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El Senado pide al Gobierno medidas para evitar la llegada de especies invasoras mediante plataformas petrolíferas que atracan en España

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Senado acordó por unanimidad instar al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación y medidas concretas para evitar la llegada de especies invasoras asociadas a las plataformas petrolíferas que atracan en puertos españoles.

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista solicita al Gobierno que establezca y desarrolle protocolos para controlar y vigilar las especies exóticas asociadas a su llegada y así, reducir la amenaza que estas suponen para la biodiversidad de las aguas españolas. En su defensa, el senador Manuel Guerra ha destacado que desde 2011 aumentó el tráfico de plataformas petrolíferas en Canarias, la mayoría procedentes de zonas tropicales del Atlántico, como Brasil, el Caribe, el Golfo de Guinea, pero también del Indo-Pacífico y del Mediterráneo.

Estas plataformas, según explicó, funcionan como un arrecife artificial donde se instalan, normalmente en lugares donde no suele haber este tipo de elementos naturales, por lo que proliferan a su alrededor peces e invertebrados. En su desplazamiento, a menos de 15 kilómetros por hora, la fauna marina que crece a su alrededor se desplaza con ella y estas plataformas se convierten en una especie de hábitat que se desplaza lentamente por el océano. Esto, unido a que las aguas de Canarias han aumentado su temperatura media, podría acarrear graves consecuencias.

La propuesta, aceptada por todos los grupos, advierte al Gobierno de la «preocupante situación» que hace «necesario» establecer un protocolo de control ante la llegada de estas plataformas que favorecen el transporte de una «gran cantidad de especies invasoras», con lo que supone para la biodiversidad del medio marino y, por extensión, por su impacto negativo sobre el turismo, por lo que pide implantar medidas.

CCOO asegura que las emisiones cayeron en 2018 un 4,3% gracias a la menor generación eléctrica con carbón y gas

Europa Press.- Las emisiones de gases de efecto invernadero en España cayeron un 4,3% en 2018 respecto al año anterior, según indicó Comisiones Obreras (CCOO), que señala que este descenso tras el aumento de 2017 sitúa a las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12,91% por encima de las de 1990 y un 26,14% respecto a las emisiones de 2005.

La organización sindical reclama al Gobierno que realice una planificación del sistema energético con mayor penetración de energías renovables (eléctricas y térmicas) para 2030 que avance en la descarbonización de todos los sectores. De acuerdo con el trabajo de CCOO Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2018, la disminución de las emisiones de gases invernadero en 2018 respecto a 2017 se debe en gran parte a la disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica en un 17,8% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 21,5%, al tiempo que aumentó la producción hidroeléctrica en un 21,5%; la producción hidráulica en un 84,8% y la eólica en un 2,9%.

El sindicato recuerda que las emisiones del año base 1990 eran de 288,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes; las del año 2005 ascendieron a 441 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en 2018 fueron de 325,7 millones de toneladas de CO2 equivalente, según los datos preliminares de 2019. En 2017 fueron 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. El factor determinante, según el sindicato, fue la mayor producción hidráulica, igual que en anteriores años, pues cuando los años son lluviosos en España disminuyen las emisiones frente a los años secos, en los que se quema más carbón y gas natural, de modo que aumentan las emisiones.

Un 3% más de petróleo

Así, señala que en 2018 el consumo de petróleo creció un 3% respecto del año anterior y el gas natural se mantuvo constante. Mientras, en el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior. Para CCOO este es un «momento crucial» en el que confluyen los compromisos internacionales que marcan el camino para avanzar en la descarbonización de la economía, informes científicos incuestionables que avisan de que hay poco tiempo para hacerlo, tecnologías disponibles que permiten el cambio de fuentes energéticas y la electrificación de la demanda y, finalmente, una sustancial bajada de costes en muchas de esas tecnologías que permiten hacer los cambios con esfuerzos financieros razonables.

En concreto, subraya que ve a España situada en «una posición favorable» porque dispone de recursos renovables, tecnologías propias y capacidad industrial para afrontar los retos y convertirlos en empleo. Si bien, recuerda que hasta la fecha, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde 1990 y sigue necesitando un importante esfuerzo para llegar a los objetivos de reducción de emisiones para 2030.

El estudio señala que la energía (electricidad, transporte por carretera, aviación y residencial) es el sector con mayor responsabilidad en el conjunto de las emisiones y el «auténtico nudo gordiano», ya que en 2018 representaron el 75,1% del total sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera, mientras el resto corresponde a las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.

El Gobierno fija las actividades en el mar del sector energético que deberán contar con informe de compatibilidad ambiental

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los criterios que harán compatibles las actividades humanas en el mar con los objetivos de conservación de las estrategias marinas. Aprobado por el Ejecutivo a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto introduce la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas marinas, para lo cual se definieron los objetivos ambientales con la finalidad de orientar la consecución del buen estado ambiental.

En concreto, el Decreto establece que deberán contar con informe de compatibilidad con las estrategias marinas los sondeos exploratorios y explotación de hidrocarburos en el subsuelo marino; el almacenamiento geológico de gas o CO2; la instalación de gasoductos y oleoductos, sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo; la instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o de electricidad colocados sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo. Otros proyectos sujetos a este informe serán los relativos a las energías renovables en el mar.

Conservación de los ecosistemas marinos

El Gobierno recuerda que la Ley 41/2010, de diciembre, de protección del medio marino, configura un marco normativo completo para garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar, para que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino. Las estrategias marinas son los instrumentos de planificación de cada una de las 5 demarcaciones marinas españolas y constituyen un marco normativo uniforme y completo para garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar de manera que no se comprometa la conservación de los ecosistemas marinos, de acuerdo con un enfoque ecosistémico.

Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.

Cañete comparte su «enorme preocupación» por la falta de apoyo de la CNMC al gasoducto MidCat con Francia

Europa Press.- El comisario europeo responsable de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha compartido en el Congreso su «enorme preocupación» con la falta de apoyo por parte de los reguladores español y francés al proyecto de interconexión gasista entre España y Francia.

El comisario europeo lamentaba así la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su homólogo francés, la Comisión de Régulation de l’Energie (CRE), de rechazar la inversión en el gasoducto Step, la primera fase del proyecto MidCat. Según estos organismos, este proyecto no cumple con las necesidades del mercado y «carece de la madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza», razones por las cuales rechazaron la solicitud de inversión presentada por Enagás y la firma francesa Teréga el pasado enero.

Frente a ello, Arias Cañete reivindica la necesidad de contar con interconexiones eléctricas y gasísticas para desarrollar el potencial de las energías renovables y asegurar un nivel de seguridad energética, e incide en que la Península Ibérica «es una isla«. Por ello, lamenta que las conexiones transpirenaicas, en la que se encuadra el rechazado proyecto Step, vaya a un menor ritmo que la interconexión eléctrica.

Cañete ha apostado por contar con «el mayor número de interconexiones», sean eléctricas o gasísticas, pues así podría «participar en los mercados centrales europeos» que, a su juicio, «reciben un gas en mejores condiciones que probablemente el gas natural licuado». Si bien cree que España está «bien» preparada, considera que «en estos momentos tiene un diferencial de coste» con el gas que llega al norte de Europa, principalmente a Alemania, con la cual, ha apostillado el comisario comunitario, las empresas deben competir en coste energético.

El precio de los carburantes encadena su sexta subida y se encarece un 6% en lo que va de año

Europa Press.- El precio de la gasolina y del gasóleo encadenó su sexta semana consecutiva de subidas, con lo que acumula hasta un encarecimiento de más del 6% en lo que va de año. En concreto, el precio medio del litro de gasolina subió un 0,48%, situándose en los 1,236 euros. De esta manera, en lo que va de año, el precio medio del litro de gasolina acumula un encarecimiento del 4,8%.

Por su parte, el litro de gasóleo ha subido un 0,84% y se ha situado en los 1,2 euros, su nivel más alto desde finales del mes de noviembre. En este caso, el encarecimiento que suma este combustible en lo que va de 2019 es de más del 6%. Ambos carburantes entraron a principios de año en una tendencia alcista, que por ahora no tiene fin, que cortaba con una espiral a la baja que había llevado a un abaratamiento del 13%, en la gasolina, y de más del 12% para el gasóleo, desde los máximos que alcanzaron en octubre.

Con los actuales precios, el llenado de un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta unos 67,98 euros, unos 30 céntimos más, mientras que en el caso del gasóleo asciende a 66 euros, unos 55 céntimos más. La caída en los precios de los carburantes en los últimos meses del 2018 venía de la mano de un descenso en el precio de la cotización del petróleo, que en lo que va de 2019 ha vuelto a repuntar. El barril de crudo Brent, referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 66,89 dólares mientras que el Texas americano se intercambia a unos 57,15 dólares.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta del litro de gasolina se sitúa en 1,35 euros y 1,39 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta de media 1,324 euros en la Unión Europea y 1,324 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

Todos los países europeos tienen niveles de pobreza energética, con Bulgaria en peor situación y España en el puesto 12

Europa Press.- La mayoría de los Veintiocho Estados miembro de la Unión Europea tiene pobreza energética, con Bulgaria en el último puesto, mientras España está en la parte media-alta de la tabla y se sitúa en el puesto número 12. A la cabeza se sitúan Suecia, Finlandia y Dinamarca, según un estudio realizado por Open Exp que publica la Coalición Europea por el Derecho a la Energía.

El trabajo revela que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen niveles «significativos» de pobreza energética y que son «incapaces» de calentar a sus ciudadanos durante el invierno. El escalafón de la pobreza energética da una prevalencia más elevada en el sur y en el este de Europa. Bulgaria es el país que peores resultados obtiene en 4 indicadores clave: hogares húmedos y con fugas, altos costes de energía para las familias, incapacidad para calentar los hogares durante el invierno e incapacidad para mantenerlos frescos en verano. Suecia y Finlandia figuran entre los países con mejores resultados.

De los Veintiocho, un total de 17 tienen niveles significativos de pobreza energética y el estudio advierte de que la proporción del presupuesto familiar que los hogares dedican a la energía está aumentando en Europa, especialmente para las familias de renta baja, para las que el gasto aumentó un 33% entre 2000 y 2014. Por otro lado, el estudio observa una «clara división» entre los países de Europa occidental y del norte por un lado, y los países de Europa del sur y del este.

Además, concluye que los niveles altos de pobreza energética dependen más de factores socioeconómicos que del clima ya que los países con un alto PIB per cápita y una normativa estricta en materia de construcción muestran niveles más bajos de pobreza energética. Al mismo tiempo, advierte de que hay una falta de acción política a la hora de abordar la pobreza energética y destaca que Grecia es el único Estado de la Unión Europea que contempla un objetivo de pobreza energética y alerta de que los planes nacionales de eficiencia energética «no lograrán alcanzar” el objetivo acordado de la Unión Europea del 32,5% para 2030.

«La Unión Europea debe tomar medidas urgentes para reducir las altas tasas de pobreza energética y abordar la creciente brecha energética en Europa. Cuando aumenta la renta de los hogares y se endurece la normativa, los niveles de pobreza energética descienden significativamente. La Unión Europea debe prohibir las desconexiones y garantizar la inversión en eficiencia energética para las viviendas destinadas a las familias con rentas más bajas», ha manifestado la coordinadora de Políticas en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), Sian Jones.

Por su parte, desde la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos, Guillaume Durivaux ha destacado que el aumento de la pobreza energética pone en peligro el acceso a la energía para millones de europeos. «Los políticos deben proteger a los europeos y garantizar el derecho a la energía prohibiendo las desconexiones y una implicación directa de los ciudadanos en las políticas energéticas«, ha manifestado. Al mismo tiempo, la defensora de justicia climática de Amigos de la Tierra Europa, Clémence Hutin, denuncia que millones de ciudadanos de la Unión Europea pasan frío en sus hogares este invierno y «necesitan ayuda inmediata» a causa de un sistema energético «profundamente derrochador».

Finalmente, la analista senior de Open Exp y autora del estudio, Yamina Saheb, indicó que, para reducir la vulnerabilidad de las familias de renta baja frente a las fluctuaciones de los precios de la energía y el estancamiento de los salarios, los gobiernos deben garantizar que los edificios donde hay familias vulnerables tengan un balance energético positivo, esto es, que produzcan más energía de la que consumen para reducir a cero la factura energética de las familias de renta baja«.

Argelia subraya sus lazos comerciales con España destacando el papel que jugará el gas natural en la transición energética

Europa Press.- La embajadora de Argelia en España, Taous Feroukhi, ve aún oportunidades económicas con «potencial» entre España y Argelia, dos países que tienen un nivel de complementariedad «muy alto» en el sector energético, donde la embajadora destacó la cooperación de «confianza y mutuo beneficio» con socios como Naturgy, Cepsa o Repsol, destacando el acuerdo de renovación sellado para el suministro de gas argelino a España hasta 2030.

En un encuentro informativo organizado por Executive Forum España y Cepsa, Feroukhi indicó que existe un desequilibrio en la balanza comercial entre los dos países a favor de Argelia, debido principalmente a los hidrocarburos. Además, expresó su confianza en que el Norte de África pueda «convencer» a los inversores españoles para convertir la zona en un objetivo, frente a Sudamérica. «La región tiene ventajas para los inversores españoles, hay posibilidades. Falta también más contactos con toda la esfera financiera», señaló.

Asimismo, Feroukhi cree que el plan de renovables de Argelia también debe representar una oportunidad para la relación entre ambos países y destacó el plan de modernización de Sonatrach para el horizonte 2030. Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, valoró que Argelia es un país que cuenta con muchos «lazos», ya sean «históricos, geográficos o energéticos», con España y que, en un momento donde se habla cada vez más de transición energética, debe ser «clave» por el gas natural.