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La central nuclear de Vandellós II se mantiene estable tras una parada no programada de su reactor

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EFE / Europa Press.- La nuclear de Vandellós II (Tarragona) ha sufrido una parada no programada en el reactor durante el proceso de rodaje de la turbina y se mantiene en condiciones estables, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La parada, que se produjo tras finalizar la recarga número 21, se ha debido a una señal de «alto flujo neutrónico» en el reactor, ocasionada por la pérdida de la alimentación eléctrica en uno de los armarios del sistema de protección «por la actuación de un fusible».

Los sistemas han actuado según lo previsto en el diseño y los procedimientos establecidos. El reactor se mantiene en condiciones estables, parado y con la temperatura y presión necesaria para volver a reanudar su conexión a la red y operar a plena potencia. El Consejo ha asegurado que se están investigando las posibles causas que han provocado el problema del fusible. El suceso no ha tenido ningún impacto en la seguridad de los trabajadores, ni en el público ni en el medio ambiente. La incidencia se ha clasificado provisionalmente con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Nuevo secretario general del CSN

Por otro lado, el CSN ha propuesto al Gobierno y al Congreso al subdirector de instalaciones radiactivas, Mariano Rodríguez, como secretario general del organismo regulador, una vez que María Luisa Rodríguez, solicitó su cese «por motivos personales», según lo previsto en el Estatuto del regulador, y aseguró que esta decisión es «en todo compatible con la satisfacción de haber podido contribuir, en la medida de las competencias del cargo, en la misión del CSN en defensa de la seguridad nuclear y la protección radiológica. En ese contexto, los miembros del pleno le agradecieron su dedicación y esfuerzo, de modo que una vez aceptado, el cese se elevará al Gobierno a través del Ministerio de Energía.

Además, en la reunión se convino la necesidad de abrir el debate para nombrar al sucesor de María Luisa Rodríguez y se plantearon diferentes alternativas, que según indicaron fuentes del CSN, fueron cuatro candidatos distintos entre los funcionarios del organismo. Tras un debate del pleno, finalmente se ha propuesto por unanimidad como candidato a ocupar la secretaría general a Manuel Rodríguez Martí, el actual subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.

El nombramiento de Rodríguez Martí ha sido trasladado al Ministro de Energía, para su valoración y, si lo estima oportuno, elevar la propuesta al Consejo de Ministros. De ser aprobado el nombramiento, se dará traslado al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo tras comprobar su idoneidad como alto cargo y la ausencia de conflicto de intereses, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de 2015 reguladora del ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, en el que de manera específica se establece el procedimiento en el caso de la Secretaría General de un organismo regulador estatal, como es el caso del CSN.

Según indicaron fuentes del CSN, Manuel Rodríguez Martí es un ingeniero industrial nacido en 1959 que se incorporó al organismo regulador casi desde su fundación en 1980. Como técnico ha ocupado cargos en el ámbito de protección radiológica y seguridad nuclear; ha sido jefe de proyecto de la central nuclear de Trillo (Guadalajara); jefe de Gabinete del departamento que antiguamente aglutinaba seguridad nuclear y protección radiológica. Posteriormente y en la actualidad es el subdirector de Instalaciones Radiactivas. Desde el regulador han valorado su dilatada experiencia en todos los ámbitos relacionados con las tareas del CSN.

Discrepancias entre consejeros del CSN sobre las revisiones periódicas de la seguridad en las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La revisión de la Guía de Seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha motivado discrepancias entre dos de los consejeros del órgano regulador, Cristina Narbona y Fernando Castelló, según consta en la explicación de su abstención y apoyo en las actas del último pleno de noviembre. Narbona justifica su abstención ya que no le parece bien que el CSN plantee «disociar» la revisión periódica de seguridad de las centrales, que se realiza cada diez años, del periodo de renovación de autorización para operar.

Narbona admite que la actualización responde «sin duda» a una mejora de la seguridad, de acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pero considera que los «importantes» requerimientos deberían incorporarse a una instrucción de seguridad vinculante. Según manifiesta Narbona «en la memoria que acompaña el borrador no hay ningún argumento que justifique la disociación de las Revisiones del tiempo de explotación de la central», siendo el plazo de 10 años de máximo en ambos casos. Narbona considera que el hecho de que la evaluación de seguridad y concesión de autorización para operar vayan acompasadas es una práctica «consolidada» en España y está en consonancia con el OIEA.

Narbona señala que la asociación entre las revisiones y las autorizaciones de explotación fue resultado de numerosas y prolongadas deliberaciones del pleno durante 1999, tal y como se reflejó en las actas cuando por primera vez se concedió a Garoña una autorización de explotación por diez años. Por ello, cuestiona que «sin que haya mediado ningún debate en profundidad», la mayoría del pleno acepte disociar las revisiones del periodo de renovación de la autorización de explotación, «contraviniendo así una buena práctica consolidada en España» en materia de seguridad nuclear y radiológica sin que exista ningún argumento técnico que lo recomiende».

La consejera critica que «la única referencia» en la que se basa el CSN para disociar ambos periodos son los comentarios internos recibidos de una reunión mantenida entre altos técnicos de este órgano y Unesa, en la que la patronal eléctrica propone la eliminación de la referencia a los diez años «por no ser coherente con el proceso de renovación de la autorización a la central de Garoña». El CSN está ultimando el informe sobre la solicitud de la renovación de Garoña para 17 años, cerca del doble de lo habitual hasta ahora. De ser favorable, la central, en caso de que sea autorizada por el Gobierno, sería la primera planta en España que alcanza los 60 años (en 2031).

Por su parte, el consejero Castelló considera que «el análisis de la revisión periódica de seguridad es garantía razonable de que en el periodo siguiente de operación, las condiciones de seguridad se seguirán manteniendo». Castelló subraya que la guía sigue recogiendo que «conviene la realización de una revisión de seguridad de al menos cada 10 años, independientemente del periodo por el cual el Ministerio otorgue la renovación de la autorización de explotación». Agrega el consejero que en el caso de Garoña, «la aplicación de los requisitos a la instalación no se altera ya que la instrucción del CSN sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de las centrales nucleares está en vigor».

Ambos consejeros mantuvieron otro desencuentro en el pleno a raíz de la propuesta presentada por Narbona para que antes de decidir la prolongación de la vida útil de las centrales hasta los 60 años, se monte una comisión de expertos internacionales que analicen las implicaciones de esta medida en todos los ámbitos, especialmente en el económico por la mayor generación de residuos. Además, ha pedido una Comisión asesora ad hoc que asesore técnicamente sobre Garoña. Castelló responde a la propuesta que el CSN «no está para hacer política energética», ya que eso le corresponde al Ministerio de Energía. El CSN está actualmente integrado por cinco consejeros, tres de los cuales fueron propuestos por el PP y dos por el PSOE.

Una vez expuesta su propuesta, el consejero Javier Dies Llovera ha reprochado a Narbona que su propuesta es «similar» a la formulada por Ecologistas en Acción y Greenpeace en el Comité Asesor. En ese sentido, subrayó que al CSN «le toca» centrarse en la seguridad nuclear y la protección radiológica para incrementar su eficacia de gestión y recordó que en el pasado un ministro de Industria creó una mesa de debate sobre energía nuclear parecido al propuesto ahora por Narbona.

Japón reactiva el reactor nuclear de Sendai a pesar de la oposición local

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EFE.- La compañía operadora reactivará el reactor número uno de la central atómica de Sendai (suroeste de Japón), la primera que volvió a funcionar bajo la nueva normativa nuclear post-Fukushima, pese a la oposición del Gobierno local. Las unidades uno y dos de la planta de Sendai se reactivaron en agosto de 2015, pero la primera fue apagada el pasado octubre para realizar una inspección de seguridad rutinaria y pruebas adicionales para comprobar que no resultó afectada por los fuertes terremotos que sacudieron el suroeste nipón en abril.

El nuevo gobernador regional, Satoshi Mitazono, quien accedió al cargo en julio como líder de una plataforma antinuclear, había reclamado detener los dos reactores de la central por motivos de seguridad. La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) y el Ejecutivo de la prefectura de Kagoshima dieron luz verde la semana pasada a la puesta en marcha del reactor. De esta forma Mitazono admitió que no disponía de «ningún poder legal» para detener la reactivación del reactor. Está previsto que el segundo reactor de Sendai también se detenga temporalmente entre los 16 de diciembre y 27 de febrero para ser inspeccionado.

La otra única central operativa en el país es la de Ikata, cuyo reactor número 3 de la central nuclear fue reactivado en agosto después de que vecinos de la zona, preocupados por su seguridad, trataran de impedirlo. El Gobierno liderado por Shinzo Abe defiende la necesidad de retomar la energía nuclear de cara a estimular el crecimiento económico y ante la carencia de otros recursos energéticos. Tokio pretende que para 2030, entre el 20% y el 22% de la electricidad proceda de centrales nucleares, mientras que antes del accidente de Fukushima se obtenía aproximadamente un 30% de la fisión.

El Tribunal Constitucional de Alemania avala el derecho de las compañías eléctricas a recibir compensaciones por el apagón nuclear decretado

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EFE.- El Tribunal Constitucional de Alemania avaló el derecho de las compañías eléctricas a recibir una compensación «adecuada» por las pérdidas derivadas de la decisión del Gobierno de este país de acelerar el apagón nuclear tras la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011. La decisión del Tribunal Constitucional es la respuesta a la demanda que presentaron E.ON, RWE y la sueca Vattenfall después de que el Ejecutivo alemán decidiera cerrar las nucleares del país para 2022.

Las eléctricas reclamaron ser compensadas por los daños millonarios derivados de esa regulación, ante las inversiones realizadas en vano y los volúmenes de producción con los que ya no se generará electricidad como consecuencia del apagón nuclear definitivo. Según la sentencia, el Legislativo deberá aprobar antes de finales de junio de 2018 la correspondiente regulación para definir las compensaciones, que no fueron contempladas en la ley que estableció el apagón nuclear. En la lectura de su resolución, el vicepresidente del Constitucional, Ferdinand Kirchhof, confirmó, no obstante, el derecho constitucional del Gobierno a establecer fechas fijas para el apagón de todas las centrales nucleares del país.

La ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, se mostró «muy satisfecha con la resolución» del Tribunal Constitucional que confirma en esencia, argumentó, la constitucionalidad del apagón nuclear. «Tanto el establecimiento de fechas concretas de desconexión como también el calendario de cierres graduales son conformes a la Constitución», así como la anulación de la prolongación en 2010 de la vida útil de las centrales y la propia ley relativa al apagón nuclear, subrayó. Agregó que «las demandas de los consorcios energéticos por miles de millones quedan descartadas» con la resolución, al tiempo que destacó que el calendario del apagón se mantiene.

En tanto, el vicepresidente de los socialdemócratas, Ralf Stegner, afirmó que el «rumbo errático» de la canciller, Angela Merkel, «costará millones a los contribuyentes». Recordó que después de que socialdemócratas y verdes acordaran en 2002 el abandono de la energía nuclear, Merkel decidió salirse de este rumbo, con un «abandono del abandono», al que tras Fukushima siguió un «abandono del abandono del abandono», argumentó. «Si ahora los consorcios nucleares deben ser indemnizados por sus inversiones, la culpa es únicamente de Merkel«, sentenció. Por su parte, el líder de Los Verdes, Anton Hofreiter, exigió limitar las indemnizaciones «al mínimo necesario» y señaló que se está pagando que el Gobierno de conservadores y liberales «sencillamente trabajara mal».

La sentencia no supone todavía la adjudicación de una indemnización para las eléctricas, pero crea la base para que las compañías puedan defender sus reivindicaciones en futuros procesos o a nivel extrajudicial. Aunque no se conoce la suma concreta que podrían estar reclamando las empresas energéticas en materia de indemnización, los expertos calculan que podría ascender a 19.000 millones de euros. Los consorcios energéticos reclamaron su derecho a una indemnización ante el cambio de la política energética del Ejecutivo tras la tragedia de Fukushima, un adelanto del cambio de modelo energético que equipararon a una expropiación por las inversiones que habían realizado hasta ese momento.

Esas inversiones estaban en consonancia con el concepto energético a largo plazo del Gobierno alemán a finales de 2010. En esta política energética se veía la energía nuclear como una «tecnología puente», añade E.ON, que había invertido varios cientos de millones de euros en prolongar la vida de sus plantas nucleares. El adelanto del apagón nuclear y el rápido cambio de modelo energético devaluaron estas inversiones y las compañías energéticas no han recibido ningún tipo de compensación. El Constitucional alemán considera que el legislador debería haber tenido en consideración estas pérdidas al tomar la decisión.

La coalición de Gobierno entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y los liberales del FDP decidió en 2011 tras la tragedia nuclear japonesa dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado en 2010. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario gradual de cierres de las entonces 17 centrales nucleares todavía en funcionamiento, las últimas para 2022, unos 10 años antes de lo que había previsto antes.

E.ON celebra recibir las indemnizaciones

La energética E.ON dio la bienvenida a la decisión del Constitucional alemán de que las energéticas reciban una indemnización por el adelanto del apagón nuclear. «El Tribunal reconoce sobre todo la importancia de la confianza en lo que se refiere a las inversiones hechas sobre la base de decisiones políticas», señaló E.ON, que se mostró dispuesta a dialogar de forma constructiva con el Gobierno alemán sobre la indemnización y es consciente de que la negociación durará algún tiempo y no espera recibir pronto ningún pago.

E.ON y RWE subieron con fuerza en Bolsa después de que el Tribunal Constitucional alemán les diera la razón y declarara el adelanto del apagón nuclear parcialmente inconstitucional porque no hay indemnización para las empresas. E.ON ganaba en la bolsa de Fráncfort un 4%, hasta 6,38 euros, y RWE subía un 2,5%, hasta 12 euros. Nada más conocerse la decisión judicial llegaron a subir con fuerza más de un 5%.

Rusia y Turquía impulsan proyectos estratégicos como el gasoducto Turkish Stream y Akkuyu, la primera planta nuclear turca

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EFE.- El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, y su colega turco, Binali Yildirim, dieron impulso a proyectos estratégicos como el gasoducto Turkish Stream y la primera central nuclear turca, denominada Akkuyu. En este sentido, el jefe del Gobierno ruso calificó de «sustanciales» sus negociaciones con Yildirim, destacó el gran potencial de cooperación y prometió la pronta ratificación del acuerdo para el tendido del gasoducto Turkish Stream a través del mar Negro hasta Turquía.

«La ratificación tendrá lugar en breve. El documento contempla el tendido de dos tubos a través del fondo del mar Negro con una capacidad de bombeo de 15.750 millones de metros cúbicos de gas cada uno», explicó. Uno de los tubos suministrará gas a los consumidores turcos, mientras el segundo está destinado al mercado europeo, aunque la Unión Europea aún no otorgó su visto bueno al proyecto, que sustituye al denostado South Stream, rechazado en su momento por Bruselas. Medvédev subrayó que el Turkish Stream «encontrará su lugar», ya que no representa una competencia para otros gasoductos ya existentes y “ayudará a diversificar las rutas de suministro» a Europa, afirmó.

El primer ministro ruso destacó que el Turkish Stream permitirá a los consumidores europeos evitar «riesgos», en referencia a posibles interrupciones del suministro por culpa de la inestabilidad de los países de tránsito, como Ucrania. Rusia ha urgido a la Unión Europea a tender un gasoducto hasta la frontera greco-turca para recibir el gas ruso que ahora transita por territorio de Ucrania y que será redirigido en el futuro a través de Turquía. Al respecto, el presidente del consorcio gasístico Gazprom, Alexéi Miller, adelantó que en la primera mitad del próximo año comenzarán las obras de tendido del primer tramo del Turkish Stream y que se completarán antes de 2019.

En cuanto a la construcción de la primera central nuclear turca (Akkuyu) por parte de ingenieros rusos, Yildirim destacó que su Gobierno ha activado el trabajo para que ese proyecto sea estratégico, lo que aceleraría los plazos de construcción y le daría ventajas fiscales. «Hay que agilizar el trabajo, ya que el primer bloque debe estar preparado para su explotación en 2023, cuando se cumplirán 100 años de la República de Turquía«, explicó. La agencia nuclear rusa, Rosatom, es la encargada de un proyecto valorado en 20.000 millones de dólares.

Francia podrá poner en marcha 8 reactores nucleares parados por posibles anomalías

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EFE.- La Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN) autorizó la puesta en marcha de 8 de los 12 reactores nucleares que se encuentran apagados después de la detección de posibles anomalías en la fabricación de los generadores de vapor. El presidente de la ASN, Pierre-Franck Chevet, explicó que los controles efectuados en esos 8 casos por el operador de las centrales, Electricité de France (EDF), son adecuados. EDF también solicitó que se levanten las restricciones para los otros 4, pero las autoridades de supervisión no se pronunciaron aún.

El pasado junio, la ASN reclamó controles sobre 18 reactores en servicio, tras constatar anomalías en 2015 en la composición del acero de la cobertura y del fondo de la cuba del nuevo reactor de tecnología EPR que se construye en Flamanville, en la costa de Normandía. A consecuencia de ese hallazgo, las dudas sobre posibles defectos se extendieron a otros fabricados con la misma tecnología. 6 de ellos, donde los componentes habían sido construidos en la planta francesa de Le Creusot, pudieron volver a arrancar, después de un primer examen en el que no se detectaron problemas de seguridad.

Respecto a los otros 12, realizados por la compañía japonesa JCFC, 4 están pendiente de análisis, de ahí que la ASN no haya dictaminado al respecto. En ese paquete de 12 hay 10 reactores de 900 megavatios y 2 de 1.450 megavatios en Civaux. El sistema eléctrico en Francia atraviesa un periodo de cierta tensión este invierno, y en particular este mes, por el parón actualmente de 15 de sus 58 reactores atómicos, los cuales generan en torno al 80% de la electricidad, lo que podría plantear problemas para equilibrar el sistema en caso de una ola de frío intensa.

Nadal deberá resolver la financiación del bono social de electricidad y decidir sobre las renovables, Garoña y el ATC

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EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) fue la primera organización, tras conocerse su nombramiento, en solicitar una reunión urgente con el nuevo ministro Álvaro Nadal, para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. Hasta ahora jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal tendrá un estreno intenso al frente de la nueva cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital, ya que deberá buscar un nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que consideró «inaplicable» el sistema actual de financiación, Nadal tendrá que afrontar la devolución a las compañías eléctricas de los 500 millones de euros que han aportado para permitir que los colectivos más vulnerables disfruten de un descuento del 25% en el recibo de la luz. Después de unos años de intensas reformas, fundamentalmente en el sector eléctrico, el nuevo ministro se encontrará con otros temas de calado, como la revisión del margen de comercialización de la tarifa eléctrica regulada, la nueva orden de peajes para la revisión trimestral de la luz, con la necesidad de evitar subidas, la aplicación de los superávit de tarifa o los detalles de la próxima subasta de renovables.

Anpier pide audiencia con Nadal

Precisamente la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ya ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Energía para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. En una carta firmada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se recuerda al nuevo titular de Energía que «el colectivo de pequeños productores fotovoltaicos ha sufrido recortes draconianos en los últimos años, que les han colocado en unas situaciones financieras dramáticas; además de recibir un injustificado maltrato por parte del anterior Ejecutivo«. La asociación señala que el anterior ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se negó a recibir al sector, «a pesar de recibir más de una decena de solicitudes por parte de Anpier».

La asociación subraya que «no es poca la responsabilidad» que asume el nuevo ministro, con un «inevitable cambio de modelo» tanto en la generación como en la forma de distribuir y consumir la energía, que ha de realizarse «con urgencia; pero con el sosiego necesario para evitar errores cuyas consecuencias lastren la proyección económica y el bienestar de los españoles».

Decisiones sobre Garoña y ATC

En materia nuclear, Nadal hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que siga produciendo electricidad. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares españoles, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta final de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo pocos avances se realizaron durante el primer mandato de Rajoy y desde 2015 las instalaciones han encontrado la oposición y las trabas del nuevo Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

Nadal se situará al frente de un Ministerio de nueva creación, que sustituye en buena parte al anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Si Energía y Turismo se mantienen como rúbricas de cabecera, la Agenda Digital gana peso y el área de Industria pasa a depender del también nuevo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El nuevo Ministerio colma en parte las expectativas del sector de las telecomunicaciones, que reclamaba una mayor consideración dentro de las funciones de Gobierno, mientras que deja al sector energético sin la vinculación con Medio Ambiente reclamada desde diferentes empresas. El sector turístico reclamaba un Ministerio propio, pretensión que no se ha visto cumplida.

El nuevo ministro deberá dirigir la política energética conforme a los objetivos de la Unión Europea en materia medioambiental. No solo habrá de afrontar el reto de cumplir el objetivo comunitario de que el 20% de la energía final proceda de renovables en 2020, sino que también deberá defender el legado de su hermano gemelo, Alberto. Este legado, que incluyó un recorte de 2.700 millones a las empresas, se plasmó en una nueva Ley del Sector Eléctrico, en la que se recoge una retribución para las energías renovables y las redes eléctricas conforme a una rentabilidad razonable para toda la vida útil del activo calculada a partir de los bonos del Estado más un diferencial.

Ahora, Álvaro Nadal deberá completar los desarrollos normativos pendientes y hacer frente a la prueba de estrés de los tribunales, en la que se verá qué parte de la reforma sobrevive a la alta litigiosidad provocada. El Tribunal Supremo ya ha avalado los recortes a las renovables, que están aún pendientes de resolución en los tribunales de arbitraje internacional. Sobre la mesa Nadal se encontrará también con asuntos como el posible desarrollo de una normativa sobre autoconsumo energético menos restrictiva. También deberá supervisar de forma transversal los diferentes proyectos económicos y empresariales para que se ajusten a los objetivos climáticos.

Ratificar el Acuerdo de París, el futuro de las renovables, de Garoña y del ATC, retos ambientales del nuevo Gobierno

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Europa Press.- El nuevo Gobierno liderado por Mariano Rajoy deberá abordar distintos temas ambientales de gran calado puesto que estas políticas afectan al desarrollo sostenible que debe tener en cuenta tanto los aspectos económicos como los sociales y los ambientales. El tema pendiente más urgente, puesto que el Ejecutivo en funciones consideraba que no se debía aprobar en esa condición política, es la ratificación del Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Acuerdo de París, surgido de la COP21, ya ha sido ratificado por la Unión Europea y por varios de sus Estados miembro, así como otros países como Estados Unidos o China. Precisamente este acuerdo multilateral entrará en vigor el próximo 7 de noviembre. Es probable que España acuda a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en Marruecos este mes sin que haya ratificado sus compromisos.

En esta línea España deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto las sujetas al mercado de emisiones, tales como la energía y otras industrias, como las de los sectores difusos: las del transporte o la vivienda. Además, en esta senda hacia una economía libre de emisiones, España deberá replantearse el parón que han experimentado las energías renovables tras el conocido como impuesto al sol, que ha ralentizado el sector y el autoconsumo.

En materia energética, el nuevo Gobierno hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Garoña (Burgos) para que produzca electricidad hasta 2031. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta finales de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). El emplazamiento cuenta con el visto bueno del CSN pero con la oposición del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. El silo atómico, que debía comenzar a funcionar en 2017, no tiene puesto aún su primer ladrillo.

En este sentido, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, advierte al nuevo Ejecutivo de Rajoy de que es «fundamental» apostar por un cambio en el modelo productivo basado una economía baja en carbono. En su opinión, esto implica un despliegue rápido y a gran escala de las energías renovables que conllevará eliminar los «obstáculos» de la pasada legislatura y cortar cualquier apoyo público a los sectores basados en las energías fósiles. «Sin duda esto tendrá consecuencias positivas e inmediatas en la economía y en el empleo en nuestro país», ha vaticinado.

El caso de una fuga en 2007 de partículas radiactivas de la central nuclear de Ascó deberá resolverse en juicio

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Europa Press / EFE.- El caso de una fuga de partículas radiactivas en la central nuclear de Ascó (Tarragona) en noviembre de 2007, durante las tareas de recarga del grupo I, se resolverá finalmente en juicio después de que el juzgado estimara parcialmente algunos de los recursos que en su día presentaron el Ministerio Fiscal y la entidad Ecologistas en Acción, al cual se adhirió Greenpeace, contra el archivo de la causa, por lo que revocó su sobreseimiento provisional.

En el auto, el Juzgado de Instrucción 1 de Gandesa (Tarragona) ha dado la razón a los ecologistas en que debe ser en juicio donde se contrasten las periciales de los demandantes y de la Asociación Nuclear Ascó Vandellós (Anav), ya que llegaron a conclusiones contrarias. «Dado que nos hallamos en presencia de periciales que alcanzan conclusiones distintas, deberá ser en el acto de juicio oral donde se practique la prueba en toda su extensión a fin de determinar qué efectos sobre las personas, bienes y medioambiente se produjeron por la emisión», razona el tribunal.

Sin embargo, el juzgado de Gandesa ha confirmado el sobreseimiento de la causa contra dos inspectores residentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el momento en que se produjo la fuga, Antonio García Rotellar y Manuel Oliva González, que habían sido investigados, después de haberlo pedido tanto la Fiscalía como la Anav ante lo que la acusación no presentó recurso. En noviembre de 2015, el juzgado de Gandesa había archivado la causa a petición de la Anav por esta fuga que tuvo su origen en los trabajos de recarga de Ascó I en noviembre de 2007, en los que se ensució el sistema de ventilación del edificio de combustible.

Durante los hechos se liberaron un millar de partículas radiactivas cuando finalizaba el proceso de recarga de la central. Durante este proceso, un operario derramó agua contaminada con las partículas cerca de una reja de aspiración del circuito de ventilación, que se acabó expulsando por las chimeneas hasta el exterior. Anav, propietaria de Ascó, no informó de los hechos al CSN hasta abril del 2008. El incidente, calificado inicialmente de nivel 1 en la escalera INES, fue elevado a nivel 2 por el CSN por «inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar información incompleta y deficiente al organismo regulador«.

CCOO reclama un relevo generacional y garantías de empleo para las centrales nucleares

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Europa Press / Servimedia.- CCOO de Industria considera que la política de las centrales nucleares debe dar un giro de 180 grados y reclama un relevo generacional, garantía de empleo y un cambio «radical» en la gestión. En este sentido, el sindicato reclama que “cuanto antes” se proceda a la inversión de las centrales y se apliquen sistemas de relevo generacional que garanticen el necesario traspaso de conocimiento y experiencia, según acordaron los delegados del sector nuclear en Almaraz. En la reunión participaron representantes de Almaraz, Trillo, Cofrentes, Ascó y Vandellós.

Todos los participantes coincidieron en que “si no se produce un cambio radical, habrá pocas posibilidades de ampliar la vida útil de los grupos nucleares y muchas de que alguno de ellos no renueve la próxima licencia de explotación”. La finalización de los actuales permisos de explotación, indica el sindicato, «produce una gran incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras más jóvenes que no saben si mantendrán su empleo en el futuro». «Lamentablemente, a estas circunstancias hay que añadir la política de recortes que aplican las empresas propietarias de las plantas nucleares en inversión y mantenimiento de equipos», lamenta el sindicato.

Situación de las empresas contratistas

Los delegados también analizaron la situación y expectativas de la central nuclear de Almaraz y la situación que se vive en la central extremeña ante la denuncia del Gobierno de Portugal y de los grupos ecologistas. En la reunión se abordó la cuestión de las empresas contratistas que trabajan en las centrales nucleares. CCOO de Industria ha detectado que la «nefasta política empresarial que se aplica en la renovación de los contratos de servicio, con una drástica reducción económica, está provocando una gran incertidumbre laboral a buena parte del personal y la pérdida del conocimiento».