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El Congreso exige al Gobierno el cierre de los 8 reactores nucleares españoles cuando cumplan los 40 años de funcionamiento

Europa Press.- La última Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de esta legislatura aprobó una proposición no de ley del PSOE que plantea el cierre de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad (17 votos); el voto en contra de PP y Foro de Asturias (16), y la abstención de Podemos.

La central nuclear más antigua de España es Garoña, que empezó a funcionar en 1971. Actualmente cuenta con 45 años desde su puesta en marcha, aunque permanece parada desde diciembre de 2012. En este sentido, la propuesta socialista exige al Gobierno que no tome ninguna decisión sobre su continuidad, a la espera de la conformación de un nuevo ejecutivo. El resto de centrales atómicas españolas, que todavía no han cumplido sus 40 años de funcionamiento, son: Almaraz, que cuenta con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); Cofrentes (1984); y Trillo es la última central puesta en marcha en España (1987).

Esta misma comisión también debatía una proposición no de ley de Podemos, que no salió adelante, y que urgía al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplan los 40 años de funcionamiento y que se cierren cuando toque renovar su permiso de explotación. Contó con los únicos votos a favor del partido morado, el voto en contra de PP y Foro de Asturias, y la abstención de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad.

La impulsora de la iniciativa socialista, Pilar Lucio, insistió en que es necesaria una gradual disminución de la producción energética de las plantas nucleares, hacia una transición energética que permita descarbonizar la economía y sustituir la energía nuclear por las renovables. Según insistió la diputada socialista, la nuclear «no es una energía limpia porque genera residuos difícilmente gestionables», además de que representa una amenaza para seguridad internacional y nacional, desde el punto de vista terrorista y medio ambiental. «Pensamos que un mix energético sin nucleares es posible y por eso proponemos una gradual disminución dentro de un Pacto de Estado por la energía para adaptar la política energética, dar al sistema una mayor estabilidad, y facilitar la transición energética», añadió.

Además, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.

Por su parte, en defensa de la iniciativa del partido morado, Juan López de Uralde, insistió en que las nucleares «no son seguras, ni limpias ni baratas», a la vez que ha destacado que el riesgo de accidente nuclear es «real» tal y como se comprobó con Fukushima o Chernóbil. También criticó que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión de los residuos radiactivos. «El mito de la nuclear barata se ha desmoronado. Ha llegado la hora de proceder al cierre progresivo para culminar con un apagón en 2024, una vez venzan los permisos de explotación», ha argumentado.

Por su parte, Enrique Bueno, de Ciudadanos, ha subrayado que su programa contempla el cierre progresivo de las nucleares una vez transcurridos los 40 años de vida útil para las que se crearon. Apuesta por la transición del modelo energético hacia las renovables y por la eficiencia energética. Por ello, indicó que votará a favor de la iniciativa del PSOE.

Mientras, Guillermo Mariscal justificó su voto en contra a las dos iniciativas en que no se debe infrautilizar ninguna de las capacidades disponibles. «Todo lo relacionado con la vida útil es una tarea que corresponde al CSN, que es quien vela por la garantía medioambiental y sobre las personas y la seguridad radiológica», precisó el portavoz del PP. Cree que un discurso que enfrente renovables con nucleares es «insustancial» porque, a su juicio, las renovables no garantizan actualmente la seguridad de suministro y haría falta energía complementaria, que podría ser el gas o el carbón, por ejemplo, que contribuyen al aumento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

«Si queremos ser responsables con los compromisos adquiridos en el acuerdo del Clima de París creo que esta tecnología que permite generación eléctrica sin emisión es un valor más, teniendo en cuenta que se cree en la necesidad de que haya neutralidad a la hora de decidir qué tecnologías permiten ese mix que garantice la sostenibilidad del sistema, la seguridad de suministro y una optimización de los costes energéticos«, concluyó.

Podemos-Equo, PSOE y Ciudadanos exigen el «cierre definitivo» de la central de Garoña con el voto en contra del PP

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha respaldado una proposición no de ley impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que «aboga por el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento».

Así lo anunció el impulsor de la iniciativa, el diputado de Podemos-Equo, Juan López de Uralde, quien también subrayó que la propuesta promueve un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas para transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en las renovables y en la eficiencia y el ahorro energético. La propuesta también contó con el apoyo de Democracia y Libertad, PNV, y EH Bildu. Precisamente, existe un pacto parlamentario desde diciembre de 2014, sellado por PSOE, Izquierda Plural, PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

La práctica totalidad de los diputados aludieron a los rumores de que la planta no reabriría por motivos económicos. Uralde también señaló que Garoña es la planta más antigua del parque nuclear español, que en 2011 cumplió 40 años, y que lleva cerrada 3 años «sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético» porque es «prescindible«, un aspecto que a su juicio «hace dudar de si todo lo que hay detrás de este proceso es reclamar el lucro cesante» de la misma.

Entre otros puntos, ha recordado que la planta atómica es «peligrosa», «está recalentando el Ebro», carece de espacio para almacenar sus residuos radiactivos, y avisa de que su reactor es gemelo al del accidente nuclear de Fukushima. «La industria nuclear experimenta con Garoña para alargar la vida útil de las centrales hasta los 60 años de funcionamiento. Sólo Soria quiere mantenerla abierta, no la quieren tener abierta ni sus propietarios», indicó el parlamentario, señalando también que los municipios de la zona también han reclamado su cierre definitivo, así como los parlamentos vasco, navarro y aragonés.

«Garoña ya cumplió y lleva 4 años sin actividad sin perjuicio para el suministro eléctrico», resaltó también Enrique Bueno, diputado de Ciudadanos, quien apostó por un Pacto de Estado de energía con la participación de todas las fuerzas políticas y agentes económicos. Ese pacto debe apostar por una transición hacia un modelo energético basado en las renovables, en el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, añadió el diputado de Ciudadanos, que también recordó las recientes palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señalando que las centrales nucleares «se cerraban por motivos económicos y no por políticos». Tampoco se mostró partidario de prolongar la vida útil de las instalaciones atómicas más allá de 40 años.

En la misma línea se pronunció la diputada del PSOE, Adriana Lastra, quien subrayó que la energía nuclear de Garoña no es «ni necesaria, ni barata ni garantiza la seguridad«. Esther Peña, diputada del PSOE por Burgos, espera que sea la última vez que se habla de Garoña y que la energía nuclear se vaya sustituyendo por otras energías sostenibles en el futuro modelo energético.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu repasó las numerosas iniciativas que se han defendido en la Cámara Baja en favor del cierre de la planta atómica, una central «pequeña», que «está obsoleta» y que es «innecesaria para la generación eléctrica». «Su cierre, aparte de mejorar la seguridad y preservar el medio ambiente, evitaría peligros innecesarios«, apostilló, indicando que el PP vasco también aboga por el cierre de Garoña, pero no el PP en el Gobierno central.

Por parte del PP, el diputado Juan Bravo, ha defendido que sí es necesario un pacto de Estado por la energía, pero no el cierre de Garoña, como solicita la iniciativa. «Somos los únicos” que no apoyan su cierre», reivindicó. Según argumentó, es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%. Además resaltó que la industria nuclear da 30.000 puestos de trabajo en la actualidad y subrayó la importancia de Garoña para la comarca burgalesa en la que se ubica.

«Mientras una nuclear cumpla con los criterios de seguridad, que les sean impuestos por el CSN, no se puede, ni se debe prescindir de ninguna fuente energética, y la nuclear debe continuar con la optimización de los costes energéticos, y favorecer en la emisión cero de gases de efecto invernadero«, añadió. Además, Bravo preguntó a los diputados cómo se va a compensar la pérdida de producción de Garoña, tras su cierre, a pesar de que en su día aportaba el 1,6% de la producción energética.

A su vez, advirtió que favorecer el cierre de las centrales nucleares a sus 40 años de vida útil conllevaría el cierre en 8 años de 5 plantas atómicas, que actualmente aportan el 13% de la producción energética en España, que no se puede obtener de otra forma. También cuestionó de qué manera los otros partidos van a defender si se cierran las nucleares una rebaja de la tarifa eléctrica, un 33% más alta que en Europa según indicó, al tratarse de la fuente de energía con menor coste y que además no realiza emisiones de gases de efecto invernadero.

CCOO pide un plan B

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) llamó a recuperar el Plan de Dinamización de la Economía y el Empleo en la comarca burgalesa de Garoña ante las noticias de posible cierre de la central nuclear, así como la convocatoria del Consejo creado para su seguimiento y que «también fue desactivado«. El sindicato pide el cierre de Garoña por haber sobrepasado «con creces» su período de vida útil y representar «un riesgo para el entorno» y defiende que «debe aprobarse un plan ordenado de cierre de todas las centrales nucleares al cumplir los 40 años de su vida útil».

Para CCOO, los sucesivos cambios de posición respecto a la continuidad de la central nuclear de Garoña «han perjudicado» las perspectivas de empleo para la comarca norteña burgalesa. Según recordó el sindicato, el Plan establecía ayudas para la creación de empresas y la activación económica de unos 100 millones de euros para el periodo 2010-2013 (25 millones por año, 6 en subvenciones directas y 19 en anticipos reembolsables sin interés). El Plan funcionó en 2010, poniendo en marcha 37 proyectos, y en 2011, con otros 17 proyectos, pero el nuevo Gobierno paralizó los fondos para 2012 e interrumpió las inversiones.