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Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

El Parlamento del País Vasco presentará un recurso si el Gobierno ordena la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El Parlamento vasco ha aprobado una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición» para impedir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y, en caso de que el Gobierno ordene la reapertura, faculta a la Mesa de la Cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, votaron a favor de la iniciativa que ha presentado EH Bildu que hace referencia al informe elaborado por la dirección técnica delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN) que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. El pasado 2 de febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que exige el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara vasca señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, con esta iniciativa, el Parlamento vasco asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura» y acuerda interponer el recurso para «anular» la resolución del CSN. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería «grave e inaceptable» y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Durante el debate, EH Bildu acusó al PP de «cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse», y ha advertido de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un «problema» por «facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales» y por «tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear». También acusó al PP de «empeñarse en decir que no hay novedades». «¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura?. No me ha quedado claro. Se van a abstener y eso no sé qué significa», criticó.

Representando a los intereses vascos

Por su parte, el parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, ha reconocido que «no es habitual» que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo, como sería la prórroga de la explotación de Garoña, pero ha indicado que el Parlamento tiene «plena legitimación» para personarse «como depositario del mandato representativo de los vascos y en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca». «Votamos a favor de la presentación de este recurso», insistió, para defender que, «aunque se ve cada vez más cerca el cierre de Garoña, no podemos sentarnos con los brazos cruzados», sino que «tenemos que estar vigilantes».

Desde Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central «no ha hecho nada en estos años» para cerrar Garoña, y ha agradecido la «diligencia y profesionalidad» de los servicios jurídicos de la Cámara a la hora de «concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe».

La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, ha defendido que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la Cámara de personarse «en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo». Rojo ha defendido que el Consejo de Ministros «puede poner punto y final a la reapertura de Garoña» ya que es «el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central». «Iberdrola dirá lo que quiera, pero no exime la responsabilidad del Gobierno de Rajoy para tomar la decisión final. Álava y Euskadi no quieren la central, independientemente de lo que diga Iberdrola», ha advertido Rojo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, asegura que «estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento», y recuerda que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve «ninguna novedad en el trámite político o jurídico». Tras recordar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegurando que la central «no es viable», ha señalado que la única «novedad» está en que Nuclenor «reconoce que la continuidad es inviable económicamente».

Además, ha afirmado que el Gobierno central «no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo, al que tiene derecho las sociedades mercantiles Iberdrola y/o Nuclenor» porque se enfrentaría a sanciones que beneficiarían a las propietarias de la central. Asimismo, anunció su abstención a la propuesta y ha contestado a las críticas del PSOE sobre las distintas posiciones que han mantenido los populares ante los debates sobre Garoña, recordando que fue el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que «impulsó la prórroga» de la central burgalesa.

EH Bildu propone que el Parlamento vasco recurra el informe del CSN para impedir la reapertura de Garoña

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Europa Press.- EH Bildu propone que el Parlamento vasco interponga un recurso, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa, contra el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que posibilita la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. «Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno del Estado no podría ordenar la reapertura«, aseguran.

El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, presentó esta propuesta dirigida a «desactivar» el informe elaborado por la dirección técnica del CSN, que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. Según explicó, el pasado febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley exigiendo el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender. Otero destacó la «presteza y profesionalidad» de los servicios jurídicos del Parlamento a la hora de elaborar este informe que «da pie a actuar contra el informe del CSN que posibilitaba la reapertura de la central y dejarlo sin efecto».

Esperan apoyo del Gobierno autonómico

Tras conocer el contenido del informe, EH Bildu remitió una proposición para que sea el propio parlamento vasto quien interponga un recurso al informe del CSN, «tal y como el informe de los servicios jurídicos de la Cámara apunta». «Esperamos una respuesta positiva de Podemos, PSE y PNV», indicó. En este sentido, ha explicado que el informe jurídico del Parlamento afirma que la Cámara vasca tiene «completa legitimidad» para personarse como parte interesada en el procedimiento administrativo para defender los intereses generales de la población del País Vasco. Además, señala que el Parlamento vasco, en este momento de tramitación, puede interponer un recurso de reposición frente al informe del CSN, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno no podría ordenar la reapertura de Garoña. Por este motivo, es muy importante presentar el recurso, ya que es una vía que podría impedir la reapertura», ha señalado antes de advertir de que esta decisión es «urgente» porque el plazo para presentar el recurso «acabará pronto». También ha indicado que el informe del Parlamento apunta la posibilidad de presentar un recurso de reposición, frente a la orden ministerial de la prórroga de explotación de la central, una vez esto se produzca. «En ese momento también sería viable recurrir a la vía contencioso-administrativa», señaló.

«La voluntad de EH Bildu es la de impulsar todas las vías institucionales y jurídicas para dar carpetazo definitivo a esta central innecesaria y peligrosa, pero insistimos en que el fin de la pesadilla nuclear vendrá por la manifestación de un claro e inequívoco rechazo de toda la sociedad frente a Garoña», ha señalado, antes de unirse a la movilización convocada por la Plataforma Araba Sin Garoña este próximo sábado.

La oposición se une frente al PP en el Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.

El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura

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EFE.- El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), ante la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear avale que la planta vuelva a estar operativa con la incorporación de algunas mejoras de seguridad. Por su parte, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, emplazó al PSOE y a Ciudadanos a que «cumplan su compromiso» e impidan la «aberrante» reapertura de la nuclear.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio «avala» la reapertura de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. Según López de Uralde, ese informe es «una decisión 100% política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente».

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino «para alargar la vida del resto de las centrales nucleares» ya que «ni siquiera se establecen plazos para su cierre», algo que nunca había ocurrido. «¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante», ha declarado López de Uralde. Por ello, ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su compromiso y «hagan valer su condición de socios» para exigir al PP el cierre de Garoña «como reclama la mayoría parlamentaria».

Ha destacado que el PP está poniendo en manos de Nuclenor un «herramienta muy poderosa», el lucro cesante, que obligará a toda la ciudadanía a pagar a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, en caso de que Garoña no se abra. «Las nucleares están en la fase final de su vida y las eléctricas quieren exprimir los beneficios», algo que está siendo facilitado por el PP, según Uralde.

Para evitarlo, el diputado ha presentado en el Congreso una Proposición de No Ley que plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. El calendario de cierre que plantea es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó en 2021, Cofrentes también en 2021 y por último Trillo en 2024. Por su parte, la asociación ecologista Eguzki ha alertado de que reabrir Garoña supondría «un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares», como en Fukushima (Japón), que albergaba una central «gemela».

Bildu reclama una respuesta «contundente»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reclamado una «respuesta clara, contundente y eficaz» a nivel político, institucional y social ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Otero se ha pronunciado de este modo ante el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, al parecer, avala la reapertura de la planta a condición de que se realicen algunas mejoras de seguridad.

El representante de la coalición soberanista ha explicado que el próximo jueves Bildu pondrá sobre la mesa en el Parlamento del País Vasco varias propuestas para «pasar de los hechos a la acción» en esta cuestión.Otero ha recordado que en la Cámara vasca se va debatir en el pleno una propuesta del PSOE que Bildu ha enmendado con el objetivo de que lo que se apruebe «no sea la enésima declaración institucional que se quede en un papel mojado«.

«Es momento para pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas desde diferentes ámbitos», ha recalcado el parlamentario de EH Bildu que ha añadido que su grupo defenderá en el pleno algunas medidas que podrían tomarse para impedir legalmente la reapertura de Garoña y rechazar la energía nuclear como fuente.Así ha dicho que van a solicitar la despolitización del CSN, que su director, Fernando Marti, sea cesado y que se retiren del comité asesor de este organismo los miembros que tiene el Gobierno Vasco, entre otras cuestiones.

La Diputación de Álava rechaza el fracking pero defiende que hay que conocer los recursos del territorio

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EFE.- El diputado alavés de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio Galera, subrayó que la institución foral no está a favor de utilizar la técnica de la fractura hidráulica para extraer gas, más conocida como fracking, pero sí defiende conocer los recursos que pueden existir en el territorio. Galera respondió a la interpelación de Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu), que le ha pedido explicaciones por la solicitud de Shesa, sociedad de hidrocarburos del Gobierno vasco, para explorar un pozo de gas en Álava.

El diputado foral ya explicó que la solicitud hecha es para sondear, no para la extracción, y que la técnica que se ha planteado utilizar es la convencional y no la fractura hidráulica. En este sentido, Galera señaló que se ha reunido con los técnicos de Shesa para aclarar que no se pretende usar precisamente el fracking y para trasladarles el posicionamiento de la Diputación, que rechaza esta técnica pero defiende la necesidad de conocer los recursos de gas que pueda albergar el subsuelo alavés, a la vez que prioriza la protección del medio ambiente.

Galera ha aclarado también que en estos momentos se está en un procedimiento administrativo previo a la autorización o no del sondeo y ha avalado la validez del gas como energía de transición hasta 2100, horizonte que los técnicos del Gobierno Vasco han fijado para que el territorio no dependa de la energía fósil. Galera aseguró que en la actualidad es «absolutamente imposible» depender sólo de las renovables, por las que apuesta a largo plazo, y defiende energías de «transición» como el gas, la necesidad de explorar los recursos que existen y el papel de la Diputación de Álava como «vigilante» y «garante» de los bienes naturales de la provincia.

Fernández de Pinedo ha calificado de «tomadura de pelo» que Shesa vaya a sondear gas en una zona en la que ya se intentó hace unos 19 años y se vio que «no era rentable». También se ha preguntado si ahora lo que se busca es prorrogar los permisos eliminando la «impopular técnica» del fracking para después «ya veremos», en referencia a su posible utilización futura, y ha calificado de «decepcionante» que se apueste por un modelo energético que está llevando al planeta al «colapso».

Shesa ha solicitado permiso para hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales en Armentia-2, en el entorno de Vitoria, con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención. La Diputación de Álava tuvo conocimiento de manera oficial de esta solicitud el 19 de septiembre a través de una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente.

Continúa la polémica entre el Gobierno del País Vasco del PNV y la oposición de Bildu a cuenta del fracking

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Europa Press / EFE.– La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, reafirmó que la posición de los técnicos de la sociedad vasca de hidrocarburos SHESA ante el fracking es la misma que defiende el Gobierno vasco, en respuesta a las declaraciones realizadas por el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, quien denunció que Tapia «miente» al asegurar que el Ejecutivo autonómico ha renunciado al fracking para extraer gas natural.

Maeztu aseguró que, en una ponencia celebrada en Cantabria, un técnico de SHESA afirmó que el uso de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional es «un proceso industrial maduro y absolutamente viable tanto técnica, económica, como medioambientalmente». En este sentido, Tapia ha reconocido la labor «ejemplar» realizadas por la sociedad de hidrocarburos de Euskadi, que ha realizado estudios «relevantes a lo largo de muchos años, actuando bajo normas estrictas de profesionalidad». Asimismo, ha señalado que los técnicos de SHESA «evidentemente» defienden la misma posición que el Gobierno vasco porque «son técnicos de una sociedad parte del EVE, que depende del Departamento».

«Que en un determinado momento la técnica del fracking pueda ser controvertida y no cumplir todos los requisitos medioambientales que nos gustaría, no obstaculiza que sigamos haciendo un seguimiento de cómo se trabaja en otros países, tecnologías utilizadas y de cómo se intentan obtener hidrocarburos», ha precisado, antes de señalar que «otra cosa es el hecho de que vaya a implantar determinadas tecnologías, ámbito que depende del Gobierno«. Por último, ha subrayado que «evidentemente, cualquier técnico tiene la obligación, no solo de estar formado en las últimas tecnologías y de todo lo que aparece en el mundo en el ámbito de los hidrocarburos, sino también de asistir a los encuentros» que hablen de esos ámbitos.

EH Bildu arremete contra Tapia

EH Bildu resalta que SHESA sostiene que el fracking es una técnica «viable», lo que pone de manifiesto que la consejera “mintió” el pasado 7 de julio al señalar que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque a «día de hoy» no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, Dani Maeztu indicó que el técnico de SHESA afirmó entonces que «España tiene que aprovechar sus recursos de hidrocarburos no convencionales» porque «no hacerlo sería un factor limitante para la economía, de pérdida de competitividad».

Maeztu ha advertido de las contradicciones en los mensajes del Gobierno Vasco y de SHESA en torno a esta cuestión, y ha pedido a la consejera que comparezca en la Diputación Permanente de la Cámara de Vitoria para aclararlo y presentar la Estrategia Energética Vasca 2016-2030. El parlamentario de EH Bildu ha acusado al Gobierno Vasco de seguir destinando recursos al fracking y le ha exigido que cierre la sociedad SHESA y renuncie a los permisos de hidrocarburos no convencionales.

El Gobierno del País Vasco renuncia al fracking en su estrategia energética 2016-2030 aunque el anuncio resulta insuficiente para Bildu

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EFE.- EH Bildu, segunda fuerza política en el parlamento de Vitoria, acusó a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no decir «toda la verdad» al asegurar que se renuncia a utilizar el fracking ya que esa «amenaza» sigue «viva». Tapia anunció que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno del País Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas a mejorar la política de ahorro y eficiencia energética de Euskadi para caminar hacia el objetivo de «consumo cero de petróleo para usos energéticos» en 2050, con las energías renovables como principal fuente de suministro energético y con el gas natural como energía de transición. Tapia avanzó que para la extracción del gas natural, el Ejecutivo autonómico «renuncia» al uso de técnicas no convencionales, como el fracking. «Vamos a usar única y exclusivamente técnicas convencionales en exploraciones y posibles explotaciones de gas natural como hasta ahora», ha insistido la consejera.

Esta postura supone que el Gobierno autonómico no utilizará el permiso de exploración que afecta al territorio alavés y burgalés. Según subrayó, esta decisión no implica pérdida económica alguna para las arcas públicas vascas. En esta zona se continuará analizando la posibilidad de extraer gas, pero tal y como hizo hincapié, «trabajando única y exclusivamente con métodos convencionales». Tapia destacó que la estrategia presentada coloca al gas natural como energía de transición entre 2050 y 2100, año en el que para el Gobierno Vasco sería deseable que «desapareciese la dependencia energética de los combustibles fósiles».

Así, la consejera subrayó que las líneas de actuación claves para avanzar hacia un modelo energético más sostenible son la eficiencia energética y las energías renovables. Para lograrlo, la estrategia apunta medidas para las que serán precisas inversiones por valor del 4.930 millones de euros, 920 provenientes de fondos públicos. La apuesta por las renovables se traduce en que el Gobierno Vasco planea alcanzar en 2030 una cuota de esta fuente de energía en consumo final del 21% y que llegue al 40% en 2050.

Tapia ha subrayado que la administración pública debe dar ejemplo con la reducción del consumo energético en sus edificios en un 25% en 10 años, con la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus inmuebles, y con la incorporación de vehículos alternativos en su parque móvil. De cara al transporte por carretera, el Gobierno de Iñigo Urkullu se plantea alcanzar una cuota del 25% de energías alternativas. Con todo ello, Tapia ha considerado que Euskadi puede contribuir a frenar el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero. Esto supondría la reducción de las emisiones con respecto al 2005 en al menos un 40% en 2030 y en un 80% a 2050.

Bildu critica al Gobierno vasco

Tras estas afirmaciones de la consejera, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que Tapia «intenta confundir» a la opinión pública porque mientras los permisos de exploración de gas natural estén en vigor «la amenaza del fracking seguirá viva«.En opinión de Maeztu, si el Gobierno Vasco quiere tener credibilidad contra el fracking «debe renunciar a los permisos que posibilitan esta técnica».»Lo que tienen que hacer es cerrar Shesa, la empresa pública que crearon para promover el fracking y renunciar a los permisos de exploración que contemplan el uso de esa técnica», que siguen vigentes, insistió el parlamentario.

Unidos Podemos entrega al Ministerio de Industria una moción contra la reapertura de Garoña mientras Bildu también prepara sus movilizaciones

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Europa Press / EFE.- La formación abertzale reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Por su parte, el cabeza de lista de Unidos Podemos por Álava para el Congreso de los Diputados, Juan López de Uralde, registró en el Ministerio de Industria una moción aprobada el pasado enero por el Ayuntamiento de Vitoria contra la reapertura de Garoña.

La entrega de esta resolución se enmarca en una campaña para exigir el cierre definitivo de Garoña, en la que participaron diferentes municipios próximos a la central. Uralde criticó que el PP «sigue empeñado en reabrir» esta central, que permanece inactiva desde 2011, y que continúa «dando pasos» para que Garoña vuelva a funcionar. Todo ello, pese a la «oposición» de la ciudadanía, reflejada en la «mayoría» de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. El candidato de Unidos Podemos asevera que el PP pretende establecer una política nuclear «que alargue la vida de las centrales hasta los 60 años», algo que considera «absolutamente incompatible con la transición hacia un nuevo modelo energético que demanda la sociedad».

Además, Uralde también acusó al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de estar «al servicio del oligopolio eléctrico», de tomar decisiones «sin pensar en las consecuencias» que pueden acarrear para la ciudadanía, y de «ignorar» la voluntad política del Congreso. El candidato de Unidos Podemos, coalición en la que está integrada Equo, aseguró que su partido seguirá trabajando «firmemente» para lograr el cierre y desmantelamiento de Garoña, y para que los habitantes de la zona «tengan una salida basada en el fomento del empleo verde» y se cierre una planta «obsoleta y peligrosa«, según calificó el coportavoz federal de Equo.

El propietario de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha pedido una autorización de explotación para funcionar hasta el año 2031. Uralde recordó que la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña «sufrió un parón» tras los comicios del 20 de diciembre y ahora «habrá que ver qué pasa con las elecciones del 26 de junio», al tiempo que ha reiterado que seguirá trabajando para evitar la reapertura. En su demanda no estuvo solo ya que representantes de Unidos Podemos en los principales municipios de la cuenca del Ebro, como Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Tudela, Tortosa, Valle de Sedano y Zaragoza registraron las mociones aprobadas en sus respectivos municipios contra la reapertura de la nuclear.

A juicio de estos políticos, la puesta en funcionamiento de Garoña representa «un riesgo inaceptable». Por este motivo instan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a paralizar el proceso y advierten al Gobierno en funciones que están dispuestos a continuar con las movilizaciones. «No vamos a parar, esto es un movimiento en contra de la reapertura y vamos a continuar», insistió Uralde. En este sentido recordó la movilización convocada en Vitoria para el próximo sábado el 11 de junio. «Vamos a continuar movilizándonos hasta conseguir definitivamente su cierre», apuntó Uralde, que recordó que el presidente del CSN se negó a comparecer en el Congreso para informar sobre un proceso que «continúa adelante pese a las reclamaciones de la mayoría parlamentaria».

EH Bildu también se moviliza

Por su parte, EH Bildu reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Durante ese recorrido la coalición abertzale también ha organizado una parada en Subijana de Álava donde, según el cabeza de lista de EH Bildu por Álava al Congreso de los Diputados, Mikel Otero, hay un proyecto para la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica (fracking), a lo que se opone EH Bildu. La marcha en bicicleta del primer domingo de la campaña electoral comenzará frente a las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Otero considera que el CSN está esperando a que pasen las elecciones para emitir un informe para reabrir Garoña hasta 2031. El candidato aseguró que Bildu no va a permitir esta «afrenta» a los alaveses y que va a trabajar «donde haga falta» para detener «este ataque a la opinión, voluntad y salud de la ciudadanía vasca». También explicó que la coalición está llevando a cabo otras vías para «desenchufarse» de Iberdrola y Endesa, empresas propietarias de Garoña. En este sentido, destacó que en 25 ayuntamientos gobernados por Bildu y en sedes de la coalición rompieron sus contratos con dichas eléctricas en señal de protesta y se hicieron convenios con «cooperativas ciudadanas que solo comercializan con energía de origen renovable«.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.