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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado con una multa a las eléctricas Zero y Catgas por el traspaso masivo de clientes

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EFE. –  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a las comercializadoras eléctricas Zero Electrum y Catgas Energía, con 350.000 y 150.000 euros, respectivamente, por una infracción grave del traspaso masivo de clientes sin su consentimiento.

Según ha explicado la CNMC en un comunicado, Zero Electrum fue inhabilitada para el ejercicio de la actividad comercializadora de energía eléctrica en abril de 2016 y, en vez de consultar a los clientes sobre el nuevo comercializador, les traspasó a todos «de forma masiva» a Catgas.

Para la Comisión, esto representa una vulneración de las medidas de protección al consumidor sobre la voluntad de los clientes a contratar el suministro.

La CNMC ha sancionado en ocasiones anteriores a otras empresas del sector energético por prácticas similares, como a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo el año pasado por incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento de clientes, o, en marzo de este año, a Endesa con 30.000 euros por una infracción parecida.

Las eléctricas quieren participar con el desarrollo de las infraestructuras para el coche eléctrico

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Europa Press. – Las empresas distribuidoras de Unesa se han ofrecido a colaborar con la Administración en la definición de una red suficiente de recarga en vía pública y en el desarrollo de estas infraestructuras para impulsar el vehículo eléctrico.

Según un comunicado de la patronal, formado por Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, considera que si España apuesta por posicionarse con los principales países europeos en el desarrollo de estas infraestructuras, «el distribuidor es un agente necesario para contribuir al éxito de la movilidad eléctrica como facilitador del vehículo eléctrico en la red».

Estas importantes eléctricas recuerdan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su reciente informe sobre la propuesta de Real Decreto respecto al gestor de cargas considera que el desarrollo de las infraestructuras de recarga debería englobarse dentro de una estrategia nacional de impulso al vehículo eléctrico, se ofrecen así a colaborar con la Administración «en la elaboración de dicha estrategia nacional».

Así, según la patronal eléctrica, los distribuidores cuentan con la capacidad técnica, experiencia y medios para llevar a cabo actuaciones a gran escala en las redes de distribución, por lo que su participación «facilitaría el despliegue de la infraestructura de recarga pública, garantizando un desarrollo ordenado y homogéneo».

Unesa asegura que el vehículo eléctrico es «una eficaz herramienta» para reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes producidos por la actividad del transporte y supone una mejora en la eficiencia energética, considera que «una de las principales barreras» para su despliegue en España es la ausencia de una infraestructura «suficiente» de recarga en la vía pública, tanto en ciudades como en la red de carreteras. Además, «esta limitación» está suponiendo «una barrera» a la compra de vehículos eléctricos, ya que su uso se ve restringido a las ciudades y a trayectos cortos.

El ministro plantea que las eléctricas cofinancien los impagos de luz de los hogares vulnerables

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Servimedia/Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ve «posible» establecer algún tipo de contribución del sistema eléctrico, a través del bono social, para financiar los costes de los impagos del suministro de los hogares vulnerables que se sume a la aportación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Así se expresó Nadal durante su comparecencia en la comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, donde presentó las principales iniciativas que pretende llevar a cabo durante la legislatura.

En relación con la pobreza energética, calificó de «muy acertada» la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que sean los ayuntamientos los que determinen quienes son las personas con vulnerabilidad severa a las que no se puede cortar el suministro.

«Hay que trabajar en esta línea», añadió el ministro, quien reiteró su posición de que el tratamiento de la pobreza energética en los casos más graves es una competencia de los servicios sociales autonómicos y municipales. «El factor determinante es la evaluación por parte de los servicios sociales», apostilló.

Por ello, apuntó que las comunidades autónomas deberán decidir si comparten sus competencias para coordinar una solución similar en todo el Estado.

Además ha pedido a los grupo políticos de la oposición la necesidad de definir un nuevo bono social eléctrico, cuyo cargo siga siendo asumido por las empresas eléctricas, para mejorar su diseño a través de una mejor definición del consumidor vulnerable.

A este respecto, defendió que el bono social debe seguir con un sistema que haga que sea financiado por el sector, en este caso por todas las comercializadoras. «Necesitamos un acto normativa en esta Cámara y en el Senado que nos permita mantener esa financiación, y a partir de ahí hay que discutir cómo queremos que sea y diseñarlo», añadió al respecto.

Por último, defendió que «el objetivo de protección del consumidor empieza por garantizar unos precios competitivos y asequibles», algo que se consigue evitando que se incrementen los costes del sistema como consecuencia de actuaciones políticas.

No obstante, subrayó que la protección del consumidor vulnerable no debe formar parte de la política energética, «no se debe alterar los precios para los distintos tipos de consumidores», subrayó, sino que se debe derivar a la política social.

El margen de comercialización de las eléctricas variará en función de la energía consumida

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Europa Press.- El margen de comercialización de las eléctricas variará en función de la energía consumida, según la nueva metodología para el cálculo establecida en el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, esta nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización para las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) reconoce para la imputación de los costes un término por potencia contratada y otro por energía consumida.

De esta manera, las eléctricas verán cómo varía lo que percibirán por este concepto en función de esta energía consumida, mientras que según el anterior sistema, que tuvo que ser modificado después de que el Tribunal Supremo obligara al Gobierno a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC, la retribución sólo estaba vinculada al término de potencia y era fija de 4 euros por kilovatio (kW) al año.

Además, el Real Decreto reconoce que el término por energía consumida recogerá los costes vinculados a la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y al valor de la cuantía de la retribución por su actividad de comercialización de referencia.

La metodología prevé una revisión de los componentes fijos de los costes de comercialización y de la retribución por el ejercicio de la actividad cada tres años, y una actualización anual de la parte ligada a la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

La pasada semana, el Consejo de Ministros aprobó esta revisión al alza del margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del PVPC de la electricidad, lo que encarecerá el recibo de la luz en un 0,04% al año, según indicó el Gobierno.

Energía señaló que este coste de comercialización resultante de la nueva metodología es similar al establecido anteriormente, por lo que el impacto sobre la factura del consumidor será «reducido».

Según las sentencias del Tribunal Supremo, es necesario regularizar la facturación realizada desde el 1 de abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de la metodología, lo que supone de media 1,76 euros por consumidor.

Impacto de 25 céntimos al año

En el futuro, indicó Energía, la nueva metodología incrementará la factura media doméstica de forma «muy moderada». De mantenerse las condiciones vigentes en 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes.

Esta norma sólo afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro en el mercado libre.

Energía asegura que, para elaborar la metodología, ha utilizado como referencia la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha tenido en cuenta las valoraciones de todos los agentes afectados.

Podemos condena la muerte de la anciana que no tenía luz y responsabiliza a gobiernos y eléctricas

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Europa Press.- El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha condenado la muerte de la mujer de 81 años que carecía de suministro eléctrico y ha responsabilizado de su muerte a los gobiernos y a las empresas eléctricas.

La mujer, de 81 años y vecina de la localidad tarraconense de Reus, murió en la madrugada del lunes tras incendiarse su vivienda por una vela con la que iluminaba su piso. La fallecida tenía cortado el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«Esto no es un accidente»

«Esto no es un accidente. Los accidentes ocurren sin que nadie medie en ellos y sin que nadie tenga responsabilidad, y en esta muerte hay responsabilidades políticas», ha dicho Errejón en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Errejón no ha mencionado expresamente al PP ni al PSOE, pero ha criticado el modelo energético del país «profundamente injusto que regala miles de millones a las eléctricas al mismo tiempo que deja en la oscuridad a muchas familias españolas».

En este sentido, ha dicho que el modelo energético –por el cual, ha criticado, «se regala primas millonarias a las compañías eléctricas, donde luego acaban enchufados algunos políticos de los partidos tradicionales»— es el causante de que haya un 17% de personas que no pueden acceder a los suministros energéticos más básicos y que «está costando vidas».

Por ello, ha equiparado la pobreza energética a los desahucios, la violencia machista, el paro o la precariedad porque en última instancia está provocando la muerte de personas, y ha anunciado que trabajan en una proposición de ley para blindar la prestación de suministros básicos en todos los hogares.

Asimismo, ha reiterado su voluntad de recuperar el importe ingresado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) que, ha recordado, la Abogacía General del Estado ha reclamado a las empresas eléctricas –una cuantía que ronda los 3.500 millones de euros–, y que a pesar de ello tanto los gobiernos del PSOE como del PP «no han demandado» su devolución.

En Comú quiere que Nadal comparezca

En Comú ha anunciado este martes en el Congreso que registrará una solicitud de comparecencia para que el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, dé explicaciones tras la muerte de una anciana que no podía pagar la luz.

Además del ministro Nadal, la confluencia catalana de Unidos Podemos ha anunciado que solicitará la comparecencia del presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, y de representantes de la Alianza contra la Pobreza Energética.

CGC (EEUU) reduce su participación en la lusa EDP

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EFE.- La gestora de inversiones estadounidense Capital Group Companies (CGC) redujo su participación en la eléctrica portuguesa EDP del 15,54% al 14,98%, aunque aún mantiene el estatus de segundo mayor accionista de la compañía portuguesa.

«La participación cualificada de Capital Group es ahora de 548.071.919 acciones, que representa el 14,98% del capital social de EDP y 14,98% de los respectivos derechos de voto.

La participación de Capital Group bajó del 15% del capital social y derechos de voto de EDP el 11 de agosto de 2016», comunicó al mercado la eléctrica lusa.

No se ofrecieron detalles de la reducción de capital de la firma estadounidense.

La operación anunciada hoy no varía el ránking de los mayores accionistas de EDP que lidera la estatal energética China Three Gorges, con el 21,35%, seguida por la propia Capital Group Companies (ya con un 14,98%) y la española Oppidum, con el 7,19%.

Esta última firma está controlada en un 52,9% por Masaveu Internacional (familia española procedente de Asturias) y el 47,1% por el banco Liberbank, fusión de Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria.

EDP, que emplea a 12.000 trabajadores, cerró hoy en la Bolsa de Lisboa con una subida del 0,70%, hasta los 3,02 euros cada acción.

La multinacional, que controla en España HC Energía y tiene subsidiarias en Brasil y España -donde opera también a través de EDP Renovables-, cuenta con una capitalización en bolsa de 9.340 millones.

Una sentencia declara abusiva la tarifa por alquiler de contadores sin telegestión de Endesa, que tendrá que devolver 14 euros

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EFE.- Un juzgado de Sevilla ha determinado que la compañía Endesa incurre en cláusulas abusivas al cobrar por el alquiler de sus nuevos contadores una tarifa que sólo es aplicable si estos tienen habilitadas las prestaciones propias de telegestión.

Según ha informado en un comunicado la organización de consumidores Facua, así se recoge en una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla tras una demanda interpuesta por dicha federación dentro de la campaña de ámbito nacional que desarrolla para promover que los usuarios lleven a los tribunales a las eléctricas ante dichas cláusulas «abusivas».

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado, a través de esta campaña, que las eléctricas «hinchan» un 50 por ciento las tarifas del alquiler de contadores, lo que les reporta «beneficios extra de decenas millones de euros anuales».

«Se trata de un fraude masivo que lleva años produciéndose ante la pasividad del Ministerio de Industria y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, que han hecho caso omiso a las denuncias de Facua, lo que obliga una vez más a judicializar un fraude masivo contra los consumidores», ha argumentado.

En la sentencia, la jueza condena en costas a Endesa y le obliga a reembolsar a la usuaria que denunció 14,46 euros cobrados en exceso por el alquiler de su contador desde que la compañía se lo instaló hasta que habilitó el sistema de telegestión cuatro años después.

El auto señala que las prácticas de Endesa representan cláusulas abusivas al imponer «el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente» y tratarse de una «estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados».

PSOE y PP se enzarzan por la devolución de la ecotasa en Extremadura

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EFE.- El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha dicho que la Junta «llegará a un buen acuerdo» con las eléctricas sobre el impuesto a las instalaciones que incidan en el medio ambiente (IIMA), y el del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, que fue «un boomerang» de Guillermo Fernández Vara que «llega al cuello» de los extremeños.

La anulación de la ecotasa extremeña le costará a la Junta de Extremadura más de cien millones de euros, ya que a los 73,5 millones reconocidos por la Administración regional el pasado año, se sumarán ahora los otros 28,5 millones correspondientes a 2009, según la sentencia del TSJEx que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo.

A juicio de García «seguro» que la Junta de Extremadura puede negociar con las compañías eléctricas sobre esta cuestión y que fruto de esta labor se logrará un acuerdo positivo para la Comunidad Autónoma.

No se ha mostrado de acuerdo el portavoz parlamentario del PP, que ha subrayado que el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, lanzó «un boomerang» durante su etapa de gobierno entre 2007 y 2011″ que ahora se abalanza «al cuello» de los extremeños con un coste de unos 100 millones de euros en diversas causas.

En este sentido, el dirigente popular ha aseverado que a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, «se le encienden todas las luces rojas» por esta cuestión y que el PP ya advirtió sobre la inconstitucionalidad de esa medida.

Monago dice que el «varapalo» de la ecotasa impedirá cumplir objetivo déficit

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho hoy que la sentencia que obliga a la Junta a reintegrar parte de lo cobrado a las eléctricas por la llamada «ecotasa» supone un «varapalo» que va a tener «un efecto claro», pues «el señor Vara no va a poder cumplir el objetivo de déficit».

Monago ha reiterado que las compañías eléctricas, «en lugar de recurrir tanto a los tribunales, podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». En ese sentido, ha indicado que le parece paradójico que Extremadura «sea productor y exportador neto de energía y al final el domicilio fiscal de estas grandes empresas esté en Madrid y encima recurran a sus grandes bufetes de abogados determinadas decisiones que benefician a nuestra comunidad autónoma».

La CNMC sanciona con 21.000 euros a cuatro empresas de electricidad

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 21.000 euros a varias empresas de energía eléctrica por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico, anunció el ‘superregulador’ en una nota.

En concreto, la CNMC ha impuesto una multa a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec por valor de 8.000 euros, así como otra a Herederos De García Baz por 3.000 euros y otra a Electra la Honorina por 3.000 euros. La última sanción, de 7.000 euros, corresponde a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia.

En el caso de las tres primeras compañías, se les considera responsables de cometer una infracción grave, ya que no suministraron la información solicitada por la CNMC sobre la energía adquirida, suministrada, declarada entre julio de 2011 y julio de 2013.

Esta ley establece que las compañías deberán suministrar la información solicitada por la Administración General del Estado para el establecimiento de la retribución, así como «cualquier información que se solicite en tiempo y forma necesarios para permitir la adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades regulatorias».

Por su parte, Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia no aportó al operador del sistema eléctrico, esto es, a REE las garantías exigidas. Esta ley impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

Estas resoluciones de la CNMC pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, añade en su nota el organismo presidido por José María Marín Quemada.

Facua rechaza el Real Decreto de autoconsumo ya que considera que «se pliega a las grandes eléctricas»

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su rechazo al real decreto para regular el autoconsumo de energía eléctrica, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros este viernes, ya que considera que «penaliza y establece numerosas trabas a un sistema de producción y consumo de electricidad que es más barato y respetuoso con el medioambiente».

Según la asociación de consumidores, con esta nueva ley, el Ministerio de Industria impone «los intereses de las grandes compañías eléctricas sobre los de los consumidores, a quienes perjudica económicamente».

Facua considera que el real decreto para el autoconsumo pretende «perpetuar un sistema que ha provocado subidas de la luz para los hogares del 74,93% en los últimos diez años».

De esta manera, considera «lamentable» que el Ejecutivo no apueste por un modelo energético más sostenible, que permita una mayor eficiencia y ahorro de energía, con una ley que contemple un mayor impulso a las energías renovables en lugar de penalizar a quienes pretenden utilizarlas.

Además, la asociación de consumidores cree que una «legislación favorable» al autoconsumo permitiría que la producción de electricidad se orientase hacia un modelo de generación distribuida, «en el que podrían aparecer centrales eléctricas a escala familiar o de pequeña y mediana empresa en lugar de concentrarse en pocas compañías como en la actualidad», lo que repercutiría en una mayor competencia y ampliación de la oferta para los usuarios.

Asimismo, Facua señala que el real decreto supone un «perjuicio económico para el pequeño consumidor» y recuerda que contradice la recomendación de implantar y fomentar en España la producción de los pequeños sistemas de autoconsumo realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y vulnera las directivas europeas de Eficiencia Energética y de Fomento de las Energía Renovables.