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Petronor defiende la descarbonización y avanzar hacia la movilidad sostenible desde la neutralidad tecnológica que evite un debilitamiento industrial

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Europa Press.- El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado que el objetivo para avanzar en una movilidad sostenible desde ser reducir la huella de carbono y ha defendido una descarbonización desde la «neutralidad tecnológica» y que evite «un debilitamiento industrial». En este sentido el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado que es «imprescindible afrontar el desafío de la sostenibilidad».

En esta tarea, ha indicado que el objetivo es reducir la huella del carbono, una tarea que debe conciliarse con el crecimiento socioeconómico, lo que obliga a los europeos a definir estrategias. En este sentido, rechazó propuestas «retóricas y simplistas» que están «demasiado distanciadas de las necesidades reales de la competitividad industrial europea y del reforzamiento de nuestro modelo socioeconómico«.

A su juicio, lograr la reducción de la huella de carbono «obliga a tener una sólida gobernanza europea, protagonismo ecológico, fortaleza industrial», ya que, de lo contrario, corre «un grave riesgo el bienestar socioeconómico». «No podemos despistarnos con estrategias que debiliten la fortaleza industrial europea y no contemplen la huella de carbono global, es necesario reforzar nuestras posiciones porque es la única manera de proseguir en el camino a la descarbonización, sin debilitarnos industrialmente», ha apuntado. Asimismo, ha defendido afrontar con «rigor» una descarbonización basada en la «neutralidad tecnológica» e indicó que no hay transición «sin fortaleza tecnológica e industrial».

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha destacado que, tras la crisis vivida, hay muchos retos por delante y uno de ellos es el de la sostenibilidad. Aburto ha afirmado que el crecimiento económico sostenible, «o llega a todas las personas o no es crecimiento». El alcalde de Bilbao ha destacado que la lucha contra el cambio climático debe ser un «compromiso de todos y de las ciudades» y ha indicado que Bilbao tiene una «saludable situación en materia de sostenibilidad». «No es autocomplacencia sino mirar el futuro con optimismo», añadió.

“Sin fronteras al cambio climático”

En su discurso, ha defendido la importancia de mejorar las tecnologías para avanzar hacia las «cero emisiones» y ha señalado que habrá que seguir «generando normativa e incentivos, unos positivos y otros negativos», para «mejorar la sostenibilidad». Aburto, tras señalar que es preciso «repensar la movilidad urbana», ha aconsejado una visión amplia en este tema y una apuesta por la colaboración. «No se puede poner fronteras al cambio climático», sentenció.

De su lado, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha afirmado que el «planeta tiene que cambiar» y señaló que los valores y las necesidades están «cambiando» la forma en la que se enfoca la acción política o administrativa. Caballero ha indicado que hay que «empezar a ver este planeta en rasgos distintos» y recordó que, a principios del milenio, se afrontó «el drama y riesgo» del cambio climático, pero «la crisis nos frenó» y se volvió a «los viejos sistemas y métodos».

«Somos herederos de una cultura del transporte, de una forma de hacer industria y es nuestra función cambiarla para dejarla con rasgos distintos a las generaciones futuras», ha añadido. A su juicio, es un «valor planetario y transversal» que «no debe entender de ideologías o posiciones partidistas». Por último, tras subrayar que la electricidad «ocupará un lugar central» en la movilidad, ha manifestado que las ciudades son «claves» en la movilidad y la primera tarea es «cambiar el propio diseño de las ciudades» para después trabajar desde la «cooperación total» y con la movilización social.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), Imanol Landa, ha afirmado que hay que «exprimir todo el potencial» de la sostenibilidad y cree que las ciudades deben tomar la iniciativa para «situar la sostenibilidad en la agenda urbana» porque es una «herramienta» para el «desarrollo sostenible» y un «elemento clave para el bienestar«. El presidente de Eudel ha afirmado que la sociedad vasca tiene una «fuerte conciencia medioambiental» y los municipios de Euskadi han hecho de «la sostenibilidad su marca y sello de identidad». Según indicó, tienen «un papel importante» y deben asumir su «parte de liderazgo como gobiernos locales».

Caballero (FEMP) llama a los alcaldes a usar como vehículo oficial uno eléctrico: «Gasta 1 euro por cada 100 kilómetros»

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Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, invitó a todos los responsables municipales a que usen como coche oficial para moverse por la ciudad un vehículo eléctrico. «Gasta un euro por cada 100 kilómetros y funciona espléndidamente en la ciudad», aseguró. El también alcalde de Vigo recalcó que con ese objetivo se ha firmado entre la FEMP y Red Eléctrica de España (REE) un convenio para aumentar el número de puntos de recarga existentes.

Según ha explicado, él lleva 6 años usando un pequeño vehículo eléctrico para moverse por Vigo y está satisfecho con él, por lo que ha invitado al resto de alcaldes a hacer uso de uno. Según Caballero, el acuerdo con REE se encuadraría dentro del marco de lucha contra el cambio climático y en el participarían tanto el Estado como los municipios. De esta forma, los ayuntamientos sacarán la concesión de los puntos de recarga, y REE se compromete a hacer llegar la energía eléctrica a esos puntos. «El automóvil eléctrico es el futuro», recalcó.

Para Caballero, esta es la forma de garantizar una implantación masiva del coche eléctrico. «En este momento faltan puntos, necesitamos hacerlos y por eso nos ponemos manos a la obra», ha añadido el alcalde. Desde Red Eléctrica ya explicaron que el sistema eléctrico español está preparado para integrar los nuevos vehículos eléctricos que se esperan durante la transición energética. Según REE, en la actualidad existen en España 4.800 puntos públicos de recarga y la estimación es que esta cifra crezca hasta los 90.000 (incluyendo los instalados en áreas urbanas y carreteras) en 5 años. Esa cifra ascenderá hasta los 100.000 en 10 años, y hasta los 120.000 en 15 años.

Gas para vehículos de McDonald’s

Por su parte, el proveedor de logística Havi España, junto con el fabricante de vehículos Scania, tiene previsto añadir 14 vehículos a gas antes de que acabe el año a la flota que distribuye productos a los restaurantes McDonald’s desde sus centros en Madrid y Barcelona, para minimizar las emisiones CO2 en la cadena de suministro. Según ambas compañías, esta iniciativa nace como respuesta a la creciente demanda de los consumidores para que las empresas de logística implementen sistemas de transporte de mercancías más sostenibles.

De estos vehículos, 12 funcionan con gas natural licuado (GNL) y los otros 2 con gas natural comprimido (GNC), los cuales se unen a los 2 que ya disponía, por lo que en total la compañía tendrá 16 vehículos a gas. Estos camiones están diseñados para no contaminar el aire y, con ello, contribuyen a reducir las emisiones de carbono en los núcleos urbanos. Así, la previsión es que la cadena de suministro de McDonald’s utilice en el futuro biogás licuado y comprimido que se pueda mezclar con el gas natural o reemplazarlo por completo.

Scale For Good de McDonald`s

Los nuevos vehículos también son más silenciosos que los vehículos de entrega convencionales, lo que ayudará a reducir la contaminación acústica en las entregas urbanas. En concreto, en Madrid los vehículos estarán equipados con equipos de refrigeración eléctricos especiales para reducir aún más las emisiones de carbono y los niveles de ruido. La hoja de ruta de los combustibles ecológicos Havi-Scania está directamente alineada con el Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa, una iniciativa del Gobierno central que promueve la sustitución de las flotas de transporte por carretera por vehículos de bajas emisiones y también se enmarca en el proyecto Scale For Good de McDonald’s, que recoge el compromiso global para abordar de manera local, los principales retos globales.

El director general de McDonald’s España, John Alves, ha comentado que «la innovación es necesaria en nuestra ruta hacia la sostenibilidad, como parte de nuestra estrategia global Scale For Good». De su lado, el vicepresidente senior de Gestión de Operaciones y Transporte de Havi, Rafael Gómez, destacó el deseo de «ser pioneros en el cambio hacia nuevos estándares en el campo de las entregas urbanas e implementar medidas específicas para beneficiar al medio ambiente y contribuir al bienestar de las comunidades en las que operamos».

La demanda eléctrica española se incrementará un 1% por cada millón de vehículos eléctricos nuevos en el parque automovilístico

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Europa Press.– La demanda eléctrica en España se incrementaría un 1% por cada millón de vehículos eléctricos que se incorporen al parque automovilístico español, lo que pone de manifiesto que el sistema eléctrico nacional «está preparado» para la integración de este tipo de vehículos. Así lo aseguró el director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvison, que señaló que este incremento es una cifra «totalmente asumible para el sistema».

«Desde la perspectiva de la producción y el transporte, el sistema eléctrico está preparado para la integración de los vehículos eléctricos que se espera durante la transición energética», aseguró Duvison, con motivo de la firma del acuerdo de colaboración entre REE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El objetivo de este acuerdo es dar asistencia técnica a los ayuntamientos, así como promover el uso del automóvil eléctrico en todo el territorio español y también facilitar la instalación de puntos de recarga públicos en las ciudades y municipios.

REE destacó que esta iniciativa confirma su apuesta por la transición hacia un modelo energético descarbonizado para cumplir los objetivos europeos y hacer realidad las metas en materia de movilidad urbana que ha definido el Gobierno en la futura Ley de Cambio Climático. Este convenio se centrará en el intercambio de experiencias en el campo de la movilidad eléctrica, el apoyo a la formación del personal de los consistorios para el fomento de la movilidad, la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables y la colaboración en la gestión inteligente de los punto de recarga mediante el Centro de Control del Coche Eléctrico (Cecovel).

En esta línea, el presidente de REE, Jordi Sevilla, afirmó que el compromiso de la compañía con la movilidad eléctrica «es firme», por lo que apuesta por poner en marcha diferentes iniciativas que ayuden al desarrollo de las infraestructuras y a favorecer el despliegue en todos los municipios de España. Así, desde 2019 REE asesorará a la FEMP en la elaboración de un pliego de condiciones que permita a la central de contratación de esta federación a licitar un acuerdo marco para que las entidades locales que lo deseen puedan adquirir puntos de recarga inteligente.

La previsión es que los 4.800 puntos de recarga que existen en la actualidad en España se eleven hasta 90.000 puntos en 5 años, mientras que en 10 años la estimación es que la cifra alcance 100.000 unidades y 120.000 unidades en 15 años. «La red de puntos de recarga públicos debe desarrollarse extensamente para generar confianza entre los ciudadanos y favorecer así la adquisición de coches eléctricos», aseguró Sevilla.

Red Eléctrica pide a Hacienda y a la FEMP una tasa homogénea por sus tendidos mientras planea invertir 2.493 millones

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) prevé invertir 2.113 millones de euros hasta 2019 en aplicación de la segunda mitad de su plan estratégico 2014-2019, según anunció su presidente, José Folgado, que también pidió al Ministerio de Hacienda y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que acuerden un sistema fiscal homogéneo para el paso de sus 43.664 kilómetros de redes por los municipios.

Folgado plantea esta opción tras el fallo del Tribunal Supremo contrario a la postura de la compañía de no pagar estos tributos por considerarlos desproporcionados o de no aplicación a su actividad. El presidente de REE cree necesario «no dejar a la discrecionalidad» de cada ayuntamiento la definición y aplicación de estos impuestos, porque supondría una «pérdida de seguridad jurídica».

El consejero delegado de REE, Juan Lasala, ha advertido de que es una «cuestión importante», porque estas tasas suponen gastos de operación y mantenimiento de las redes que «pueden tener impacto en la tarifa«. Preguntado por el desembolso que puede acarrear la aplicación efectiva de estos tributos, Lasala ha afirmado que no es fácil de contabilizar, aunque REE tiene recurridas las sentencias y avalada la cantidad en previsión de cómo se resuelvan los trámites judiciales.

Invertirá 2.493 millones hasta 2019

De estos 2.493 millones de euros, 1.823 millones corresponderán a actividades ya consolidadas, mantenimiento de redes e instalaciones, y 670 millones a nuevos negocios en los que la compañía pretende expandirse, un área en la que REE ya tiene comprometidos 390 millones. El plan estratégico de REE para el periodo 2014-2019 contempla una inversión total de 4.575 millones, de los que 3.575 millones corresponden a actividades vigentes, de los que ya se ejecutó el 49% del presupuesto previsto, y 1.000 millones a nuevas áreas, en las que ya se invirtió el 33% de los fondos.

Folgado ha señalado que las inversiones pendientes se distribuirán entre los ejercicios 2017, 2018 y 2019, y ha concretado que el volumen de inversión este año será similar al del pasado ejercicio, en el que invirtió 643 millones, un 43,6% más que en 2015. Por tanto, y de mantenerse las previsiones de REE, el grupo invertirá el 30% de los 2.493 millones pendientes en este ejercicio y el 70% restante en los próximos dos años.

Entre los proyectos más relevantes de REE previstos para este año en el mercado nacional destaca el avance en los trabajos de la construcción de la central hidroeléctrica de bombeos Chira-Soria (Canarias), que entrará en servicio en 2023, y en la que se invertirán 300 millones, de los que el 60% de todo el proyecto se ejecutará en el periodo de vigencia del plan estratégico.

Folgado ha explicado que REE no tiene por objetivo la producción de energía, «salvo en situaciones excepcionales», como la de esta planta hidroeléctrica, en la que el operador «debe responder» y garantizar un respaldo al sistema eléctrico canario y al desarrollo de las renovables ante el singular aislamiento geográfico del archipiélago. «REE quiere apoyar el desarrollo de la renovables en Canarias y en toda España», ha afirmado Folgado, para quien es fundamental el desarrollo de sistemas de almacenamiento y la construcción de interconexiones que garanticen el suministro ante las incertidumbres de las tecnologías no gestionables.

En cuanto a los mercados internacionales, REE pujará por nuevos contratos en Latinoamérica, concretamente en Chile y Perú. En Chile, REE centrará el foco en las licitaciones de las obras de expansión del sistema de transmisión troncal, valoradas entre 300 y 400 millones de dólares (entre 279 y 372 millones de euros). En el caso de Perú, el operador eléctrico español estudia licitaciones de entre 500 y 600 millones de dólares (entre 465 y 558 millones de euros) para acometer el plan de transmisión eléctrica 2015-2024 en el país. El consejero delegado de REE, Juan Lasala, ha explicado que el interés de la compañía pasa por participar en mercados en los que ya está presente, como ocurre en ambos países.

Expediente de la Comisión Europea

Por otro lado, Folgado señaló que corresponde al Gobierno responder al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea sobre el blindaje accionarial de la compañía, aunque insistió en que es similar al de otros operadores europeos. La Comisión Europea abrió un expediente a España por supuestas limitaciones a la libre participación directa o indirecta en REE y Enagás y por restringir determinados derechos políticos, según adelantó el diario Expansión.

Para el consejero delegado de REE, Juan Lasala, la estructura accionarial de los operadores europeos está «atomizada» y es similar al caso de España, por lo que cree que el régimen español está justificado. Lasala ha explicado que en REE la participación accionarial está limitada a un máximo del 5%, que desciende al 1% si se trata de otros operadores del sector, salvo en el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que por ley debe tener al menos un 10%, aunque su participación actual es del 20%.

Folgado señaló que REE «no tiene ningún miedo» a la entrada de nuevos accionistas e insiste en que le compete al Gobierno emitir una respuesta a la apertura del citado expediente infractor, una postura que va en línea con la manifestada por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que ya explicó que el Ministerio estaba preparando «una respuesta» tras haber mantenido unos primeros «contactos positivos» con la Comisión Europea. Para Energía, la estructura del accionariado de REE y Enagás es equivalente a la de otras entidades europeas gestoras de redes energéticas de transporte, muchas de las cuales «son públicas y tienen alguna limitación similar a las de España».

La FEMP plantea que el acuerdo para prohibir cortes de luz a los consumidores vulnerables se extienda al gas natural

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Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que el acuerdo del Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para evitar los cortes de electricidad a las familias más vulnerable y paliar la pobreza energética, no tiene un coste «inasumible» por las administraciones públicas, y ha abogado por su extensión en el caso de imposibilidad de pago a las facturas de gas natural.

Así lo señaló Caballero, quien denuncia que la pobreza energética está siendo «severa», especialmente en esta fase de la crisis en la que «se acumulan todos los efectos de la crisis de todos los años». Caballero indicó que en términos económicos se está produciendo un repunte, pero en términos sociales «se sigue profundizando», si bien «no es nada que tenga ningún coste inasumible por las administraciones públicas», de forma que desde el Gobierno y los ayuntamientos «se puede asumir sin que produzca ningún quebranto». La cuestión es que Caballero obvia que parte de la financiación recaerá nuevamente sobre las compañías.

«Se trata de voluntad política y yo la vi reflejada en la conversación que tuve con el ministro Nadal y después en el pacto que se llevó al Parlamento y que dio lugar al decreto ley», ha valorado Caballero. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. El dirigente socialista, que ha abogado por la extensión del acuerdo también a los casos de familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del gas, ha explicado que las medidas acordadas con Nadal eran «principios políticos de actuación».

Entre otras, ha citado la prohibición de cortar el suministro a ninguna familia o domicilio en situación de pobreza o vulnerabilidad, para lo que los servicios sociales elaborarán un informe, y que no lo pueda hacer una compañía eléctrica por su cuenta. A modo de ejemplo, Caballero ha indicado que en Vigo se paga la factura a unas 700 familias y ha valorado el avance «importantísimo» que supone el acuerdo sobre cortes de suministro al evitar los cortes de luz a familias vulnerables. «Se está avanzando a buena prisa en la buena dirección», ha subrayado.

El ministro plantea que las eléctricas cofinancien los impagos de luz de los hogares vulnerables

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Servimedia/Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ve «posible» establecer algún tipo de contribución del sistema eléctrico, a través del bono social, para financiar los costes de los impagos del suministro de los hogares vulnerables que se sume a la aportación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Así se expresó Nadal durante su comparecencia en la comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, donde presentó las principales iniciativas que pretende llevar a cabo durante la legislatura.

En relación con la pobreza energética, calificó de «muy acertada» la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sean los ayuntamientos los que determinen quienes son las personas con vulnerabilidad severa a las que no se puede cortar el suministro.

«Hay que trabajar en esta línea», añadió el ministro, quien reiteró su posición de que el tratamiento de la pobreza energética en los casos más graves es una competencia de los servicios sociales autonómicos y municipales. «El factor determinante es la evaluación por parte de los servicios sociales», apostilló.

Por ello, apuntó que las comunidades autónomas deberán decidir si comparten sus competencias para coordinar una solución similar en todo el Estado.

Además ha pedido a los grupo políticos de la oposición la necesidad de definir un nuevo bono social eléctrico, cuyo cargo siga siendo asumido por las empresas eléctricas, para mejorar su diseño a través de una mejor definición del consumidor vulnerable.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Por último, defendió que «el objetivo de protección del consumidor empieza por garantizar unos precios competitivos y asequibles», algo que se consigue evitando que se incrementen los costes del sistema como consecuencia de actuaciones políticas.

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.

La FEMP pide competencias claras para que las ciudades puedan luchar contra el cambio climático y mejorar el aire urbano

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Europa Press / EFE.– La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó competencias claras y dar «más poder» a las ciudades para que puedan luchar contra el cambio climático y mejorar el aire urbano. Cerca de un centenar de responsables técnicos municipales han participado en una jornada, organizada por la FEMP y la Asociación Española del Gas (Sedigas), en la que se ha debatido sobre el problema real que supone la calidad del aire en las ciudades y las posibles soluciones al mismo.

La jornada, organizada en el marco del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, reúne a los técnicos municipales de cara a favorecer el desarrollo sostenible de los entornos urbanos y abordar el papel que el gas puede jugar en la consecución de este objetivo. El secretario general de la FEMP, Juan Ávila, subrayó la importancia de implicar a todos los actores en las políticas de lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire y animó a las administraciones locales a «no permanecer impasibles ante este reto». Para ello, considera necesario que las entidades locales dispongan de competencias «claras y definidas» en la materia, «que no dependan de la buena voluntad de los gobiernos autonómicos».

Juan Ávila se ha referido también a la posibilidad de establecer una «fiscalidad verde» que favorezca económicamente a las buenas prácticas ambientales y que, al mismo tiempo, «castigue» a quienes contaminen, pero siempre que dicha fiscalidad revierta en las arcas municipales. El representante de la FEMP se refirió a las medidas «clave» para desarrollar «un modelo de ciudad más eficiente» y desgranó los diferentes ámbitos en los que las entidades locales pueden trabajar para conseguir una gestión sostenible de la energía, como por ejemplo la utilización de las energías renovables y el fomento del gas en edificios de titularidad municipal y en el transporte público.

El gas reduce las emisiones

Por su parte, la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, ha afirmado en su intervención que existen soluciones para mejorar la calidad del aire de las ciudades y, de esta manera, contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos. «El gas natural para uso vehicular es el combustible más eficiente y sostenible ya que conjuga en equilibrio importantes ventajas medioambientales, a través de la reducción de emisiones y de una menor contaminación acústica«, ha aseverado.

Si la contaminación atmosférica en los entornos urbanos procede mayoritariamente del transporte en un 70 o 80%, el gas natural se configura, a juicio de Sedigas, como una alternativa real para los vehículos, en la medida que reduce más de un 80% las emisiones de óxidos de nitrógeno, casi el 100% de las partículas en suspensión. Además, los motores de gas natural producen hasta un 50% menos de emisión sonora que los motores diésel. En España, son ya 4.600 vehículos circulan con gas natural, fundamentalmente autobuses en un 40% y camiones de recogida de residuos en un 29%, y en total 21 provincias, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, disponen ya de suministro de estaciones públicas.

En la sesión de inauguración de la jornada también intervino la concejala de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Soriano, que destacó «el compromiso del equipo de gobierno por continuar tomando medidas que reduzcan las emisiones de partículas contaminantes derivadas del tráfico rodado«. También explicó la iniciativa municipal para desarrollar un protocolo de medidas que hay que tomar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión.