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12 alegaciones contra la estrategia de García-Page de torpedear el ATC ampliando la ZEPA de la laguna del El Hito

Europa Press.- Un total de doce alegaciones ya han sido presentadas a la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de aumentar la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito, que incluiría los terrenos donde se construirá el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Fuentes de la Consejería de Agricultura han confirmado a Europa Press que una de ellas la ha presentado la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), otra el Ayuntamiento de Villar de Cañas y otra el Ayuntamiento de Montalbo. El resto de alegaciones, según han explicado estas mismas fuentes, han sido presentadas por particulares.

Desde el pasado viernes, 21 de agosto, fecha en la que terminó el plazo para alegar, el departamento que dirige el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se está dedicando a contestar a estas alegaciones.

Fue el pasado 29 de julio cuando el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)  publicó el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se iniciaba el procedimiento para la ampliación de 1.000 a 25.000 hectáreas del Espacio Protegido Red Natura 2000 en la Laguna de El Hito así como de la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna. Con la publicación de este acuerdo se establecía un período de información y participación pública, otorgando el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el DOCM para alegar; plazo que concluyó el pasado viernes.

García-Page alerta del «despilfarro» y del «sobrecoste» de 300 millones del silo en Villar de Cañas (Cuenca)

Redacción-Agencias.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado del «despilfarro» y del «sobrecoste» de 300 millones de euros que supondría situar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas, cuyos suelos son «malos» para albergar una infraestructura de esas características.

En una entrevista en Onda Cero, ha vuelto a denunciar que la decisión de situar el silo en Villar de Cañas responde al «conchabeo y acuerdo político» entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, que en un principio se mostró en contra de que la localidad conquense acogiera el ATC. Pero esa decisión, ha denunciado, se adoptó sin tener en cuenta los estudios técnicos y de seguridad pertinentes, que ahora están sacando a la luz que Villar de Cañas no sería la mejor ubicación para un almacén nuclear.  «Aquí se han hecho las cosas de manera muy chapucera y cuando se vean las auditorías de lo que se ha gastado Enresa antes de que tenga la autorización definitiva, entenderán porqué lo estoy diciendo», ha advertido.

García-Page ha dicho que la despoblación que sufre la comarca de Villar de Cañas, donde se edifica ese ATC, no puede ser el argumento para que albergue esta infraestructura, porque despoblación sufren más de 400 municipios de la región y 3.000 en todo el país.»Poner un ATC a un coste de 1.200 millones de euros para generar 70 puestos de trabajo estables, la mitad para ingenieros especializados de Madrid, no es la solución», ha expresado.

Sin detalles del Plan Alternativo

El Presidente de Castilla-La Mancha se muestra partidario de que sean las propias centrales nucleares las que traten la «basura» que generan, tal y como plantearon las propias centrales, el titular del Ejecutivo castellano-manchego ha asegurado que se opondrá a que el «basurero nuclear» se ubique en otro lugar de la región.  El presidente de Castilla-La Mancha ha reaccionado de este modo, al ser preguntado por ese plan alternativo, del que no ha desvelado aún nada, que ha anunciado para la comarca de Villar de Cañas en lugar del ATC. Sobre este asunto, ha dicho que se ha comprometido con alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, y con el presiente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, a que su estrategia para la zona generará más empleo que el propio ATC, que no se deja ser una «hipoteca» para la región.

El Gobierno confía en que el cambio de presidente en ENRESA «no afecta» al desarrollo del proyecto del silo nuclear

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que el cambio de presidente en la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), tras la dimisión «por motivos personales» de Francisco Gil-Ortega «no afecta al desarrollo del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)» que para el Parlamento es una instalación «necesaria» y «urgente».

En una respuesta escrita al diputado Compromís Joan Baldoví, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que el proyecto está pendiente de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su informe sobre la autorización previa y de la Declaración de Impacto Ambiental que deberá enviarle el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, el primero de estos informes, el del organismo encargado de la seguridad nuclear en España, ya ha sido aprobado y enviado a Industria en la última semana de julio, aunque en una fecha posterior a la respuesta parlamentaria. De este modo, queda pendiente la Declaración de Impacto Ambiental del departamento que dirige Isabel García Tejerina.

El informe del CSN es preceptivo y ha autorizado de forma previa el emplazamiento, con una serie de condiciones que serán de cumplimiento obligado. Si dicho pronunciamiento del CSN hubiera sido negativo, entonces su carácter sería vinculante, de modo que el proyecto no podría ser autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En este contexto, interrogado por el diputado sobre si la instalación tiene sentido debido a que algunas centrales nucleares disponen ya de almacenamientos temporales individuales (ATI), el Gobierno subraya que el ATC es la «alternativa que históricamente se ha considerado más racional» para la gestión temporal en España del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad.

Además, respecto al punto de vista ambiental, considera que la existencia de un ATC, donde se almacenará el combustible gastado que ahora se almacena en los ATIs, se evitará la dispersión de estos residuos radiactivos de alta actividad entre ocho ATIs diseminados por la geografía española.En este sentido, destaca que esta alternativa permitirá liberar el emplazamiento de una central, una vez que ésta se haya desmantelado, dejando libre el emplazamiento para otros usos.En cuanto a la protección física, estima que «es más fácil» controlar una instalación que varias instalaciones dispersas por la geografía española y que la solución del ATC permite «centralizar y racionalizar» los recursos disponibles.

Sobre los aspectos técnicos, expone que el ATC es una instalación «autónoma» que dispone de los equipos necesarios para «recibir, manipular y almacenar» el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad. Igualmente, explica que la instalación del ATC, a diferencia de los ATI cuenta con zonas activas –celdas calientes– en las que se puede manejar y acondicionar el combustible gastado, lo que permite la eventual apertura para su análisis y reparación de un contenedor que sufriera alguna incidencia, además de contar con instalaciones en las que investigar el comportamiento del combustible durante el almacenamiento temporal y con relación a su gestión final.

Por ello, insiste que estos motivos hacen que «la disponibilidad» de un ATC sea «la estrategia» que se ha contemplado «por los distintos Gobiernos» en el Plan General de Residuos Radiactivos, donde el Ejecutivo establece las estrategias de gestion de residuos desde 1987. En ese sentido, recuerda que el ATC es la estrategia contemplada también en el ámbito parlamentario que «en diversas ocasiones» pone de manifiesto la «necesidad» de contar con esta instalación.

El Gobierno alude a los pronunciamientos parlamentarios sobre la cuestión, como el informe del 17 de noviembre de 2010 realizado por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años del Congreso de los Diputados. En ese documento se apunta que para completar el ciclo de gestión de los residuos, es «urgente» construir y poner en servicio el Almacén Temporal Centralizado (ATC), en cumplimiento de las resoluciones del Parlamento, que alojará en condiciones seguras el combustible gastado procedente de nuestras centrales nucleares.

Al mismo tiempo, resalta el «enorme avance» que en cuanto a seguridad tendrá el combustible gastado, protegido de cualquier contingencia, en un edificio diseñado para ser capaz de resistir cualquier eventualidad del exterior.»La seguridad en el interior no presenta ningún problema, pues no incorpora instalación alguna susceptible de ser operada, mantenida o vigilada, solo requiere ventilación natural, como se puede comprobar en el que ya está en servicio, desde hace unos años en Holanda», concluye el Ejecutivo.

El Gobierno baraja ordenar por ley que arranquen las obras del ATC de Villar de Cañas

Europa Press.- El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a pesar de la protección ambiental anunciada por el gobierno autonómico manchego, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que recuerda que así se construyó una piscina en la central de Trillo y cuarteles en Euskadi. Por otro lado, Enresadeberá reforzar su organización para construir el ATC y el CSN podrá paralizarlo si observa anomalías.

En este sentido, «si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales», indicó el ministro de Justicia, que precisó que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio. Catalá recordó que esta prerrogativa ya se ejerció previamente cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones; en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la guardia civil en el País vasco.

«Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección», avanzó. En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser «exclusivamente suficiente» para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. «Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras», ha apuntado.

El ministro de Justicia ha recordado, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Gobierno socialista. «Esta decisión no la ha tomado este gobierno, no es una ocurrencia reciente sino que, como digo fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética», insistió Catalá.

Además el titular de Justicia considera como «un poco paradójico» que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha dirigido por Emiliano García Page extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces. En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del ATC, una ampliación que prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno» y que provocaría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca».

Condiciones del CSN a Enresa

Enresa deberá reforzar su organización de cara a la construcción del ATC en Villar de Cañas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podrá paralizar las obras de infraestructuras preliminares en caso de observar anomalías. Estos son dos de los límites y condiciones que el regulador atómico ha impuesto en el informe favorable a la autorización previa para el silo, que el pleno del CSN aprobó el pasado lunes 27 de julio. En concreto, señala que la organización de Enresa para la fase de construcción deberá ser reforzada, previamente a la obtención de la autorización de construcción, para supervisar el desarrollo del proyecto y garantizar la calidad durante la construcción.

Además, el CSN podrá paralizar las actividades y obras de infraestructuras preliminares en caso de aparición de anomalías que afecten o puedan afectar a la seguridad nuclear y protección radiológica hasta tanto sean corregidas, pudiendo proponer la revocación de la autorización si dichas anomalías no fueran corregidas. Enresa es el titular de esta autorización previa para la construcción del ATC, que es considerada como una «instalación nuclear» para albergar los residuos de las centrales nucleares españolas, así como los que se encuentran en Francia procedentes de Vandellós I, los que no puedan ser tratados en el Cabril, así como aquellos residuos que se derivan de la actividad de la instalación.

El informe técnico sobre el que se basa el acuerdo del pleno del CSN concluye que los técnicos afirman que los estudios de caracterización sobre la geografía, demografía, geología, meteorología, geomorfología, hidrología superficial realizados por Enresa son «aceptables», así como que los estudios de caracterización sobre peligrosidad sísmica son «aceptables» y permiten un «diseño seguro» de la instalación. En cuanto a la caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica, consideran que Enresa desarrolló un modelo preliminar de flujo subterráneo de aguas que «deberá ser actualizado y completado» a lo largo del proyecto con la obtención de nuevos datos que permitan validar el modelo.

Además, entienden que el diseño de cimentación propuesta por Enresa es «adecuada» para su ubicación en el emplazamiento, teniendo en cuenta que es necesario adoptar una solución envolvente conservadora en el diseño de estas cimentaciones y desarrollar un «detallado plan de vigilancia del emplazamiento», tras identificar los riesgos potenciales en la caracterización geotécnica para evaluar la estabilidad del terreno. Como ya avanzó el CSN, el informe técnico agrega que del análisis normativo se deriva que las bases de diseño del ATC son dependientes del emplazamiento, es decir, las características del emplazamiento condicionan el diseño del ATC, y que las incertidumbres asociadas a la caracterización del emplazamiento recomiendan «complementar el diseño con criterios de seguridad intrínseca».

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Enresa se reúne con los municipios del entorno del ATC de Villar de Cañas para abordar el reparto de fondos

Europa Press.- La empresa estatal de residuos Enresa se reunió con los alcaldes de la comarca de Villar de Cañas para abordar el reparto de fondos a municipios de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se produjo horas después de aprobarse el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas.

La reunión fue duramente criticada por la plataforma contraria al Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Cuenca, que asegura que el objetivo de esta reunión con los alcaldes es «ofrecerles importantes sumas de dinero» porque pretenden «comprarles«. Para la plataforma, «ante la perspectiva del cierre definitivo del proyecto del ATC», el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, «busca aliados y compra voluntades» ante una posible pugna entre el nuevo gobierno autonómico, que quiere «acabar con el proyecto del ATC», y el central, que quiere seguir adelante».

El dinero, explica la plataforma, «sería un adelanto sobre el importe que le corresponde por normativa a cada municipio, en compensación por el depósito de residuos radiactivos y que se calcula en función de la cercanía a la instalación, el número de habitantes y la cantidad y la peligrosidad de los residuos nucleares». La portavoz de la plataforma, María Andrés, exigió el cese de Zaballa y el fin del proyecto porque asegura que «está demostrado sobradamente que los terrenos no valen, los ciudadanos no lo quieren y no es necesario».

El PP quiere que Enresa ajuste el valor de las tasas que cobra a las nucleares para gestión de residuos

Así consta en una de las dos propuestas de resolución que el grupo popular ha presentado al informe anual de fiscalización de la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)del fondo para la financiación de las actividades del plan general de residuos radiactivos en los ejercicios 2010 y 2011.

Estas iniciativas serán debatidas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Además, los populares quieren que se articule un procedimiento formal de comunicación entre Enresa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que permita a aquella contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales y los registros correspondientes al sistema eléctrico.

Izquierda Plural, por su parte, planteó instar al Tribunal de Cuentas a realizar un informe de fiscalización específico referido a la actividad contractual de Enresa, abordando la fiscalización de la contratación de la empresa nacional de residuos a empresarios particulares, el volumen total de gasto subcontratado y el grado de concentración de adjudicatarios en los procesos de selección.

Revisión de los elementos tributarios

Fue a principios de febrero cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó en sede parlamentaria una serie de recomendaciones a Enresa en las que le sugería la conveniencia de revisar cada año los elementos tributarios de las dos tasas que caen sobre los titulares de centrales nucleares para la gestión futura de los residuos radiactivos que estas generan.

Según el Informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011 del Tribunal, estas tasas se deberían actualizar en función de las necesidades de financiación futura resultantes de las actualizaciones socio-financieras de las previsiones contenidas en los en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que Enresa comunica al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El objetivo de esta recomendación es «garantizar» que las dotaciones anuales al Fondo se distribuyan a lo largo del periodo que queda de vida útil de las centrales nucleares.

Además, para adecuar los recursos acumulados en el fondo para los costes futuros que deberá afrontar Enresa tras el cierre de las centrales nucleares en explotación, el Tribunal sugiere que podría plantearse «como alternativa» al incremento de la cuantía de las tasas que recaen sobre los titulares de las plantas atómicas, la «internalización por estas empresas» de los costes por asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que, a pesar de estar asociados a la generación de energía nucleoeléctrica, se han cargado anualmente desde su implantación al Fondo para la financiación de actividades del PGRR.

Asimismo, considera que Enresa «debería cargar» al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la «totalidad de los costes soportados» por Asignaciones a Ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se han venido repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de actividades del PGR, a pesar de que la Ley de 1997 no les otorgó la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.

A juicio del Tribunal, teniendo en cuenta las cantidades recaudadas por tarifas, peajes o precios y los rendimientos financieros generados para afrontar los costes de la gestión de los residuos radiactivos del sector eléctrico y del resto de instalaciones radiactivas, tras el cambio regulatorio de 2009 «no garantizaría como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional» que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoléctricas.

Esto se debe a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que en la financiación de esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.