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El PP congelará la parte regulada del recibo eléctrico manteniendo las centrales nucleares y reducirá los impuestos sobre la generación

Redacción / Agencias.- El PP propone para la próxima legislatura congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno, los conocidos como peajes; reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, y la introducción progresiva de nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Son algunas de las propuestas en materia de energía, recogidas en el bloque económico Consolidar la economía para crear empleo y bienestar del programa electoral del partido con el que aspira a ganar los comicios del próximo 20 de diciembre.

De este modo, el PP se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, después de crear en 2012 un impuesto del 7% a la producción de electricidad, «garantizando en todo caso la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico», lo que «redundará también en un abaratamiento de la factura», y reforzará la protección del bono social. De hecho, el PP se compromete a congelar la parte regulada del recibo, que soporta costes como los del transporte, distribución o primas a renovables y depende del Gobierno, así como continuar garantizando que «no se volverán a generar déficits» en el sector energético.

Los superávits que se generen en el sistema «se destinarán a reducir la factura del consumidor», tal y como hizo el Ministerio de Industria el pasado verano, cuando rebajó la parte regulada un 4%, lo que abarató un 2,2% el recibo para la segunda mitad del año. De hecho, el ministro José Manuel Soria ya anunció la semana pasada que mantendrá esta bajada durante 2016 gracias a una rebaja de los peajes de electricidad. Hay que recordar que el sector eléctrico cerró el ejercicio 2014 con un superávit de 550,3 millones de euros, el primero en más de una década.

También seguirá mejorando la competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando «rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo». Para ello, profundizará las medidas de vigilancia y fomento de la competencia y de los precios en el mercado de carburantes, al tiempo que favorecerá la implantación de gasolineras independientes. El impulso de las interconexiones eléctricas y gasistas y el establecimiento de un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea «un sector de futuro» son otras de las propuestas.

El proyecto de los populares en materia energética para la próxima legislatura pasa por mantener las centrales nucleares como «parte integrante» del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad. A su vez, culminará la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares, paralizado a la espera de que se resuelva el recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de paralizar la autorización de construcción de las instalaciones.

Finalmente, el PP afirma que cumplirá los compromisos en materia de cambio climático «potenciando la penetración de las renovables en el mix energético«, con la introducción «progresiva» de «nuevas» instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Se compromete también la incorporación de renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como la incorporación progresiva de la geotermia. Los populares proponen el establecimiento de la exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas instalaciones de renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención.

En cuanto al transporte, el programa electoral incluye la mejora de la sostenibilidad en el transporte, a través del despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas así como el aumento gradual de los biocarburantes para cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Por otro lado, en el ámbito de la eficiencia energética, el PP promete invertir más de 1.800 millones en cuatro años, mediante el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y otros mecanismos y cumplir los objetivos de ahorro energético a 2020. Según cuantifica, esto supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año.

En este ámbito, el PP considera la rehabilitación de viviendas como un «pilar fundamental» para promover la eficiencia energética y, en coordinación con otras administraciones, ampliará las subvenciones disponibles para reducir los costes energéticos de las familias y se cometerá un plan de eficiencia en todos los edificios de la Administración General del Estado. En esta línea, también se compromete a incrementar la eficiencia mediante el impulso al vehículo impulsado con energías alternativas, la mejora de los consumos en el transporte por carretera, el aumento del peso del transporte ferroviario eficiente y un plan de actuación específico para mejorar la eficiencia en las infraestructuras ferroviarias.

Otro de los ámbitos de eficiencia energética en el que el PP ve posibilidades en la próxima legislatura es el desarrollo de programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado municipal, de agua y desalación. Igualmente, se ampliarán los ámbitos del etiquetado energético, mediante la realización de auditorías y la certificación energética de empresas, sobre todo las PYMES y desarrollará un mercado de certificados de eficiencia energética. Finalmente, en este ámbito, en su programa, los populares se comprometen a renovar las instalaciones de cogeneración para aumentar su eficiencia pero también las instalaciones renovables existentes con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los  recursos disponibles.

El PSOE rechaza la energía nuclear y el fracking mientras acusa al Gobierno de castigar a las renovables

Redacción / Agencias.- La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, comprometió que si los socialistas gobiernan España después de las elecciones del día 20 impulsarán un «gran pacto social y político» entre todos los agentes implicados para diseñar una ley de Transición Energética en la que no tendrá cabida ni la energía nuclear ni el fracking por los riesgos medioambientales que implica su utilización, algo que considera «líneas rojas» para su partido.

Lucio insistió además en que si el PSOE gobierna se procederá al «clausura definitiva» de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que lleva varios años inactiva, y al cierre progresivo del resto de las centrales cuando termine su ciclo de vida útil. Así, Lucio calculó para 2028 el cierre del último reactor nuclear. Según indicó, el PSOE es la «única garantía» para evitar la reapertura de la planta, frente a un PP que carece de toda «credibilidad» en materia energética y medioambiental. La clausura de estas centrales, según explicó, es posible si, como plantea el PSOE en su programa, se realiza una «apuesta decidida» por las fuentes de energía renovables y se adoptan medidas de «eficiencia energética«.

Además Lucio criticó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por presumir de sus políticas medioambientales en la cumbre del Clima que se celebra en París, hasta el 11 de diciembre, después de haber «recortado» las principales leyes medioambientales impulsadas durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, los socialistas calificaron de «inaceptable» que Rajoy trasladara ante los asistentes las diferentes políticas medioambientales desarrolladas por el Ejecutivo en estos cuatro años, que desde el PSOE tachan de «fracaso».

La secretaria de Cambio Climático del PSOE reprochó al actual Gobierno de Mariano Rajoy proponer una ley contra el cambio climático mientras «ha destrozado al sector de las renovables, una de las mayores herramientas para luchar contra el calentamiento global». Así, recordó que el primer decreto ley de Rajoy fue la moratoria de las energías renovables y criticó que haya modificado las leyes de Costas, de Patrimonio Natural, de Evaluación Ambiental o de Residuos para «reducir las exigencias en materia medioambiental». También ha denunciado que durante estos años de gobierno del PP «se han perdido el 80% de los fondos destinados a eficiencia energética que hay en la Unión Europea«.

Por su parte, el cabeza de la lista del PSOE al Congreso por Álava, Javier Lasarte, también centró su discurso preelectoral en incidir en un «no rotundo» a la central de Garoña y al fracking. Lasarte ha advertido de que el PP «pretende» reabrir la central y construir un almacén de residuos nucleares junto a ella. El candidato socialista se ha referido así al visto bueno del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) a unas obras para mejorar la planta, así como a la declaración de impacto ambiental favorable del Gobierno central para crear un almacén de residuos nucleares en Garoña.

El precio de la electricidad entra en campaña

Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.

Podemos promueve desde Murcia una ley nacional para el autoconsumo y la producción de energía renovable

EFE.- El secretario general de Podemos-Murcia, Oscar Urralburu, y el diputado autonómico de la formación, Antonio Urbina, han presentado una iniciativa de Proposición de Ley de energía eléctrica renovable para el autoconsumo con el objetivo de derogar la norma estatal que regula las condiciones de ambas modalidades de suministro eléctrico.

Urralburu ha explicado que esta ley llevaría a los diferentes grupos a firmar «un gran Pacto del Sol, para dar luz al futuro cambio de modelo energético«, y que se trata de «una Ley cuyo dictamen se ha aprobado en la Asamblea Regional y, una vez sea aprobada en Murcia será llevada a los primeros plenos del Congreso, ya pasadas las elecciones y constituido este órgano, para recuperar el sector de las renovables que se ha ido perdiendo a lo largo de estos cuatro años».

Desde Podemos tratarán de elevar al Congreso una Ley de Autoconsumo y balance neto». Urbina destacó la importancia de «relanzar el sector, llevando el foco desde la Región de Murcia, que es el punto que más energía solar tiene y, por lo tanto, es el lugar donde las inversiones serían más rentables y donde podemos ser cabeza en la generación de empleo verde. Murcia podría ser motor de desarrollo económico».

Tras reuniones con los Productores de Energía Solar ANPIER, la Fundación Desarrollo sostenible de Murcia y AREMUR, su presidente Rául Morales traslado a Podemos la importancia de la puesta en marcha de todo un mercado de las energías renovables, que podrían crean en Murcia un total de 5.000 puestos de trabajo al año. Urbina ha afirmado que desde Podemos se va a apoyar a este sector con la voluntad de «que se desbloqueen las barreras que impiden este desarrollo económico».

Monedero (Podemos) habla de imponer el carbón nacional a la par que muestra dudas sobre su futuro

Redacción / Agencias.- El cofundador de Podemos y profesor de la Universidad Complutense, Juan Carlos Monedero, indicó en León que «mientras se siga quemando carbón, tiene que ser de aquí y no de importación», a la vez que incidió en la necesidad de abrir «un debate profundo sobre si es un sector «sostenible» y si seguir quemando carbón «es lo más adecuado en un mundo devastado medioambientalmente«. El político participó en León en el acto de presentación de los candidatos de Podemos a las elecciones generales.

En referencia al sector minero, denunció la utilización ética de los valores de la minería por parte de la política tradicional para «luego traicionarla». En este sentido, reclamó planes de reconversión para la minería en los que se cuente con el propio sector para que tenga voz propia sobre su futuro y no «se les vuelva a engañar». «A nadie se le puede poner en la tesitura de respirar aire limpio o quedarse sin trabajo» por lo que insistió en la necesidad de abrir un debate sobre el futuro de la energía «para no caer en antiguos errores», subrayó Monedero.

Industria estudia cómo mantener la bajada de la luz de agosto durante 2016 al tiempo que reduce el déficit acumulado

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo estudia mantener en el conjunto de 2016 la bajada de la luz aplicada en agosto, así como rebajar entre un 0,5% y un 1% adicional el recibo y dedicar todo el superávit de tarifa de 2014 a reducir la deuda del sistema eléctrico, según indicaron fuentes del sector.

Estas fuentes aseguran que es la premisa con la que se elabora la orden ministerial de peajes de enero, que ofrecerá un alivio al recibo y lo hará sin renunciar al objetivo de reducir la deuda eléctrica. Conforme a este plan, Industria pretende mantener la bajada de agosto sin necesidad de utilizar el superávit tarifario de 2014, que finalmente rondará los 550 millones de euros y que se dedicará, como contempla la ley, a reducir la deuda del sistema eléctrico.

En agosto, el Gobierno aprobó una bajada de peajes de electricidad del 4% que permitió abaratar un 2,2% el recibo de la luz. Para ello, se sirvió de un remanente de 250 millones de euros relacionado con los pagos por capacidad y, más en concreto, con la ociosidad de una partida inicialmente prevista para incentivar la quema de carbón nacional.

Pese a la bajada desde agosto, Industria se ha encontrado con que en 2015 puede tener un superávit de tarifa de 900 millones, así que busca fórmulas que permitan rebajar la tarifa y que dejen este excedente en unos 600 millones. Por ello, mantendrá en el conjunto de 2016 la bajada de agosto mientras maneja otras opciones para bajar hasta un 1% adicional la luz.

Hay que tener en cuenta que el impacto de la bajada del 4% de los peajes en agosto sobre el conjunto de 2016 no será el mismo que en los 5 últimos meses de 2015. Si entre agosto y diciembre de 2015 ha permitido bajar un 2,2% la luz, en los 12 meses de 2016 solo podrá abaratarla en un 1,1%, por lo que Industria deberá hacer un esfuerzo adicional.

Sobre el carbón, en 2016 está prevista la puesta en marcha del nuevo mecanismo de incentivo a la quema de carbón nacional mediante el apoyo a la modernización medioambiental de las plantas, si bien este coste no tiene por qué cargarse sobre la tarifa y podría recaer sobre otros instrumentos, como un fondo mixto constituido entre el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente.

Este esfuerzo hasta alcanzar el 2,2% de bajada deseado podrá venir de un recorte en otros pagos por capacidad de las centrales térmicas, entre ellas los ciclos combinados de gas, ya que algunos empiezan a cumplir el periodo de reconocimiento de su retribución por inversión. También se esperan un menor uso del carbón, una demanda eléctrica al alza y un leve descenso en los costes de amortización de la deuda.

Así se habrá conseguido aplicar en todo 2016 la rebaja de tarifas del 2,2%. Para lograr el abaratamiento adicional, se adoptarán otras medidas, como previsiblemente la de ajustar los costes extrapeninsulares a la evolución real del petróleo y el cambio del euro con el dólar. La demanda es ahora viento de cola, ya que subirá cerca del 2,2% en 2015 y un 1% en 2016.

En cuanto al superávit de tarifa de 550 millones de 2014, las fuentes aseguran que se dedicará íntegramente a rebajar la deuda eléctrica y a cumplir de esta forma la regla de oro de la Ley del Sector Eléctrico de finales de 2013, en la que se obliga a destinar a esta partida los eventuales excedentes tarifarios. En 2015, el superávit aumentará a unos 600 millones si se consolida la previsión de aumento de la demanda de electricidad, mientras que en 2016 podría llegar a 900 millones, lo que generará un escenario más cómodo para los responsables políticos del momento.

Si se cumplen estos pronósticos, el sistema eléctrico habrá arrojado un excedente de unos 2.000 millones en apenas 3 años que, al dedicarse a rebajar el principal y los intereses de la deuda, también tendrá un efecto, no tan significativo, de bajada de peajes, ya que los consumidores pagarán menos por la partida dedicada a saldar este pasivo. Además, la deuda total acumulada al arranque de 2016 se situará en el entorno de la cota psicológica de los 20.000 millones, frente a los 28.000 millones que llegó a alcanzar en los momentos de mayor déficit.

Para 2016, el nuevo Gobierno se encontrará con menos urgencias en el sector eléctrico y tendrá algo de margen para revisar incluso algunas partidas de ingresos como el impuesto del 7% a la generación de electricidad, que se estableció de forma coyuntural para responder a una situación excepcional. Las compañías eléctricas están centrando sus reivindicaciones regulatorias en rebajar este impuesto.

En todo caso, aún existen elementos de incertidumbre: la CNMC deberá fijar el margen de comercialización de las eléctricas en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), después de que una sentencia del Tribunal Supremo reconociese la insuficiencia de ingresos de las comercializadoras de referencia. Se desconoce el impacto, pero es probable que el Gobierno se vea obligado a incluir entre los costes del sistema tanto el nuevo margen del comercializador como el dinero que se debe devolver a las empresas por obligarles a operar en pérdidas, pérdidas que cifraron en 100 millones de euros.

López de Uralde (Podemos/Equo): «Es indecente que Maroto diga que está en contra de Garoña»

EFE.- El cabeza de lista de Podemos al Congreso por Álava, Juantxo López de Uralde, calificó como «indecente» que el actual vicesecretario sectorial del PP y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, diga que está en contra de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos).

En una comparecencia de prensa, López de Uralde criticó que el exalcalde de Vitoria reiterara su rechazo «contundente» a reabrir la central nuclear burgalesa cuando es el PP el que está «dando pasos decisivos para ponerla en marcha otra vez, después de tres años de cierre«. El coportavoz de Equo emplazó a Maroto a ir a Génova, a la sede del PP en Madrid, a defender la clausura definitiva de esta central y le ha pedido que, cuando consiga cambiar la posición de su partido, venga a Vitoria para decirlo.

La cogeneración reclama un plan renove para invertir 1.500 millones en 5 años

EFE / Europa Press.- La industria de la cogeneración ha reclamado al próximo Gobierno un marco normativo que genere confianza así como impulsar un plan renove para sus instalaciones para afrontar una inversión de 1.500 millones en 5 años que permita ganar eficiencia e incremente un 10% la producción industrial. Según señaló el presidente de la patronal del sector Acogen, Antonio Pérez Palacio, la cogeneración es clave para el «relanzamiento» industrial de España y la recuperación económica, por lo que necesita ayudas y un marco normativo estable que facilite esa renovación.

Las instalaciones de cogeneración están en empresas de sectores como el papelero, el químico, el refino, el automóvil o el textil y sirven para generar calor y electricidad que usan tanto para fabricar en sus plantas como para verter a la red. El 20% del PIB industrial de España se fabrica con cogeneración. «Confiamos en que tras las elecciones del 20-D la industria sea una prioridad», subrayó Pérez, que reclamó al Gobierno «un marco normativo que dé visibilidad y confianza» y ese plan renove para «entrar en un nuevo ciclo inversor» que lleve a una cogeneración «más eficiente y flexible».

Pérez señaló que, aunque el 40% del sector «se ha quedado en el camino» en estos años de crisis, la cogeneración, con 6.000 megavatios (MW) de potencia instalada, sigue produciendo el 10% de la electricidad de España atendiendo las necesidades de energía térmica de 600 industrias y consumiendo el 22% del gas natural. Según explicó, este plan renove permitiría entrar en un nuevo ciclo, tras la etapa de ajuste, que consistiría en renovar 2.500 MW eléctricos y supondría una inversión de más de 1.500 millones de euros en 5 años, «manteniendo la potencia actual pero en plantas mucho más eficientes».

Podemos propone el cierre escalonado de las centrales nucleares hasta 2024 y pide a Albert Rivera que rectifique su apoyo

EFE / Servimedia.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique sus declaraciones en las que apostaba por avanzar en la implantación de energías renovables pero sin prescindir de la energía nuclear. En este sentido, la formación defiende el cierre de los 8 reactores nucleares españoles a más tardar en 2024 y anuncia que creará un Ministerio de Medio Ambiente y Energía si gana los comicios del 20 de diciembre.

En la presentación del modelo energético de Podemos, el coportavoz de Equo y cabeza de lista de Podemos en la provincia de Álava, Juantxo López de Uralde, Pablo Iglesias y Marta Victoria, del Círculo de Economía y Energía de Podemos, colocaron a las renovables en el núcleo de un Plan Nacional de Transición Energética, que se dotaría durante 20 años con un 1,5% del PIB. Sus ejes son: renovables; eficiencia energética, con rehabilitación de 200.000 viviendas al año y creación de 400.000 empleos, y descenso de las emisiones de gases efecto invernadero y de la importación de los combustibles fósiles.

Sobre la posibilidad de nacionalizar empresas eléctricas, que Podemos recogía en su programa electoral europeo, El líder de Podemos ha dicho que esta medida es excepcional y se adopta en situaciones excepcionales. En ocasiones se ha hecho «mal», ha dicho Iglesias en alusión a Bankia, un caso en el que el PP «nacionalizó las pérdidas» y está privatizando sus beneficios.

El cierre programado de las nucleares se produciría conforme caduquen sus licencias de operación de las centrales, la última de las cuales en expirar es la planta de Trillo (Guadalajara) en 2024. Revocar los permisos de explotación actualmente en vigor podría acarrear un «problema legal», por lo que la intención es no permitir renovar las licencias, ha detallado Marta Victoria.

En este contexto, Iglesias ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique su postura a favor de las nucleares porque, a su juicio, «son un peligro para las personas y son tremendamente ineficientes». En su opinión, esta fuente de energía se mantiene gracias a que las grandes compañías eléctricas colocan en sus consejos de administración a expresidentes de gobierno y exministros. Al respecto, acabar con el modelo de las «puertas giratorias» es otra de las propuestas de la formación. «Quiero pedirle que rectifique, que en este país hay que construir algo nuevo», subrayó Iglesias, que no quiere que el «oligopolio de las eléctricas» se «burle» de los ciudadanos.

Podemos aboga también por la clausura de las plantas de carbón, pero tanto en este caso como en el anterior, iría acompañado de respectivos planes de reactivación económica y de creación de empleo para la zona porque las «víctimas» no pueden ser los trabajadores», en palabras de su secretario general. Otras medidas se refieren a la prohibición de la tecnología de la fracturación hidráulica (fracking), la recuperación de la gestión pública de las hidroeléctricas para que se «dejen de usar de forma especulativa»; luchar contra la pobreza energética y que electricidad sea «un servicio público».

Tras señalar que la cuestión ambiental «no es un decorado de color verde que se coloca un partido», Iglesias ha tachado de vergonzoso que los ciudadanos españoles abonen el precio de la luz más caro de Europa y ha exigido que las compañías eléctricas también cumplan con la Constitución y no hagan prevalecer su interés sectorial sobre el interés general.

La financiación del plan de transición procedería de la reforma del sector eléctrico, que actualmente percibe «sobreremuneraciones» como beneficios caídos del cielo, servicio de interrumpibilidad o pagos por capacidad, ha manifestado Marta Victoria. López Uralde ha explicado que el modelo energético es «un aspecto troncal» del programa del cambio para el próximo 20 de diciembre, en un contexto de cambio climático, pobreza energética y dependencia de los recursos del exterior.

El PSOE revisará la decisión de ubicar el ATC en Villar de Cañas si Pedro Sánchez llega a la Moncloa

EFE / Europa Press.- Mientras la patronal empresarial señala su preocupación y, desde las filas del PP, María Dolores de Cospedal arremete contra su sucesor en el Palacio de Fuensalida, acusando al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de «retorcer la ley» para impedir la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el PSOE se compromete a revisar esta decisión si su secretario general, Pedro Sánchez, llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 20 de diciembre.

El programa definitivo del PSOE recoge finalmente la postura que habían planteado los socialistas de Castilla-La Mancha después de que el borrador inicial, aprobado por Ferraz el pasado octubre, no hiciera ninguna mención al almacén nuclear. El texto final, al que la conferencia política del PSOE dio luz verde, recoge el compromiso de «revisar la decisión sobre la instalación del ATC de Villar de Cañas».

Los socialistas mantienen su propuesta, ya recogida en el borrador del programa, de implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña (Burgos), que culminará en la fecha límite del 2028, «de tal manera que podrá abordarse el salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década». En este contexto, es cuando el PSOE cree oportuno «adoptar las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad».

La inclusión en el programa electoral de la propuesta sobre el ATC llega en paralelo a la decisión anunciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha de anular el plan urbanístico POM de Villar de Cañas, lo que paraliza el proyecto del ATC. El Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Villar de Cañas han rechazado la resolución del Ejecutivo castellanomanchego alegando que es necesario continuar con el ATC. La construcción de un almacén de residuos nucleares radiactivos de alta actividad fue impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien la decisión de ubicarlo en Villar de Cañas la tomó el del PP a las pocas semanas de que Rajoy llegara a la Moncloa.

Cospedal: «está retorciendo la ley»

Por su parte, la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, criticó al presidente autonómico Emiliano García-Page y señaló que «no se puede usar la condición de presidente para estar retorciendo todos los días la ley y utilizarla fraudulentamente». La también secretaria general de los populares considera que Page realiza «maniobras de distracción» con la anulación del POM o la ampliación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) para «tratar de desviar la atención» y que la ciudadanía «no se fije en otras cosas que están haciendo». Entre esos asuntos, según Cospedal, se encuentra la gestión en sanidad o «la subida de impuestos que pretenden».

A su parecer, una persona no es presidente de un gobierno para «saltarse la ley a la torera ni para usarla de forma fraudulenta», como a su juicio hace García-Page, sino para gobernar y «hacer las cosas que tiene que hacer» y respetar el interés general. Incluso indicó que el PP estudiará las «acciones legales que sean necesarias», porque «esto de prevaricar para conseguir un objetivo partidista parece tremendamente grave».

También el Gobierno central «hará lo que tenga que hacer, que es defender la legalidad» para construir el ATC en Villar de Cañas, porque «este no es un tema político, es un tema de Estado y de consenso entre todos los partidos políticos» y, para garantizar la obra, procederá a la declaración de interés general «o puede haber otros procedimientos«. En cualquier caso, Cospedal afeó a García-Page que utilice el ATC «como un tema de interés personal para que no se fijen en otras cosas», pero que no explique que «si no se hace este ATC se harán otros muchos, más pequeños, algunos también en Castilla-La Mancha», una alternativa «más costosa, peor y menos segura».

La patronal muestra su preocupación

En medio de esta guerra política entre PP y PSOE, el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, apuntó que ve «con preocupación» los anuncios de PP y PSOE de emprender distintas acciones judiciales en torno a la anulación del POM. Nicolás recordó que Cecam «apoyó en su día al ATC y lo sigue haciendo», aunque no entrará en la cuestión «de si el sitio es ideal o no».

«Eso es algo que tendrán que ver los técnicos que deben decidir el emplazamiento», señaló el presidente de Cecam, que insistió en que el ATC «es un proyecto que va a dinamizar la zona y atrae economía«. Además, añadió que «teniendo en cuenta que se están enviando residuos a Francia y que a ese transporte hay que añadirle 60.000 euros diarios, es bueno tener un almacén propio para estos residuos».

Hay que recordar que el delegado del Gobierno en la región apuntó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia emprender «acciones legales» contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por «intentar paralizar» el silo y el PP regional indicó que podría interponer una querella criminal contra García-Page por prevaricación en torno a este asunto. Por su parte, el PSOE reaccionó también asegurando que denunciaría «por lo penal» a los dirigentes del PP que firmaran dicha querella.