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La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

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Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

La Eurocámara pide recortar un 40% las emisiones de coches nuevos para 2030 respecto a los niveles registrados en 2021

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha abogado por establecer un objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de turismos nuevos del 20% en 2025 y del 40% para 2030, en comparación con los niveles que se registren en 2021.

El recorte aprobado en el Pleno es inferior al que reclamaba la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, del 45%, pero 10 puntos superior a la propuesta lanzada por la Comisión Europea, que defiende una disminución del 30%. Asimismo, los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la Unión Europea invertirá en formación para trabajadores afectados por la transición ecológica. Por otro lado, los fabricantes deberán garantizar que los vehículos menos contaminantes (los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50 gramos de CO2), representen un 20% de los coches y furgonetas nuevos en 2025 y un 35% en 2030.

La Eurocámara ha instado al Ejecutivo comunitario a proponer, en 2 años, un mecanismo para medir las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción mediante un dispositivo portátil similar al que se ha introducido recientemente para controlar los óxidos de nitrógeno (Nox). Del mismo modo, se ha reclamado a Bruselas una legislación que permita a los consumidores conocer con claridad las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2, así como otros gases contaminantes. En cualquier caso, se trata todavía de la posición del Parlamento Europeo de cara a las negociaciones que debe mantener con los Estados miembros.

«¡Victoria! Pese a las presiones del lobby automovilístico, el Parlamento Europeo ha decidido apostar claramente por la reducción de emisiones de los coches», destacó el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi. La eurodiputada del PP, Pilar Ayuso, sin embargo, era partidaria de que el objetivo de reducción de emisiones para 2030 fuese del 35%, en línea con la postura «ambiciosa y razonable» que defendía el Partido Popular Europeo (PPE) de cara a la votación. «Nuestro objetivo es lograr un equilibrio razonable entre los fines medioambientales, que compartimos, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española», ha explicado.

La ONG Transport&Environment ha destacado que esta votación es «un paso crucial hacia un aire más limpio, menos petróleo importado y más empleos». No obstante, ha remarcado que el objetivo acordado todavía «se queda corto» con respecto al necesario para «evitar un calentamiento global catastrófico» y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo de París.

Por contra, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha expresado sus «graves preocupaciones» por el resultado del voto en la Eurocámara, en especial por los objetivos de reducción de emisiones «extremadamente agresivos» y la «imposición» de cuotas de ventas de vehículos con baterías eléctricas. «Corremos el riesgo de tener un impacto negativo en el empleo en toda la cadena de valor de la automoción», ha advertido el secretario general de ACEA, Erik Jonnaert.

Los eurodiputados creen que es posible encontrar una solución para el almacén gasista de Doñana tras el cambio de Gobierno

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Europa Press.- El presidente de la delegación de eurodiputados que visitó el Parque Nacional de Doñana, el eslovaco Pál Csáky (PPE), asegura que confía en que sea posible encontrar una solución para el área protegida y sus alrededores, que según varias organizaciones se encuentran amenazados por diversos factores, a la vez que agradeció la acogida del Gobierno.

Así lo ha asegurado en una reunión con el resto de eurodiputados de la comisión de Peticiones, en la que ha hecho un repaso a su visita a España. «Nos vimos con representantes del Gobierno en Madrid, ha habido cambio político y el nuevo Gobierno fue bastante acogedor en el sentido de escuchar nuestros argumentos, soy bastante optimista«, apuntó Csáky.

El objetivo de la visita era el de conocer de primera mano la problemática del espacio natural, tras la presentación de una petición a la Eurocámara por parte de grupos como Salvemos Doñana, que alertan de las consecuencias de los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en los alrededores del parque. «Creo que podemos preparar un documento lo suficientemente serio y sólido, con recomendaciones específicas» para el Gobierno sobre diversas acciones que pueden llevarse a cabo en la zona de cara al futuro, explicó Csáky, para votarse «a principios del año que viene».

Otro de los eurodiputados de la delegación, Florent Marcellesi (Equo/Verdes) ha asegurado que la reunión con responsables del Ministerio de Transición Ecológica fue «muy fructífera», y pudo constatar que el proyecto de gas en la zona «ya no es un proyecto estratégico para el Gobierno», si bien el problema ahora es «la indemnización que pide la empresa«. «El informe de la Eurocámara será de gran ayuda para los peticionarios y las administraciones locales porque necesitan este empujón por parte del Parlamento Europeo», ha indicado Marcellesi.

El objetivo de la delegación era analizar la situación del Parque Nacional de Doñana y la posible violación de la legislación medioambiental europea debido a una serie de proyectos de gaseoductos en la zona. Los parlamentarios visitaron, además de Doñana, Sevilla y Madrid, donde se entrevistaron con los denunciantes, autoridades de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como con organizaciones ecologistas, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC y responsables de Naturgy.

La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

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Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

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EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.

La Eurocámara pide una estrategia «clara» para elevar la eficiencia energética en el sector de la edificación

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Europa Press.– La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha reclamado una estrategia «clara» para que los edificios tanto públicos como privados cuenten con un alto nivel de eficiencia energética para 2050. Concretamente, los eurodiputados han fijado su posición de cara a las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros) sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea. Esta posición, no obstante, debe recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara antes de que comiencen las negociaciones.

El objetivo de la propuesta del Ejecutivo comunitario es impulsar la eficiencia energética de edificios y apoyar la renovación de los “ineficientes» desde el punto de vista energético ya que los edificios representan el 40% del consumo final de energía en Europa. Así, la comisión europarlamentaria propone introducir objetivos de reducción energética para 2030 y 2040, así como indicadores cuantificables del progreso alcanzado, como medidas para evaluar cómo los edificios contribuyen a los objetivos generales de eficiencia energética de la Unión Europea. Además, respaldan que se instalen infraestructuras para vehículos eléctricos en los nuevos edificios o aquellos que vayan a ser renovados, como puntos de recarga, cuando dispongan de más de 10 plazas de aparcamiento.

Por otro lado, los eurodiputados han aprobado el uso de un «indicador de inteligencia» para ayudar a reducir el consumo de energía adaptando el edificio a las necesidades de los ocupantes. También han apuntado que debe darse prioridad a altos estándares de salud y calidad del aire en el interior de edificios. «Hemos conseguido una mayoría sólida en el Parlamento Europeo para impulsar renovaciones de eficiencia energética. Es vital que los Estados miembros muestren un compromiso claro y tomen acciones concretas en sus estrategias a largo plazo», ha destacado el eurodiputado Bent Bendtsen, que pertenece al Partido Popular Europeo (PPE).

La eurodiputada del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), Miapetra Kumpula-Natri, también resaltó que los países deben diseñar estrategias de renovación de edificios a largo plazo para garantizar que se cumplen los objetivos de eficiencia energética de 2050. Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, subrayó que «nuestro objetivo es que la renovación de las casas europeas permita a los ciudadanos europeos vivir en lugares más saludables, eficientes y más asequibles. Se trata por tanto de una oportunidad extraordinaria para reducir la pobreza energética».

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

Piden en Bruselas suspender la línea de muy alta tensión de La Plana-Morella

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EFE.- La «Plataforma No a la MAT de Castellón» solicitó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que paralice la nueva línea de muy alta tensión la Plana-Morella, en una sesión en la que se acordó esperar a que el Ejecutivo comunitario se pronuncie sobre el proyecto para volver a analizarlo de nuevo.

El proyecto, incluido en la Planificación Energética 2015-2020 elaborada por el Gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas, prevé construir una línea de doble circuito de 400 kV y 86 kilómetros que conectaría la subestación de Morella con la de la Plana. La ponente de la petición en la sede parlamentaria, Clara Eugenia Ros, calificó el proyecto de «cicatriz en el territorio» que «no es de utilidad pública» y supone un «atentado contra la naturaleza (…) y los ciudadanos», que «beneficia exclusivamente al promotor». Ros subrayó que ya hay una tendido eléctrico que discurre en paralelo y señaló que el nuevo proyecto, que se ha «fragmentado para facilitar su aprobación», «no contempla el desmantelamiento de la línea ya existente».

La petición recibió el respaldo expreso de varios eurodiputados, entre ellos la valenciana Marina Albiol, portavoz de la delegación de La Izquierda Plural en la Eurocámara, quien indicó que la utilidad pública del proyecto es «cuestionable» y solicitó que se paralice el nuevo tendido porque afecta a las aves silvestres, a los hábitats animales y a la Red Natura 2000.

En esa línea, el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi recordó que el Gobierno de la Comunitat Valenciana se opone al proyecto y exigió «una evaluación del impacto ambiental estratégico» de todo el proyecto, mientras que Josep-Maria Terricabras, del grupo de Los Verdes, secundó la petición y señaló que «el caso de las eléctricas españolas acabará saliendo en los libros del terror de Europa».

Por su parte, la europarlamentaria de Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa Beatriz Becerra pidió que se aplique el «principio de precaución» ante los riesgos medioambientales y sanitarios que alegan los detractores del proyecto, y la socialista Soledad Cabezón instó a que se estudiase si la construcción de la línea se había publicitado adecuadamente entre la ciudadanía. El funcionario Daniel Fernández Gómez explicó que la Comisión Europea (CE) solicitó información a las autoridades españolas en dos ocasiones y que, tras haberla recibido, el Ejecutivo comunitario se pronunciará en breve sobre el caso.

De ese modo, la eurodiputada popular Rosa Estaràs Ferragut, miembro de la Comisión de Peticiones, se pronunció a favor de esperar a que la Comisión Europea se pronuncie y volver a analizar entonces la solicitud, extremo que aceptó la presidenta de esa comisión parlamentaria, la liberal Cecilia Wikstrom. Según explicó Red Eléctrica el pasado septiembre, el tendido en el que planea invertir 47,5 millones de euros incrementará la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la Comunitat Valenciana y hará que el sistema eléctrico sea más eficiente, seguro y sostenible.

Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

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EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.