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Los promotores andaluces de energías renovables demandan a los partidos un apoyo firme a las renovables

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EFE.- La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN) ha reclamado a los candidatos de los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones generales que se comprometan a apoyar con firmeza a las energías renovables.

El colectivo solicita que, más allá de lo recogido en sus programas electorales, tengan «voluntad real» de cumplir con lo prometido y tengan en cuenta en sus políticas de futuro las inversiones y empleos perdidos hasta ahora por los «vaivenes normativos e inseguridad jurídica» generados por anteriores gobiernos.

En un comunicado, APREAN subraya que necesita «revertir la situación de parálisis actual y volver a la senda del crecimiento», en un sector en el que España y Andalucía es «líder mundial» en tecnología y conocimiento.

Por ello, necesita de «un Gobierno que ofrezca la estabilidad y seguridad necesaria» para que las empresas que crean y producen energías limpias «puedan crecer por sí mismas» y a la vez los ciudadanos se beneficien de posibilidades como el autoconsumo.

Las renovables andaluzas reclaman que los partidos proyecten una planificación energética «segura, moderna y a la altura de los países de nuestro entorno», donde la apuesta por el cambio de modelo hacia las energías renovables es «inequívoca», aseguran.

El Gobierno de Baleares centralizará la gestión para las instalaciones de autoconsumo

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EFE.- El Govern balear creará una «ventanilla única» para centralizar todos los trámites que particulares y empresas tienen que hacer para instalar equipos de generación de energía renovable para autoconsumo.

Esa oficina, que se pondrá en marcha en «los próximos meses», forma parte de las medidas del Govern para el fomento de las energías renovables, que incluye también la eliminación de la tasa administrativa de 70 euros que se pagaba por instalaciones de generación eléctrica para consumo propio de hasta 10 kilovatios.

Los presupuestos de la comunidad para este año contemplan también el incremento hasta en un 15% de las deducciones fiscales sobre inversiones en mejorar de la sostenibilidad energética en la vivienda habitual.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha resaltado , en un acto de recepción de cuatro coches eléctricos prestados al ejecutivo por tres meses, que es necesario «concienciar a la población de la necesidad de incorporar energías renovables» tanto en el ámbito privado como en el público.

El ecólogo David Tilman señala que alcanzar un modelo energético sin emisiones de carbono es «cada vez más barato»

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Europa Press.- El ecólogo estadounidense David Tilman subrayó la aportación de la nueva encíclica del Papa Francisco, titulada Laudato Si y publicada la semana pasada, como la «sabiduría» necesaria para poner en marcha las acciones y políticas necesarias para combatir el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible de todas las comunidades humanas.

Tilman valoró, como una posibilidad más para combatir el cambio climático, una reforma completa y progresiva del sistema energético hacia fórmulas «neutras» en emisiones de carbono que, según aseguró, «ya existen» y «son cada vez más baratas». En este sentido, rechazó el uso de biocombustibles que empleen productos alimentarios para la generación de energía porque considera «inmoral dar a los coches la comida que necesitan los pobres». Aún así, Tilman apuntó que se podrían emplear las 400 millones de hectáreas de terrenos de cultivo abandonados porque «ya no son fértiles» que, según indicó, existen en el mundo para, mediante una «estrategia de biodiversidad» producir biocombustible.

Por otra parte, destacó que en la actualidad los medios de generación de energía renovables como la energía solar o la energía eólica ya están «lo suficientemente desarrollados» como para dar respuesta a las necesidades de las sociedades modernas y subrayó que «su coste baja cada vez más» y que la transición a un modelo energético «neutro» en carbono «no sería tan cara«. De hecho, aseguró que con una inversión del 3% anual del PIB de Estados Unidos, el país podría adaptarse a un modelo sin emisiones de carbono en el plazo de 37 años.

Tilman también se suma a la tesis de que, de mantener los actuales modelos, la raza humana «va a tener problemas» y reiteró que los esfuerzos actuales en materia de lucha contra el cambio climático «son insuficientes«. Sin embargo, apuntó que esta tesis únicamente plantea un escenario en que no se produjeran cambios y se mostró convencido de que «existen soluciones fáciles que se pueden llevar a cabo para evitarlo».

«El Papa Francisco es uno de los principales líderes morales del mundo y es un hombre sabio. Tenemos todas las herramientas necesarias para producir la energía necesaria de una forma sostenible y a la vez, lo que no tenemos es la sabiduría necesaria para emplearlas», señaló Tilman, que demostró que los ecosistemas en los que existe más diversidad biológica son más productivos y más eficientes para adaptarse a los cambios. Por ello abogó por impulsar el aumento de la productividad agrícola de los terrenos que se emplean para el cultivo en países en desarrollo como la principal apuesta para frenar el deterioro de la biodiversidad mundial y el cambio climático.

Narbona dice que el Gobierno de Zapatero se equivocó en 2010 al realizar el «primer ataque» a la retribución de la fotovoltaica

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Así lo señaló durante la inauguración de la VI Asamblea General de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), en la que trasladó el compromiso del PSOE de derogar la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy si ganan las elecciones.

No obstante, reconoció ante los productores fotovoltaicos que el Gobierno socialista cometió un «error» y se equivocó en 2010 al decidir atribuir a la retribución de renovables un «efecto perverso» en términos económicos.

«Se podía haber hecho frente con otra situación, sin consecuencias dramáticos que esa medida de 2010 (recorte a la retribución de instalaciones fotovoltaicas) comenzó a comportar y que no han hecho más que empeorar», apuntó.

En todo caso, el Tribunal Supremo avaló la normativa aprobada en 2010 por el Gobierno español, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, por la que se recortaba la retribución de las plantas solares fotovoltaicas, y que suponía limitar el número de horas anuales de producción con derecho a prima.

De esta forma, Narbona abogó por hacer «justicia» con las empresas y ciudadanos que invirtieron en renovables bajo un marco regulatorio y ahora «tienen deudas que no pueden afrontar» por los cambios normativos.

A pesar de que valoró que España está «muy bien posicionada» de cara al impulso europeo a las energías renovables para convertirse en líder mundial en la materia, sin embargo reprobó que el país esté sufriendo una situación de «máxima vulnerabilidad».

Además, criticó la «confusión» generada por el Gobierno sobre el déficit de tarifa y defendió que «no es verdad» que el alto precio de la electricidad se deba a la presencia de renovables en el mix energético español.

La exministra socialista, quien lamentó que se haya «satanizado» a las renovables en los últimos años, sostuvo que cada vez se acerca «más rápido» el momento en el que el conjunto de renovables será «competitivo» con la utilización de convencionales.

En esta línea, Narbona trasladó durante la asamblea el compromiso del PSOE de «revertir esta situación» que ha provocado que la imagen de España en materia de renovables haya caído «drásticamente» en el exterior ante los «numerosísimos» litigios internacionales del Gobierno.

Así, opinó que se producirá una «necesaria transición» del modelo energético y dijo esperar que tras las elecciones de noviembre los procesos de elaboración de normas sean «mucho más transparentes y mucho más participativos» para los sujetos implicados.

«El cambio social se va a traducir en un cambio político» que a la postre «exigirá a los grandes partidos que las normas no se hagan en un despacho, sino que haya la máxima participación de los afectados», agregó.

A este respecto, abogó porque los políticos «seamos capaces de rendir cuentas ante los ciudadanos de cuál es el resultado efectivo de las leyes, algo a lo que no estamos acostumbrados en nuestro país» y sobre lo que «vamos con retraso».

De esta forma, sostuvo que «gobierne quien gobierne» habrá «una ciudadanía más consciente, informada, exigente, con la que tendrá que lidiar, dar más explicaciones y evitar generar incertidumbres desde punto de vista regulatorio».

Ante esta ciudadanía «cada vez más exigente y más cabreada» por la «falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace», el próximo Gobierno tendrá que «explicar muy bien» si no cumple una promesa, a pesar de que «hay veces que uno quiere hacer cosas pero luego hay otras que lo impiden», añadió.

Arias Cañete asegura que se está analizando si las subvenciones a las renovables son ayudas de Estado

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Durante una conferencia organizada por el Club Español de la Energía, Cañete aseveró que «la Comisión está siendo muy activa en este periodo en materia de competencia» y que, en ese sentido, las renovables también están siendo analizadas por si las ayudas recibidas resultaran «incompatibles» con el mercado. «La posición de la Comisión es que tenemos que evitar sobrecompensaciones», añadió, de manera que «los sistemas de apoyo a las renovables tienen que estar más orientados a sistemas de mercado», fundamentalmente hacia su concesión mediante subastas.

«Pretendemos que no haya sobrecompensaciones indeseadas en ningún sector y que haya sistemas que garanticen la libre competencia en el mercado», apostilló Cañete, quien sostuvo que el desarrollo de un mercado interior de la energía requiere «unas reglas de juego muy claras». Por ello, Cañete detalló que desde Bruselas se trabajará a nivel comunitario y no sobre la base de los marcos singulares de los 28 Estados miembros, de forma que se buscará la eliminación de «subsidios indeseados» y se elaborarán recomendaciones a cada país.

Cañete destacó que la política renovable europea «es muy ambiciosa» y que avanza hacia su objetivo, aunque puntualizó que las retribuciones a futuro deberían fijarse mediante mecanismos de mercado que eviten «compensaciones excesivas» que lleven a un crecimiento «desaforado» del déficit de tarifa. De esta manera, el comisario subrayó que se está en un proceso de análisis de los dos sistemas de apoyo a las renovables que han estado en vigor en España. «Los dos sistemas, el anterior y el actual, están siendo analizados por la Comisión para ver si son conformes o no con las normas comunitaria. Como estamos en un análisis que se está desarrollando, no adelanto resultados. En función del análisis se tomarán las decisiones pertinentes», dijo.

En cualquier caso, el desarrollo de un mayor volumen de renovables requiere «una mayor apertura transfronteriza», es decir, interconexiones energéticas, una de las prioridades de esta Comisión Europea y para las que se han puesto en marcha diversos mecanismos financieros. Las interconexiones son también un elemento esencial para avanzar hacia un mercado único europeo y garantizar la seguridad de suministro, puesta de manifiesto con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La creación de este mercado único de la energía implicará, según Cañete, «una gestión de la red de transporte más integral», con centros operativos regionales.

Con respecto al autoconsumo energético y la generación distribuida, Cañete afirmó que «es positivo» pero indicó que es necesaria una regulación a nivel europeo porque se trata de una actividad cuya integración en la red eléctrica «genera problemas en la actual situación» y «está volviendo locos a los operadores» de cada sistema eléctrico. Por ello anunció que se regulará de manera «inteligente» y se analizará cual podría ser la «racionalidad» y un esquema normal de peajes para su contribución a los gastos de la red.

El Tribunal Supremo avala la obligación de que las renovables financien también el déficit de tarifa

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Concretamente, el Supremo rechaza los recursos presentados por más de 40 productores fotovoltaicos en contra de esta obligación e impone el pago de las costas judiciales a los recurrentes hasta un máximo de 4.000 euros, tras rechazar los siete argumentos utilizados por los abogados de estas empresas. Los productores renovables habían recurrido la orden de peajes de acceso de electricidad de 2014 con el argumento de que la financiación del eventual déficit tarifario debería corresponder a las eléctricas integradas, como ocurría antes de esta normativa, y no a todos los agentes del sistema, como ahora.

Sin embargo, el Supremo no comparte esta pretensión ya que no existe discriminación porque la obligación de financiar el déficit no se distribuye a partes iguales entre los agentes del sistema, sino «de modo proporcionado» a su tamaño. El Tribunal rechaza igualmente el resto de argumentos presentados por las empresas y no encuentra «razones que nos induzcan a plantear ni la cuestión de inconstitucionalidad» sobre la Ley del Sector Eléctrico «ni las cuestiones prejudiciales sugeridas».

La Ley del Sector Eléctrico

Esta Ley, de 2013, indica que los desajustes del sistema eléctrico a partir de 2014 no podrían superar el 2% de los ingresos estimados, al tiempo que la deuda acumulada por los nuevos déficit no podría rebasar el 5% de estos ingresos. Si se superan estos umbrales, se subirían los peajes de forma automática. Los déficit que se produzcan y sean inferiores a estos porcentajes deben ser financiados por todos los agentes del sector eléctrico «de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan», aspecto que rechazan desde las empresas fotovoltaicas.

Los productores argumentan que el nuevo esquema de reparto de costes contradice «la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a los sujetos que deben ser obligados a la financiación de los desequilibrios temporales y del déficit de tarifa». También consideran que se vulnera el principio constitucional de no discriminación «en cuanto se aplica el mismo trato a sujetos con situaciones y características diferentes» y en cuanto «el coeficiente de cobertura no se aplica a todos los costes del sistema eléctrico«. Esta discriminación se produce además, conforme a sus argumentos, «en cuanto a la capacidad de solvencia» de las distintas empresas y conforme al Derecho comunitario. Los tipo de interés a los que se financia el déficit también son discriminatorios, aseguran.

El Supremo tampoco aprecia la existencia de una «discriminación por indiferenciación», consistente en la aplicación de «una regulación unitaria que no hubiera introducido distingos ante situaciones diferenciadas». El Tribunal rechaza otros fundamentos de la denuncia por su «muy escaso desarrollo argumental», entre ellos el que indica que la norma «beneficia a las empresas sujetas con anterioridad a la Ley del Sector Eléctrico a la financiación del déficit», esto es, a las eléctricas integradas en Unesa.

ACS culmina la venta al fondo GIP del 24,01% de Saeta, valorado en 197 millones de euros

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Tras esta operación, la sociedad íntegramente participada por ACS, Energía y Recursos Ambientales (EYRA), mantendrá un 24,21% del capital social de la misma, según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicha operación está vinculada con la reciente salida a Bolsa de una participación mayoritaria del capital de Saeta. Entonces, ACS anunció el acuerdo suscrito con varios fondos gestionados por el fondo GIP para venderles hasta el 24,4% de Saeta Yield. Además, el fondo GIP tendrá una participación del 49% en una sociedad de nueva creación y en la que se integrarán el resto de los activos de energías renovables del área industrial del Grupo ACS, sobre los que Saeta Yield ostentará un derecho de primera oferta.

Desde la formalización del contrato y hasta los 360 días siguientes a la fecha de liquidación, ni el accionista vendedor, ni ninguno de sus socios podrá, sin el previo consentimiento de los representantes, ofrecer, pignorar, vender, comprar una opción o contratar para la venta cualquiera de las acciones de la sociedad. Con la venta en el mercado del 51% de Saeta, ACS redujo en cerca de 1.435,8 millones su deuda y, de esta cantidad, la entrada de caja neta fue de 384 millones de euros.

Hasta ahora, ACS tenía una participación del 48,2% en Saeta, que se convirtió en la primera empresa yieldco europea de activos renovables que cotiza en España. En el capital social de Saeta también está presente Bank of America con el 9,5%; el fondo de pensiones de Canadá CPPIB, con el 3,6%; el fondo Arrowgrass, que redujo su peso al 3,2%; la gestora de inversiones Gruss Capital con el 3,16%; Morgan Stanley, con el 2,8% o Goldman Sachs, con el 2,01%.