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El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

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Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

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Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

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Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios«, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son «más paliativas que estructurales» de cara al invierno y que «lo fundamental» pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social «reforzado» y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de «respuesta solidaria» con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de «una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses».

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». «Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta», añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión «práctica» de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, «en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción».

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que «ser eficaz con quien más lo necesita», por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. «Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro», concluyó Ribera.

Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.

Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses y aprueba una exención del céntimo verde

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Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Actuar sobre las cargas fiscales

Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».

En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».

Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».

En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».

La parte fija de la factura de la luz se incrementó más de un 150% en 15 años, según Facua

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Europa Press.- La factura de la luz de un usuario medio se incrementó un 92,2% en los últimos 15 años, representando 40 euros más, según datos de Facua. Según su análisis, realizado para un usuario que consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW, la factura ha pasado de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros entre julio y diciembre de 2008, 74,81 euros en agosto y septiembre de 2013 y 83,55 euros en septiembre de 2018.

Así, en el año 2003, el usuario medio, que tenía contratada la tarifa 2.0, pagaba al mes 43,47 euros, 35,65 euros más el 21,93% de impuestos indirectos vigentes en esa fecha. Mientras, con las tarifas vigentes entre julio y diciembre de 2008, el usuario medio (que tenía contratada la tarifa 2.0.2) pagaba 55,31 euros mensuales, 45,37 euros más el 21,93% de impuestos indirectos). Por su parte, en agosto y septiembre de 2013, un usuario medio con la denominada TUR pagaba 74,81 euros al mes, 58,82 euros más el 27,19% de impuestos indirectos vigentes. Con las tarifas de septiembre, el usuario medio sujeto al PVPC paga 83,55 euros, 65,69 más el 27,19% de impuestos vigentes actualmente.

Según calcula Facua, la parte fija de la factura se ha incrementado en 15 años en un 152,8%. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 79,4% desde agosto de 2003. Por otra parte, Facua reclama al Gobierno que emprenda medidas «realmente eficaces» para abaratar el recibo, como bajar el IVA de la luz al 4%, y «no vuelva a poner parches similares a los que han visto los usuarios legislatura tras legislatura».

Greenpeace asegura que el autoconsumo de energía puede suponer un ahorro de 1.770 millones de euros en combustibles y CO2

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Europa Press.- Greenpeace considera que apostar por el autoconsumo de energía puede suponer para España ahorrar unos 1.770 millones de euros en combustibles, redes y 10 millones de toneladas de CO2. Así, la ONG quiere que el Gobierno promueva el autoconsumo, en línea con la proposición de Ley de Autoconsumo que está en tramitación parlamentaria y asegura que además de pagar impuestos y costes igual que el resto del sistema, los autoconsumidores aportan a la sociedad 59 euros por cada MWh producido.

Entre las medidas urgentes, Greenpeace destaca la necesidad de permitir el autoconsumo virtual compartido que permitiría introducir en España modelos de lucha contra la pobreza energética inspirado en el modelo griego. Además, plantea que la electricidad que exceda de las instalaciones de autoconsumo reciba una remuneración justa, que atienda al análisis de costes y beneficios que esta aporta a la red, la sociedad y el medio ambiente. En este contexto, insiste en que los objetivos de renovables de España deben ser ambiciosos y plasmarse en el Plan Integrado de Clima y Energía así como en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, Greenpeace aboga por un sistema energético 100% renovable antes de 2050.

Análisis de costes y beneficios

Greenpeace señala que el retorno de la inversión en autoconsumo sería el doble de rápido si, además de eliminar el impuesto al sol, se remunerase la electricidad excedentaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios «justo». Asimismo, asegura que los beneficios del autoconsumo superan con creces los costes incurridos en la red eléctrica o la moderación de ingresos a través de la factura.

La responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, considera que las personas que luchan contra el cambio climático deberían ser premiadas, no penalizadas. «Hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la lucha contra el cambio climático y reducir la factura de la luz para todos los hogares», indicó. Finalmente, la ONG pide al Gobierno que «comience a dar ejemplo» en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y devuelva a las personas la posibilidad de controlar su propia energía y le anima a que empiece por aplicar el autoconsumo en los tejados de los edificios públicos.

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

La factura de luz disminuirá un 20% a raíz de las medidas anunciadas por el Gobierno, según Agremia

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Europa Press.- La Asociación del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) ha estimado que las medidas anunciadas por el Gobierno en materia energética pueden reducir la factura de la luz entre un 15% y un 25%. La patronal se refiere a una serie de medidas, especialmente orientadas al proceso de comercialización, como la flexibilización de los tramos de potencia contratada, que actualmente pueden escoger los consumidores particulares.

Según Agremia, este factor referencia muchos de los parámetros del recibo de la electricidad, por lo que su modificación puede incidir en el importe final. «Solo reduciendo el término de potencia, por ejemplo de 4,6 kW a 3,4 kW, se rebajaría en torno a un 25%» explica su presidente, José María de la Fuente. Otra de las medidas que indica es la mayor transparencia en el proceso de comercialización, que evita los fraudes y abusos, al obligar a las compañías a ofrecer información transparente sobre las curvas de consumo de cada usuario. «Cualquier acción que contribuya a la transparencia del mercado redundará en la mejora de la confianza de los consumidores», añade De la Fuente.