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El primer Barómetro de Transición Energética en España revela la necesidad de impulsar las energías renovables

Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en un análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías renovables tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética de España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se acrecentó por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la Unión Europea, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Hay una ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización de la economía. Sin embargo, es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la energía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010. La evolución es similar a la experimentada en la Unión Europea.

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, que cae un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron a 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido «bandazos» importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares a 2010.

Economics for Energy advierte del riesgo para rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de gas natural más allá de 2030

Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy advirtió del riesgo que puede representar rentabilizar más allá de 2030 las inversiones en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentadas con gas natural dentro de la transición energética que afronta España hacia un objetivo de descarbonización en 2050.

En su informe Escenarios energéticos para España 2030-2050, Economics por Energy considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo. El think thank, del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Acciona, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 «no va ser muy complejo», según Pedro Linares, director de Economics for Energy, aunque advirtió de que a partir de ese horizonte habrá energía fósil que «no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar», como los ciclos combinados.

A este respecto, cree que se plantean «importantes retos» desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios. Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados «es fundamental» el diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño «adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español«.

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética para lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable, da un papel «central» al sector eléctrico. A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos significativos de la demanda eléctrica. Respecto a la generación de electricidad, se apunta a una descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050. A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear «no entra nunca» debido a los costes de inversión más baratos de las renovables y solo aparecería si la demanda «crece muchísimo».

En su informe, Economics for Energy analiza cómo sería la transición energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser «el más agresivo», ya que asume que el compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de los países de la Unión Europea como de otros con más reticencias. En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y solar).

El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España supondría la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050. Los otros escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.

La volatilidad de los precios energéticos tiene un coste para la economía española de hasta un 1% del PIB

Europa Press.- La volatilidad de los precios de la energía, especialmente del petróleo y del gas, representa un coste para la economía española de hasta un 1% del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe del Centro de Investigación Economics for Energy, presentado por sus directores, Pedro Linares y Xavier Labandeira, en el Club Español de la Energía.

El informe destaca que esta volatilidad y los aumentos bruscos de los precios de los combustibles fósiles son los mayores factores de riesgo económico para la seguridad energética en España. Asimismo, señala que estos factores relacionados con los precios pueden suponer un coste para la economía equiparable en ocasiones al 100% del precio de la propia energía, lo que indica su relevancia. Según los autores del estudio, las soluciones a esta problemática en España no solamente hay que buscarlas en la diversificación de las fuentes energéticas, sino también en flexibilizar la economía para que sea capaz de absorber cambios en los precios de la energía.

Economics for Energy han establecido unos baremos para medir las consecuencias de la inseguridad energética, por una parte, basado en el coste causado por una eventual falta de suministro multiplicado por el riesgo de que esta llegue a ocurrir y, por otro, en el coste de ajuste para la economía de la volatilidad de los precios de la energía multiplicado por la magnitud de esa volatilidad (la desviación con respecto a un precio medio estable).

Por ejemplo, destacan que, a pesar de que el coste de una falta de suministro eléctrico es muy alto por unidad energética, cercano a los 6.000 euros por megavatio hora (MWh), su baja probabilidad, debida a la regulación y a la gestión del sistema, hace que su relevancia en términos absolutos se reduzca a menos de un 1% del coste de la electricidad en España. En el cálculo de este coste se contemplan los impactos económicos y sociales de un corte en el suministro, como la pérdida de producción y los daños en equipos en las empresas o la falta de confort en el hogar.

La principal recomendación de Economics for Energy pasa por progresar significativamente en las políticas que aumentan la flexibilidad del consumo de energía y de la economía y reducen la dependencia de combustibles con precios volátiles. Además, los expertos subrayan la necesidad de que estas políticas sean eficientes, es decir, la garantía de que sus costes sean inferiores a los beneficios que lograrían. En este sentido, las recomendaciones para diseñar el sector energético se centran en fomentar el uso de fuentes menos volátiles en sus precios y estimular el ahorro energético.

Según los expertos de Economics for Energy, con la aplicación de estas medidas, coincidentes en gran medida con las que se derivan de la necesidad de reducir las emisiones de gases invernadero y adaptarse al cambio climático, la economía española reduciría sus costes de inseguridad energética. Así, su perfil estaría marcado por una transición de los combustibles fósiles a favor de las fuentes renovables, siempre garantizando la seguridad de suministro, con un mayor grado de interconexión y coordinación en las políticas de seguridad con los países de su entorno y una economía mucho menos intensiva en el uso de energía.

Economics for Energy pide que la renta sea el «criterio principal» para definir el bono social si quiere ser efectivo

Europa Press.- El centro de investigación privado Economics for Energy considera que el bono social debe considerar la renta como «criterio principal» a la hora de definir los considerados consumidores vulnerables si desea ser efectivo. En un análisis sobre el Decreto Ley del Gobierno, los expertos del centro aplauden la iniciativa de definir al consumidor vulnerable, pero confían en que en el desarrollo reglamentario de la normativa se «identifique adecuadamente esta categoría».

En concreto, Economics for Energy estima que actualmente al bono social se acogen 2,5 millones de hogares, mientras que los hogares identificados como en riesgo de pobreza energética ascenderían a unos 1,8 millones. Sin embargo, señala que estas cifras no son un indicador de que el bono social cubre bien a los hogares en riesgo, sino que «realmente está apoyando a mucha gente que no lo necesita, y en cambio quizás no apoya a los que si les hace falta».

Así, el centro de investigación destaca que el principal colectivo que se beneficia del bono social, las personas físicas con potencia contratada inferior a 3 kW (1,8 millones) no tienen por qué estar en riesgo de pobreza energética, mientras que para las familias numerosas, otro de los colectivos beneficiados, muestran «un claro problema de falsos positivos», ya que al menos un 40% de las que pueden beneficiarse no necesitarían ninguna ayuda. Asimismo, respecto a los pensionistas con pensión mínima, dependería de la configuración total del hogar en el que viven.

Para Economics for Energy, el único de los casos en que «claramente» se sitúan en zona de vulnerabilidad es el de los hogares con todos los miembros en paro, pero este grupo es el que menos se acoge al bono social, con 70.000 hogares de 2,5 millones. Además, pide extender el bono social a otros servicios, como el gas, y articularlo como un descuento variable de la tarifa, en función de las necesidades energéticas básicas de la familia, «para que la señal de precio siga activa para fomentar el ahorro».

La pobreza energética en España se triplicó durante la crisis y afecta a uno de cada diez hogares

Redacción / Agencias.- El índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares españoles, según el informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, realizado por el centro de investigación Economics for Energy. El estudio recomienda sustituir el bono social por una subvención económica fija con cargo a los presupuestos públicos.

En concreto, la evolución de la pobreza energética desde el inicio de la crisis económica en 2007 hasta 2013 se incrementó del 3,6% al 9,88%, hasta los 1,8 millones de hogares, lo que supone casi el triple. Estos datos consideran la renta mínima necesaria para evitar la exclusión social lo que evita los «falsos positivos» del indicador más usado en Europa, que considera que existe pobreza energética cuando el gasto en energía supera el 10% de los ingresos. Por ello, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es «especialmente relevante» ya que los datos confirman que la crisis económica contribuyó a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España.

Así, dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que la pobreza «se ha incrementado de forma importante». Además, al incremento de la brecha entre rentas se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía, que en el periodo 2007-2014 hicieron que la factura eléctrica de un hogar medio en España creciera un 76% y un 35% en el caso de la factura de gas natural.

Los expertos reseñaron que ciertas características del hogar pueden aumentar la probabilidad de caer en pobreza energética.  Así, «los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad», según indicó Pedro Linares, director de Economics for Energy. Por autonomías, Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las que cuentan con mayor pobreza energética, mientras que País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las que menos.

Respecto a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social, un descuento sobre la factura eléctrica que pagarían el resto de los consumidores, por una ayuda fija o cheque para afrontar todo tipo de gastos de energía (electricidad, gas, carburantes) financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social. Asimismo, proponen el mantenimiento de una garantía de suministro básico de electricidad y combustibles con la imposibilidad del corte eléctrico como una medida subsidiaria que, de todas maneras, «no sería necesaria si el bono social estuviera bien planteado y los hogares dispusieran de fondos para abonar las facturas», señalaron desde Economics for Energy.

A su juicio, el bono social presenta debilidades: sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representa el 60% de los gastos energéticos de los hogares. Además, no protege a los consumidores «más vulnerables», ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician del bono social lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, «lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética», añadió Linares. Otras alternativas planteadas contra la pobreza energética reclaman medidas de eficiencia energética, de información y que las tarifas energéticas recojan únicamente sus costes, sin incluir otros conceptos relacionados con decisiones políticas.