Entradas

Acogen, la patronal de la cogeneración, considera que los planes energéticos del Gobierno socialista propinan «un golpe mortal» al sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, se ha mostrado en contra del borrador presentado por el Gobierno en materia de Energía y Clima (PNIEC), al asegurar que en lugar de promover la cogeneración y asegurar la eficiencia energética asociada a la industria, el plan le propina «un golpe mortal».

Pérez Palacio cree que el plan del Gobierno «no solo supone un varapalo al potencial de crecimiento de la cogeneración sino que contempla eliminar una de cada tres plantas de cogeneración asociadas a industrias calor-intensivas«, lo que generaría «una grave pérdida de competitividad de más del 5% del PIB industrial». Pérez Palacio asevera que «sorprende» que un plan, que debería promover más cogeneración para asegurar eficiencia energética a gran escala asociada a la industria, apuesta por darle un «tajo mortal».

Para él, el plan no ha considerado el rol de la cogeneración en las industrias calor-intensivas que necesitan grandes cantidades de calor y electricidad para fabricar sus productos y destaca que la cogeneración permite disponer de calor y electricidad «de la forma más eficiente, aportando beneficios económicos y medioambientales». Pérez Palacio ha explicado que el calor que necesitan estas industrias no puede electrificarse por razones técnicas y fundamentalmente económicas, ya que implicaría triplicar el coste, haciendo inviable la producción en estas industrias. Por ello, ha afirmado que «ningún país realista perdería su producción más eficiente».

El sector agroalimentario apuesta por la innovación y por lograr un modelo de desarrollo sostenible con mayor eficiencia energética

Europa Press.- El sector agroalimentario y del gran consumo español trabaja para impulsar una cadena de valor competitiva, pero que a la vez sea sostenible tanto desde el punto de vista económico, social y medioambiental, para lo que apuestan por la innovación y en generar alianzas en la cadena de valor para conseguir un modelo de desarrollo sostenible.

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha reiterado que la industria afronta importantes retos en los próximos años. «La economía circular, la eficiencia energética o el tema del reciclado son cuestiones cruciales que forman parte de nuestro modelo de negocio», ha subrayado. «Somos un sector estratégico desde el punto de vista social medioambiental y económico. El desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades del presente sin perjudicar las del futuro. Así que tenemos que apostar por la innovación y en la mejora continua de la eficiencia», ha reiterado.

Por su parte, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha recalcado la necesidad de alianzas entre todos los componentes de la cadena para alcanzar los objetivos fijados. «Este es un proyecto de colaboración que trata de impulsar una cadena de valor competitiva, pero sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental y que dé cabida a todas las empresas», ha indicado.

La industria alimentaria trabaja en la actualidad para alcanzar los objetivos marcados en la hoja de ruta de la agenda 2030, definida por la Comisión Europea. «Es una exigencia no solo desde el punto de vista de la regulación, ya que debemos ofrecer productos seguros, de calidad y que sean asequibles, donde la sostenibilidad esté integrada», ha subrayado. El sector agroalimentario juega un papel importante en la transformación del actual sistema socioeconómico hacia un modelo de desarrollo sostenible ya que, por ejemplo, la cadena agroalimentaria consume alrededor de un tercio de toda la energía disponible en el mundo en sus procesos de producción procesado, almacenamiento y distribución y es responsable de una cuarta parte de la emisión de gases invernadero.

El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

La Eurocámara pide elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha abogado por elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990, frente a la meta del 40% que tiene la Unión Europea en la actualidad.

En una resolución no legislativa, aprobada con 49 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, los eurodiputados han advertido que es necesario aumentar la ambición actual para poder conseguir en 2050 una economía europea sin emisiones efecto invernadero. En este contexto, la comisión europarlamentaria ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que apoyen este incremento del nivel de ambición durante la cumbre que mantendrán en Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo.

Los eurodiputados han subrayado que el PIB de la Unión Europea crecería a un mayor ritmo con escenarios más ambiciosos de reducción de emisiones de gases invernadero, aunque de manera desigual entre los distintos Estados miembros. Además, han destacado que una transición «justa» hacia un escenario de emisiones netas nulas podría suponer la creación de puestos de trabajo siempre que se gestione «de forma adecuada» y apoyando a las regiones, sectores y ciudadanos que se viesen más afectados. En este sentido, los eurodiputados han pedido tanto a las capitales como a la propia Unión Europea que tengan en cuenta el impacto social que pueden tener las políticas climáticas que desarrollen.

Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente ha enfatizado que la estrategia de la Unión Europea hasta 2050 debe dar prioridad a la reducción directa de emisiones y «fortalecer» las reservas y los sumideros naturales de carbono, como los bosques. Por último, ha instado a la Comisión Europea a desarrollar una estrategia industrial con políticas que permitan al sector europeo competir con sus rivales globales en igualdad de condiciones, así como a activar medidas compatibles con las normas de la OMC que eviten el riesgo de fuga de carbono.

97 millones para eficiencia energética

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que invertirá 97 millones de euros en el desarrollo de proyectos que persigan mejorar la eficiencia energética de edificios tanto públicos como privados, una iniciativa que se enmarca dentro de los esfuerzo del bloque comunitario para reducir un 32,5% el consumo de energía en 2030. El presupuesto se destinará, en concreto, a la Facilidad ELENA (European Local Energy Assistance), que está gestionada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo que aportará asistencia y actuará como «punto de contacto» en el proyecto.

Así, los servicios de desarrollo de proyectos se dirigirán a asociaciones de hogares y propietarios que pretendan «aumentar el confort y reducir las facturas energéticas», según el BEI. Estas ayudas, además, estarán disponibles para entidades que quieran desarrollar productos financieros o préstamos dedicados a la mejora de la eficiencia energética. «Acelerar las inversiones en eficiencia energética en edificios residenciales para reducir las emisiones de carbono y atajar mejor el cambio climático es crucial», advierte el vicepresidente del BEI responsable de Energía, Andrew McDowell. Los edificios residenciales europeos suponen el 40% de la demanda energética de la Unión Europea, que tiene el objetivo de reducir su consumo un 32,5% para 2030.

Todos los países europeos tienen niveles de pobreza energética, con Bulgaria en peor situación y España en el puesto 12

Europa Press.- La mayoría de los Veintiocho Estados miembro de la Unión Europea tiene pobreza energética, con Bulgaria en el último puesto, mientras España está en la parte media-alta de la tabla y se sitúa en el puesto número 12. A la cabeza se sitúan Suecia, Finlandia y Dinamarca, según un estudio realizado por Open Exp que publica la Coalición Europea por el Derecho a la Energía.

El trabajo revela que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen niveles «significativos» de pobreza energética y que son «incapaces» de calentar a sus ciudadanos durante el invierno. El escalafón de la pobreza energética da una prevalencia más elevada en el sur y en el este de Europa. Bulgaria es el país que peores resultados obtiene en 4 indicadores clave: hogares húmedos y con fugas, altos costes de energía para las familias, incapacidad para calentar los hogares durante el invierno e incapacidad para mantenerlos frescos en verano. Suecia y Finlandia figuran entre los países con mejores resultados.

De los Veintiocho, un total de 17 tienen niveles significativos de pobreza energética y el estudio advierte de que la proporción del presupuesto familiar que los hogares dedican a la energía está aumentando en Europa, especialmente para las familias de renta baja, para las que el gasto aumentó un 33% entre 2000 y 2014. Por otro lado, el estudio observa una «clara división» entre los países de Europa occidental y del norte por un lado, y los países de Europa del sur y del este.

Además, concluye que los niveles altos de pobreza energética dependen más de factores socioeconómicos que del clima ya que los países con un alto PIB per cápita y una normativa estricta en materia de construcción muestran niveles más bajos de pobreza energética. Al mismo tiempo, advierte de que hay una falta de acción política a la hora de abordar la pobreza energética y destaca que Grecia es el único Estado de la Unión Europea que contempla un objetivo de pobreza energética y alerta de que los planes nacionales de eficiencia energética «no lograrán alcanzar” el objetivo acordado de la Unión Europea del 32,5% para 2030.

«La Unión Europea debe tomar medidas urgentes para reducir las altas tasas de pobreza energética y abordar la creciente brecha energética en Europa. Cuando aumenta la renta de los hogares y se endurece la normativa, los niveles de pobreza energética descienden significativamente. La Unión Europea debe prohibir las desconexiones y garantizar la inversión en eficiencia energética para las viviendas destinadas a las familias con rentas más bajas», ha manifestado la coordinadora de Políticas en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), Sian Jones.

Por su parte, desde la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos, Guillaume Durivaux ha destacado que el aumento de la pobreza energética pone en peligro el acceso a la energía para millones de europeos. «Los políticos deben proteger a los europeos y garantizar el derecho a la energía prohibiendo las desconexiones y una implicación directa de los ciudadanos en las políticas energéticas«, ha manifestado. Al mismo tiempo, la defensora de justicia climática de Amigos de la Tierra Europa, Clémence Hutin, denuncia que millones de ciudadanos de la Unión Europea pasan frío en sus hogares este invierno y «necesitan ayuda inmediata» a causa de un sistema energético «profundamente derrochador».

Finalmente, la analista senior de Open Exp y autora del estudio, Yamina Saheb, indicó que, para reducir la vulnerabilidad de las familias de renta baja frente a las fluctuaciones de los precios de la energía y el estancamiento de los salarios, los gobiernos deben garantizar que los edificios donde hay familias vulnerables tengan un balance energético positivo, esto es, que produzcan más energía de la que consumen para reducir a cero la factura energética de las familias de renta baja«.

Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

El consumo de energía aumentó un 1% en la Unión Europea en 2017 y se aleja del objetivo para 2020

Europa Press.- El consumo de energía aumentó en 2017 por tercer año consecutivo en el conjunto de la Unión Europea, donde tanto la energía primaria como la final se incrementaron en torno a un 1%, lo que supone un 5,3% por encima del compromiso de reducir un 20% su consumo energético en 2020, según datos de Eurostat.

A nivel doméstico, en España alcanzó 125,6 millones de toneladas equivalentes de consumo de energía primaria. Esto supone un aumento del 5,4% respecto a 2016. También aumentó en España el consumo de energía final, en un 2,3%. De acuerdo con los compromisos de eficiencia energética, el consumo de energía primaria debería no sobrepasar los 1.483 millones de toneladas equivalentes y el consumo de energía final no debería superar los 1.086 millones de toneladas para 2020. La Directiva de Eficiencia Energética establece que en 2030 el consumo de energía primaria no deberá superar las 1.273 millones de toneladas equivalentes y el consumo de energía final no deberá pasar de 956 millones de toneladas equivalentes, para aumentar un 32,5% la eficiencia energética.

En la actualidad, la energía primaria consumida en 2017 en la Unión Europea fue un 5,3% superior al objetivo de eficiencia energética para 2020. Desde 1990, el primer año desde que Eurostat recoge datos, el consumo ha caído un 0,4%. Sin embargo, durante los años, fluctúa enormemente. Por ejemplo, alcanzó su pico más alto en 2006, con 1.729 millones de toneladas equivalentes, lo que suponía un 16,6% por encima del compromiso para 2020. Por el otro lado, el récord más bajo de consumo de energía se produjo en 2014, cuando se consumieron 1.511 millones de toneladas equivalentes, es decir, el 1,9% por encima del objetivo.

En cuanto al consumo final de energía en 2017, los Veintiocho estuvieron un 3,3% por encima del objetivo de eficiencia energética en 2020. El pico de consumo de energía final tuvo lugar en el año 2006, con 1.195 millones de toneladas equivalentes, y entre 2006 y 2017 descendieron un 0,6%, hasta las 1.122 millones de toneladas. Los datos apuntan que el año con la cifra más baja se alcanzó en 2014, con 1.065 millones de toneladas, un 1,9% por debajo de 2020. Ahora bien, de 2014 a 2017 el consumo final de energía se incrementó otra vez y ha pasado a 1.088 millones de toneladas en 2015; 1.110 millones de toneladas en 2016 y 1.122 millones de toneladas en 2017.

Por países europeos, Estonia fue el que más redujo su consumo de energía primaria en 2017 (-5,4%), frente a Malta, que fue la que más creció. A Estonia le siguieron Reino Unido (-1,6%); Irlanda (-1,4%); Suecia (-1,6%); Finlandia (-1,2%); Países Bajos (-0,5%); Francia (-0,3%) y Bélgica (-0,3%). Por el contrario, el mayor incremento se ha producido en Malta (con +12,9%) y le siguen Rumanía (+5,8%); España (+5,4%) y Eslovaquia (+5,1%).

Finalmente, respecto al consumo de energía final, el mayor descenso se produjo en Bélgica y el mayor incremento en Eslovaquia. Durante 2017 el consumo final de energía cayó solamente en cuatro Estados miembro respecto a 2016. Se trata de Bélgica (-1,2%); Reino Unido (-0,8%); Italia (-0,6%) y Eslovenia (-0,3%). Por el contrario, los mayores incrementos se han contabilizado en Eslovaquia (+7%); Malta (+6,7%); y Polonia (+6,5%). Entre los 23 Estados europeos donde cayó el consumo final de energía entre 2006 y 2017, solo en Grecia el descenso anual fue superior al 2%, frente al incremento anual del consumo en Malta (+2,7%); Polonia (+1,4%); Lituania (0,7%); Austria (0,3%) y Hungría (+0,1%).

UGT pide al Gobierno medidas eficaces para paliar la pobreza energética y tener un precio de la energía más asequible

Europa Press.– UGT ha exigido al Gobierno que «mejore las medidas para paliar la pobreza energética» e introduzca mecanismos para fijar un precio de la energía «asequible», como la rebaja del IVA; así como actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas. El sindicato señala que se aborda otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos y el mercado eléctrico futuro apunta a nuevas subidas en el recibo.

El sindicato muestra especial preocupación para la primavera, «cuando hayan transcurrido los 6 meses de suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica». Asimismo, UGT reclama que se modifique el bono social eléctrico ya que considera que «no está diseñado adecuadamente para llegar a todos los hogares que lo necesitan». De esta manera, advierte que es necesario introducir «una mayor transparencia» en la información para darlo a conocer y mejorar los requisitos de acceso para que llegue a todos los hogares y «combatir así las desigualdades ocasionadas por la pobreza energética, permitiendo que se puedan acoger al bono social eléctrico más familias, y que estas cuenten con mayores descuentos».

Manuel Pulgar-Vidal, director internacional de cambio climático de WWF, considera que la lucha climática solo será posible con apoyo ciudadano

Europa Press.- El director internacional de cambio climático de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Medio Ambiente de Perú y hombre clave en las negociaciones que condujeron al Acuerdo del Clima de París, ha advertido de que la lucha contra el cambio climático solo será posible si los ciudadanos son «capaces de asumir y apoyar» la acción y ha vinculado este problema a los objetivos de la Agenda 2030 para frenar la pobreza y favorecer la equidad social.

Pulgar-Vidal ha expuesto la relación entre clima y lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y el desarrollo sostenible. Pulgar-Vidal ha advertido de que no se puede alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sin ser capaces de afrontar las consecuencias del cambio climático y ha añadido que esto debe hacerse en base al concepto de la transición justa que pasa por «planificar las consecuencias» positivas y negativas de la transformación que se busca.

Así, considera necesario planificar las consecuencias negativas de lograr una economía descarbonizada sin combustibles fósiles, sin dejar de pensar que hay «mucha gente involucrada», tanto en su extracción como en su uso para distintos fines. «Todavía somos muy dependientes de los objetos que usan estas fuentes de energía y a su vez hay otras regiones que son altamente dependientes de la extracción de estos recursos», comentó. Por tanto, Pulgar-Vidal insiste en la necesidad de buscar fuentes de empleo alternativas a las personas que dependen de los combustibles fósiles. «Hay que lograr que los salarios de estas personas no se vean perjudicados y, al mismo tiempo, transitar hacia energías limpias», manifestó.

Al respecto de la transición justa, puso de ejemplo la «lección» dada por la crisis de los chalecos amarillos en Francia que se originó por el incremento de precios de los combustibles en el marco de las decisiones climáticas del Gobierno de Francia, y que generó un encarecimiento que la población «no estuvo dispuesta a soportar». «Una acción climática que es definitivamente deseada tiene que considerar ese tipo de respuestas», subrayó el exministro peruano, que opina así que no se puede perder el apoyo ciudadano porque la acción climática «es posible solo si los ciudadanos son capaces de asumir y apoyar ese tipo de acción«.

Pulgar-Vidal ha explicado asimismo las reticencias al cambio por parte de distintos países, sobre todo por los más dependientes de los combustibles fósiles, que requieren que el cambio sea más gradual, o bien, de los países productores, que no desean que su economía quede afectada de forma rápida. Si bien, ha advertido de que a pesar de la dependencia económica de actividades no sostenibles como el carbón o el petróleo, «no cambiar a tiempo puede generar mayores perjuicios económicos«. Por otro lado, se ha referido también a la competencia entre países por no perder competitividad por lo que celebra la existencia de coaliciones, como la Unión Europea, al anunciar su compromiso de alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050.

Retrasos con la eficiencia energética

Otro de los pilares de la acción para el negociador climático es el sector privado, los mercados y los inversores a los que pide que se fijen metas sectoriales basadas en la ciencia para poder cambiar conductas. Si bien, ha celebrado la «gran acción climática» del sector de la energía, lamenta por el contrario el retraso y la falta de avances de lo relativo a la eficiencia energética, que «representa el 32% de la solución y que «no avanza tan rápido» como las energías limpias.

Por otro lado, sobre el mix energético ideal cree que en España, como cada país, debe responder a su realidad sobre los porcentajes de acceso a la energía, su nivel de dependencia de una u otra fuente o su capacidad para transitar hacia una economía descarbonizada en 2050. En concreto, ha recordado que la mayor fuente de emisiones contaminantes en España es el transporte, que representa en torno al 25% y su receta, en este caso, es fomentar la electrificación del transporte algo que considera que «no se está desarrollando aún de la manera necesaria».

En segundo lugar, opina que España debe modificar su generación eléctrica, que es la segunda fuente de emisiones de CO2 y, en tercer lugar, debería favorecer las ciudades sostenibles y la eficiencia energética. En cuanto al mix energético, explicó que las principales resistencias ante la energía nuclear, «que no tiene que ver con lo climático», se deben a sus condiciones de seguridad. Si bien, asegura que de lo que se trata es de «buscar una reducción real de emisiones», es decir intervenir en aquellas fuentes de emisiones y «no buscar otras alternativas» que desvíen del objetivo. «Hay que concentrarse en reducir realmente las emisiones», apostilló.

Finalmente, el exministro de medio ambiente de Perú ha calificado de «interesante» el caso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció su salida del Acuerdo de París sabiendo que no podrá solicitarlo hasta 2019 y, mientras tanto, en las negociaciones internacionales Estados Unidos «no ha mostrado obstrucciones» en el proceso sino que, al contrario, ha mostrado colaboración para permitir avances. «Espero y confío en que Trump no se vaya del Acuerdo de París. Creo que perjudicaría a sus propios ciudadanos pero si se materializase, estoy seguro que más pronto que tarde, Estados Unidos volvería a la negociación climática. Nadie sabe qué puede ocurrir», ha concluido.

Ribera defiende ante los inversores internacionales que la transición energética movilizará en España más de 200.000 millones hasta 2030

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. Ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es «un país idóneo» para invertir de manera sostenible y un país «atractivo» para las inversiones en energía.

«Nuestro país tiene el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la Unión Europea», indicó Ribera, quien subrayó que transformar la economía y hacerla más sostenible generará «oportunidades a largo plazo«. No obstante, destacó que, para aprovechar estas oportunidades que presenta la transición energética, será necesario contar con «una visión de país a medio y largo plazo y con un plan estratégico.

Ribera apuntó que, de esta previsión de cifras de inversión que se presentan con la transición energética, un 45% será para renovables, un 40% para eficiencia energética y un 12% para la electrificación, y señaló que podrían suponer un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.000 y más de 20.000 millones de euros anuales en la próxima década. Asimismo, consideró que renovar el modelo energético «es fundamental» ya que pasar a un modelo de cero emisiones en 2050 requiere focalizarse en eficiencia y renovables. «Todos los negocios tienen una oportunidad en las medidas que llevarán a ese modelo en la transición», apuntó.

Posteriormente, la ministra indicó que una transformación tan importante «requiere maximizar las inversiones en eficiencia», así como inversiones en redes y digitalización. «Todo ello son grandes oportunidades de inversión para el conjunto de la economía, pero también para el consumidor, y es lo que queremos reflejar en esa senda que será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima«, añadió. Ribera afirmó que estas oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros son una cifra «muy importante» que tendrá «un impacto muy positivo en el conjunto de los ahorros de la balanza comercial, de la dependencia energética del exterior, de generación de empleo y de crecimiento del PIB».

Confianza en aprobar los Presupuestos

Por otro lado, Ribera mostró su confianza en que el Congreso de los Diputados respalde los Presupuestos para 2019 ya que son «enormemente importantes desde el punto de vista social del acompañamiento social en un momento de cambio y modernización de la economía». No obstante, Ribera aseguró que en el caso de no contar con el apoyo necesario, el Gobierno dispone unos presupuestos prorrogados «que permiten funcionar con total normalidad».

Sobre el decreto por el que se devuelven a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en energía, entre ellas los peajes de la luz y el gas, la ministra aseguró que el regulador se encargará ya de la siguiente revisión para 2020, ya que la medida entró en vigor con el decreto. «Evidentemente lo fijará para la siguiente revisión, que es en 2020», apuntó.