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Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El futuro de la CNMC, en juego en las urnas

La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.

Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.

Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».

Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.

El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».

Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.

El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.

«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Ignacio Aguado (Ciudadanos): «Planteamos separar la propiedad de las actividades de generación, distribución y comercialización de las energéticas»

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde las elecciones del pasado mes de mayo, en las que cosechó un 12% de los votos. Licenciado en 3 titulaciones como Derecho, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajaba desde 2008 en el área de regulación de Unión Fenosa Gas. Aguado ha sido el responsable de elaborar el programa energético del partido para las elecciones generales, al que acude sin prejuicios para alcanzar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El Gobierno se encontró con un problema muy importante que era el déficit de tarifa y han centrado toda la legislatura en frenar este problema, algo ciertamente inaplazable, pero también es evidente que se han olvidado de otras muchas cosas e incluso han aprobado medidas con las que no estamos de acuerdo, que no contribuyen a nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro energético de España, especialmente con la restricción al autoconsumo.

Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Diría que con la reforma energética han conseguido, desde mi punto de vista y sacrificando a las empresas y al consumidor, poner rumbo a acabar con ese déficit de tarifa. No obstante, la deuda acumulada de más de 20.000 millones de euros sigue ahí, pero es positivo que el déficit estructural no vuelva a producirse.

-¿Qué quiere aportar Ciudadanos al sector energético?

En España hace falta trasladar el concepto de la importancia de las empresas, de unas empresas responsables, en un mercado con muchos agentes. De competencia perfecta en la medida de lo posible, que es lo que mejor funciona; un mercado con un buen marco regulatorio, que se toque lo menos posible, con seguridad jurídica y donde la energía no sea un tema de derechas o de izquierdas. En Ciudadanos entendemos la energía como una necesidad de la sociedad y queremos que sea lo más sostenible, barata y accesible posible. La energía no es de derechas o de izquierdas; hay que despolitizar el concepto energético. No me gusta hablar de pronuclear o prorenovable.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Todas las energías tienen sus pros y sus contras. Por tanto, todas las energías pueden aportar y pueden sumar, y lo que hay que hacer es buscar el mejor mix energético teniendo en cuenta que vamos a un modelo en el que las renovables van a tener un peso fundamental en España, en Europa y en el mundo. Teniendo esa visión a largo plazo en la mente, lo importante es tener un plan energético que nos garantice en los próximos años unas energías de tránsito hacia las renovables, de forma que sea lo más sostenible y barato posible y que haya seguridad en el suministro.

-¿Qué plantea su partido sobre las centrales nucleares? ¿Abogaría por aumentar su vida útil hasta los 60 años o cierre a los 40?

Condicionaremos nuestra decisión a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que preguntaremos si existe la posibilidad de ampliar la vida de las plantas nucleares durante más años, como pasa en Estados Unidos, dónde se han ampliado ya muchas centrales a los 60 años. Si el informe es favorable, valoraremos si interesa mantener esa planta nuclear o no, también en función de si es necesaria su aportación energética, si hay capacidad de respaldo en caso de prescindir de esa planta nuclear. Es un tema técnico que hay que dejar en manos de profesionales expertos, básicamente el CSN. Con el informe en la mano, analizaremos si merece la pena ampliar la vida útil de la planta o no.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit?

Estamos en año electoral y no interesan las malas noticias para los usuarios, que ya estamos bastante penalizados a nivel eléctrico y a nivel gasista, con unas facturas por encima de la media europea. En Ciudadanos creemos que tiene más sentido dedicar el superávit a reducir deuda e intentar ver por otro lado la manera de reducir los peajes sacando costes que no tienen que estar en la factura eléctrica.

Estamos hablando, por ejemplo, de los costes extrapeninsulares o cualquier coste que tiene más que ver con políticas energéticas que con las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Entendemos que esos costes tienen que ir al margen de la factura. Es un cambio importante que hay que analizar entre todos los grupos políticos y decidir qué partidas de esa factura eléctrica tienen que ir a Presupuestos Generales del Estado y cuáles siguen siendo soportadas por los usuarios.

-¿Contemplan sacar la retribución a las renovables de la factura y ubicarla en los Presupuestos?

Habría que ver hasta qué punto el coste de las primas a las renovables hay que sacarlo o no de la factura eléctrica. Es un tema de mucho calado, por eso lo valoraríamos con todos los grupos políticos. Buscamos un pacto energético a nivel nacional para determinar el mix energético que queremos para los próximos 15/20 años en España. Diseñar cómo es el tránsito hacia las energías renovables y cómo vamos a conseguir un mix energético equilibrado. No tenemos por tanto, una postura clara con las primas a las renovables y hasta qué porcentaje debería ir en los Presupuestos y cuánto en la factura eléctrica.

-Ciudadanos plantea en su programa electoral impedir que las actividades de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué consideran necesaria esta medida?

Así reduciríamos las posiciones de poder de determinadas empresas que hasta hace pocos años mantenían el control vertical de toda la cadena de suministro, lo que les permitía controlar el precio y reducir la competencia aumentando las barreras de entrada al sector. Creo que siendo capaces de trocear la tarta energética, con menor capacidad de los agentes para influir en el mercado y en los precios, favoreceremos la competencia, el mercado y la llegada de nuevos agentes. Aparte de que creemos en ello viene marcado por la Unión Europea. El modelo más exigente de la Unión Europea es el que exige la separación, no sólo del funcionamiento sino también de la propiedad, de las actividades de generación, distribución y comercialización.

GOBERNANZA

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Hay unas directivas europeas que obligan a la separación de actividades. En otros países como Francia y Alemania han sido más reticentes, pero en España se ha hecho bastante bien con los TSO (operador de transporte y de gestión del sistema). Actualmente la operación y el transporte son dos empresas distintas que dependen de una misma matriz. Hay una separación no del todo efectiva, pues siguen siendo los mismos grupos los que controlan ambas actividades. La separación funcional existe, y se está haciendo bastante bien, pero hay que seguir trabajando y profundizando en la separación real y total de la operación y el transporte, por lo que somos partidarios en profundizar en esa separación hasta llegar al modelo independiente total.

-Siendo críticos con el hecho de que haya políticos que terminan en los consejos de administración de las empresas privadas. ¿Qué piensa Ciudadanos de lo que ocurre en REE y Enagás, empresas en las que además hay una participación mayoritaria pública con la SEPI y que lleva en la práctica a un modelo de turnos de PP y PSOE en estas empresas?

Es un tema que tiene mucho que ver con las puertas giratorias, con cómo se establece un régimen de incompatibilidades a los políticos que luego terminan en los consejos de administración; tiene que ver con los organismos reguladores y su independencia respecto al sector, que a día de hoy es muy deficiente y habría que mejorar. Hay que garantizar la independencia de los organismos reguladores y establecer mejores y mayores criterios de incompatibilidades para evitar ese tipo de puertas giratorias.

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente?

Esta fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados bajo un único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro siempre que se den esos requisitos.

¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La Ley dice que el regulador tiene que tener cada vez más competencia para al menos definir la metodología. Definir las tarifas concretas es algo que debe ser competencia del Gobierno. Otra cosa es que también hay que simplificar las tarifas y revisar completamente las tarifas y los peajes en España. Hay tantos temas a nivel energético que tocar que nosotros queremos llegar con pies de plomo, porque es muy técnico y complicado. Queremos tener toda la información, reunirnos con todos los colectivos, y ser sensatos.

-¿Qué opinan sobre que la estructura de la tarifa para consumidores industriales haya sido modificada de tal forma que la estructura tarifaria para las industrias del País Vasco o Navarra se haya beneficiado con respecto a otros territorios?

Forma parte de la política encaminada a beneficiar a determinados sectores e intentar llevar la competitividad a las empresas, no tanto facilitándoles su crecimiento en innovación sino apostando por reducciones concretas de sus costes energéticos. En Ciudadanos creemos que hay que apostar por la industria pero existen otros mecanismos, menos arbitrarios desde mi punto de vista, donde se puede poner en valor la capacidad de las empresas para generar riqueza y no solamente con este tipo de incentivos que generan inequidad entre las distintas industrias.

El objetivo fundamental a medio plazo tiene que ser conseguir la misma factura para todos, incluido para la industria. Apostamos por la cogeneración como una herramienta clave para contribuir con la competitividad. Esto no tiene que ver con tantos niveles de peajes o tarifas distintas, que al final generan distorsiones innecesarias entre unos sectores y otros.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Entendemos que la fiscalidad es importante y que, en primer lugar, debe mantenerse armonizada en toda España. Queremos que los impuestos que graven la electricidad sean los mismos en toda España. No siempre sucede así porque las comunidades autónomas tienen competencias en este sentido. En los demás aspectos habrá que trabajar con otros grupos parlamentarios. Es un tema delicado que hay que abordar con calma, sobre el que no tenemos una receta mágica, pero sí que entendemos que cualquier reforma fiscal debe ser global, no sólo de los impuestos especiales e impuestos a la energía sino también de IRPF, Sociedades… Una reforma fiscal global, no sólo de la fiscalidad energética.

Lo que tampoco podemos hacer es trasladar todo el peso de los impuestos únicamente al consumidor final. Tiene que haber un reparto equilibrado dentro de la energía. En España hay un peso muy importante, especialmente en el sector de los hidrocarburos, pagando muchos impuestos en el litro de gasolina que suponen una recaudación muy importante para las arcas públicas. Pero hay que ser cautos porque cada céntimo que subas a nivel impositivo, estás gravando la actividad de los transportistas, que son los que dependen del hidrocarburo para su negocio, y cada céntimo que restas lo haces sobre las arcas públicas.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Hay que valorar la posibilidad de gravar más fiscalmente aquellas energías que más contaminen, que es algo que parece que va en la línea de las directrices europeas y que tiene sentido. Algo que se haría sin ahogar a los sectores de la noche a la mañana pero sí que habría que ir introduciendo criterios fiscales para que las energías más contaminantes tengan un mayor coste, una mayor penalización fiscal, que las que son renovables y contribuyen a alcanzar los objetivos de reducción de contaminación marcados por la Unión Europea. ¿Cuánto o en qué porcentaje? No lo tenemos todavía definido.

RENOVABLES

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Desde Ciudadanos pretendemos un marco de competencia perfecta a medio plazo, que entren todos en el mercado. En un mercado energético liberalizado, que funcione, en el que se eliminen barreras de entrada y salida para los agentes, donde se compita en libertad dentro de un pool con reglas claras, transparentes, no discriminatorias. Todo diseñado de forma que si hay que potenciar alguna energía a nivel de Estado, por política energética nacional o medioambiental, siempre que se haga con un sistema de retribución que vaya acorde con la curva de aprendizaje de esa energía, con primas decrecientes y tendentes a desembocar en un pool en el que se compita en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de energías.

-¿Estáis de acuerdo con las críticas al pool que se realiza desde algunos sectores, a pesar de que los precios son bastante semejantes a lo marcado por otros mercados europeos?

Sinceramente creo que no está funcionando adecuadamente. Hay una duplicidad: por un lado hay unas tecnologías que parece que funcionan en libre mercado en el pool junto a una serie de tecnologías que tienen una rentabilidad garantizada por su  régimen retributivo que les permite entrar a cero y, en definitiva, que están distorsionando el precio real del pool. El pool no está reflejando exactamente el coste de generación. Incluso las propias empresas pueden jugar con el pool. Hay que pulirlo y trabajar en un mecanismo más sencillo. Sabemos que es complicado, pero desde Ciudadanos pretendemos un mercado que refleje exactamente el coste de generación de la energía y en el que entren todas las tecnologías en igualdad de oportunidades.

-Volviendo a las renovables, ¿Cómo valoran todo lo acontecido durante esta legislatura para este sector?

Se derogó el régimen especial pero persisten determinadas primas, rentabilidades garantizadas, condiciones ventajosas de unas energías frente a otras. Si vamos a ese modelo de potenciar determinadas energías como el impulso a la biomasa, que está entrando muy fuerte, o fotovoltaica o eólica con un determinado nivel de rentabilidad garantizada, hay que elaborarlo de otra manera. No podemos volver a caer en los errores de 2004-2005. Se diseñó un sistema de primas que en lugar de ser decrecientes fueron planas. Lo que hemos hecho es pagar toda la curva de aprendizaje de las renovables a nivel mundial sin que la prima fijada para esos proyectos, que están diseñados a 20-30 años, fuera cayendo en consonancia con la curva de aprendizaje.

-¿Qué valor da Ciudadanos a la seguridad jurídica?

Tenemos que reconocer que el Gobierno del PP no ha tenido más remedio que sacrificar la seguridad jurídica para controlar el déficit de tarifa. No se me ocurre una solución mejor a quebrantar la seguridad jurídica, aún reconociendo que para nosotros la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Se habían hecho las cosas tan mal con las primas a las renovables que era la opción menos mala. En Ciudadanos somos defensores de la seguridad jurídica y lo que proponemos lo queremos respetar al 100%. Queremos dar seguridad jurídica a los inversores y que sepan que si vamos a poner unas reglas de juego, su proyecto terminará exactamente igual que empezó.

Lo que no se puede hacer es como hizo el Gobierno de Zapatero, poner primas permanentes con curvas de desarrollo tecnológico que aumentaban su eficiencia, al mismo nivel hasta el final de su vida útil de las renovables, porque eso te lleva a lo que ha hecho el Gobierno del PP. Coartar la seguridad jurídica y recortar las primas, lo que genera una espantada a los inversores internacionales o nacionales.

-¿Pero creen que las formas del Gobierno de hacerlo han sido las adecuadas?

No sé el grado de interlocución que ha habido con el sector. Lo cierto es que está bastante recurrido por todos y el Estado va a tener que soportar sentencias millonarias en contra por haber quebrado la seguridad jurídica. Creo que el Estado lo entendió como un mal menor. Posiblemente se podía haber llegado a algunos acuerdos y haber evitado algunas de las sentencias que están por venir. Creo que lo que se ha hecho para corregir el déficit era necesario, que se sacrificó mucho a la industria eléctrica, desde las multinacionales a los productores solares, y que todo debe servir para aprender de los errores del pasado y diseñar, entre todos, un modelo retributivo que no se pueda tocar.

CARBÓN

-¿Cómo abordaréis la cuestión del carbón nacional?

Avanzamos a un modelo en el que el carbón, para poder estar presente en el mix energético, tiene que ser económicamente viable para entrar en el pool sin ayudas, sin subvenciones y sin aportaciones por parte del Estado. Hay dos realidades: la primera es que únicamente pueden llegar a ser rentables las minas a cielo abierto. En segundo lugar, tiene que haber una renovación importante del parque de centrales térmicas en España. Actualmente están obsoletas, no cumplen los requisitos medioambientales de la Unión Europea, para lo que precisan llevar a cabo unas inversiones muy importantes para cumplirlos. Así podríamos mantener el carbón como una energía de transición durante unos años. Si no lo hacen, no habrá más remedio que cerrarlas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito?

No es un tema únicamente de la Administración sino del sector. No es un tema de ayudas: el sector lleva años con un plan de reconversión industrial de las minas en España. Actualmente la apuesta medioambiental es muy potente. Existen mecanismos que permiten reducir la contaminación del carbón de una forma notable. La pelota está en el tejado de la industria carbonera y de la industria de generación eléctrica, que son los que tienen que decidir si llevan cabo unas inversiones muy importantes en las plantas térmicas. Es verdad que la industria tomará la decisión en función de cuál sea la seguridad jurídica en España; si se les garantiza unas reglas de juego estables seguramente apostarán por renovar las plantas.

Pilar Lucio (PSOE): «Restituiremos las primas a las energías renovables gracias a eliminar unos beneficios para las tecnologías convencionales que consideramos injustificados»

Pilar Lucio (Plasencia, 1972) es desde 2014 la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, en 2011 llegó al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, circunscripción donde en estas elecciones lidera la candidatura de su partido. Previamente fue consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011. Con el programa presentado, el PSOE reivindica una transición hacia las renovables con severos ajustes en los mercados energéticos actuales.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

Ha sido la legislatura del frenazo a las energías renovables, consolidando nuestra dependencia energética exterior, poniendo en riesgo nuestros compromisos internacionales e imponiendo todas las barreras, cargas y peajes al autoconsumo, impidiendo su expansión. Es importante recordar que la reforma energética del Gobierno del PP se ha hecho con el rechazo de todos los sectores industriales del país, la CEOE, las empresas del ámbito de las energías renovables, las del gas, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, las organizaciones de consumidores y la ciudadanía. En definitiva, un auténtico disparate.

-Dígame algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Es difícil, más si cabe teniendo en cuenta que, a la falta de consenso, se une la ausencia de una mínima lógica regulatoria, económica y ambiental del proyecto de país en materia de energía. Ya que me pide algo bueno, le diré que coincidimos en la necesidad de potenciar las interconexiones con otros países como una de las herramientas para consolidar la seguridad energética no sólo de España sino también de Europa. De hecho, el Gobierno del PP ha podido inaugurar alguna de las interconexiones iniciadas en las legislaturas anteriores.

-En referencia a la diferencia de precios de la energía en España con respecto a Europa y sus causas, ¿qué opina su partido sobre su efecto en la competitividad? ¿qué piensan al respecto y qué propondrían para solucionarlo?

Está claro que la energía debe ser un factor fundamental en la competitividad de nuestras empresas y no una carga como está sucediendo en nuestro país, en un escenario mundial con precios del barril de petróleo en torno a los 40 dólares. Nuestras empresas deberían competir en igualdad de condiciones y no lo están haciendo por decisiones equivocadas. Tenemos un sector energético con un potencial enorme en tecnologías limpias, con un desarrollo tecnológico que no estamos aprovechando.

Hay que afrontar, sin más dilación, una profunda reforma del mercado eléctrico que haga compatible asegurar, en un marco de competencia, las inversiones de largo plazo en la nueva generación y que promueva una gestión más eficiente del parque de generación disponible. Existe una anomalía entre lo que pagamos y lo que recibimos. Hay una sustancial diferencia entre lo que cuesta producir la energía y lo que los ciudadanos pagamos por ella. Y esta anomalía sólo se corregirá con la reforma a la que he hecho referencia.

SECTOR ELÉCTRICO

-Proponen una transición energética que haga que el 70% de la electricidad sea de origen renovable en 2030. ¿Cuál será el impacto económico de esta transición? ¿Cerrar las centrales nucleares incrementará el precio de la electricidad en el recibo?

La transformación de nuestro modelo energético en el marco de la transición que proponemos debe tener a las energías renovables y a la eficiencia energética como protagonistas. El impacto económico será positivo si logramos restaurar la seguridad jurídica y un marco regulatorio estable que asegure un retorno de la inversión que el mercado como está diseñado no proporciona.

Nosotros establecemos en nuestro programa electoral un calendario de cierre que finalizaría en 2028 cuando el último reactor de nuestro país cumpla 40 años, su vida útil. No hay ninguna formación política que sea más clara que la nuestra. Este hueco de generación debe ser cubierto por producción renovable con lo que daríamos una clara señal de cuál quiere ser nuestro modelo energético de futuro.

Con el cierre de las centrales nucleares no va a verse incrementado el precio de la electricidad. Ya hemos hablado antes de la necesidad de una reforma del mercado eléctrico que aporte transparencia a un sistema demasiado opaco y que fije realmente el precio de cada tecnología en función de lo que cuesta producirla. De hecho, lo que la tecnología nuclear hace es socializar algunos costes que deberían ser asumidos por las empresas. Tenemos alternativas basadas en un desarrollo tecnológico y que ya son competitivas. Apostemos por ellas.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit? ¿Considera que las decisiones sobre el suministro eléctrico están politizadas?

El Gobierno ha hecho una ley que ha incumplido a la primera de cambio para intentar ocultar el resultado de la misma, que no es otro que su fracaso. El Gobierno ha mentido sobre el precio de la luz. En esta legislatura, con los datos que ha proporcionado la CNMC, la tarifa de luz ha subido un 10% en España. Somos el cuarto país con la electricidad más cara, con lo que ello supone para la competitividad de nuestras empresas y las economías familiares.

Necesitamos absoluta transparencia en el mercado eléctrico y, para ello, es imprescindible una auditoría de los costes integrados en la tarifa energética. No es admisible soportar una parte fija tan elevada en el recibo de la luz ni que consumir más o menos importe tan poco. Creemos que debemos extraer del sistema eléctrico aquellas decisiones que no tengan una relación directa con el coste real energético.

-Desde la Unión Europea, el comisario Arias Cañete plantea la conveniencia de avanzar hacia un futuro próximo sin tarifa regulada en el sector eléctrico. ¿Comparte estos planteamientos? ¿Aboga por mayor intervención, mayor liberalización o una continuidad en el sector?

Algunos parecen no haber aprendido las lecciones de una crisis consecuencia de las graves deficiencias regulatorias que ha permitido campar a sus anchas a los especuladores que se mueven en sectores económicos básicos, y la energía es uno de ellos. Cañete propone más desregulación y nosotros justo lo contrario.

-¿Qué consecuencias puede tener la auditoría de costes del sistema eléctrico, habida cuenta que ya en el programa denuncian una posible sobre-retribución a las centrales desarrolladas antes de la liberalización?

La principal consecuencia es, como ya he comentado antes, conocer los costes integrados en la tarifa energética, lo que nos dará, además de transparencia, las claves para la reforma del mercado eléctrico que nosotros consideramos prioritarias. Una de las primeras medidas que tomaremos en los primeros 100 días de gobierno será esta auditoría. Queremos que los generadores no ingresen beneficios injustificados y que los consumidores paguen precios justos.

GOBERNANZA

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Qué cambios propugnan para el regulador?

En contra del criterio de la Unión Europea de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición, el Gobierno ha debilitado una herramienta imprescindible para velar por los intereses de los ciudadanos.

Nuestro programa dedica un amplio catálogo de medidas para los organismos reguladores. Defendemos la necesidad de garantizar su independencia, la suficiencia de recursos y de defensa de la competencia como condiciones necesarias para promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores.

Además de modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores vamos a evaluar el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente como ya existe en Alemania.

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Parlamento, Gobierno y regulador deben recuperar una notable capacidad de decisión en la planificación que ha ido traspasándose por omisión a un conjunto de agentes cuyo objetivo es velar por sus propios intereses y no por el interés general. Nuestra posición respecto a los operadores del mercado y del sistema debe ser el resultado de un consenso lo más amplio posible cuyo punto de partida es la auditoría regulatoria.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-A tenor de su programa y de la reforma fiscal verde que anuncian. ¿Subirán los impuestos a los carburantes? ¿Reducirán o eliminarán los impuestos a la generación eléctrica?

No podemos seguir ignorando las señales que nos ha enviado la COP21 de Paris. Creemos que manteniendo el mismo nivel de presión fiscal es posible orientar mejor las decisiones. Hablamos de una reforma fiscal ecológica. Ha habido consumos de energías fósiles que han quedado fuera del incremento impositivo en esta legislatura, recayendo la mayor carga en el sector eléctrico.

Hay que impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a estándares europeos con una serie de nuevos tributos que especificamos con claridad en el programa electoral, siendo uno de los más importantes el que se aplicará sobre las emisiones de CO2. Con parte de este impuesto, y ya contesto a la segunda pregunta, crearemos un fondo verde para la transición energética con tres líneas básicas: Una social para familias y colectivos vulnerables, otra destinada a PYMES y rehabilitación de viviendas y una tercera dirigida a la movilidad y el transporte.

-¿Están dispuestos a sacar del recibo de la luz algunos de los conceptos derivados de cuestiones de política económica, territorial o medioambiental que se cargan en el recibo de todos los consumidores?

Ya lo hemos dicho anteriormente. Pagamos por la energía que no consumimos, una especie de tarifa plana que no responde al consumo de los ciudadanos. El recibo de la luz volverá a tener una parte fija de alrededor del 35%. La actual composición del recibo de la luz lanza la peor de las señales para promover el ahorro y l eficiencia porque el resultado final es que paga más el que menos consume.

RENOVABLES

-¿Qué volumen de nueva potencia renovable estiman para la próxima legislatura?

Primero debemos cumplir con los objetivos internacionales a los que nos hemos comprometido y que el Gobierno del PP ha puesto en serio riesgo. Luego en nuestra hoja de ruta a 2030 consideramos que debemos superar el 70% de participación de las energías renovables. Debemos tener en cuenta que en este escenario se abre un abanico de posibilidades enormes para el desarrollo e implantación de esta tecnología, tanto en la electrificación del transporte, como con el autoconsumo, sobre el que derogaremos el impuesto al sol, así como en la sustitución progresiva del parque nuclear por generación renovable. Nuestro futuro energético es renovable.

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Restituiremos las regulaciones de origen, bajo las cuales se produjeron las inversiones de las distintas tecnologías, y las renovables no pueden ser una excepción. De esta forma, España recuperará hacia el futuro el marco imprescindible para el impulso inversor necesario. Para que sea viable la restitución del marco regulatorio de las renovables, sin que ello acabe afectando al recibo que llega la consumidor o al déficit de tarifa, hay que restituir también el marco de las tecnologías convencionales, de tal forma que las primeras no sigan padeciendo una arbitraria minoración de unos ingresos que estaban garantizados en el BOE, ni las segundas percibiendo unos beneficios sobrevenidos totalmente injustificados.

-El modelo retributivo diseñado para las renovables de rentabilidad razonable está actualmente a juicio en varios tribunales. ¿Qué hará su Gobierno ante unas resoluciones contrarias a España en los arbitrajes internacionales? ¿Les daría el mismo trato a los nacionales que a estos inversores extranjeros si el arbitraje falla en su favor?

Debemos abrir un proceso de negociación con los inversores que han interpuesto demandas contra España. En esa negociación, deberemos poner encima de la mesa diferentes soluciones y, sobre todo, las oportunidades que se abren con el proceso de transición energética que queremos impulsar. No vamos a esperar a que los tribunales fallen. Nosotros proponemos de partida restituir el marco de referencia para todas las tecnologías en igualdad de condiciones.

-Respecto al autoconsumo, ¿qué fórmula utilizarán para su impulso? ¿Está a favor de que no paguen por el acceso a la red y la utilización de sus servicios los pequeños productores?

Nuestro Secretario General ya ha manifestado, en numerosas ocasiones, que derogaremos el denominado impuesto al sol y eliminaremos las trabas al desarrollo del autoconsumo que el actual gobierno ha frenado. Es preciso, de nuevo desde el consenso, un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, es contraproducente hacer pagar dos veces por el mismo concepto a un consumidor que además es productor.

-¿Qué tecnología es su apuesta para ejercer el respaldo que necesitan las energías renovables?

Un mix renovable diversificado debe avanzar hacia su propia autosuficiencia en el marco de la seguridad de suministro, sin olvidar los avances tecnológicos que ya se están produciendo en materia de almacenamiento energético, así como la ventaja que va a suponer orientar el sistema mucho más hacia la gestión de la demanda que de la oferta como ha venido sucediendo hasta ahora. Consideramos que los ciclos combinados pueden ser una alternativa ya que su capacidad de generación está en unos porcentajes mínimos y deben ser útiles en una transición hacia un modelo basado en las renovables y la eficiencia energética.

OTRAS CUESTIONES

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito? ¿Cómo se pueden combinar, la evolución de la demanda con los objetivos medioambientales y económicos con la situación de la deficitaria minería del carbón nacional?

Tenemos que encontrar una solución justa para la minería del carbón española que combine nuestro compromiso de emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad de suministro, tal como indicamos en nuestro programa electoral. Vamos a cumplir nuestros acuerdos con el sector y la resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2012. Además, hay que impulsar las formas de combustión limpia y la aplicación de innovaciones tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y captura de CO2, en la línea de las propuestas que recogen las conclusiones de la COP 21.

-En su programa llevan el rechazo al ATC en Villar de Cañas. ¿Qué proponen para los residuos nucleares?

Somos partidarios de la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para la gestión de los residuos nucleares pero consideramos que Villar de Cañas no reúne las condiciones. No lo decimos nosotros; existen diferentes informes que desaconsejan su ubicación en esa localidad lo que nos reafirma en nuestra idea de que la decisión fue, más que nada, política. En todo caso, no es razonable desagregar, como está haciendo el PP, las decisiones respecto a la vida del parque nuclear de la respuesta a la gestión  de los residuos.

Juan López de Uralde (Equo/Podemos): «Reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción»

Juan López de Uralde (San Sebastián, 1963) es coportavoz de EQUO y encabeza la candidatura de Podemos por la provincia de Álava. Fue director de la organización ecologista Greenpeace España entre 2001 y 2010, año en el que funda el partido EQUO, que decide confluir con Podemos de cara a las elecciones generales. Su propuesta es clara: una transición energética hacia las renovables, basada en la intervención del sector eléctrico, poniendo fin al mercado reimplantando un sistema de costes reconocidos.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El balance es muy malo. El PP, más que lanzar una reforma sostenible del modelo energético, ha realizado una contrarreforma para salvaguardar los intereses del oligopolio energético. Lo hemos visto con las prospecciones de Repsol en Canarias, con el perdón de 3.400 millones de euros a las eléctricas, con el impulso al fracking en la reforma de la Ley de Hidrocarburos y, sobre todo, con el llamado impuesto al sol, que impide de facto el autoconsumo.

Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Me cuesta que me venga a la mente algo bueno…

-En general, ¿en qué situación se encuentra el sector energético para los próximos cuatro años?

Pues se encuentra en una situación complicada si nuestro objetivo es lograr un cambio de modelo energético. Sólo hay que echar un vistazo a la última jugada del PP al respecto: el PP tiene un tercer consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, asegurándose la mayoría en el pleno de este organismo regulador y rompiendo así la paridad que existía entre PP y PSOE. Este golpe de estado en el CSN hace que el PP se asegure tomar las decisiones en materia de energía nuclear; los populares se han asegurado la mayoría en el consejo sin necesidad de estar gobernando.

De cara a los próximos cuatro años necesitamos poner en marcha una auténtica revolución en el sector energético para que gire decididamente hacia el ámbito de las energías renovables, para establecer un sistema sostenible y descentralizado que sea bueno tanto para el planeta como para los ciudadanos.

-En referencia a la diferencia de precios de la energía en España con respecto a Europa y sus causas, ¿qué opina su partido sobre su efecto en la competitividad? ¿qué piensan al respecto y qué propondrían para solucionarlo?

España es uno de los países de Europa donde la electricidad es más cara y esta circunstancia tiene un efecto desastroso en la competitividad de nuestras empresas. Para solucionarlo, es necesario actuar en múltiples frentes: por un lado, fomentando la implantación de medidas de eficiencia y ahorro energético, y por otro, impulsando una reforma profunda del sector eléctrico en general, y del mercado eléctrico en particular. En este sentido, es preciso asignar una retribución justa a cada tecnología en función de sus costes de generación, eliminando los beneficios caídos del cielo que perciben las centrales ya amortizadas e incluyendo en dicha retribución los impactos negativos de ciertas tecnologías en el aspecto social y ambiental.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Consideramos imprescindible un cambio en política energética que facilite un nuevo modelo energético. Proponemos la aprobación de una ley de cambio climático, la lucha contra la pobreza energética y medidas que permitan una transición hacia un 100% de energías renovables en 2050, fijando a medio plazo una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990. También se recogen medidas para poner la energía, por supuesto renovable, en manos de la ciudadanía, y el abandono de las energías contaminantes.

-Su partido apuesta por el cierre de las centrales nucleares, ¿cómo piensan suplir esa producción de electricidad que supone ese 20/25% que generan anualmente?

Desde EQUO apostamos por transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la generación distribuida, dejando atrás la dependencia de combustibles fósiles, la energía nuclear y prácticas como la fractura hidráulica (fracking). Nuestra visión es la de un Mercado Eléctrico Europeo. Para ello defendemos  el fin de las ayudas a combustibles fósiles y energía nuclear, así como a todos los equipamientos y usos ineficientes de la energía. Cierre progresivo de centrales nucleares para antes de 2020 como objetivo y, en cualquier caso, no más allá de los 40 años de vida útil de las centrales nucleares.

Dado el exceso de potencia instalada, no sería necesario implementar medidas inmediatas para suplir ese 20% de producción nuclear. Este porcentaje se cubriría con la instalación de nueva potencia renovable y, hasta que ésta estuviera operativa, mediante las centrales de ciclo combinado que actualmente están funcionando al 10% de su capacidad.

-¿Qué les parece el nuevo sistema de facturación horaria aprobado en esta legislatura?

Tal y como está planteada, es una medida que no beneficia al consumidor sino que nuevamente las beneficiadas son las eléctricas. Para poder aprovecharse de la facturación horaria, es necesario disponer de un contador inteligente y estar acogido a la tarifa regulada o PVPC, lo que actualmente sólo cumplen unos 5 millones de usuarios. Y el ahorro que podrían conseguir con esta facturación se estima en apenas un euro al mes, según los expertos.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit? ¿Considera que las decisiones sobre el suministro eléctrico están politizadas? En caso de que sí, ¿qué harán para evitar este problema?

Nos encontramos con varios problemas: por un lado, el déficit de tarifa o deuda de los consumidores con las eléctricas, es decir, la diferencia entre los costes reconocidos del sistema y los ingresos vía tarifa eléctrica. Se hace imprescindible una auditoría para determinar cuáles de esos costes reconocidos están justificados y cuáles son ficticios. Entonces dispondremos de la verdadera cifra de superávit, que entendemos, debe destinarse a reducir la parte fija del recibo de la luz. No puede ser que España tenga uno de los recibos más caros de toda la Unión Europea.

Por otro lado, tenemos el problema de las puertas giratorias. Por supuesto que las decisiones sobre el suministro eléctrico en este país están politizadas. No hay más que ver la cantidad de expolíticos y altos cargos que se sientan en los consejos de administración de las compañías energéticas o disfrutan de puestos con altas retribuciones en las mismas. Esto sólo puede evitarse adoptando medidas que restrinjan la contratación de exaltos cargos por parte de compañías del sector afectado por sus decisiones mientras desempeñaban su responsabilidad pública.

-Desde la Unión Europea, el comisario Arias Cañete plantea la conveniencia de avanzar hacia un futuro próximo sin tarifa regulada en el sector eléctrico. ¿Comparte estos planteamientos? ¿Aboga por mayor intervención, mayor liberalización o una continuidad en el sector?

Un sector estratégico para cualquier país, como es el energético, no debe estar totalmente liberalizado, eso es evidente. Además, nos encontramos con que la energía y, concretamente, la electricidad, no son bienes de consumo corrientes, sino que son derechos básicos que no pueden dejarse al albur de los intereses privados de unas pocas empresas. Por tanto, en EQUO abogamos por mantener la intervención del sector público en la regulación de la tarifa eléctrica.

GOBERNANZA

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente? ¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La valoración es negativa. Con la creación de la CNMC desaparecen, no sólo la antigua CNE y la CNC, sino también otros organismos reguladores independientes (telecomunicaciones, sector audiovisual, ferroviario, aeroportuario, etc.). El nuevo superregulador ya no es independiente, puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio.

Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores. Sólo en ese caso tendría sentido que las tarifas eléctricas sean fijadas por el organismo regulador.

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

El transporte es una actividad sobrerretribuida, al menos en el caso de la electricidad. No hay más que ver el espectacular incremento de los beneficios de REE año tras año, mientras la inversión en nuevas infraestructuras de transporte no justifica el aumento de la partida destinada a este concepto en la parte regulada del recibo. En este sentido, sí parece conveniente una separación entre las funciones de operador del mercado y el transporte.

-¿Cómo valoran el funcionamiento del mercado de generación español, con unos precios semejantes en esta actividad que los europeos? ¿Cómo valoran la actividad de comercialización en el margen que permite la tarifa regulada? ¿Son partidarios de cumplir con las normativas europeas y profundizar en la liberalización?

Como hemos dicho, somos partidarios de reformar en profundidad el mercado eléctrico, para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes reales de producción y desaparezcan los beneficios extraordinarios percibidos por centrales nucleares e hidroeléctricas. Por tanto, no somos partidarios de una mayor liberalización del sector.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Tras los resultados de la Cumbre de París y la necesidad de luchar contra el cambio climático es necesario mantener la carga impositiva a los combustibles fósiles y favorecer fiscalmente a las energías limpias.

-¿Están dispuestos a sacar del recibo de la luz algunos de los conceptos derivados de cuestiones de política económica, territorial o medioambiental que se cargan en el recibo de todos los consumidores?

Mientras no se realice la auditoría de costes del sector que proponemos, es difícil aclarar esta cuestión.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Estamos de acuerdo. En nuestro programa llevamos la implantación de medidas para una fiscalidad verde: impuesto a los hidrocarburos, igualación de los tipos del gasóleo con la gasolina, aumento de la tarifa del fuelóleo y eliminación de la exención del queroseno en los vuelos domésticos.

RENOVABLES

-¿Qué volumen de nueva potencia renovable estiman para la próxima legislatura?

Si queremos cumplir nuestro objetivo de cerrar las centrales nucleares en 2020 y sustituirlas por instalaciones renovables, sería necesario instalar al menos unos 7.500 MW durante la legislatura.

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Qué piensan de su asignación de nueva potencia mediante subasta? ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

En el actual contexto en que las energías renovables ya son competitivas frente a las convencionales, no tiene sentido establecer ningún tipo de limitación para su implantación. Eso sí, la retribución de las nuevas instalaciones debe ser en todo momento acorde con la evolución de los costes de cada tecnología.

-El modelo retributivo diseñado por el gobierno para las renovables y la distribución denominado de rentabilidad razonable está cuestionado judicialmente y desde el punto de vista de la seguridad jurídica ¿Qué hará su Gobierno ante unas resoluciones contrarias a España en los arbitrajes internacionales? ¿Les daría el mismo trato a los nacionales que a estos inversores extranjeros si el arbitraje falla en su favor?

Desde EQUO somos partidarios de restablecer la retribución a las instalaciones en funcionamiento, que ha sido recortada retroactivamente por el gobierno del PSOE primero y el del PP después. De este modo se restablecería la seguridad jurídica del sector y se neutralizarían los procedimientos de arbitraje internacional actualmente en marcha, eliminando a la vez la discriminación hacia los inversores nacionales.

-¿Cuál es su postura ante el autoconsumo energético? Si se deroga el decreto de autoconsumo, ¿está a favor de que no paguen por el acceso a la red y la utilización de sus servicios los pequeños productores?

El programa electoral incluye la derogación inmediata del actual RD 900/2015 y la aprobación de una normativa reguladora del autoconsumo con balance neto (los usuarios pueden compensar la energía consumida menos la energía vertida a la red, saldando en un balance los periodos de producción y consumo en la factura) y de la generación eléctrica distribuida.

OTRAS PREGUNTAS

-¿Qué papel debe jugar el próximo Gobierno en lo que respecta a las interconexiones?

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética, importamos un 80% de la energía que consumimos y la práctica totalidad de petróleo y gas. Más que fomentar las interconexiones, lo que debe hacer el próximo gobierno es impulsar medidas para lograr una mayor independencia energética respecto al exterior, fomentando la eficiencia, el ahorro y el desarrollo de energías renovables y autóctonas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito? ¿Cómo se pueden combinar, la evolución de la demanda con los objetivos medioambientales y económicos con la situación de la deficitaria minería del carbón nacional?

Proponemos fomentar medidas, a nivel europeo y multilateral, destinadas a favorecer la adaptación de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático basándose en el concepto de resiliencia (capacidad de los sistemas para reponerse frente a una crisis). Como paso preliminar, se habilitará un fondo regional administrado por la Unión Europea basado en el principio “el que contamina paga”, financiado por una tasa europea a los emisores de carbón, tanto a nivel industrias como consumidores

-Guste o no la energía nuclear, las piscinas de los reactores nucleares estarán al límite en un corto plazo de tiempo. ¿Apuestan por el ATC? Si tienen objeciones por esta instalación, ¿se deben a la decisión de ubicarlo en Villar de Cañas o su apuesta es por almacenes individualizados?

Según datos de la propia ENRESA (6º Plan de Residuos Radiactivos), las centrales nucleares españolas tienen espacio en sus piscinas de residuos para albergar los residuos radiactivos hasta al menos el año 2021. Por tanto no habría ningún problema inmediato de falta de espacio. Además algunas centrales, en concreto Ascó y Trillo han construido almacenes ATIs (Almacén Temporal Individualizado) en el propio recinto de las centrales nucleares.

El problema se plantea cuando lo que se pretende (y esto es lo que pretenden el Gobierno del PP y las empresas eléctricas) es alargar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Ahí sí que el ATC adquiere una importancia vital para que ese plan pueda desarrollarse, porque es para ese alargamiento de la vida de las centrales para lo que haría falta más espacio para los residuos radiactivos de alta actividad. El ejemplo más cercano es el de la central nuclear de Garoña, que ya no tiene espacio para albergar más residuos (ha cumplido su vida útil) y no puede ponerse en marcha sin un basurero nuclear al que llevar los nuevos residuos que produjera.

-¿Llevarán a cabo alguna medida en el mercado de comercialización de los carburantes?

Creemos que debería estudiarse la introducción de un céntimo finalista destinado a financiar el plan de transición energética que proponemos. Pero no recogemos ninguna medida concreta.

-¿Cuál es su posición respecto del fracking? ¿Es necesario el fracking en la presente coyuntura  de oferta y demanda, nacional e internacional?

Como hemos comentado antes, desde Podemos-EQUO consideramos la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking), y de las prospecciones en el litoral como una de las medidas en materia de política energética a cambiar.

-Qué valoración hace de cómo se ha resuelto la hibernación del almacén gasista Castor? ¿Era necesaria esta infraestructura?

La terrible cláusula del contrato con Escal UGS por la cual se compromete a pagarle 1.300 millones en caso de paralización, aunque sea legal, es indecente. Es importante que se sepa que el Castor es uno de los primeros Project Bond europeo, y ha sido un completo fracaso y nos debe llevar a replantearnos lo antes posible la pertinencia y los controles que hay sobre este tipo de proyectos.

No podemos seguir financiando con dinero público megainfraestructuras para la industria de los hidrocarburos cuando la política energética que necesitamos va en dirección opuesta. Desde Los Verdes Europeos, exigimos que este dinero se invierta en ahorro, eficiencia energética y energías renovables, y en hacer la tan necesaria transición energética con criterios de participación ciudadana y transparencia.

20 claves energéticas del PP para el 20-D: Continuismo desde la reforma

El partido en el Gobierno presume de su gestión durante esta legislatura con la reforma en materia energética: se atribuye haber acabado con el déficit de tarifa del sector eléctrico, soslayando el impacto causado sobre consumidores, empresas y seguridad jurídica, así como subraya su impulso de la competencia en los carburantes. Siguiendo el mantra del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que «la energía más barata es la que no se consume«, la eficiencia energética parece cobrar protagonismo en su programa electoral junto a las renovables, una vez superada la moratoria que decretaron nada más llegar al Gobierno.

Así afronta el programa del PP para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PP propone programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado exterior municipal, de agua y desalación ya que «estas áreas permiten fuertes ahorros energéticos que redundan en ahorros para los sectores productivos y para las administraciones públicas».

ATC: Se compromete a culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Autoconsumo: No hay ninguna referencia al autoconsumo en el programa electoral del PP, pero se puede encuadrar en el decreto de autoconsumo energético aprobado en octubre por el Gobierno, que hace pagar con peajes los costes fijos al autoconsumidor que permanece enganchado al sistema eléctrico.

Bono social: No concreta más pero el PP anuncia que reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. También habla de poner en marcha fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

Carburantes: Tras las medidas aprobadas en la legislatura, el PP quiere «profundizar en la vigilancia de los precios» en el mercado de carburantes y habla de fomentar la competencia favoreciendo la implantación de gasolineras independientes.

Centrales nucleares: Sin concretar si se extenderá que las centrales nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años, como por ejemplo Garoña, que solicitó licencia hasta 2031, el PP promete «mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad».

Cogeneración: Se anuncia un plan renove para aumentar su eficiencia.

Consumidor: El programa apunta a «situar al consumidor como protagonista del mercado energético». Para ello culminará el despliegue de contadores inteligentes para 2018 a la par que impulsa medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real para que pueda gestionar mejor su energía. El PP también pretende «aumentar la capacidad de elección y decisión del consumidor, mejorando la comparación y comprensión de las diferentes ofertas del mercado».

Deuda eléctrica: Relacionado con el consumidor, el PP se compromete a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. Además, «garantiza» que no se volverán a generar déficits en el sector energético y se compromete a que los potenciales superávits que se generen en el sistema se destinarán a reducir la factura del consumidor, siendo esto contradictorio con el planteamiento de congelar la parte regulada del recibo.

Eficiencia energética: A través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de otros mecanismos, compromete invertir 1.800 millones de euros en los próximos 4 años y realizar acciones que permitirán cumplir con los objetivos de ahorro energético a 2020, lo que supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año. La rehabilitación de viviendas será una de las claves. También impulsarán programas específicos de eficiencia energética para los servicios públicos y edificios de la Administración.

Fiscalidad: No concreta cifras, pero se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, lo que afecta al impuesto del 7% que introdujo el Gobierno al comenzar la legislatura.

Fracking: La palabra fracking no aparece recogida en el programa pero el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han argumentado que, con las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, no podrá ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. También se han mostrado partidarios de explorar todos los recursos energéticos que pueda haber en España dada la dependencia energética del exterior.

Impulso a las renovables: El PP se compromete a introducir «progresivamente» nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Incluso concreta un impulso a la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la geotermia.

Mercados energéticos: El programa del PP habla de «mejorar la eficiencia y el grado de competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo».

Minería del carbón: Pretende un marco adecuado para que la minería energética competitiva «sea un sector de futuro», cumpliendo con la normativa comunitaria, que impedirá dar ayudas públicas al sector a partir de 2018. En este sentido, «garantiza» un marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

Mix energético: El PP dice que potenciará la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en los archipiélagos, «donde su coste es menor que las tecnologías convencionales».

Movilidad: El compromiso es mejorar la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. Tal y como ha fijado en Consejo de Ministros, también se irán incrementando gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea.

Respaldo térmico: No hay mención alguna al futuro de las centrales térmicas de carbón ni de ciclo combinado de gas. Por un lado las centrales de carbón tienen que acometer una serie de inversiones para modernizarse si quieren continuar funcionando, mientras que los ciclos combinados de gas aspiran a que el aumento de la demanda sirva para aumentar su funcionamiento, por lo que el Ministerio de Industria descartó en octubre que vaya a haber hibernaciones.

Seguridad jurídica: En una legislatura marcada por la judicialización del sector, con innumerables causas ante el Supremo e incluso una escalada sin precedentes de los arbitrajes internacionales, el programa del PP no hace referencia a la seguridad jurídica en el ámbito energético. En noviembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió nuevamente a los inversores en renovables que las garantías regulatorias son «limitadas».

Unión Europea: En continuidad a la labor desarrollada durante esta legislatura, un Gobierno del PP impulsará las interconexiones eléctricas con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Igualmente hará con las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.

20 claves energéticas del PSOE para el 20-D: ¿Intervención o ajuste de cuentas al mercado?

Pedro Sánchez afronta sus primeras elecciones generales con un programa que apuesta por una transición energética hacia las renovables que pone el acento en la intervención del futuro Gobierno en cada uno de los aspectos del sector a través de una «profunda» reforma del mercado.

Así afronta el programa del PSOE para las elecciones 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PSOE anuncia que creará un fondo verde para la transición energética que tendrá una línea social que subvencione inversiones que garanticen el ahorro energético en los hogares de los consumidores vulnerables y, por otro lado, facilite también el crédito a las pymes. Además, hace una «apuesta decidida» por la eficiencia de los regadíos y las plantas desaladoras para racionalizar su consumo energético.

ATC: Se compromete a revisar la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), con la conocida oposición del gobierno socialista de Emiliano García-Page. Asimismo, no concreta qué alternativa propone para los residuos nucleares.

Autoconsumo: El PSOE propone elaborar un marco regulatorio «propicio y estable» que «impulse» el autoconsumo, eliminando las «trabas» que a su juicio introdujo el Gobierno del PP. Apuesta por la descentralización de la generación eléctrica.

Bono social: No se hace referencia al bono social de electricidad, pero sí hay un compromiso electoral de erradicar la pobreza energética, que sitúa como una «prioridad» de la política energética española. En este sentido, promete legislar un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia durante 5 meses, de noviembre a marzo.

Carburantes: La única propuesta relacionada con este sector tiene que ver con la fiscalidad, ya que pretende modificar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y convertirlo en un «verdadero» impuesto medioambiental, lo que se traduce en un aumento de impuestos para la gasolina y el gasóleo

Centrales nucleares: El PSOE no deja lugar a dudas: implantará un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña. El calendario culminará en la fecha límite del 2028, con la central de Trillo, que empezó a funcionar en 1988.

Cogeneración: El programa compromete apoyos al desarrollo de la cogeneración.

Consumidor: Se apuesta por la generalización de los contadores inteligentes y los sistemas más avanzados de gestión de los consumos, así como por la generación distribuida, incluyendo en la medida en que se estime adecuado y contribuya a facilitar la transición energética, los contadores individuales de calefacción y agua caliente. También se acuerda de los regantes, a los que propone un “contrato de temporada flexible” de forma que puedan tener suscrito con las compañías eléctricas un contrato con la potencia necesaria para el mantenimiento de los equipos (8 meses)y otro de temporada de riego para los meses de máximo consumo.

Deuda eléctrica: El texto es ciertamente ambiguo en este punto, pero anuncia una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa, «como condición indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos y lo que recibimos, lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás».

Eficiencia energética: A través de La Ley de Transición Energética, se contemplará un Marco Director para la Eficiencia Energética que asegure la mejora de la eficiencia energética de los edificios y de su comportamiento térmico, así como la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de los planes de rehabilitación de vivienda, asegurando que esto constituirá «un objetivo prioritario». Por ello anuncian un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025.

Fiscalidad: El PSOE anuncia una reforma fiscal «ecológica» que obedezca principalmente a principios severamente disuasorios, gravando en mayor medida las actividades más contaminantes y bonificando las prácticas más sostenibles. La nueva fiscalidad debe ser verde en su objeto imponible (quien contamina paga y restaura), verde en su grado de presión fiscal (se trataría de que quien contamine pague) y verde en sus objetivos como instrumento disuasorio y no únicamente recaudatorio. También recuerda que la generación de electricidad ha sido sometida a impuestos simplemente para soportar los ajustes del déficit de tarifa mientras los carburantes han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP en su reforma energética.

Fracking: Se prohibirá el empleo de la técnica del fracking.

Impulso a las renovables: «El futuro de la energía, y en particular del sector eléctrico, es renovable», asevera el programe electoral, que también reconoce que se han cometido algunos errores en el desarrollo de las energías renovables en España, de los que dice «haber aprendido». El PSOE celebra el éxito eólico, presume de que España «sea cuna de innovaciones en tecnología solar de concentración», pero centra el futuro en «aprovechar la energía fotovoltaica, cuya evolución tecnológica y de costes ha sido muy positiva en los últimos años, y se proyecta hacia el futuro como una tecnología muy competitiva que favorecerá la descentralización del modelo energético.

Mercados energéticos: Los socialistas señalan posibles «sobre-retribuciones» de las actividades del sector eléctrico «por un mercado no siempre bien diseñado». Por ello prevé dotarse de un Libro Blanco que «replantee el tratamiento retributivo de las centrales desarrolladas antes de la liberalización del sector», en referencia fundamentalmente a las hidroeléctricas y nucleares. Finalmente apunta que el mercado eléctrico «necesita una profunda reforma» que, en un marco de competencia y al mínimo coste, permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria (renovable) para la transición energética, «reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», con un mercado de corto plazo que promueva la gestión eficiente del parque de generación disponible en cada momento.

Minería del carbón: El PSOE de la transición energética y de las ZERO emisiones promete una «solución justa» para la minería del carbón, a la que busca acomodo en «la necesidad de avanzar en la autonomía energética de España y la seguridad de suministro». «Esto implica mantener el consumo de carbón nacional en la forma prevista en los acuerdos con el sector y exige también extremar las formas de combustión limpia del carbón, lo que requiere la aplicación de innovaciones tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y la captura del CO2, incluidas las centrales térmicas a partir de gasificación inyectada» aseguran en su programa.

Mix energético: El objetivo señalado a 2030 es elocuente: un 70% de participación de las renovables en la generación eléctrica, en un sistema energético «más electrificado». En este sentido, apuntan a una reforma del mercado eléctrico «capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable».

Movilidad: El PSOE anuncia una estrategia «ambiciosa» de impulso a los vehículos híbridos y eléctricos para sustituir las gasolinas y gasóleos por electricidad crecientemente renovable.

Respaldo térmico: Al margen de lo dispuesto para las centrales térmicas de carbón nacional, no hay referencia alguna al sector gasista y los ciclos combinados, al no mencionarse nada sobre el respaldo a las renovables.

Seguridad jurídica: Los socialistas aseguran que la transición energética permitirá recuperar la estabilidad y la previsibilidad de la evolución de la política energética y de su marco regulatorio, así como la seguridad jurídica para los inversores, «que tanto ha sufrido estos últimos años». Por ello hablan de «restaurar» la seguridad jurídica y «derogar las normas retroactivas», apuntando también que la reforma del mercado eléctrico debe permitir la recuperación de la confianza en nuestro país y proporcionar «una solución satisfactoria al perjuicio causado a miles de pequeños inversores que habían confiado en la regulación para destinar sus ahorros en inversiones renovables».

Unión Europea: Compromete asegurar la «adecuada interconexión de las redes con nuestros vecinos, como garantía de mayor eficacia del sistema».

20 claves energéticas de Ciudadanos para el 20-D: En busca del pacto de Estado

Albert Rivera llega a sus primeras elecciones generales con un proyecto que aspira a desbancar el bipartidismo en la próxima cita con las urnas. En materia energética, Ciudadanos presenta algunas propuestas novedosas así como la voluntad de sentarse a negociar, desde el primer día de la próxima legislatura, un pacto de Estado en Energía al que acudirán sin prejuicios ideológicos hacia las diversas fuentes de energía sino, más bien, con una calculadora en la mano que permita calibrar las distintas opciones.

Así afronta el programa de Ciudadanos para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: Ciudadanos propone fomentar estrategias para cambiar hábitos de uso hacia la contención y la sobriedad en el consumo de energía «para alcanzar un sistema energético sostenible». En este sentido, anuncian planes específicos de concienciación y sensibilización social sobre el ahorro y el uso racional de la energía eléctrica. Para ello apuestan por una gestión «óptima» de la demanda.

ATC: En el programa electoral no hay mención a los residuos nucleares, pero la directriz del partido es ceñir las decisiones a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear.

Autoconsumo: Ciudadanos apuesta por no poner «trabas» al desarrollo del autoconsumo energético y la generación distribuida, incentivando asimismo el autoabastecimiento abriendo el mercado nacional a tecnologías de almacenamiento de energía. También abogan por regular un balance neto en el que la energía excedentaria sí que pague un cargo de red.

Bono social: El actual bono social es, a juicio de Ciudadanos, «solo una medida paliativa con importantes defectos de diseño», como su aplicación a todo tipo de familias numerosas «con independencia de su renta». Por ello, pretenden que sea necesario un informe favorable de servicios sociales para acceder al bono social en función de la renta. Además, proponen que el bono social se cargue a los Presupuestos Generales del Estado.

Carburantes: Proponen «incrementar la competencia entre operadores». Para ello pretenden obligar a los operadores existentes a vender a operadores extranjeros parte de su red, «con elevadas multas por prácticas anticompetitivas», para introducir después una fiscalidad más progresiva sobre los hidrocarburos, en aras de desincentivar su consumo como consecuencia de la lucha contra el cambio climático.

Centrales nucleares: No hay referencias en el programa al papel que pueden jugar las nucleares en una transición hacia un modelo renovable. El responsable del programa en materia energética, Ignacio Aguado, apunta que se escuchará al Consejo de Seguridad Nuclear.

Cogeneración: El programa indica que se mantendrá el «impulso» a la implantación de la cogeneración en la industria para obtener energía eléctrica y térmica simultáneamente.

Consumidor: Ciudadanos se compromete a favorecer «sistemas inteligentes de medida, monitorización y control de consumos energéticos que permitan una gestión óptima de la demanda energética», como una de las vías fundamentales para reducir el consumo. También destaca su propuesta de solidaridad entre consumidores, ante lo que denominan como una situación «de emergencia social», al proponer que una parte de los excedentes del autoconsumo se destinen gratuitamente al suministro de las familias acogidas al bono social.

Deuda eléctrica: El programa se compromete a modificar el sistema de formación de precios «para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit tarifario».

Eficiencia energética: Como solución para erradicar la pobreza energética, se propone subvencionar a los consumidores vulnerables una instalación solar fotovoltaica de unos 2.000 euros, para avanzar hacia el autoabastecimiento y conseguir unas viviendas que tengan un consumo de energía casi nulo. También se impulsará la eficiencia energética en la envolvente de los edificios, cerramientos o calderas, al modo de las empresas de servicios energéticos. En caso de salir de la situación vulnerable, los consumidores tendrían que hacer frente a una parte de la financiación pública.

Fiscalidad: Sin ningún punto más en lo relacionado al ámbito energético que lo reseñado en el apartado de los carburantes.

Fracking: Ciudadanos descarta la técnica del fracking por diversos motivos: «riesgos medioambientales, escasez de yacimientos en España y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales».

Impulso a las renovables: El compromiso es transformar el modelo energético actual en un modelo basado en las energías renovables en el horizonte 2050. Se habla de impulsar fundamentalmente las tecnologías eólica terrestre, incluida la minieóloica, eólica marina y solar fotovoltaica para generar electricidad, así como la energía geotérmica donde hay recurso suficiente. Precisamente fomentarán la energía solar y la geotermia para usos térmicos industriales y del sector primario y para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria en los edificios y servicios. También prometen reducir los trámites administrativos para instalaciones de plantas renovables.

Mercados energéticos: El programa de Ciudadanos asegura que «impedirá» que las empresas de generación, distribución y comercialización, «provenientes de los antiguos monopolios», continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. «Con más liberalización y competencia se da verdadero cumplimiento a la directiva europea que pretendía un aumento de la eficiencia, reducción de precios, mejora de la calidad del servicio y aumento de la competencia», aseveran. Asimismo, plantean acabar con el sistema marginalista de formación de precios para acercarlo más a los costes de producción de cada tecnología del mix energético.

Minería del carbón: Seguirán las directrices marcadas por la Unión Europea, que impedirá las ayudas a partir del año 2018-

Mix energético: El objetivo de Ciudadanos es una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia así como en un modelo de producción descentralizado. Así aspiran a «crear un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro de costes para empresas y consumidores».

Movilidad: Promete el fomento de la electrificación del transporte así como del uso de otras fuentes de energía como el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles derivados de materias no alimentarias. En este sentido, indican que impulsarán el coche eléctrico facilitando la recarga al menos coste posible para todos los usuarios y haciendo que los distribuidores, como gestores de infraestructuras, «jueguen un papel fundamental».

Respaldo térmico: Sin novedades en este punto, todo indica que las plantas nucleares y, sobre todo, las centrales  térmicas y los ciclos combinados de gas, seguirán acompañando a las renovables en la generación de electricidad.

Seguridad jurídica: Resulta capital en el programa de Ciudadanos ya que consideran la incertidumbre jurídica como «el peor enemigo» para las inversiones, por lo que ven «imprescindible» la protección de los inversores mediante el cumplimiento de los contratos acordados con la Administración. «No es positivo para España establecer cambios normativos con efectos retroactivos que dinamitan nuestra credibilidad como país y merman el potencial inversor», indican.

Unión Europea: Se compromete aumentar la interconexión eléctrica de España con los países de la Unión Europea e impulsar la conexión de transporte de gas natural de España con Francia «como infraestructura para incorporarnos a la Europeam Gas Single Market.

El PSOE subraya su rechazo al fracking, las prospecciones y la energía nuclear

EFE.- La candidata al Congreso por Zaragoza del PSOE, Susana Sumelzo, señaló que en materia medioambiental sus grandes apuestas serán prohibir el fracking y las prospecciones, además de implantar un calendario de cierre para las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con el cierre definitivo de Garoña, a la par que promete «una ley de transición energética» con un informe anual al Parlamento sobre sus progresos, según comunicaron desde el PSOE.

Sumelzo ha señalado que, en la minería del carbón nacional, su partido quiere encontrar «una solución justa» a la vez que ha recordado que el PP «ha puesto el Medio Ambiente al servicio de la rentabilidad y la privatización, en lugar de compatibilizar ambas cosas». Ha recordado que «España es el único país occidental que ha aplicado una moratoria a las energías renovables» y «Rajoy tiene el mérito de haber aplicado un impuesto al sol con el que se castiga al que más energía ahorra».

La diputada del PSOE se pronunció así a las puertas del Pabellón de España de la Expo en Zaragoza, a la vez que ha lamentado la dejadez del Gobierno respecto a este edificio. «Hay que empezar  a trabajar para recuperarlo y para rescatar el proyecto de instalar aquí la Oficina del Cambio Climático» porque «el abandono de este edificio, a día de hoy, es total y no se ha vuelto a hacer nada en él desde que se cerró», indicó.

WWF exige cerrar las térmicas de carbón y las nucleares en 10 años apostando por las renovables

Europa Press / Servimedia.- La organización WWF ha reclamado a los partidos políticos con motivo del inicio de la campaña electoral que hagan «compromisos concretos» contra el cambio climático. Para ello lanza la campaña #NoMásHumo, que se dirige a los candidatos a la Presidencia del Gobierno y, especialmente a los ciudadanos, para que exijan directamente a través de las redes sociales que las promesas de los líderes políticos «no se conviertan en humo», como aseguran que ya ha ocurrido «en tantas ocasiones».

WWF pide a los líderes políticos españoles que coloquen la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía «en el centro de la agenda política». El objetivo de la campaña #NoMásHumo es que el cambio climático se convierta en «cuestión de Estado» y que el próximo Gobierno comience la senda para lograr un país 100% alimentado con energías renovables en 2050 y con una reducción de la demanda energética del 50%. Por ello, reclama medidas «inequívocas, concretas y positivas» contra el cambio climático, las cuales evaluarán «el nivel de compromiso de cada partido con cambiar de modelo energético y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero».

Entre las propuestas de su programa electoral ideal, WWF pide que se apruebe una ley de transición energética que garantice un nuevo modelo energético 100% renovable y eficiente para 2050 y fije un objetivo nacional de emisiones para 2020 y 2030 que asegure una reducción respecto a las actuales. Además, WWF aspira a que se apueste «definitivamente» por las energías limpias y comprometiéndose a un objetivo vinculante de al menos un 45% del consumo total de energía con renovables y un 40% de ahorro energético para 2030 respecto a 2005.

Asimismo reclama que se eliminen «todas las subvenciones públicas al carbón» y que se apruebe en 2016 un plan de cierre de la minería y de las centrales térmicas de carbón en 10 años, «garantizando una transición justa» para los trabajadores del sector. Al mismo tiempo piden la prohibición de la fractura hidráulica, fracking, y de las prospecciones de hidrocarburos. En esta línea, instan también a los partidos a comprometerse a cerrar las centrales nucleares al término de su licencia actual de operación y eliminar el Impuesto al Sol, mediante la derogación del Decreto de autoconsumo y eliminar las barreras económicas que impiden su expansión.

La iniciativa #NoMásHumo es parte de la campaña Ni un grado más que WWF desarrolla para que los gobiernos lleguen a un acuerdo climático ambicioso durante la Cumbre de París. Para ello, la ONG pide a los ciudadanos que envíen mensajes personalizados a las cuentas de Twitter de los principales líderes políticos en los que elijan una o varias de las medidas que propone WWF. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, señaló que es «hora de abandonar la retórica vacía» y de comprometerse con cifras y fechas y abordar «las cuestiones más espinosas del modelo energético».