Entradas

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

La Eurocámara pide elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha abogado por elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990, frente a la meta del 40% que tiene la Unión Europea en la actualidad.

En una resolución no legislativa, aprobada con 49 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, los eurodiputados han advertido que es necesario aumentar la ambición actual para poder conseguir en 2050 una economía europea sin emisiones efecto invernadero. En este contexto, la comisión europarlamentaria ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que apoyen este incremento del nivel de ambición durante la cumbre que mantendrán en Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo.

Los eurodiputados han subrayado que el PIB de la Unión Europea crecería a un mayor ritmo con escenarios más ambiciosos de reducción de emisiones de gases invernadero, aunque de manera desigual entre los distintos Estados miembros. Además, han destacado que una transición «justa» hacia un escenario de emisiones netas nulas podría suponer la creación de puestos de trabajo siempre que se gestione «de forma adecuada» y apoyando a las regiones, sectores y ciudadanos que se viesen más afectados. En este sentido, los eurodiputados han pedido tanto a las capitales como a la propia Unión Europea que tengan en cuenta el impacto social que pueden tener las políticas climáticas que desarrollen.

Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente ha enfatizado que la estrategia de la Unión Europea hasta 2050 debe dar prioridad a la reducción directa de emisiones y «fortalecer» las reservas y los sumideros naturales de carbono, como los bosques. Por último, ha instado a la Comisión Europea a desarrollar una estrategia industrial con políticas que permitan al sector europeo competir con sus rivales globales en igualdad de condiciones, así como a activar medidas compatibles con las normas de la OMC que eviten el riesgo de fuga de carbono.

97 millones para eficiencia energética

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que invertirá 97 millones de euros en el desarrollo de proyectos que persigan mejorar la eficiencia energética de edificios tanto públicos como privados, una iniciativa que se enmarca dentro de los esfuerzo del bloque comunitario para reducir un 32,5% el consumo de energía en 2030. El presupuesto se destinará, en concreto, a la Facilidad ELENA (European Local Energy Assistance), que está gestionada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo que aportará asistencia y actuará como «punto de contacto» en el proyecto.

Así, los servicios de desarrollo de proyectos se dirigirán a asociaciones de hogares y propietarios que pretendan «aumentar el confort y reducir las facturas energéticas», según el BEI. Estas ayudas, además, estarán disponibles para entidades que quieran desarrollar productos financieros o préstamos dedicados a la mejora de la eficiencia energética. «Acelerar las inversiones en eficiencia energética en edificios residenciales para reducir las emisiones de carbono y atajar mejor el cambio climático es crucial», advierte el vicepresidente del BEI responsable de Energía, Andrew McDowell. Los edificios residenciales europeos suponen el 40% de la demanda energética de la Unión Europea, que tiene el objetivo de reducir su consumo un 32,5% para 2030.

La OCU alerta de que un coche con etiqueta Eco o Cero puede contaminar más que un vehículo de gasolina

Europa Press.- Mientras la Unión Europea se fija el objetivo de reducir un 30% las emisiones contaminantes de camiones a partir de 2030, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que hay vehículos que pese a no contar con el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) Eco o Cero emisiones contaminan menos que otros con la etiqueta.

OCU denuncia que para la concesión de la etiqueta solo se tiene en cuenta la tecnología que usan los automóviles y no el impacto real de las emisiones que producen. Así, la organización considera que el actual sistema de concesión de etiquetas es «injusto» porque los nuevos motores de gasolina de vehículos de pequeña potencia contaminan «igual o menos» que muchos coches híbridos no enchufables de alta potencia. Y también porque incluso contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada, cuando estos agotan su batería, pasados unos 40 kilómetros.

Además, destaca que ocurre lo mismo con los modelos de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC). «Una vez en la carretera no existe forma de comprobar si están usando estos combustibles o están funcionando con gasolina y, por tanto, su impacto es el mismo, o más elevado, en función de la cilindrada«, señala. No obstante, para OCU el sistema de etiquetas ambientales supone un «avance» puesto que, como ventaja, contribuyen a impulsar la compra de automóviles con motores «más limpios», como los eléctricos o los híbridos.

Por otro lado, la organización de defensa del consumidor pone de manifiesto que un coche eléctrico cuesta de media 2.000 euros más que un híbrido enchufable, 10.000 euros más que un híbrido no enchufable y hasta 12.500 euros más que un modelo de gasolina. «Aunque se aprobaron unas ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, no siempre están disponibles, y con frecuencia se agotan rápidamente», añade. En definitiva, OCU considera que debe revisarse el sistema de concesión de etiquetas medioambientales para que puedan cumplir su objetivo, «que no es otro que clasificar a los vehículos de acuerdo con su impacto ambiental real».

Reducir emisiones de los camiones                                                                                

Por su parte, las instituciones de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes de nuevos camiones del 30% a partir de 2030, con una meta intermedia del 15% en 2025, en comparación con los niveles registrados en 2019. Es la primera vez que la Unión Europea se marca un objetivo de recorte de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para este tipo de vehículos. Además, se trata de una meta vinculante, de forma que los fabricantes de camiones que la incumplan tendrán que hacer frente a una sanción financiera, señaló el Consejo de la Unión Europea.

El acuerdo también incluye un refuerzo de los incentivos para impulsar la fabricación de vehículos pesados con bajas emisiones o emisiones cero. Sin embargo, los autobuses y autocares quedan excluidos de este mecanismo porque ya existe un sistema distinto de incentivos para estos vehículos. La ministra de Medio Ambiente de Rumanía, Gratiela Leocadia Gavrilescu, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, ha destacado que el acuerdo cierra una «brecha» en la legislación medioambiental europea y garantiza que el sector de vehículos pesados «empieza a poner de su parte» para cumplir con los objetivos climáticos del bloque comunitario.

«Los nuevos objetivos e incentivos ayudarán a atajar las emisiones y a conseguir ahorros de combustible para los operadores de transporte y un aire limpio para todos los europeos. Para la industria europea, es una oportunidad para abrazar la innovación hacia una movilidad de emisiones cero y fortalecer su liderazgo global en vehículos limpios», subrayó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Las emisiones de vehículos pesados como camiones, autobuses y autocares representan el 6% de las emisiones totales de CO2 del bloque comunitario y el 27% de las emisiones del sector del transporte. El acuerdo alcanzado por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea todavía debe adoptarse formalmente por ambas instituciones antes de entrar en vigor.

Sánchez impulsa el vehículo alternativo y el coche autónomo en su Agenda del Cambio: 60 medidas para un crecimiento «sostenible»

Europa Press.- El Gobierno ha incluido un Plan de Movilidad sostenible en su Agenda del Cambio: Hacia una economía inclusiva y sostenible para impulsar la adopción de los vehículos con energías alternativas y promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo incluyó en esta hoja de ruta, que sienta las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible, programas piloto de coche autónomo y de acción 2019-2022 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Según el Gobierno, la red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el «importante» sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un «potente» sector empresarial de energías renovables y de gestión del agua, permitiría liderar un proceso de transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Todo ello se enmarca en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire y de vida en las ciudades. Con su Agenda del Cambio, el Ejecutivo también aspira a situar a España entre los países líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor.

Esta Agenda del Cambio, que guía la acción del Gobierno, se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo, según se destaca en el documento. El texto recoge más de 60 medidas a corto y medio plazo orientadas a apoyar el proceso de transformación ecológica, converger con los países más desarrollados en términos de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria con una tasa de paro alineada con la media europea.

Guía la acción del Gobierno

La titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha señalado que la agenda es «ambiciosa y realista» y se trata del tercer eje de la política económica del Gobierno, junto a la política fiscal «responsable» y las políticas sociales. Calviño ha explicado que esta Agenda del Cambio ha guiado la acción del Gobierno «desde el primer día», ha vertebrado distintas medidas para decidir el modelo de crecimiento a medio y largo plazo. «No hay tiempo que perder para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel económico, social y medioambiental», ha apostillado.

Para impulsar la transición ecológica se acometerán actuaciones para conseguir un marco regulatorio adecuado. En este punto, afirmó que la Ley contra el Cambio Climático y la transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, y el Plan Nacional de movilidad sostenible están alineadas con los objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio climático y contribuirán a reducir las emisiones en un tercio para 2030 y aumentarán la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico a un 70%. Así “se abrirá, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa».

Además, la Agenda del Cambio hace alusión a un Plan nacional integrado como principal instrumento para desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Otra de las reformas hace referencia a la regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

Maroto asegura que el Acuerdo Estratégico del Automóvil se firmará en los «próximos días» para avanzar hacia la transición energética

Europa Press.- La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha avanzado que el Acuerdo Estratégico que está preparando el Gobierno con el sector del automóvil se firmará en los «próximos días». Maroto asegura que el Ejecutivo pretende que este acuerdo marque el «futuro» de la automoción a la hora de acometer cambios tecnológicos y hacia la transición ecológica.

Según indicó el Ministerio de Industria, el Acuerdo Estratégico del Gobierno con el sector de la Automoción para una Movilidad Sostenible y Eficiente tocará diferentes puntos vinculados con el automóvil y la movilidad y también buscará su modernización. Así, el documento apunta que dicho Acuerdo contempla el impulso a las inversiones en España por parte de los fabricantes de vehículos, con el punto de mira puesto especialmente en la atracción de inversiones y en la producción de modelos eficientes made in Spain. Igualmente, recogerá medidas por parte de la Administración para favorecer la adaptación de la industria «a un nuevo contexto de reducción de emisiones».

Otro de los ejes estratégicos de este plan que prepara el Gobierno para el sector del automóvil y la movilidad recoge llevar a cabo una revisión de los impuestos asociados a la automoción «con el objetivo de afrontar una fiscalidad verde que favorezca la reducción de las emisiones contaminantes. Maroto ha señalado que con dicho Acuerdo se pretende dar «estabilidad» al sector de la automoción. «Nuestro compromiso con el sector es mantener todas la unidades productivas, crear empleo y seguir creciendo para mantener el liderazgo de España como segundo exportador y fabricante de coches», indicó.

Así, se comprometió a mantener la industria de automoción española frente a «competidores tan importantes como Asia», donde se están electrificando los vehículos y desarrollando tecnologías. «Aquí en España todavía tenemos tecnología poco avanzada», admitió, pero confía en que el Acuerdo Estratégico que se está diseñando cree un entorno para trabajar con el sector de la automoción tanto en la movilidad como en las inversiones que requiere la industria automovilística para acometer una «transición ordenada».

El Gobierno lanza con la industria química y del refino una agenda sectorial para acompañarla en los retos futuros

Europa Press.- El Gobierno y la industria química y del refino han lanzado una agenda sectorial, la sexta tras las de automoción, papel, cemento y aeronáutica, con el fin de «trazar una hoja de ruta” con la que afrontar el futuro y buscar soluciones que permitan crear «valor social y económico» al sector.

Maroto, que valoró el carácter estratégico e innovador de la industria química y del refino, así como «su capacidad de creación de empleo y riqueza», destacó el compromiso del Gobierno con los sectores manufactureros. Concretamente, la agenda define 8 ejes prioritarios de actuación, en cada uno de los cuales se proponen medidas concretas para el desarrollo de este sector industrial, con el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible y justo.

Entre las medidas incluidas figura el Real Decreto-Ley 20/2018, que viene a legislar por primera vez dos temas reclamados por el sector, la regulación de las redes eléctricas cerradas y el Estatuto de la industria electrointensiva. Las medidas también se focalizan en la innovación, el empleo, la investigación, los recursos naturales, la economía circular o la energía para unos sectores que representan el 6,5% de la riqueza española, una cifra de negocio de más de 100.000 millones de euros y con unas inversiones de unos 2.800 millones de euros anuales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, destacó que esta agenda «es el pistoletazo de salida hacia un trabajo conjunto y eficiente entre la Administración y la industria química y del refino». No obstante, Aires aprovechó para volver a pedir que la transición energética se haga de una manera «eficiente, priorizando las alternativas con mayor capacidad de reducción de emisiones al menor coste para la sociedad en su conjunto» y respetando la neutralidad tecnológica, indicó refiriéndose al borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático en el que se recoge la prohibición de vender vehículos de diésel, gasolina, e incluso híbridos, a partir de 2040.

Aires consideró que esta agenda debe ser el punto de partida para que el sector petrolero cumpla con el reto de «seguir suministrando las necesidades que demanda la sociedad para su desarrollo, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero«. A este respecto, Maroto señaló que «ya todo el mundo está convencido de que la industria «tiene que contribuir al reto del cambio climático», por lo que el marco de esta agenda da espacio «al debate y a la búsqueda de soluciones».

Por su parte, el presidente de Feique, Carles Navarro, destacó el papel de los sectores químico y del refino, que representan el 20% de las exportaciones industriales y el 25% de la inversión y gasto en I+D+i del conjunto de la industria española. Navarro también pidió una legislación «eficaz», que no genere «impactos económicos indeseables» y subrayó que la transición energética no debe «ser disruptiva», permitiendo a las empresas adaptarse.

Pedro Sánchez anuncia 235.000 millones de euros para combatir el cambio climático en España durante los próximos 10 años

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos 10 años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

Sánchez ha augurado que el «gran potencial» de las energías renovables «va a ser una realidad» durante los próximos 10 años y asegura que el Gobierno tiene una agenda «ambiciosa e integral» contra el cambio climático. A su juicio, los «peligros» se pueden superar con «ingenio y pasión» y ha lamentado la pérdida de «ingenio y pasión» durante una década a consecuencia de la crisis económica y financiera, cuando «muchos» jóvenes se fueron. Pero ha señalado que ahora hay «una década por ganar» y recuperar ese «talento» en un contexto en el que España está «decidida a contribuir a una economía global, justa y ecológica».

El jefe del Ejecutivo ha destacado las acciones en materia de cambio climático acometidas por el Gobierno socialista durante 7 meses y ha defendido que esta apuesta se observa también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde la I+D+I tiene un incremento del 5,1% respecto a 2018 y «todas» las partidas relacionadas con la materia experimentarán crecimiento. «Se trata de medidas concretas, reales, contables y efectivas», ha citado el presidente, que ha añadido que España trabaja en una agenda integral, con objetivos claros en toda la acción del Gobierno bajo la premisa de que la transición ecológica sea «socialmente justa» y no deje desprotegido «a nadie».

Sánchez ha advertido de que las afirmaciones negacionistas «cada vez son más comunes» en distintos ámbitos y ante estos «prejuicios» reivindicó la herencia de la «ilustración» por la que considera que «antes de cualquier ideología posible están la razón y la ciencia». En ese marco agradeció la labor de los activistas y de los científicos «comprometidos» que han abierto el camino y han mantenido «la llama y la tensión» y han logrado que el cambio climático esté cada vez más presente en la agenda política.

Por ello, ha subrayado que aunque el nombre del Ministerio, «Transición Ecológica», no crea una realidad, sí contribuye a generarla y el concepto incluye las dos palabras que «marcan la tarea» en la que está embarcado el Gobierno y el mundo, que no es otra que hacer la transición de un modelo económico a otro que ponga la ecología en el centro de las decisiones.

«Queremos políticos audaces, valientes y que hagan pedagogía a la ciudadanía. Necesitamos políticas que vayan más allá de lo previsto y nunca más acá, que es lo que nos encontramos. No hay tiempo para titubear ante el cambio climático. Somos la primera generación del cambio climático y la última que tiene poder para detenerlo. Somos ahora o nunca», ha sentenciado.

Obligados a repensar la energía

El presidente destacó que el Gobierno es ambicioso y ha hecho progresos contra el cambio climático, una cuestión que ha marcado la agenda política global durante «unos 10 años» y seguirá haciéndolo. En ese sentido, para Sánchez el cambio climático «no entiende de países, ideologías y civilizaciones y ha augurado que ningún esfuerzo local con respuestas individuales podrá ser suficiente.

Así, considera que con la razón y la ciencia la realidad climática obligará a «repensar» el modelo energético, las transformaciones sociales o el modo de producir o consumir, así como aprobar una legislación que no es «muy popular» porque exige una «adaptación incómoda en el corto plazo» como la transformación de la industria, el cambio de los hábitos automovilísticos, la necesidad de cambiar el perfil de las ciudades. Para ello, cree que la política tiene que hacer pedagogía y ha reclamado «comprensión» a los ciudadanos. De este modo, pide a los ciudadanos que acompañen al Gobierno en el camino y se comprometan a nivel personal para frenar el cambio climático y adaptarse a las consecuencias.

En definitiva, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el multilateralismo para adoptar un acuerdo global y social pero para ello es necesario el liderazgo para construir compromisos y ha advertido de que los próximos pasos serán «determinantes» y, ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo, opina que Europa tendrá «el reto» de impulsar el liderazgo en la transición». En ese ámbito, considera que en las elecciones quienes «dudan o están dispuestos a negociar con los que dudan del cambio climático no pueden tener un peso en el Parlamento europeo para abordar un problema tan global» y ha garantizado la apuesta del Ejecutivo por una lucha integral contra el cambio climático como un tema transversal de las políticas.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, calificó de «relevante» el liderazgo de España en materia de cambio climático aunque ha señalado que en este «gran desafío» los Gobiernos son «actores» en el marco multilateral pero ha recordado que la acción va más allá de los gobiernos y hay que buscar actores no estatales para desarrollar una agenda «incluyente».

Espinosa ha dicho que la lucha multilateral contra el cambio climático es un régimen basado en la confianza mutua de que los demás hacen su parte y de forma colectiva se alcanzan las metas. «El cambio climático no conoce fronteras. Lo que se haga en un lugar tiene efectos en todas las demás regiones del mundo. El comercio de emisiones está referido a 20 o 30 países, sin embargo hay más de 100 países que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático«, precisó.

Los Gobiernos de la Unión Europea aprueban la nueva reforma del mercado eléctrico para facilitar la transición hacia la descarbonización

Europa Press.- Los Gobiernos de la Unión Europea han dado su visto bueno a la nueva directiva y el nuevo reglamento que reforman el diseño del mercado eléctrico europeo con el objetivo de mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.

Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas», según el Consejo de la Unión Europea. No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

También busca reforzar los derechos de los consumidores. Los consumidores tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

Manuel Pulgar-Vidal, director internacional de cambio climático de WWF, considera que la lucha climática solo será posible con apoyo ciudadano

Europa Press.- El director internacional de cambio climático de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Medio Ambiente de Perú y hombre clave en las negociaciones que condujeron al Acuerdo del Clima de París, ha advertido de que la lucha contra el cambio climático solo será posible si los ciudadanos son «capaces de asumir y apoyar» la acción y ha vinculado este problema a los objetivos de la Agenda 2030 para frenar la pobreza y favorecer la equidad social.

Pulgar-Vidal ha expuesto la relación entre clima y lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y el desarrollo sostenible. Pulgar-Vidal ha advertido de que no se puede alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sin ser capaces de afrontar las consecuencias del cambio climático y ha añadido que esto debe hacerse en base al concepto de la transición justa que pasa por «planificar las consecuencias» positivas y negativas de la transformación que se busca.

Así, considera necesario planificar las consecuencias negativas de lograr una economía descarbonizada sin combustibles fósiles, sin dejar de pensar que hay «mucha gente involucrada», tanto en su extracción como en su uso para distintos fines. «Todavía somos muy dependientes de los objetos que usan estas fuentes de energía y a su vez hay otras regiones que son altamente dependientes de la extracción de estos recursos», comentó. Por tanto, Pulgar-Vidal insiste en la necesidad de buscar fuentes de empleo alternativas a las personas que dependen de los combustibles fósiles. «Hay que lograr que los salarios de estas personas no se vean perjudicados y, al mismo tiempo, transitar hacia energías limpias», manifestó.

Al respecto de la transición justa, puso de ejemplo la «lección» dada por la crisis de los chalecos amarillos en Francia que se originó por el incremento de precios de los combustibles en el marco de las decisiones climáticas del Gobierno de Francia, y que generó un encarecimiento que la población «no estuvo dispuesta a soportar». «Una acción climática que es definitivamente deseada tiene que considerar ese tipo de respuestas», subrayó el exministro peruano, que opina así que no se puede perder el apoyo ciudadano porque la acción climática «es posible solo si los ciudadanos son capaces de asumir y apoyar ese tipo de acción«.

Pulgar-Vidal ha explicado asimismo las reticencias al cambio por parte de distintos países, sobre todo por los más dependientes de los combustibles fósiles, que requieren que el cambio sea más gradual, o bien, de los países productores, que no desean que su economía quede afectada de forma rápida. Si bien, ha advertido de que a pesar de la dependencia económica de actividades no sostenibles como el carbón o el petróleo, «no cambiar a tiempo puede generar mayores perjuicios económicos«. Por otro lado, se ha referido también a la competencia entre países por no perder competitividad por lo que celebra la existencia de coaliciones, como la Unión Europea, al anunciar su compromiso de alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050.

Retrasos con la eficiencia energética

Otro de los pilares de la acción para el negociador climático es el sector privado, los mercados y los inversores a los que pide que se fijen metas sectoriales basadas en la ciencia para poder cambiar conductas. Si bien, ha celebrado la «gran acción climática» del sector de la energía, lamenta por el contrario el retraso y la falta de avances de lo relativo a la eficiencia energética, que «representa el 32% de la solución y que «no avanza tan rápido» como las energías limpias.

Por otro lado, sobre el mix energético ideal cree que en España, como cada país, debe responder a su realidad sobre los porcentajes de acceso a la energía, su nivel de dependencia de una u otra fuente o su capacidad para transitar hacia una economía descarbonizada en 2050. En concreto, ha recordado que la mayor fuente de emisiones contaminantes en España es el transporte, que representa en torno al 25% y su receta, en este caso, es fomentar la electrificación del transporte algo que considera que «no se está desarrollando aún de la manera necesaria».

En segundo lugar, opina que España debe modificar su generación eléctrica, que es la segunda fuente de emisiones de CO2 y, en tercer lugar, debería favorecer las ciudades sostenibles y la eficiencia energética. En cuanto al mix energético, explicó que las principales resistencias ante la energía nuclear, «que no tiene que ver con lo climático», se deben a sus condiciones de seguridad. Si bien, asegura que de lo que se trata es de «buscar una reducción real de emisiones», es decir intervenir en aquellas fuentes de emisiones y «no buscar otras alternativas» que desvíen del objetivo. «Hay que concentrarse en reducir realmente las emisiones», apostilló.

Finalmente, el exministro de medio ambiente de Perú ha calificado de «interesante» el caso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció su salida del Acuerdo de París sabiendo que no podrá solicitarlo hasta 2019 y, mientras tanto, en las negociaciones internacionales Estados Unidos «no ha mostrado obstrucciones» en el proceso sino que, al contrario, ha mostrado colaboración para permitir avances. «Espero y confío en que Trump no se vaya del Acuerdo de París. Creo que perjudicaría a sus propios ciudadanos pero si se materializase, estoy seguro que más pronto que tarde, Estados Unidos volvería a la negociación climática. Nadie sabe qué puede ocurrir», ha concluido.