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El ahorro en la factura de la luz constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores energéticos en España

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Europa Press.- El ahorro en la factura eléctrica constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores en España, según el estudio del proyecto de investigación PVP4Grid, financiado por la Unión Europea y en el que participan como socios españoles la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Tecnalia.

Además, el informe destaca que la principal barrera para inversiones por parte de los autoconsumidores en España es la desconfianza en la regulación y la falta de información, «que están presentes a la hora de analizar la viabilidad económica de la instalación, a pesar de que pequeños comercios e industria ya demuestran interés». Asimismo, señala que el tiempo de amortización para consumidores domésticos, de servicios y pyme sería de 16, 12 y 7,5 años respectivamente, para instalaciones en la Península.

Este periodo es considerado largo, no tanto por el tiempo de vida útil de un sistema, que puede ser de 20 años para los cálculos económicos aunque se podría considerar 30 años sin problemas, sino porque los períodos de retorno que buscan los pequeños inversores y ciudadanos en general son «normalmente más bajos«. El informe, que examinó el marco de condiciones legales y políticas existentes en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria, Portugal y España, diferencia entre tres conceptos de prosumidor, examinando el marco regulatorio: autoconsumo individual, uso colectivo de un sistema fotovoltaico dentro de un edificio, y suministro de energía solar a nivel vecindario.

Facua denuncia que el bono social no supone un descuento del 25% o 40% en la factura de la luz

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el descuento en la factura de la luz de un usuario medio acogido al bono social eléctrico sólo puede representar un 11%, frente al descuento del 25% o el 40% que asegura el Gobierno. La asociación reclama así al Ejecutivo que «rectifique tanto el contenido de la campaña publicitaria que ha puesto en marcha como el de la página web sobre el bono social».

Facua subraya que el Ministerio para la Transición Ecológica afirma que los descuentos afectan a la totalidad de la factura, cuando en realidad sólo se bonifican los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes. Estos límites van desde los 100 kilovatios hora (kWh) al mes (1.200 kWh/año) para una familia sin menores, pasando por los 140 kWh (1.680 kWh/año) para pensionistas o familias con un menor y 170 kWh (2.040 kWh/año) si tienen dos menores, hasta los 300 kWh (3.600 kWh/año) si son familias numerosas.

Así, la asociación considera «lamentable que el Gobierno haya recurrido a una engañifa para falsear las características de un bono social absolutamente impresentable que fue diseñado por el Ejecutivo anterior» y pide que se ponga en marcha un nuevo modelo de tarifa «totalmente regulada a la que puedan acogerse las familias en lugar de volver a introducir retoques en un modelo de bono social que ha sido un rotundo fracaso».

Según sus cálculos, para un usuario de 366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia, la factura mensual del usuario medio en septiembre asciende a 83,56 euros (sin contar el alquiler del contador), mientras que, según la información que difunde el Ministerio para la Transición Ecológica, un beneficiario del bono social pagaría un 25% menos, es decir, 62,67 euros, si es considerado consumidor vulnerable, y un 40% menos, 50,14 euros, si es vulnerable severo.

Sin embargo, Facua subraya que la factura de un usuario con bono social que se beneficie del descuento del 25% en los primeros 100 kWh mensuales ascenderá a 74,37 euros, importe que sólo es un 11% inferior a los 83,56 euros que pagaría sin el bono social.En el caso de un consumidor vulnerable severo, el descuento del 40% en los primeros 100 kWh mensuales se traduciría en una factura de 68,85 euros, un 17,6% inferior a lo que pagaría si no tuviera bono social.

El Gobierno amplía los límites

Como parche, el Gobierno ha ampliado un 15% los límites de consumo básico aplicables a cada uno de los perfiles de los consumidores beneficiarios del bono social eléctrico, límites que fueron establecidos en el decreto aprobado por el anterior Ejecutivo del PP para aplicar descuentos entre el 25% y 40% del recibo de la luz para los hogares vulnerables en función de su nivel de renta y de su situación.

El real decreto-ley también amplía en un 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento para compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Además, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento, que se liquidaba cada mes, se flexibiliza, de forma que la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Con ello, se facilita la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que la campaña publicitaria sobre el nuevo bono social eléctrico «fue concebida y contratada por el anterior Gobierno» y que su puesta en marcha se retrasó «debido a diferentes cuestiones técnicas», por lo que replantear la campaña hubiera supuesto retrasar aún más su lanzamiento. Por tanto, «la prioridad» ha sido lanzar la campaña para movilizar al mayor número de beneficiarios e invitarles a soliciar el bono social.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

Hacienda compensará los 1.000 millones sin recaudar del impuesto a la generación con lo obtenido por los derechos de emisión

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el paquete de medidas relativas al coste de la electricidad, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, queda «integrado» en una parte con los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión y también por los Presupuestos. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 1.000 millones de euros la pérdida de ingresos por la suspensión «temporal» del impuesto.

Montero ha recordado que la eliminación temporal de este impuesto supondrá un recorte en la factura de la luz de entre el 2% y el 4%. La ministra destacó que con esta medida el Gobierno se muestra «sensible» a la realidad de los hogares españoles, que han visto incrementado el precio de la luz, y advirtió de que estará «vigilante» para que la supresión de este impuesto «repercuta realmente» en la factura que pagan los usuarios de la energía eléctrica. Por otro lado, la titular de Hacienda ha descartado rebajar el IVA de la factura eléctrica achacándolo a que “el IVA es un impuesto muy regulado a nivel europeo y tenemos que ir en armonía, no podemos salirnos del reglamento».

Recaudación de derechos de emisión

Por su parte, Ribera reiteró la importancia que tenía para el Gobierno tomar medidas para la bajada de la factura de la luz y que la irracionalidad del mercado energético «no repercuta en el consumidor final». En este sentido, ha incidido en que tras analizar las opciones que podían generar un «efecto directo más inmediato», lo esperan lograr con la eliminación del impuesto a la generación, ya que debería repercutirse directamente en la factura final.

Respecto a cómo afrontará el Gobierno la pérdida de los ingresos que genera dicho impuesto, más de 1.000 millones de euros anuales, ha aseverado que «está ya integrado» en una parte por lo obtenido en las subastas de derechos de emisión y también con la contribución de los PGE. En todo caso, precisó que todo ello está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas, entre las que también se incluyen otras acciones «prioritarias» para reforzar los mecanismos de lucha contra la pobreza energética, pues ha insistido en que «uno de los focos de atención» son los colectivos vulnerables.

AEE pide reformar el pool

Asimismo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la suspensión del impuesto a la generación es «una medida oportuna» que tendrá «efectos directos» sobre el precio de la electricidad y que aliviará el incremento de la factura de la luz que se ha producido últimamente, aunque cree que debe «ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico«. El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, señala que esta reforma «es necesaria y debe ser fruto de un consenso social y político, que garantice su estabilidad».

En este sentido, la patronal eólica valora «positivamente» la puesta en marcha de las medidas concretas anunciadas por la ministra así como el planteamiento de una reforma estructural del mercado eléctrico. Así, celebra el mensaje de «apoyo sin fisuras al desarrollo y aportación de las energías renovables, y a la eólica en particular, como tecnologías de futuro», con el que la ministra puso «sobre la mesa medidas de aplicación inmediatas y avanzó señales que apuestan por un modelo energético enfocado al proceso de transición energética del país, donde las renovables son el eje principal», subraya.

Además, coincide con Ribera en la urgencia de emprender una reforma energética «que perdure en el tiempo, sea transversal en toda la economía del país y esté consensuada». Para ello, considera que el sector precisa de «visibilidad en el tiempo y una estabilidad regulatoria» que no suponga una merma en los resultados de las plantas existentes y permita la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables. De esta manera, cree que es necesaria una planificación energética que establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético, así como garantizar la seguridad jurídica, eliminando aspectos como la modificación de la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

Mientras, para reducir la volatilidad del precio del mercado eléctrico, la AEE propone la introducción de más generación renovable autóctona, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles importados y del precio del CO2, así como aumentar la aportación de las renovables e incrementar la electrificación de la economía. Asimismo, la patronal pide eliminar de la factura eléctrica los costes ajenos al suministro llevándolos a los PGE o financiándolos con una fiscalidad medioambiental trasversal sobre los combustibles fósiles, así como establecer mecanismos estables de retribución y simplificar y agilizar los procesos administrativos con ventanilla única para la tramitación de permisos.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la luz y reducir la parte fija de la factura

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Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y reducir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de «primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos».

En lo que respecta a la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, «supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad». En este sentido, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, «uno de los más elevados de Europa».

Asimismo, muestra su preocupación por este elevado precio de la electricidad, que «es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación o la salud». De esta manera, pide una regulación del sector eléctrico que se marque el objetivo de lograr una energía «más asequible y que, por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores».

Además, el Defensor del Pueblo recomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida a OMEL y a Red Eléctrica de España que clarifique el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica con «una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público». En su opinión, la modificación del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría «en una bajada del precio del megavatio en este mercado». Finalmente, el Defensor del Pueblo asegura que está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social de la luz.

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

El recibo de la luz ha subido casi un 86% en los últimos 15 años, encareciéndose 37 euros, según Facua

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Europa Press / EFE.- El recibo de la luz ha subido un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas vigentes en agosto de este año, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

Facua señala que un análisis realizado por esta organización sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas indica que en España el usuario medio consume 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Así, tomando como referencia las tarifas reguladas vigentes en los meses de agosto, la factura pasó de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018.

Además, el análisis de Facua destaca que la parte fija de la factura se incrementó en estos últimos 15 años más de un 150%, pasando el precio de cada kW de potencia contratada de los 1,73 euros/kW/mes de precio final en 2003 a 4,36 euros en agosto de 2018. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003, pasando de los 9,80 céntimos de precio final en 2003 a los 16,81 céntimos en 2018.

Facua ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica en las que reclama que baje el IVA de la electricidad al 4%, ya que ahorraría al usuario medio casi 130 euros al año. Asimismo, propone la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

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EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

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Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.

UGT pide reducir la fiscalidad y un IVA súper reducido para la electricidad mientras Unidos Podemos también exige tomar medidas

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un Plan de choque contra la subida de luz, que permita hacer frente a la crisis actual en este sector. Mientras tanto, el sindicato UGT plantea reducir la fiscalidad de la electricidad y aplicarle un impuesto sobre el valor añadido (IVA) súper reducido, así como mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, para paliar los efectos que su subida en el mercado tiene en los consumidores.

UGT pide al Gobierno que actúe de manera «contundente» para mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, con el fin de evitar las continuas subidas del precio de la electricidad, que vuelve a marcar un nuevo máximo anual en el mercado mayorista, apenas una semana después del último récord, subidas que considera «escandalosas e insostenibles». El sindicato ha denunciado la existencia de un «oligopolio que no para de cosechar beneficios a costa del bolsillo de los ciudadanos y que prevé seguir haciéndolo». UGT ha instado al Gobierno a solucionar el problema “continuo y creciente” de las subidas del precio de la electricidad, que afecta especialmente a los sectores de la población más vulnerables.

Por ello, pide que se reduzca la fiscalidad de la electricidad, así como de otros suministros básicos, y se le aplique un IVA súperreducido, frente al actual del 21%, “por ser un servicio esencial para la ciudadanía”. También demanda ampliar el bono social y hacerlo más inclusivo, pues considera que el actual es “insuficiente” para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema, así como la modificación de la actual regulación para que sea “más transparente y eficaz”. «En definitiva, se trata de primar el interés general sobre el interés privado y que el sector eléctrico cumpla sus obligaciones con la sociedad», subrayó.

Unidos Podemos trabaja con Ribera

Mientras tanto, Teresa Ribera se reunía en el Congreso con los portavoces de Unidos Podemos en materias relacionadas con Energía y Medio Ambiente, Josep Vendrell, Juan López de Uralde, y Antón Gómez-Reino. Vendrell ha explicado que han planteado a Ribera varias medidas basadas, fundamentalmente, en una reforma del mercado eléctrico en España. Un mercado que, según ha señalado, no es coyuntural, sino estructural, lo que hace que «el país sea el cuarto de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros», a pesar de que un «10-15% de la población sufre pobreza energética». El portavoz de Energía del grupo parlamentario ha denunciado, además, que con este mercado las compañías eléctricas «siempre ganan».

Por ello, y además de esa reforma del mercado, Unidos Podemos también ha propuesto reducir el término de potencia, es decir, la parte fija que se paga; recuperar la gestión de las hidráulicas cuya concesión ha caducado; y afrontar la reforma del bono social que, actualmente, según Vendrell, deja fuera a un millón de usuarios. Los diputados han explicado que Ribera ha estado receptiva en esta materia, aunque estarán atentos a su comparecencia en el Congreso, prevista para este miércoles, en la que se abordará el tema de la subida de la luz. El grupo confederal espera que entre sus medidas para solucionar este tema incluya alguna de sus propuestas.

Cambio climático y Transición Energética

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Unidos Podemos ha anunciado la puesta en marcha de un espacio abierto de diálogo, aunque no se ha establecido un calendario concreto para posibles reuniones. Según López de Uralde, ofrecieron su ayuda a la ministra para abordar la norma en esta legislatura, algo que le parece «imprescindible» pues, tal y como explicó, con el Gobierno del PP se «perdieron» dos años de trabajo en esta materia. «Era importante que se creara este espacio de trabajo por la urgencia, porque no queremos que ocurra como con el PP, y por el contenido, porque esperamos que la ley sea ambiciosa», indicó.

En su intervención ha recordado que Unidos Podemos registró en julio su propuesta de ley sobre este tema, que «la ministra conoce» y que «aborda realmente el cambio climático de manera completa desde el punto de vista de la energía, pero también desde otros sectores afectados de alguna forma por el cambio climático». Esta primera reunión con la titular de Transición Ecológica está enmarcada en el «diálogo preferente» que el grupo confederal «está teniendo con el Gobierno salido de la moción», según ha explicado Gómez-Reino.