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La producción eléctrica con renovables registra en 2017 su peor dato en el último lustro por la sequía

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Europa Press.- Las fuentes renovables cubrieron el 33,3% de la producción eléctrica peninsular en 2017, frente al 40,8% del 2016, registrando así su peor año en el último lustro, según el avance del informe del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España (REE).

Esta caída en la contribución de las renovables se debió principalmente al impacto de la sequía sobre la producción hidráulica, que registró una caída del 48,4% frente al año anterior. Además, estuvo acompañado de una menor generación eólica, que fue un 1,6% inferior respecto al año anterior. Asimismo, se registró un aumento de las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica por esta menor aportación de las energías renovables.

En concreto, la hidráulica solo cubrió el 7% de la demanda en 2017, frente al 14,2% del ejercicio anterior, viéndose así sustituida por una mayor aportación del carbón, que representó el 17%, frente al 13,9% de 2016, y de los ciclos combinados, con un 13,9%, frente al 10,2% de hace un año. En cuanto a las tecnologías que más han contribuido a cubrir la demanda, la nuclear se situó nuevamente en primer lugar, con una aportación del 21,5%, seguida de la eólica, con el 18,2%. Además, las importaciones de energía eléctrica cubrieron en 2017 cerca del 4% de la demanda peninsular, según los datos del operador de la red eléctrica.

Por su parte, el parque generador de energía eléctrica en España descendió por segundo año consecutivo, al finalizar el año con 104.517 megavatios (MW) de potencia instalados, un 0,6% menos que el año anterior. Este descenso se debió principalmente al cierre definitivo de la central nuclear de Garoña de 455 MW, que permanecía inactiva desde finales del 2012. Las variaciones en el resto de tecnologías fueron nulas o poco significativas.

Con datos estimados, la demanda de energía eléctrica peninsular en 2017 se sitúa en 253.082 gigavatios hora (GWh), con un crecimiento del 1,2% con respecto al año anterior. Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, la demanda aumentó un 1,7% respecto a 2016. De esta forma, la demanda peninsular mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 tras cuatro años consecutivos de descensos.

En lo que respecta a la demanda anual de energía eléctrica en el conjunto de los sistemas no peninsulares, finaliza 2017 con 15.422 GWh, un 2,6% más que el año anterior. Por sistemas, en Baleares, Canarias y Melilla la demanda creció un 3,8%, un 2% y un 1,1% respectivamente, mientras que en Ceuta descendió un 4,1%. En lo que se refiere al saldo de intercambios internacionales, resultó importador por segundo año consecutivo, tras más de diez años de saldo exportador.

Mientras, la red de transporte de energía eléctrica, según datos provisionales, registra un incremento de 215 kilómetros de circuito, 139 kilómetros (110 km de 400 kV y 29 km de 220 kV) en el sistema peninsular, con lo que este alcanza los 40.769 kilómetros. En los sistemas extrapeninsulares, destacó la puesta en servicio de 76 kilómetros de circuito, siendo el proyecto más significativo el refuerzo del eje Gran Tarajal-Matas Blancas en Fuerteventura, cuyo objetivo es contribuir al mallado de la red y a la evacuación de la energía generada en el sur de la isla.

El Gobierno plantea destinar el superávit eléctrico a financiar nuevas renovables en los sistemas extrapeninsulares y a pagar indemnizaciones judiciales

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Europa Press.- El Ministerio de Hacienda ha incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Estas disposiciones con rango de ley supondrían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit tarifario. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros. Precisamente, el regulador reclama al Ministerio de Energía que desarrolle «lo antes posible» la ley para aplicar los superávit de 2014 y 2015 a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

Frente a este planteamiento del regulador, la disposición adicional 110ª del proyecto de presupuestos recoge una convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares «con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley». El Gobierno establece que estos importes se dedicarán a proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos Feder y establece la cuantía máxima que podrá cargarse al sistema eléctrico, que será de 60 millones de euros. Además, la disposición adicional 114ª señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico».

Entre las indemnizaciones que el Gobierno podría verse obligado a afrontar figuran los 500 millones de euros de compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años. Sobre este aspecto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otro de los litigios susceptible de indemnizaciones es el referido al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que las empresas del sector eléctrico, como han hecho otras del energético en general, tienen recurrido. El Supremo ha elevado una cuestión sobre el asunto al Tribunal de la Unión Europea.

El proyecto de ley también recoge una disposición adicional, la 111ª, en la que se contempla una «compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables». La disposición habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias que se determine, “intensas en comercio con terceros países” (exportadoras), consistente en la «reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan«.

La Red RUP Energía busca captar financiación de la Unión Europea para el desarrollo de renovables en las regiones ultraperiféricas

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EFE.- El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, participó en una reunión de la Red de Energía RUP, liderada por Canarias, en la que se avanzaron en varias propuestas conjuntas con los que captar fondos de la Unión Europea para impulsar el desarrollo de energías renovables en los territorios ultraperiféricos, con un “necesario” marco legislativo europeo “flexible y adaptado, que tenga en cuenta las singularidades y vulnerabilidades” de las islas y de las regiones ultraperiféricas.

En el encuentro participaron representantes de Madeira, Azores, Mayotte, Martinica, Reunión y Guadalupe. Entre los temas que se abordaron, Mendoza destacó la preparación de una propuesta conjunta por parte de todas las RUP sobre la Directiva de Energías Renovables que se tramita en estos momentos en el Parlamento Europeo. Según el Gobierno canario, estas regiones deben contar con “regímenes de incentivos específicos para el fomento de las renovables sin tener que recurrir necesariamente a procedimientos de subastas o concurrencia previa o, en su caso, poder contar con procedimientos de concurrencia exclusivos o que no se basen, únicamente, en criterios exclusivamente económicos, sino que se tengan en cuenta las particularidades territoriales”.

El objetivo, según explicó, es conseguir que la Unión Europea module incentivos económicos en favor del desarrollo de las energías renovables en los territorios ultraperiféricos, en la medida en que ayudan a reducir los costes del sistema eléctrico respecto a la generación convencional y permiten dar respuesta a los sobrecostes que se derivan de su aislamiento, fragmentación y alta dependencia de los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases invernadero. El viceconsejero de Industria recordó que, gracias al trabajo realizado por las RUP, la propuesta de la nueva Directiva sobre Energías Renovables aprobada por la Comisión Europea en noviembre de 2016 ya recoge una mención específica a las regiones ultraperiféricas y a la necesidad de favorecer en ellas las renovables.

«Nuestro propósito ahora es concretar las medidas y los mecanismos de apoyo que la Unión Europea establecerá para promover una transformación efectiva de los sistemas energéticos de nuestros territorios y avanzar en una mayor autosuficiencia energética», añadió. Por otro lado, los miembros de la Red de Energía RUP avanzaron también en la próxima presentación de un proyecto conjunto a la nueva convocatoria Interreg Europe con el objetivo principal de ayudar a difundir entre las empresas las ventajas y beneficios de aplicación de sistemas de ahorro y eficiencia energética. Asimismo, se utilizarán nuevas herramientas informáticas para favorecer el intercambio de proyectos y experiencias entre los miembros de la Unidad de Energía RUP y cumplir así con uno de sus objetivos prioritarios

Impulsada por el Gobierno de Canarias, la Red de Energía RUP se constituyó en septiembre de 2016, en el marco de la XXI Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas celebrada en Madeira, con el propósito de emprender un plan de acción conjunto que permita acceder a financiación europea y sumar esfuerzos para sacar el máximo rendimiento al elevado potencial que ofrecen estos territorios en energías renovables. Además, otro de los objetivos de la Red RUP de Energía es posicionar a estas regiones como laboratorios tecnológicos gracias a sus condiciones naturales que las pueden convertir en modelos energéticos a nivel mundial.

Los instaladores de Fenie calculan que el autoconsumo puede aportar 513 millones de euros al Estado en cuatro años

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Europa Press.- La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie) calcula que el autoconsumo de electricidad puede procurar un beneficio económico neto a las arcas del Estado de 513 millones de euros en cuatro años. La asociación presenta un estudio en el que ha calculado los efectos económicos asociados a la hipotética instalación de 1.000 megavatios (MW) de autoconsumo entre 2017 y 2020.

Este ejercicio de previsión tiene en cuenta los menores ingresos para el sistema eléctrico asociados a la reducción en el importe de los peajes o en lo recaudado a través del impuesto de la electricidad. El resultado es que estos 1.000 MW de autoconsumo generarían unas pérdidas de 57,4 millones de euros, mientras que las ganancias para el Estado ascenderían a 570,7 millones de euros.

Fenie indica que el Estado obtendría beneficios en concepto de IVA, IRPF, Seguridad Social e Impuesto de Sociedades, así como de licencias y tasas, todos ellos derivados de la inversión inicial y el mantenimiento de las instalaciones de autoconsumo. Además, recoge otros retornos al Estado derivados de la actividad de mantenimiento de las instalaciones, la disminución de pérdidas de electricidad, la reducción de costes en los sistemas extrapeninsulares y el impacto positivo de esta actividad sobre el medioambiente. El estudio se llama Estimación del impacto económico derivado de la implantación de instalaciones de Autoconsumo de electricidad para el periodo 2017-2020.

Folgado aboga por revisar los conceptos de la tarifa eléctrica mientras Red Eléctrica cierra acuerdo de financiación con el BEI

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EFE / Servimedia.- El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, y el consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), Juan Lasala, ratificaron un acuerdo de financiación por importe de 450 millones de euros, al tiempo que el presidente de la compañía, José Folgado, defendió que deben hacerse mejoras en «el conjunto de la tarifa eléctrica» y revisarse «algunos conceptos para reducir el coste de la factura», como «el impuesto eléctrico o los extracostes extrapeninsulares».

Mercado afectado por parón nuclear

Folgado argumentó que en España «no está mal en general el funcionamiento del pool» (mercado mayorista de la electricidad) y que lo hace de «manera homogénea al resto de Europa». El presidente de Red Eléctrica ha atribuido el incremento del precio de la luz a una serie de condiciones «desfavorables» entre las que también ha incluido que «Francia dejó de producir energía eléctrica en 7 de sus centrales nucleares y eso afectó a toda Europa». A pesar de todo, considera que «el mercado está funcionando» y que el Gobierno «sabe lo que tiene que hacer».

Folgado aboga, sin embargo, por mejorar el conjunto de la tarifa eléctrica mediante la revisión de algunos conceptos para «reducir el coste global». Entre ellos, mencionó «el impuesto específico y los extracostes extrapeninsulares«, aunque ha hecho hincapié en que «debe analizarse con serenidad, porque los conceptos fijos, la generación, transporte y distribución representan el 56% del total de la factura».

Ve “injustas” las críticas recibidas

Por otro lado, Folgado calificó de «gravísimo error y de grave injusticia» la consideración del grupo empresarial como «puerta giratoria» para políticos, tras el nombramiento como consejero del exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Folgado resaltó que REE «está teniendo la mejor consideración desde el punto de vista de las buenas prácticas corporativas en todas las instituciones».

Ha recordado que la compañía ha tenido «un puesto de honor en la excelencia en materia corporativa» y en lo que se refiere al nombramiento de consejeros ha dicho que existe «un mapa de competencias y se puede ver perfectamente la altísima consideración de éstos». Folgado esgrime que la candidatura de Fernández de Mesa fue «analizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que la elevó al Consejo de Administración y se aprobó por unanimidad».

450 millones con el BEI

Según indicó REE, el acuerdo con el BEI tiene como objetivo financiar una parte de las inversiones previstas en su plan estratégico. Concretamente, el apoyo del BEI contribuye a reforzar el mallado de la red en la Península, así como las interconexiones internacionales y entre islas, como parte de las prioridades del Plan de redes energéticas de la Unión Europea.

Escolano ha destacado en el acto de firma «el impacto positivo de este préstamo en la economía española, garantizando y optimizando el suministro eléctrico».  Además, recalcó la «importancia de las inversiones en el archipiélago balear y canario», ya que «allí son aún más necesarias» para un correcto funcionamiento de las infraestructuras eléctricas. Lasala ha señalado que «se valora el apoyo que prestan las instituciones europeas». Estas infraestructuras no solo son fundamentales para mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico, sino que además favorecen el desarrollo sostenible y el empleo.

Industria mantendrá en 2016 los actuales peajes eléctricos tras recortar las partidas previstas para carbón y sobrecostes extrapeninsulares

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo mantendrá en 2016 la bajada del recibo de la luz del 2,2%, aplicada desde el pasado agosto y que estaba configurada para estar vigente hasta diciembre. Ahora Industria la extenderá a 2016 gracias un recorte en los sobrecostes de la actividad extrapeninsular y a otro adicional en los pagos por capacidad, así como al aumento de la demanda. Los planes de Industria aparecen recogidos en el borrador de la orden ministerial de peajes para 2016.

Por un lado, se mantendrá la rebaja en los pagos por capacidad aplicada en agosto, lo que sólo abarataría en un 1,1% el recibo al cabo de los 12 meses del año 2016. Para igualarlo al 2,2% aplicado desde agosto, habrá un recorte adicional en estos pagos por unos 200 millones de euros, que sumarán un 0,5% de reducción. Otro 0,5% de abaratamiento procederá de un recorte en los costes generales del sistema, especialmente en los sobrecostes extrapeninsulares, que pasarán de suponer 887 millones a 740 millones. La mejora adicional de la demanda eléctrica en un 1% permitirá elevar aún más la rebaja, hasta igualar e incluso superar el nivel de peajes obtenido en agosto con la bajada del 2,2%.

El borrador de orden ministerial mantiene por un lado en enero los peajes de acceso con los que se sufragan en la tarifa los costes regulados del sistema eléctrico, como las redes de transporte y distribución; pero también aplica un ajuste a la baja de los precios unitarios de los pagos por capacidad que realizan los consumidores, un concepto que se abona en la parte de energía del recibo. Este segundo aspecto es el que facilitará fundamentalmente la bajada de la luz. Si la orden de peajes de 2015 instaba a ingresar 1.420 millones para cubrir este coste, en julio la partida se redujo a 1.247 millones, lo que contribuyó a la bajada eléctrica del 2,2% entre agosto y diciembre.

En aquella revisión normativa de julio ya se rebajaron los precios unitarios de los pagos por capacidad para 2016, lo que, aplicado al conjunto el año, permitía reducir en cerca de un 1,1% en recibo de electricidad. Ahora, Industria ha aplicado un recorte aún mayor a los pagos por capacidad, que pasan a requerir ingresos de 730 millones de euros, lo que supone un 41% menos que lo contabilizado para 2015. En total, redujo la partida en 690 millones de euros, que si se trasladan al escenario tarifario de 2016 provocan una bajada del 2,4%.

6.682 millones al régimen especial

Los costes regulados ascenderán a 17.279 millones, de los que 1.690 millones corresponden al transporte, 4.931 millones a la distribución, 2.887 millones a las anualidades del déficit de tarifa y 6.682 millones a los incentivos a las renovables y a la cogeneración. En el lado de los ingresos, las principales partidas son los 13.500 millones procedentes de los peajes de acceso que pagan los consumidores y la aportación de fondos públicos: a razón de 2.704 millones de euros procedentes de los impuestos eléctricos de 2012 y hasta 450 millones de euros que proceden de las subastas de emisiones de CO2.

Industria prevé terminar el ejercicio con un superávit de 364 millones de euros y que los ingresos superen a los costes en 24,2 millones en 2016, un ejercicio en el que espera un aumento de la demanda eléctrica del 1% con respecto a 2015. Industria espera ingresar un total de 13.464 millones en concepto de peajes el próximo año, de ellos 10.111 millones en baja tensión -7.048 millones de los clientes en precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) y 3.063 millones de mercado libre- y el resto, de alta tensión.

La regulación eléctrica surgida de las reformas de esta legislatura no permite rebajar los peajes eléctricos mientras exista deuda pendiente y, según los cálculos de industria, todavía quedan más de 22.000 millones derivados del déficit de tarifa por pagar. Sin embargo, dado que los pagos por capacidad se incluyen en la parte de energía del recibo, a pesar de ser un coste regulado quedan exentos de esa limitación y sí pueden rebajarse. De hecho, Industria ya utilizó esta vía para bajar el recibo en verano, con una reducción de la parte regulada del 4%, lo que repercutió en un abaratamiento de la factura del 2,2%.

Fuentes del sector indicaron que esta bajada del recibo puede generar contestación en los tribunales ya que la regulación impide tocar los cargos del sistema mientras haya deuda pendiente, circunstancia que el Gobierno además pudo obviar al utilizar un real decreto ley, con rango de ley. Al extender ahora el recorte a través de una orden ministerial, Industria no utiliza el rango legal necesario, lo que podría originar recursos de las compañías eléctricas. A la hipotética reversión de la medida se suma la posible subida de luz asociada a la revisión de los costes de comercialización tras la sentencia del Tribunal Supremo, indican las fuentes.

Soria insiste: la luz bajará

Por otro lado, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, insistió en que el Gobierno aplicará una «nueva rebaja» en la factura de la luz a partir del 1 de enero, en la parte que depende del Ejecutivo. El ministro recordó que entre 2004 y 2012 se duplicó el precio medio que pagaba una familia por la factura de electricidad, de 30 a 60 euros, y que a partir de 2013 empezó la rebaja. «Ha bajado desde un nivel muy elevado y es muy poco perceptivo«, ha admitido, a la vez que ha destacado que ha cambiado la tendencia hacia la baja.

El Gobierno destina 3.895 millones de euros para pagar costes del sistema eléctrico, un 7,4% menos

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Servimedia / EFE.- El Gobierno reducirá un 7,4% la cuantía destinada para financiar los costes del sistema eléctrico en 2016, hasta un total de 3.895,14 millones de euros, frente a los 4.207,17 millones del ejercicio precedente, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016.

Según el Ejecutivo, una parte se financiará con ingresos procedentes de los impuestos introducidos por la Ley de medidas fiscales para sostenibilidad energética de 2012 y, otra parte, con el resultado de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se incluye en esta cifra la financiación del 50% de los sobrecostes que supone generar electricidad en los territorios insulares y extrapeninsulares. Este reparto es resultado de la reforma energética aprobada por el Ejecutivo para atajar el llamado déficit tarifario, la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico.

Según el proyecto de presupuestos, el objetivo principal en materia energética sigue siendo, precisamente, «el control y solución» de los déficit, en especial en el sistema eléctrico, sin menoscabo de la seguridad del suministro ni de la retribución adecuada de las inversiones en activos regulados. El texto elaborado por el Gobierno incide también en las políticas de ahorro y eficiencia energética, y en la protección de los consumidores. Globalmente, la política de Industria y Energía contará el próximo año con unos recursos de 5.455,02 millones de euros, disminuyendo un 9,5% con relación al ejercicio precedente.

Industria asegura que la nueva regulación «no penaliza el autoconsumo» ni impide usar baterías

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Europa Press.- El Ministerio de Industria asegura que la nueva regulación «no penaliza el autoconsumo» ni impide usar baterías ya que recuerda que el real decreto en el que trabaja «sólo es de aplicación en las instalaciones conectadas a la red, no en las aisladas«, indican fuentes del departamento dirigido por Soria, que indican que el objetivo es permitir la «correcta utilización de las distintas modalidades de autoconsumo» y procurar «un reparto equitativo de los costes asociados a su desarrollo que garantice la necesaria sostenibilidad económica del sistema».

En todo caso, Industria considera que «no se puede evadir el pago de peajes si se utiliza la red cuando no hay sol o viento» y que «no hay que dar ventaja a los que autoconsumen frente a los que no lo hacen«. «Habrá que abonar un peaje por la utilización de la red», pero «no hay ningún impuesto». «De no ser así el resto de los consumidores estaríamos pagando o financiando una parte de ese autoconsumo», indican las fuentes.

Sobre el uso de baterías de acumulación, Industria asegura que los autoconsumidores podrán usar baterías y «no pagarán un peaje especial». «La energía necesaria para cargar la batería pagará su peaje correspondiente y el usuario la podrá utilizar cuando lo estime oportuno. En el caso de que esa energía proceda de autoconsumo se le dará el mismo tratamiento que al resto de autoconsumos. Por el hecho de acumular energía en una batería, no se pagará ningún peaje especial«, afirma Industria.

Por otro lado, Industria asegura que el real decreto de autoconsumo estará aprobado en esta legislatura y destaca que el autoconsumo en las islas «sí puede reducir los costes del sistema, al contrario de lo que sucede en la Península». «Generar con placas fotovoltaicas en las islas es más barato que la actual generación de electricidad con fuel, además de ser más limpio medioambientalmente. Debido al ahorro que genera para el conjunto del sistema, se le dispensa de una parte del peaje que corresponde al autoconsumo», añaden las fuentes ministeriales.

Soria habla de las baterías

El ministro Soria aseguró que el borrador de real decreto sobre autoconsumo no recoge «ningún tipo de mención» a un peaje para gravar el almacenamiento de electricidad en baterías por parte de los consumidores, e insistió en que lo único que se está planteando el Gobierno es cobrar por utilizar la red general. «Lo que hay es lo que hemos dicho desde el principio: Si alguien quiere producir su propia energía y consumirla no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, sólo la instalación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar enganchado a la red entonces tendrá que abonar un peaje por la utilización de esa red», señaló Soria.

A renglón seguido, Soria justificó la necesidad de este peaje de respaldo alegando que no imponerlo «equivaldría a que el resto de consumidores estarían financiando una parte» del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores, por lo que lo justo es «pagar por aquello que se está utilizando» ya que la asunción de este coste de la red sólo por una parte de los consumidores «no se da en ningún país del mundo». Pero Soria, que recordó que el autoconsumo tendrá una regulación por primera vez en España con este Gobierno, niega que haya un recargo para el almacenamiento de electricidad en baterías por parte de los consumidores.

El decreto 1699/2011 ya prohibió la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida. Sin embargo, los nuevos paneles solares incorporan en algunos casos baterías que ya no se encuentran intercaladas en el circuito y que, por tanto, podrían ser susceptibles de utilizarse sin trabas regulatorias. El director general de GeoAtlanter, Jorge Morales de Labra, asegura que se fija un nuevo cargo del que quedan excluidas las instalaciones que no lleven acumuladores, por lo que los autoconsumidores sufrirán una penalización por usar los sistemas de almacenamiento que ya incorporan los nuevos paneles solares, que sólo podrán usar si no los conectan a la red eléctrica y disponen por tanto de una instalación aislada.

Concretamente, el gravamen se aplica sobre la potencia y oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15 kW conectadas en baja tensión. Este importe, según Morales de Labra, será suficientemente disuasorio. Las baterías incorporadas a las placas solares suelen tener una autonomía media de unas dos horas y su uso está siendo incentivado por reguladores como los de Alemania, que ven en ellas una solución para no concentrar los vertidos de electricidad a la red a las mismas horas.

El borrador de Industria también señala en su artículo 10 que la electricidad excedentaria que los autoconsumidores puedan verter a la red no tendrá ninguna contraprestación económica. Este aspecto podría animarles a almacenar su electricidad para consumirla en las horas en las que no haya sol. Industria sí permitirá a los consumidores conectados en alta tensión y que realicen actividades empresariales tener una retribución por verter electricidad que no pueda ser consumida en su propia instalación, aunque sujeta a condiciones. A estos autoconsumidores en alta tensión se les permitirá implantar sistemas de ahorro y eficiencia, si bien los generadores y las baterías de almacenamientos quedarán también excluidos de esta modalidad.