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La Comisión Europea autoriza a España a destinar 200 millones de euros en ayudas a las empresas electrointensivas hasta 2020

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó el esquema de ayudas de España a las empresas con un consumo intensivo de electricidad, que contará con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2020, al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado.

Este esquema, aprobado originalmente por la Unión Europea en 2013, está dirigido a compañías que se enfrentan a costes «significativos» relacionados con el consumo eléctrico y que cuentan con una exposición «particular» a la competencia internacional. La compensación tiene forma de reembolso parcial de los costes de electricidad bajo el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas).

«El incremento del presupuesto está justificado por los mayores precios de la electricidad resultantes de los costes indirectos de emisión bajo el sistema europeo de comercio de emisiones», argumenta Bruselas, que ha evaluado la adecuación del plan a las normas europeas sobre ayudas de Estado, en particular con las directrices sobre ayudas relativas a la energía y la protección medioambiental. Los servicios comunitarios de Competencia han concluido que dicho esquema cumple con las reglas comunitarias.

Bruselas invertirá 10.000 millones de euros en impulsar las tecnologías verdes entre 2020 y 2030

Europa Press.– La Comisión Europea ha anunciado que invertirá más de 10.000 millones de euros entre 2020 y 2030 para impulsar el desarrollo de tecnologías verdes en varios sectores económicos con el objetivo de impulsar su competitividad global y asegurar que la Unión Europea está «en lo más alto de la liga» de patentes ecológicas. «Este liderazgo da una ventaja competitiva global que permite a Europa recoger los primeros beneficios incrementando las exportaciones de productos y tecnología sostenibles y modelos de negocio», ha destacado el Ejecutivo comunitario.

Estas inversiones estarán gestionadas por el Fondo de Innovación y Bruselas tienen la intención de convocar las primeras ayudas en 2020. El Fondo de Innovación será la continuación del programa NER 300, que actualmente apoya el desarrollo de tecnologías para la captura y almacenamiento de carbono, así como de energías renovables. Su sucesor ampliará sus inversiones para cubrir también el almacenamiento de energía y las industrias de energía intensiva. Concretamente, concederá subvenciones que cubran hasta el 69% del capital adicional y los costes operacionales. Los fondos se desembolsarán de forma flexible sobre la base de las necesidades de cada proyecto.

Su presupuesto se alimentará, principalmente, de la venta derechos en el marco del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). Bruselas calcula que entre 2020 y 2030 se venderán unos 450 millones de permisos de emisiones, cuyo precio actual ronda los 20 euros. A esta suma se añadirá el dinero no reembolsado del programa NER 300. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el objetivo de la UE es «seguir construyendo una economía moderna, competitiva y socialmente justa», que al mismo tiempo esté «alineada» con el Acuerdo de París.

España aumentó un 4,4% sus emisiones de CO2 en 2017 al usar más carbón y menos hidráulica para generar electricidad

Europa Press.– Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% en 2017 en España respecto a 2016, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica, que señala que España emitió 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El inventario, que será remitido a la Comisión Europea, expone que la principal razón de este aumento se encuentra en las emisiones procedentes de la generación de electricidad, que suponen un 21% del total de emisiones y crecieron un 18,8% durante 2017 ya que hubo una mayor producción de las centrales térmicas de carbón, en un 20,6%, y de los ciclos combinados de gas, en un 27,5%, al mismo tiempo que la producción de las centrales hidroeléctricas cayó un 49% a consecuencia de la pertinaz sequía en un año hidrológicamente muy seco y que tuvo unos niveles similares de producción eólica, que aumentó un 0,4%..

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el balance es «negativo» y por ello ve necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético ya que considera que «España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas«. “Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero», afirma Hugo Morán.

Los datos apuntan que todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones, en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) en España creció un 3,1% y que fue hidrológicamente «malo» ya que fue «el más cálido y el segundo más seco desde 1965». Así, la principal subida se debió a la generación de electricidad, cuyas emisiones aumentaron un 18,8%; el sector industrial, 3,2%; transporte por carretera, 2,5% o de la agricultura, 2,9%. También se han registrado descensos, especialmente en los gases fluorados, cuyas emisiones cayeron un 17,2% y el sector residencial, con un 2,8% menos.

De este modo, con datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, planteando una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras actuales significaría un descenso de algo más de un 45%.

El Ministerio pretende plasmar esta ambición en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que espera someter a información pública antes del mes de agosto y que fijará la senda para cumplir con los objetivos de recorte de emisiones marcada por el Acuerdo de París. Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.

El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (11%). En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2017 expone que las emisiones del transporte aumentaron un 2,6% respecto a 2016, sobre todo por el transporte en carretera (25% del total con un aumento del 2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual del 6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).

En cuanto a la industria, se estima que en 2017 las emisiones de la combustión en los sectores industriales creció un 4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. Asimismo, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza, del 1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); del 0,3% en la industria química; y del 1,2% en la metalurgia.

El Gobierno asigna derechos de emisión de gases de efecto invernadero a 17 instalaciones hasta 2020

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta 2020 por un total de 1,3 millones de derechos de emisión a 17 instalaciones afectadas por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS).

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria y sector de generación eléctrica, y afecta a más de 11.000 instalaciones. En el acuerdo han participado los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; y de Energía. De estas 17 instalaciones, que constituyen el quinto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, 9 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y otras 8 a nuevas instalaciones.

La cuantía acordada asciende a 1,3 millones de derechos de emisión otorgados, que se tomarán de la reserva constituida para nuevos entrantes del periodo 2013-2020 común a todas las instalaciones de Europa. La disponibilidad actual de derechos en la reserva es de 335,9 millones. El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por Bruselas.

Asimismo, se siguió el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este procedimiento incluye la consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el trámite de información pública, la aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y la elevación al Consejo de Ministros.

La Eurocámara respalda la reforma para reducir las emisiones industriales de la Unión Europea a partir de 2021

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha respaldado la reforma del sistema de comercio de emisiones de CO2 (ETS), que se aplicará a partir de 2021 y que tienen el objetivo de reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales. Los eurodiputados han avalado con 555 votos a favor, 104 en contra y 39 abstenciones el acuerdo alcanzado en noviembre con el Consejo de la Unión Europea, que son los Estados miembros y que ahora deben formalizar la reforma.

El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce cada año y abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Ahora se incrementará el recorte que se aplica todos los años a la cuota anual de derechos de emisión colocados en el mercado, hasta el 2,2% a partir de 2021 frente al 1,74% que se aplica actualmente. Este porcentaje será revisado con la intención de aumentarlo en 2024.

Además, se duplicará la capacidad de la reserva de estabilidad del sistema ETS para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado. Una vez activada, esta reserva absorbería hasta un 24% de los derechos de emisión en exceso en cada ejercicio durante los cuatro primeros años, con lo que aumentaría el precio de los derechos y se incentivaría el recorte de las emisiones.

Por otro lado, el texto prevé la creación de un fondo de modernización para ayudar a actualizar los sistemas energéticos, así como un fondo de innovación para apoyar las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono. Asimismo, para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la Unión Europea por las exigencias de reducción de emisiones, las llamadas fugas de carbono, los sectores con mayor riesgo recibirán sus derechos gratuitamente, mientras que otros menos afectados recibirán gratis el 30% de los créditos.

Los países de la Unión Europea aprueban la reforma para reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales

Europa Press.- Los Gobiernos nacionales de los 28 Estados comunitarios han dado su visto bueno a la reforma que busca reducir las emisiones contaminantes de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales de la Unión Europea y que forma parte del conjunto de medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo del Clima de París.

Se pretende reformar el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS), cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021.Tras este paso, la reforma debe recibir ahora luz verde por parte del Parlamento Europeo. El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce anualmente. En conjunto, abarca el 45% de las emisiones invernadero de la Unión Europea y el objetivo para 2030 es conseguir un recorte del 43% en las incluidas en este sistema.

Así, el acuerdo recoge que el recorte anual de créditos subastados en este sistema, llamado «factor de reducción lineal», será del 2,2% cada año, frente al 1,74% actual. Este factor podrá revisarse con vistas a incrementar el recorte, pero siempre a partir de 2024. Además, se duplicará temporalmente, hasta finales de 2023, el número de permisos incluidos en el mecanismo de estabilidad de mercado (MSR). A partir de ese año se pondrá en marcha un nuevo mecanismo que limitará la validez de los permisos que se encuentran en esta reserva.

Por otro lado, la reforma del sistema ETS incluye una serie de provisiones para proteger a la industria europea del riesgo de fugas de carbono, que se dan cuando, por motivos de costes derivados de políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos. Finalmente, el acuerdo prevé la creación de una serie de mecanismos de financiación para ayudar a los sectores industrial y energético a enfrentarse a los desafíos de «innovación e inversión» en la transición hacia una economía baja en carbón.

Unesid cree que la reforma del comercio de emisiones representa «un importante sobrecoste» y pide recibir compensaciones de las eléctricas

Europa Press.- La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) asegura que la reforma del Comercio de Emisiones Europeo (ETSEU) tal como está diseñada representa «un importante sobrecoste incluso para la mejor de las mejores siderúrgicas europeas». Además, pide que los países apliquen una compensación completa por los beneficios que obtienen las compañías eléctricas al facturar un CO2 en todos los kilovatios (kW) eléctricos, que solo se emite parcialmente.

El director general de Unesid, Andrés Barceló, respalda así la iniciativa de la patronal europea (Eurofer), y considera esta reforma «algo conceptualmente inadmisible y claramente en contra de lo acordado por los primeros ministros de la Unión Europea en octubre de 2014». Eurofer pedía a todos los gobiernos de la Unión Europea que garanticen la existencia de un sector comunitario «sostenible y globalmente competitivo» y advertía sobre los efectos negativos que podría tener una reforma del sistema europeo de comercio de emisiones que no proteja los intereses de la industria.

Para Unesid, la propuesta comunitaria actual supone favorecer la producción en terceros países, «con aceros que generan más emisiones de CO2 y con nula innovación, a la vez, que propicia la reducción de actividad industrial y de puestos de trabajo en Europa y en España, que apenas está saliendo de una crisis que ha durado ya una década». Asimismo, el dirigente de Unesid considera que la carencia de CO2 en el sector siderúrgico, «es un hecho desde el presente año 2017». De esta manera, Barceló subraya que el sector ha consumido ya los excedentes de CO2, que se acumularon como fruto de la crisis y la reducción de actividad aparejada.

Además, pide que los países apliquen una compensación completa por los beneficios que obtienen las compañías eléctricas al facturar un CO2 en todos los kilovatios (kW) eléctricos, que solo se emite parcialmente, siendo esta posibilidad opcional para cada Estado. Barceló recalca la importancia de esta petición ya que en España el acero se produce en gran medida reciclando residuos férricos, «un proceso intensivo en electricidad».

La Eurocámara apoya que se reforme el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea

Europa Press.- El Parlamento Europeo ha apoyado la reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS) de la Unión Europea, cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021 con el objetivo de contribuir al recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. El informe ha sido aprobado con 379 votos a favor, 263 en contra y 57 abstenciones. La Eurocámara y los Estados miembros comenzarán ahora las negociaciones para aprobar definitivamente la reforma.

El sistema europeo de comercio de emisiones abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. En concreto, limita las emisiones contaminantes de 11.000 instalaciones de elevado uso energético y de las compañías aéreas que operan entre los socios del bloque comunitario, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En virtud del mecanismo ETS, se establece un límite sobre la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir instalaciones incluidas en el régimen. El límite se reduce paulatinamente con el tiempo de forma que las emisiones totales desciendan.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó que el recorte anual de los créditos subastados sea del 2,2%, a pesar de que la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara había abogado por aumentar este factor al 2,4%. Los eurodiputados propusieron, no obstante, incrementar la reducción a partir de 2024 en línea con la propuesta de la comisión europarlamentaria. Los eurodiputados también abogaron por duplicar la capacidad del programa de estabilidad de mercado (MSR) para absorber el exceso de derechos de emisión en circulación y retirar 800 millones de derechos a partir de enero de 2021.

Los cambios con respecto a los acuerdos alcanzados en el seno de la comisión de Medio Ambiente han provocado las críticas de socialistas y ecologistas al Partido Popular Europeo (PPE). La eurodiputada socialdemócrata Jytte Gutelan denunció que los populares europeos han «saboteado y diluido» la propuesta. «Obviamente, el PPE se preocupa más por complacer a algunos sectores industriales que por combatir el cambio climático», denunció la política sueca socialdemócrata. Sin embargo, el eurodiputado del PPE, Ivo Belet, ha defendido que la posición aprobada por la Eurocámara es «equilibrada» y «garantiza la implementación del Acuerdo de París» al mismo tiempo que asegura el empleo y la competitividad de la industria europea».