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Fernando Ferrando es el nuevo presidente de la Fundación Renovables

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Europa Press.- Fernando Ferrando ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación Renovables por los miembros del patronato de esta entidad, sucediendo en el cargo a Domingo Jiménez Beltrán. Ingeniero Superior Industrial por el ICAI y Licenciado en Ciencias Económicas, ocupaba el cargo de vicepresidente desde la puesta en marcha de la fundación. Entre los cargos que ha asumido destaca su participación en la creación del Instituto de Energías Renovables del Ciemat, presidente de la Asociación Empresarial Eólica y puestos de responsabilidad en Endesa y Gamesa Energía, entre otros, según la Fundación.

Ferrando destacó que la Fundación debe servir para «aglutinar a todos aquellos actores convencidos de que un cambio de modelo energético es posible». Como vicepresidentes le acompañarán en esta nueva etapa de la fundación Mariano Sidrach de Cardona (Catedrático de la Universidad de Málaga), Juan Castro-Gil (abogado) y Sergio de Otto. Por su parte, Maribel Núñez, actual gerente de la Fundación, asume también la secretaría del Patronato. Concha Cánovas, experta en energías renovables y ex directora general del IDEA, se incorpora como miembro del Comité Ejecutivo, en el que también permanecen Jiménez Beltrán, José Luis García Ortega y Joan Herrera.

La Fundación Renovables nombra a Laura Martín Murillo como nueva directora

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Europa Press.- La Fundación Renovables ha elegido a Laura Martín Murillo como nueva directora, un nombramiento que abre una nueva etapa en la organización y que busca su refuerzo ante los importantes retos a los que se enfrenta el sector energético. En este sentido, el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, incide en que ahora hay mayoría de fuerzas parlamentarias suficientes «para darle la vuelta al sistema energético y arrumbarlo ya hacia la sostenibilidad y mitigación del cambio climático como necesidad y gran oportunidad».

En esta línea, Martín Murillo afirma que desde la Fundación van a exigir a las fuerzas parlamentarias que cumplan los compromisos adquiridos con el objetivo de superar lo antes posible «el grave atraso sufrido por el sector renovable en los últimos años». «Necesitamos activar ya la transición energética hacia un modelo energético sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía», añade la directora.

La Fundación Renovables destaca que Martín Murillo cuenta con una «dilatada carrera» en el ámbito de la sostenibilidad e indica de que ha sido directora de Sustainlabour durante 13 años (2003-2016), fundación que trabajó con organizaciones sindicales de todo el mundo en la agenda de la sostenibilidad y el medio ambiente. Además, ha sido representante en negociaciones internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o el Grupo de Trabajo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

El cambio climático obliga a repensar los riesgos de las inversiones financieras

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EFE.- El cambio climático plantea escenarios de riesgo para los activos financieros, en la mayoría de los casos desconocidos por los inversores, por lo que los expertos internacionales en esta materia reclaman a los países nuevos marcos regulatorios que valoren la variable del calentamiento. Expertos de instituciones medioambientales y financieras coinciden en que se necesita una regulación que proporcione transparencia para que la gente «entienda los riesgos climáticos» y tome decisiones de inversión «coherentes».

«Los inversores deben empezar a plantearse si lo que es rentable hoy lo será en 10 o 20 años» en un mundo con eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos y donde cerca de 200 países se han comprometido a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, indicó Paula Caballero, directora de Medio Ambiente del Banco Mundial. En la misma línea, la mayoría de los fondos de pensiones poseen inversiones muy intensas en carbono (carbón, petróleo) que «van a dejar de tener sentido», apostilló el director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Francia, Pascal Canfin.

Actualmente existe un «enorme» vacío legal y de transparencia en esta materia, por lo que ni las compañías están obligadas a informar del riesgo ni los inversores pueden pedir responsabilidades patrimoniales en caso de perder el capital o no recibir los retornos esperados. «Estamos ante un proceso de cambio hacia un modelo de desarrollo que va a ocurrir sí o sí, por lo que es importante activar sistemas regulatorios que disminuyan las incertidumbres financieras», apuntó la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), Teresa Ribera.

Sólo entre un 0,5% y un 0,6% de los flujos financieros globales hacen cálculos de riesgos climáticos y rechazan invertir donde existen, entre ellos el Global Pension Fund noruego, el mayor fondo soberano del mundo, o los fondos de pensiones públicos de California. Los expertos coinciden en que el «punto de inflexión» se producirá cuando entre un 5% y un 6% de los grandes flujos financieros se nieguen a invertir en nada que implique riesgo climático y dirijan el dinero hacia activos en consonancia con un nuevo modelo de desarrollo.

Activos como las renovables, incidió Alison Tate, directora de políticas sociales de la Confederación Sindical Internacional, que demandarán, como mínimo, «30 billones de dólares de inversión hasta 2030». El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez, advirtió de que las «perspectivas de inversiones en el mercado energético, particularmente en generación, ya están cambiando drásticamente». En el último año, «se invirtió más en generación renovable que en combustibles fósiles», y «este proceso se aceleraría si se retiraran las subvenciones a los fósiles, que son 5 veces más que a las renovables».

La Fundación Renovables celebra la petición del Congreso de prohibir el fracking y pide el cierre de nucleares y carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables aplaudió la iniciativa parlamentaria aprobada por el Congreso, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, por la que insta al Gobierno a prohibir la técnica de la fracturación hidráulica, el fracking, uno de los procedimientos de extracción de combustibles fósiles que considera de las «más peligrosas».

Asimismo, la Fundación Renovables insta a los grupos parlamentarios a «dar urgentemente nuevos pasos» para acordar el cierre «de forma progresiva pero urgente» de centrales de carbón y nucleares, según indicó el presidente de la entidad, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, las centrales nucleares son «insostenibles» y «muy peligrosas» y considera que este cierre debe producirse en el momento en que finalice la licencia de operación de la que disponen en la actualidad; la última expira en 2024.

En cuanto a las térmicas de carbón, considera que debería concretarse un plan de cierre progresivo en 2016, y que en todo caso se debería producir antes de 2025, para alcanzar así un escenario energético eficiente y 100% renovable en 2050. Además del cierre de las centrales de carbón y nucleares, la Fundación Renovables también pide el fin del uso de todos los combustibles fósiles y el abandono de la minería, que debe ir acompañado de planes de «transición justa», tal y como expone la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Negativas consecuencias medioambientales” del fracking

Con respecto al gas, la Fundación Renovables reitera su utilización exclusivamente en el periodo transitorio hacia un escenario 100% basado en energías renovables, «con un cometido de favorecer la gestionabilidad del sistema en ese lapso de tiempo y nunca con la consideración de combustible directo«. Con respecto al fracking, la Fundación también insta al Congreso a prohibir la importación de gas natural procedente de esta técnica, ya que, según la entidad, las emisiones de metano lo hacen equivalente a apostar por el carbón. Además, considera un «completo sinsentido» que se permitan nuevas prospecciones para extracción de combustibles fósiles, así como la explotación de yacimientos, por las «negativas consecuencias» medioambientales que producen las energías no renovables.

Según recuerda la Fundación, el fracking es una técnica de fracturación hidráulica que consiste en romper la roca del subsuelo de esquisto y liberar el gas y el petróleo en ellas retenido. Este proceso implica la producción de enormes cantidades de aguas residuales, fuertemente cargadas de productos químicos tóxicos, de las que la industria se deshace mediante su inyección subterránea. “Esto ha provocado el incremento de la sismicidad inducida en los terrenos donde se practica el fracking, un hecho reconocido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)”, concluye.

La Fiscalía archiva la denuncia por prevaricación en el recorte a las renovables

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Redacción / Europa Press.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada contra la orden ministerial IET/105/2014, por posible prevaricación en el llamado hachazo a las renovables, según lo denomina la Fundación Renovables. En la denuncia, presentada por la fundación y la Plataforma por Nuevo Modelo Energético, se pedía a la fiscalía realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la “arbitrariedad y falta de respaldo técnico” a la hora de fijar los criterios de la orden.

El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, mostró su «decepción» por el archivo de la denuncia, ya que, en su opinión, las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía «demuestran la solidez de los argumentos expuestos en la denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el Ministerio de Industria sobre esta importante normativa«. No obstante, la Fundación Renovables señala que todavía hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.

El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, consideraba que el Gobierno del PP legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop, que indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, sucedía en este caso. Concretamente, la denuncia de estas organizaciones se dirigía contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías.

Los contratos con las consultoras

De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno. Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demostraban que los «errores» en la normativa, que justificaban en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de su aprobación.

Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, denunció “otras contradicciones”, como que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que consideraba «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Las organizaciones renovables critican al Gobierno tras el apoyo de la Comisión Europea al autoconsumo

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Redacción / Agencias.- La patronal fotovoltaica UNEF y la Fundación Renovables cargaron contra la propuesta de regulación para el autoconsumo elaborada por el Gobierno español ante el apoyo mostrado por la Comisión Europea a esta actividad al subrayar que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro» dentro de un paquete de propuestas en materia energética con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

La Fundación Renovables asegura que el real decreto del Ejecutivo va «en dirección contraria» a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de autoconsumo, por lo que exigió que «retire su propuesta y la redacte de nuevo tomando nota de las recomendaciones«. El presidente de la Fundación, Domingo Jiménez, señaló que «la propuesta del Gobierno sobre autoconsumo es un ataque frontal a los intereses de los ciudadanos españoles» que va contra «la inevitable democratización energética«. De esta forma, Jiménez celebró que Bruselas recoja «las mejores prácticas internacionales sobre autoconsumo creando así una clara indicación sobre la necesidad de derribar las barreras para que la ciudadanía pueda jugar en paridad de condiciones con las grandes empresas en el sector energético».

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación que representa al 85% de la capacidad fotovoltaica instalada y a la mayoría de entidades relacionadas con el sector, considera que las directrices distribuidas por la Comisión Europea son un «respaldo» a sus reivindicaciones en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo energético que planea aprobar el Gobierno, que a su juicio queda así «invalidado«.

Para UNEF, este documento «demuestra que el Gobierno de España no está construyendo un sistema eléctrico adecuado a nuestro futuro y debe retirar el proyecto de real decreto actualmente en tramitación», añadió. Este borrador prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas para los autoconsumidores conectados a la red con el objetivo de que estos contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. Para el presidente de UNEF, Jorge Barredo, la normativa española contradice las directrices de la Comisión tanto por las cargas como por los complejos procesos administrativos establecidos y por las dificultades impuestas al uso de almacenamiento.

En el documento Mejores prácticas para el autoconsumo con energías renovables, la Comisión Europea destaca que «el autoconsumo energético puede producir un gran número de beneficios», y reconoce que el fomento del autoconsumo energético puede reducir los costes del sistema, «especialmente en aquellos países soleados, en los que ayuda a reducir los picos de demanda producidos por el uso de los aires acondicionados«. La Comisión Europea reconoce asimismo que el autoconsumo puede significar «una importante contribución a financiar la transición energética» hacia un modelo más sostenible y a «reducir la factura eléctrica de los consumidores».

Bruselas considera que la energía renovable es «esencial y contribuye a todos los objetivos de la Unión Energética: seguridad de suministro, transición hacia un sistema sostenible de energía reduciendo gases de efecto invernadero, desarrollo industrial para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo y reducción de los costes de la energía para la economía de la Unión Europea». Además, según la patronal fotovoltaica, la Comisión se ha posicionado «en contra» de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España.

Concretamente, según UNEF, Bruselas denuncia que los procesos administrativos complejos para la autorización de proyectos representan «una importante barrera para la competitividad de los pequeños y medianos proyectos»y aboga por la eliminación de cualquier necesidad de legalización para las pequeñas instalaciones, más allá de un «sistema de notificaciones sencillo». Asimismo, la Comisión Europea destaca la idoneidad del uso de sistemas de almacenamiento que «pueden permitir a los consumidores almacenar y utilizar la energía generada por sus propios sistemas renovables de una manera más eficiente».

«Los mayores beneficios para la red se alcanzan cuando el almacenamiento distribuido se gestiona para reducir la potencia pico de las instalaciones de energía renovable descentralizadas», puntualizó la Comisión. El documento aboga además por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas.

UNEF recuerda que el borrador del Gobierno, sin embargo, prevé la eliminación de los procesos simplificados de regularización de instalaciones existentes, y obligaría a todos los proyectos a legalizarse de nuevo bajo la «compleja y costosa normativa» que, además, prohíbe el uso de sistemas de almacenamiento. Además, el borrador propuesto por el Gobierno, prevé unas «cargas«, conocidas popularmente como «impuesto al sol«, para todos los que opten por este sistema de ahorro y eficiencia energética.