros/MW y hora, sentido en el cual han obtenido capacidad 8 agentes participantes. Mientras, en el sentido Portugal-España, se asignaron 350 MW, con un precio resultante de 0,08 euros/MW y hora, habiendo obtenido capacidad 9 agentes.

Como resultados de las asignaciones de capacidad anual de intercambio entre España y Francia se generaron unas rentas de congestión por 75,5 millones de euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español. Asimismo, entre España y Portugal alcanzan un valor de 500.000 euros, la mitad de los cuales corresponden al sistema español. En 2018, la capacidad horaria de intercambio eléctrico alcanzó valores de hasta 3.600 MW y 3.500 MW, en la dirección de Francia a España y de España a Francia, respectivamente, y de hasta 4.000 MW y 3.800 MW, en la dirección de Portugal a España y de España a Portugal, respectivamente, en condiciones favorables de operación.

El secretario de Estado de Energía cree que el gas renovable es «esencial» para combatir el cambio climático

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha destacado que el gas renovable juega un papel «esencial» como elemento transformador del sector energético a la hora de resolver los problemas derivados del cambio climático, los cuales asegura que deben ser confrontados de forma «coordinada y urgente«. Domínguez resalta que existe una «urgencia» por adoptar «nuevas» soluciones tecnológicas que permitan producir energía mediante fuentes «renovables y competitivas» y combatir el cambio climático.

«Tenemos que buscar nuevas formas de almacenamiento y el gas es una de ellas», recalca. Sin embargo, Domínguez matiza que, aunque el gas emite menos que otros combustibles, para llegar a alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 promovido por la Unión Europea, se debe dejar atrás el gas tradicional y dirigir el camino hacia «gases que no emitan», como el renovable. Domínguez reconoce su apuesta por la «transformación» del sistema hacia las energías renovables, con medidas como la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la propuesta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

En relación a este plan, Domínguez ha explicado que integrará objetivos como la reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990 o la meta de que el 35% de la energía final sea renovable para 2030, lo cual implicaría que entre el 70-75% de la electricidad fuera renovable entonces. El secretario de Estado también ha apuntado que ayudará a la reducción de emisiones el cierre a mediados de 2020 de aquellas centrales térmicas de carbón que no han cumplido con las reformas «correspondientes», ya que el carbón es el combustible responsable del 59% de las emisiones del sistema eléctrico.

Horizonte 2030: el gas renovable

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha presentado el Plan de Desarrollo de Gas Renovable, una hoja de ruta hacia la economía baja en carbono definida por la Unión Europea hasta 2050, la cual integra objetivos para 2030 como la reducción del 40% de las emisiones de gases en comparación con 1990, la implantación de un 32% de cuota de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en un 32,5%.

Para la presidenta de Sedigas, Rosa María Sanz, el Gobierno debe instaurar objetivos «concretos» que permitan avanzar hacia un cambio sostenible. Ha resaltado el caso de Francia, país que ha marcado como estrategia energética que el 10% del gas usado como combustible sea renovable para 2030. En este sentido, Sanz ha destacado las «ventajas» de una transición hacia el gas renovable, apelando a que no solo no produce residuos, sino que es sumidero de dióxido de carbono (CO2) y, además, no precisa de las inversiones en infraestructuras al ser totalmente intercambiable por el gas tradicional, permite el desarrollo de las zonas rurales y contribuye al estímulo de la generación distribuida.

Por otro lado, la presidenta de Sedigas ha matizado que en la transición hacia el gas sostenible, es preciso analizar el modelo de negocio «al completo», teniendo en cuenta toda la cadena de valor y considerando las ventajas medioambientales que presta frente a otras formas de energía asentadas, ya que «no se puede competir a pelo con el gas tradicional».

El Gobierno se plantea «anticipar» los aspectos «más urgentes» de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El Gobierno tiene un debate interno en curso sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo borrador se está ultimando, para su posterior tramitación parlamentaria según ha desvelado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha reiterado el compromiso del Gobierno con «la seriedad en el marco estratégico regulatorio en materia de clima», algo que considera «fundamental» para incorporar la visión de conjunto y para orientar las políticas y las sendas clave de la transición así como las señales para cada uno de los sectores clave. Así, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene un texto que está «ultimando» y que recoge todos los contenidos del proyecto de ley, pero incidió en que su tramitación oficial aún «no se ha producido».

«Hay un debate en curso en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de anticipar aquellos elementos más urgentes, entre otras cosas porque el secretario general de la ONU junto con los organismos financieros internacionales están destacando que es urgentísimo y que hay que acelerar el proceso de cambio», ha precisado Ribera. De esta forma, se abriría la puerta a que el Gobierno tramite mediante un Real Decreto algunos aspectos «urgentes» de la transición ecológica antes de su tramitación como proyecto de ley. Según han apuntado fuentes del Ministerio, se están estudiando distintas vías y no se descarta ninguna opción.

La voluntad del anterior equipo de Gobierno, de Mariano Rajoy, era presentar al final del verano un proyecto de Ley de Cambio Climático para su tramitación. Con la llegada del equipo de Sánchez, la ministra Ribera desechó el borrador de proyecto de ley para modificarlo y elevar la ambición climática. Si bien, aunque la propuesta normativa se ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios, la negociación y modificaciones del articulado del texto no terminaron aún.

Al principio de su mandato, Ribera indicó su voluntad de que el proyecto de ley iniciara su tramitación antes de final de año y que antes del 31 de diciembre estuviera presentado a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima, una fecha obligada para los Veintisiete. La aprobación de un real decreto que después se tramitaría como proyecto de ley sería una de las posibles fórmulas legales que tendría el Ejecutivo para dar el pistoletazo de salida de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En todo caso, ha reiterado el «consenso total» del Gobierno respecto de la necesidad, las fechas, los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático así como de la oportunidad que significa para la modernización de la economía establecer un marco «estable» que permita «de manera predecible» acompañar «todo» el proceso de cambio. Asimismo, ha añadido que el Ejecutivo tiene también la «convicción total» sobre la necesidad de prestar «particular atención» al ámbito de la energía y a la industria del automóvil, entre otros, aunque admite que estos son los que «quizá» más interés han suscitado en la opinión pública.

La ministra ha subrayado la «urgencia» de actuar contra el cambio climático ya que tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como los datos científicos reclaman urgencia para actuar. Esto, según Ribera debe reflejarse en el cumplimiento «escrupuloso» de los calendarios marcados. La ministra ha señalado que en la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la «trascendencia» que tiene introducir la acción climática «a toda velocidad» para la estabilidad económica y la recuperación mundial.

Por otro lado, Ribera ha agregado que las «líneas maestras» del Gobierno en materia de clima «coinciden básicamente» con la Estrategia de descarbonización aprobada por la Comisión Europea y con la Estrategia de Energía y Clima presentada por Francia y que incluyen indicaciones sobre el tipo de vehículos que circularán por las carreteras en 2040. Ribera insiste en que la transformación de la industria del automóvil es fundamental si no se quiere perder un sector «importante» en España conciliándolo con los objetivos de clima y energía, a pesar de que genera una reacción «en gran medida no ajustada a la trascendencia que tiene este asunto».

«Es imposible pensar en una economía descarbonizada si no se descarboniza la movilidad. Esto es un desafío de gran alcance para la industria del automóvil que repercute positivamente en nuestra salud pero también en la competitividad de ese sector que genera tanto empleo directo e indirecto», ha sentenciado. Finalmente, se ha defendido al comparar la propuesta española con la Estrategia de Francia, que tiene medidas «muy similares» a las que ha propuesto el Gobierno y con la propuesta «calcada» del comisario de Clima de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete.

Bruselas espera la normativa de prohibir coches con emisiones desde 2040 para analizar si es compatible con la regulación comunitaria

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, apuntó que la Comisión Europea no evalúa «declaraciones políticas» como el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir a partir de 2040 la venta de coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), pero que si el proyecto se convierte en norma Bruselas sí analizará su compatibilidad con las reglas de la Unión Europea.

El comisario Cañete ha recordado que además de España al menos otro cinco países de la Unión Europea han anunciado medidas similares, pero ninguno ha dado el paso de transformar las ideas en propuestas legislativas concretas. Dinamarca, Irlanda y Países Bajos han apuntado el objetivo de vetar los vehículos con motores de combustión interna en el horizonte de 2030, mientras que Francia y Reino Unido, como España, han sugerido que lo harán en 2040. Así las cosas, si alguno de estos gobiernos introduce una norma legislativa, ha explicado Arias Cañete, deberá notificar a Bruselas los detalles técnicos para que los servicios comunitarios analicen su «compatibilidad» con las reglas del Mercado Interior, una tarea que corresponde a la comisaria Elzbieta Bienkowska.

Con todo, el comisario ha apuntado que la Unión Europea se centra en «establecer estándares» comunes de reducción de emisiones que se aplican en «todo el territorio» y a «todos los fabricantes», con el objetivo de garantizar «igualdad de condiciones». Otras fuentes comunitarias insisten en que la línea que defiende Bruselas no se apoya en «prohibiciones», sino en trabajar para «limitar» las emisiones, por lo que no solo es relevante el objetivo que se persiga con la tramitación de nuevas medidas, sino también los «medios» que se utilicen para ello.

Endesa, Iberdrola y Naturgy asumirán más del 88% de la financiación por las comercializadoras eléctricas del nuevo bono social

Europa Press.- Endesa, Iberdrola y Naturgy se harán cargo de más del 88% del coste del nuevo bono social eléctrico, según la orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado octubre, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que amplía las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.

El decreto-ley hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. La norma también prorrogaba hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, que expiraba en octubre.

Según la orden, Endesa se hará cargo del 37,14% del coste del nuevo bono social, mientras que Iberdrola correrá con el 35,04% y Naturgy asumirá el 15,81%. Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,69% del reparto de la financiación del bono social, a Viesgo Infraestructuras Energéticas el 2,2% y a Cide HCEnergía un 1,47%. En total, la financiación del nuevo bono social recoge a unas 250 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica.

Precio más bajo de Europa

Por otro lado, España ha registrado el menor precio mayorista de la electricidad de los principales países europeos, con 65,9 euros por megavatio hora (MWh). Así, el precio del pool en España se situó muy por debajo del que marcarán mercados como Alemania (84,1 euros por MWh), Italia (84,8 euros por MWh), Francia (90,5 euros por MWh) o Reino Unido (87,7 euros por MWh). Fuentes del sector indicaron que el principal motivo para este nivel de precios es la reducida producción renovable en todo el Viejo Continente y las bajas temperaturas. Sin embargo, en España la producción renovable es ligeramente superior a la media y las temperaturas son más suaves.

Estos precios están alejados del máximo anual alcanzado el pasado septiembre, cuando se situó en 75,93 euros por megavatio hora (MWh). La causa fue la baja aportación de las energías renovables al mix, especialmente de la eólica, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.