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El consumo de energía aumentó un 1% en la Unión Europea en 2017 y se aleja del objetivo para 2020

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Europa Press.- El consumo de energía aumentó en 2017 por tercer año consecutivo en el conjunto de la Unión Europea, donde tanto la energía primaria como la final se incrementaron en torno a un 1%, lo que supone un 5,3% por encima del compromiso de reducir un 20% su consumo energético en 2020, según datos de Eurostat.

A nivel doméstico, en España alcanzó 125,6 millones de toneladas equivalentes de consumo de energía primaria. Esto supone un aumento del 5,4% respecto a 2016. También aumentó en España el consumo de energía final, en un 2,3%. De acuerdo con los compromisos de eficiencia energética, el consumo de energía primaria debería no sobrepasar los 1.483 millones de toneladas equivalentes y el consumo de energía final no debería superar los 1.086 millones de toneladas para 2020. La Directiva de Eficiencia Energética establece que en 2030 el consumo de energía primaria no deberá superar las 1.273 millones de toneladas equivalentes y el consumo de energía final no deberá pasar de 956 millones de toneladas equivalentes, para aumentar un 32,5% la eficiencia energética.

En la actualidad, la energía primaria consumida en 2017 en la Unión Europea fue un 5,3% superior al objetivo de eficiencia energética para 2020. Desde 1990, el primer año desde que Eurostat recoge datos, el consumo ha caído un 0,4%. Sin embargo, durante los años, fluctúa enormemente. Por ejemplo, alcanzó su pico más alto en 2006, con 1.729 millones de toneladas equivalentes, lo que suponía un 16,6% por encima del compromiso para 2020. Por el otro lado, el récord más bajo de consumo de energía se produjo en 2014, cuando se consumieron 1.511 millones de toneladas equivalentes, es decir, el 1,9% por encima del objetivo.

En cuanto al consumo final de energía en 2017, los Veintiocho estuvieron un 3,3% por encima del objetivo de eficiencia energética en 2020. El pico de consumo de energía final tuvo lugar en el año 2006, con 1.195 millones de toneladas equivalentes, y entre 2006 y 2017 descendieron un 0,6%, hasta las 1.122 millones de toneladas. Los datos apuntan que el año con la cifra más baja se alcanzó en 2014, con 1.065 millones de toneladas, un 1,9% por debajo de 2020. Ahora bien, de 2014 a 2017 el consumo final de energía se incrementó otra vez y ha pasado a 1.088 millones de toneladas en 2015; 1.110 millones de toneladas en 2016 y 1.122 millones de toneladas en 2017.

Por países europeos, Estonia fue el que más redujo su consumo de energía primaria en 2017 (-5,4%), frente a Malta, que fue la que más creció. A Estonia le siguieron Reino Unido (-1,6%); Irlanda (-1,4%); Suecia (-1,6%); Finlandia (-1,2%); Países Bajos (-0,5%); Francia (-0,3%) y Bélgica (-0,3%). Por el contrario, el mayor incremento se ha producido en Malta (con +12,9%) y le siguen Rumanía (+5,8%); España (+5,4%) y Eslovaquia (+5,1%).

Finalmente, respecto al consumo de energía final, el mayor descenso se produjo en Bélgica y el mayor incremento en Eslovaquia. Durante 2017 el consumo final de energía cayó solamente en cuatro Estados miembro respecto a 2016. Se trata de Bélgica (-1,2%); Reino Unido (-0,8%); Italia (-0,6%) y Eslovenia (-0,3%). Por el contrario, los mayores incrementos se han contabilizado en Eslovaquia (+7%); Malta (+6,7%); y Polonia (+6,5%). Entre los 23 Estados europeos donde cayó el consumo final de energía entre 2006 y 2017, solo en Grecia el descenso anual fue superior al 2%, frente al incremento anual del consumo en Malta (+2,7%); Polonia (+1,4%); Lituania (0,7%); Austria (0,3%) y Hungría (+0,1%).

El TUE ve ilegal que los países graven la exportación de electricidad y avala un precio máximo para el butano

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Europa Press.- El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Evgeni Tanchev, avaló la fijación de un precio máximo en España para la bombona de butano y su distribución obligatoria como medidas de protección a los usuarios socialmente vulnerables. Asimismo, el TUE dictaminó que los Estados no pueden aplicar un impuesto a la exportación de la electricidad generada en su territorio puesto que este gravamen no está justificado por el objetivo de garantizar el suministro a nivel nacional.

La Justicia europea resuelve así la cuestión elevada por el Tribunal Comarcal de Bratislava, que preguntó al TUE si la tasa que había creado el país para gravar la exportación de electricidad producida en territorio eslovaco, incluida la que se vende a otros socios comunitarios, es contraria a la legislación europea. Este impuesto obligó a Korlea Invest, proveedor de electricidad eslovaco, el pago de un importe de alrededor de 6,8 millones, pero la firma impugnó este gravamen alegando que constituye una tasa equivalente a un derecho de aduana, cuya imposición está prohibida por el principio de libre circulación de mercancías.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo concluye que este impuesto constituye «una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana», tanto con respecto a la electricidad exportada a otro Estado miembro como a un territorio fuera del bloque comunitario. En concreto, sobre las exportaciones a países que no son comunitarios, el TUE subraya que los Veintiocho se han comprometido a aplicar una política comercial común «cuyo funcionamiento se pondría en peligro si se les autorizara a imponer unilateralmente exenciones de efecto equivalente a derechos de aduana«.

Por último, la Justicia europea remarca que la prohibición de que los Estados miembros impongan derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente «es una regla esencial del Derecho comunitario» sobre la que la legislación comunitaria «no establece ninguna posibilidad de excepción ni de justificación». En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la tasa que Eslovaquia creó para gravar todas las exportaciones de electricidad generada en su territorio «no es compatible con el principio de libre circulación de mercancías».

Precio máximo para el butano

Por su parte, el Abogado General del TUE avaló el precio máximo para el butano al pronunciarse sobre la cuestión elevada a la Justicia europea por el Tribunal Supremo en julio de 2017. Se trata, sin embargo, de una opinión que no es vinculante, aunque las sentencias posteriores suelen seguir el criterio del abogado en la mayoría de los casos. El Supremo albergaba dudas sobre si la fijación de un precio máximo para el butano y la obligación de su suministro domiciliario, establecidos en la legislación española, son compatibles con la normativa europea y no representan un obstáculo a la liberalización del mercado. El Supremo debe pronunciarse tras un recurso contencioso-administrativo presentado por Repsol Butano.

Concretamente, el Supremo preguntaba si la normativa española es compatible con la europea a pesar de que la medida se adopta con carácter general para todos los consumidores y por un periodo indefinido. La medida se prolonga ya 18 años y podría coadyuvar a congelar la situación de escasa competencia al suponer un obstáculo a la entrada de nuevos operadores. El Abogado General, en sus conclusiones, ha recomendado al TUE que en su futura sentencia declare que la jurisprudencia europea no se opone a estas medidas del Estado español a pesar de que se produzcan alguna de las circunstancias que cita el Alto Tribunal español.

Bruselas pide explicaciones a España y otros 6 países comunitarios por no cumplir parte de las reglas de eficiencia energética

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Europa Press.- La Comisión Europea exige explicaciones a las autoridades españolas por no cumplir correctamente con los requisitos de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética, con la que la Unión Europea quiere cumplir el objetivo de ahorrar un 20% de consumo energético en 2020 (respecto a los niveles de 1990).

El mensaje tiene la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento sancionador, y da a España 2 meses para que ofrezca sus explicaciones. Si no satisfacen a Bruselas, la segunda fase daría otros 2 meses al país para corregir el incumplimiento. Si sigue sin solucionarse la discrepancia, la Comisión podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junto a España, Bruselas también envió cartas a Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y Rumanía.

Nadal asegura que un fallo reciente del TJUE eliminaría la mayoría de los arbitrajes contra España por los recortes renovables

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EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de que no puede haber arbitrajes dentro de la Unión Europea, «prácticamente eliminaría el conjunto de arbitrajes» que hay contra España por el recorte de la retribución a las renovables. Nadal se refería así a la sentencia del TJUE que dictaminó que una cláusula de arbitraje de un tratado bilateral firmado entre Holanda y Eslovaquia era incompatible con el derecho comunitario.

Álvaro Nadal ha indicado que los arbitrajes que interpusieron fondos de inversión contra España son consecuencia de la reforma que tuvo que hacer el Gobierno del PP en 2013 para paliar lo que, según denominó, «excesos de la legislatura anterior» en las ayudas a las renovables. El ministro destacó que la reforma energética ahorrará en los 25 años siguientes a su aplicación 175.000 millones de euros a los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, mientras que el volumen total reclamado en arbitrajes en los tribunales internacionales contra España asciende a unos 7.000 millones de euros.

«Creo que no está nada mal y ya veremos al final qué se adopta«, ha dicho Nadal, que ha explicado que la inmensa mayoría de los fallos negativos a España son sólo parciales y que hay también algunos favorables, como el que recientemente ha anulado en Suecia un laudo que obligaba a España a pagar 53 millones de euros a Novenergia. Álvaro Nadal ha asegurado que los inversores tienen confianza en España, como prueba de que vinieran «con una capacidad de financiación enorme» a las dos subastas de renovables en las que el año pasado se adjudicaron 8.000 megavatios (MW).

Respecto a las críticas que recibe por la reducción de la retribución a las inversiones, se ha preguntado si su objetivo debe ser retribuir bien las inversiones o que se pague lo menos posible por una energía que ha recordado que en España siempre es cara. Ha señalado que la mejor política contra la pobreza energética es una política que cuide los precios y ha lamentado que todas las propuestas que le llegan desde la oposición en el Senado y en el Congreso de los Diputados incrementan los costes y reducen los ingresos del sistema.

En cuanto al autoconsumo, ha indicado que, según constata el informe del grupo de expertos sobre transición energética, cada megavatio hora que autoconsume un autoconsumidor le genera un coste al sistema de más de 76 euros, al dejar de pagar una parte de los costes generales y, por eso, en estos momentos hay un canon compensatorio. Ha afirmado que el Gobierno lo que quiere es que todos contribuyan de igual manera y no que la falta de aportación de un autoconsumidor, con «miles y miles de metros de tejado para poner placas fotovoltaicas», se «la endose al conjunto de los consumidores grandes, pequeños y medianos, con mayor o menor renta».

“Lo pagan los demás consumidores”

Nadal señaló que hay muchas formas de compensar esa diferencia en la aportación y se pueden hacer modificaciones, para lo cual se habla con las asociaciones fotovoltaicas y de grandes consumidores, «pero no me diga que el autoconsumo es bueno para el conjunto de los consumidores; es bueno para el que autoconsume porque paga menos y los demás pagan más», le recriminó al senador socialista. «El coste se le endosa al conjunto de consumidores, y el Gobierno opina que eso no es correcto», sentenció Nadal.

También ha recordado que el actual canon no se aplica a autoconsumidores de menos de 10 kilovatios (KW), sino a industrias y grandes centros comerciales, y ha advertido de que si se subiera la parte fija del recibo de la luz para cubrir los costes del sistema a fin de no gravar el autoconsumo, «entonces no sería tan rentable como algunos quieren ese autoconsumo, que se basa en no aportar lo que los demás aportan».

Asimismo, Nadal ha asegurado que España debe vincular unos objetivos de renovables más elevados para el horizonte a 2030, tal y como ha planteado el Parlamento Europeo, a un compromiso «más ambicioso» de Europa con las interconexiones energéticas. A este respecto, recordó que el Consejo Europeo aprobó un objetivo del 27% para los Estados miembros, mientras que el Parlamento Europeo ha apostado posteriormente por elevarlo hasta el 35% en 2030. Por ello, Nadal aseguró que España mantiene una posición de «flexibilidad», aunque «vinculándola a que el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que tener presión para aumentar las interconexiones», subrayó.

Por otra parte, el ministro recalcó que España debe formar parte de los países europeos que cumplen con los objetivos medioambientales, pero priorizando unos precios de la energía lo más baratos posibles. «Tenemos que fijarnos mucho en cómo evolucionan los precios», apuntó. Además, consideró que España no puede imponerse «el mismo grado de ambición que países más ricos, con menos paro, mayor industria y mejor acceso a energía barata«, como los del norte de Europa.

Por su parte, el senador por el grupo socialista Ángel Manuel Mato Escalona consideró que España debe avanzar «con paso firme» en la transición energética por la responsabilidad y compromisos con la comunidad internacional y por los graves impactos de la contaminación del aire sobre la salud de los seres humanos». Así, Mato advirtió al ministro que «no hay tiempo que perder», ya que la acción por el clima debe realizarse de «manera global» y acusó al Gobierno de generar «incertidumbre» en la política energética, con «continuos parches que no han acertado ni en el diagnóstico ni en las soluciones». «Todos los problemas siguen estando encima de la mesa», afirmó.

Castilla y León participa con otras regiones europeas en un proyecto sobre movilidad eléctrica en el ámbito del transporte sostenible

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EFE.- La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha reunido en Valladolid a representantes de 4 países de la Unión Europea, con los que colabora en el proyecto Prometeus de la Unión Europea, para mostrarles los avances de la comunidad en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la movilidad eléctrica.

Esta iniciativa forma parte del programa Interreg Europe y pretende fomentar planes de transporte sostenibles y está liderada por el Gobierno de Malta, según expone la Junta de Castilla y León, que además colabora con los gobiernos regionales de Carinthia (Austria), Lacio (Italia) y Prejov (Eslovaquia), además del Instituto Politécnico de Milán (Italia), este último como socio asesor. Prometeus (Promotion of e-mobility in EU regions) es un proyecto dirigido a favorecer la extensión de la electromovilidad en el territorio europeo, un reto que es coherente con las prioridades políticas de la Unión Europea de promover alternativas más eficientes al transporte a través de fondos estructurales.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,38 millones de euros, que están cofinanciados al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al 15% restante por las administraciones y entidades que integran el consorcio, con una aportación de la Junta de Castilla y León de 213.495 euros. El proyecto se desarrollará en dos fases en el periodo 2017-2021: en la primera, los socios analizarán las características territoriales para determinar las posibilidades de despliegue de la movilidad eléctrica, lo que implica abordar aspectos como la normativa o el régimen de incentivos vigente en cada región, así como su dotación de infraestructuras y vehículos no convencionales. Estos estudios darán lugar a planes de acción que posteriormente someterán a evaluación.

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

La Diputación de León aprueba una moción para evitar el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.- El Pleno de la Diputación de León ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos, la moción por la que se instará al Ministerio de Energía a que «adopte las medidas necesarias para evitar el cierre de las centrales térmicas» de la provincia, «esenciales para la supervivencia de las cuencas mineras».

La moción también recoge la necesidad de «aprobar urgentemente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente que blinda el uso de combustibles fósiles autóctonos» a través de un mecanismo que contempla la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que utilizan países como Eslovenia y Eslovaquia. El vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, ha recordado que «la minería del carbón está en una situación dramática, por lo que hay que adoptar una solución ya o no habrá solución».

La OCDE califica de «demasiado lenta» e «insuficiente» la transición energética hacia las energías renovables

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Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que ningún gobierno está demostrando una adecuada transición energética hacia las energías renovables y la califica incluso de «demasiado lenta» e «insuficiente». Así se desprende del informe Indicador de Crecimiento Verde 2017 en el que incluye el análisis de hasta 46 países a los que la OCDE aconseja desconectar de los combustibles fósiles y avanzar en la transición energética.

«Aunque existen signos de avance en materia de medioambiente, normalmente se suele observar que cada país se centra en un aspecto concreto y se atasca en otro», indicó el director de Medio Ambiente de la OCDE, Simon Upton, que añadió que «se necesita que los esfuerzos se realicen por igual en todos los ámbitos». En este sentido, Upton destacó los esfuerzos de Luxemburgo, Islandia, Dinamarca, Noruega y Holanda, y señaló que son los países que «mejores resultados totales» obtuvieron en el análisis de todas las variables de una ratio que pone en relación el crecimiento económico y las presiones medioambientales.

De igual forma, el organismo internacional sitúa a Dinamarca, Estonia, Reino Unido, Italia y Eslovaquia como los países que más han progresado en energías verdes desde el año 2000. A su vez, entre las economías no pertenecientes a la OCDE, Colombia y Costa Rica son los que mejores resultados obtienen en el uso de energías renovables. En este sentido, la OCDE celebró que «las principales economías sean más eficientes en el uso de recursos naturales», no obstante, advirtió de que «la presión medioambiental permanece elevada, especialmente por las emisiones devengadas a través del comercio internacional».

Así, el informe hace alusión a la productividad del carbono (PIB por unidad de CO2 emitido) y señala que esta ratio ha mejorado, ya que en la mitad de los 35 países pertenecientes a la OCDE ya no se da el tándem aumento de emisiones junto al crecimiento económico. Suiza y Suecia registraron el nivel más alto de productividad de carbono, mientras que Eslovaquia, Letonia y Polonia redujeron sus emisiones a medida que el PIB aumentaba. No obstante, cuando se incluye el CO2 emitido durante las etapas de producción de bienes y servicios en el extranjero, solo 12 países de la OCDE «desacoplan» las emisiones del PIB. Al generar 1.000 dólares del PIB, se emiten unos 260 kilogramos de CO2.