Javier Angulo.- La mejora de la eficiencia energética constituye, junto a la reducción de emisiones y al desarrollo de fuentes de energía renovable, uno de los principales compromisos a nivel europeo dentro de la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Una mayor eficiencia supone un ahorro de energía que reduciría las necesidades del consumidor doméstico vulnerable que no puede hacer frente a una factura energética que también afecta a la competitividad industrial.

En estos ámbitos el PSOE presume de las medidas tomadas desde el Consejo de Ministros en los viernes sociales. Los socialistas reivindican que sus 10 meses de Gobierno hayan servido para mejorar el bono social de electricidad y la creación del bono térmico para consumos de calefacción. Todo ello articulado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con un renovado bono social que cubre todas las fuentes de suministro (electricidad, gas) y que será de concesión automática. Asimismo, abogan por facilitar el acceso a estos descuentos a las familias con menores de edad.

Esta Estrategia también aboga por ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales como el bono social para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por articular un parque de vivienda en alquiler social que subvencione los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la renovación de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.

Todo ello para cumplir en 2030 con un compromiso de mejora de la eficiencia energética del 32,5%, conforme a lo comprometido por los Estados comunitarios con la Comisión Europea. Pero los viernes sociales no acaban en la lucha contra la denominada pobreza energética. La industria espera para este viernes 26 de abril la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una medida a sumar a la regulación de las redes cerradas de distribución para reducir el coste energético y la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración por 2 años. Curiosamente solo Vox se acuerda junto al PSOE de la industria cogeneradora, para la que augura un papel relevante durante la próxima década.

Las propuestas del PP son más generales en este ámbito y, por qué no decirlo, más comedidas. El programa de los populares habla de reforzar el bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables pero no entra en detalles. También apela a un compromiso con la rehabilitación y la promoción de la eficiencia energética en los sectores de la edificación y, en lo que sí suena más novedoso, en la renovación de las instalaciones del sector turístico. Lo que suena a reproche a iniciativas más ambiciosas es el compromiso del PP a que todas estas medidas siempre tendrán en cuenta las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.

Donde el programa del PP se mueve con más soltura es en temas fiscales. En este sentido los de Pablo Casado se comprometen a utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos “para modular la fiscalidad de la energía”, rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria. Asimismo, el PP potenciará los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas.

Por su parte, la gran apuesta de Unidas Podemos por la eficiencia energética es una vez más su plan para rehabilitar anualmente al menos 500 000 viviendas y conseguir reducir su factura de la luz con medidas de aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Para ello, resulta interesante el compromiso de dar prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. Según cálculos de la formación morada, las familias podrán llegar a reducir en un 50% su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales con las medidas propuestas.

Los de Pablo Iglesias mantendrán las protecciones frente a la pobreza energética pero cimentan su apoyo al consumidor vulnerable en la eficiencia energética. De esta forma aseguran que se crearán miles de empleos “en un sector tan castigado” como es el de la construcción y avanza que las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de subvenciones para fomentar la eficiencia. Sin embargo, en materia sectorial, sorprende el silencio de Unidas Podemos sobre la industria electrointensiva.

Todo lo contrario sucede con Ciudadanos, que concentra esfuerzos en mejorar la competitividad industrial con una tarifa eléctrica más predecible. Para ello comprometen su propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mecanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional. Un apartado en el que los de Albert Rivera creen que podrían mejorar su situación apostando por los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA). Asimismo, comprometen que las empresas podrán compensar sus costes de emisiones de gases invernadero, con ayudas condicionadas a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de la industria.

En lo que atañe a los consumidores domésticos, Ciudadanos promete una factura de la luz que premie a los que tengan un consumo más reducido. Al igual que Unidas Podemos, pone cifras a las viviendas que deberían rehabilitarse cada año, aunque se tratan de números menos ambiciosos o más realistas, según el punto de vista. 300.000 viviendas en las que fomentar la eficiencia energética es el compromiso de la formación naranja, que asegura que los nuevos inmuebles y todas las instalaciones públicas se construirán bajo estándares de consumo casi nulo.

Por su parte, el programa de Vox se desmarca de estas propuestas de rehabilitación o medidas pensadas para la industria electrointensiva con una generalidad: afirma que la eficiencia energética es un fin tan importante como la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, a la competitividad económica de la industria y a incrementar la renta disponible de las familias. Ahora bien, no hay medidas concretas en este sentido.

Sí concreta más al decir que el bono social debe ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las compañías comercializadoras, acogiéndose a las tesis de la patronal eléctrica. Más novedosa es la propuesta de establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas. Y único es su apoyo al desarrollo de gas renovable, como combustible clave para procesos industriales de alta temperatura en el largo plazo.