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Endesa invertirá 217 millones en reformar la térmica de As Pontes para garantizar su continuidad durante 25 años

EFE.- El presidente de Endesa, Borja Prado, ha asegurado en el acto oficial de inicio de las obras de transformación de la central térmica de As Pontes (A Coruña) que esta reforma permitirá «prolongar la vida de esta planta durante 25 años», considerando que la actuación ayudará a minimizar «el impacto ambiental» del recinto. De esta forma se pretende adaptar la central a la normativa medioambiental europea con una actuación que, según la compañía eléctrica, garantiza su continuidad para las dos próximas décadas.

Endesa subrayó que la inversión supera los 200 millones de euros y permitirá reducir en un 71% sus emisiones de dióxido de azufre. Además, se rebajarán un 62,5% las de óxidos de nitrógeno y un 80% las de partículas. Según Prado, se implementarán las «técnicas más innovadoras» para la reforma. A su juicio, el plan «supone un indudable beneficio medioambiental» y un «impacto económico y social». Según sus estimaciones, los trabajos generarán «nuevo empleo» para 300 operarios externos, incidiendo en «subcontratistas de la región» para remodelar «uno de los motores económicos de Galicia». Asimismo, la central provoca un tráfico anual de 5 millones de toneladas de carbón en la zona.

Prado ha reiterado el «compromiso» de la compañía con Galicia, comunidad «clave» para Endesa. A mayores, ha anunciado la próxima puesta en marcha de un «proyecto pionero de almacenamiento de energía eléctrica» con una «batería de iones de litio» de 20 megavatios de potencia. Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes, ha incidido en el efecto de la actuación en «infraestructuras esenciales», como el puerto exterior de Ferrol, y ha coincidido en apreciar que significa «la garantía de 25 años más» de funcionamiento de la central. «Nos ha tranquilizado mucho», ha verbalizado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al subrayar el «esfuerzo» por agilizar el proyecto.

Con anterioridad a la reforma se cerró la principal carretera de entrada a la villa al tener que ocupar Endesa 15.000 metros cuadrados de superficie para su ampliación. El regidor, también presidente de la Diputación de A Coruña, ha recordado que As Pontes «apostó por el carbón» y se adaptó al mercado «sorteando dificultades«, entre las que citó los requerimientos del Protocolo de Kioto, la normativa de gases industriales o el decreto del carbón, aplaudiendo el «esfuerzo conjunto» de administraciones y ciudadanía ante esos retos.

Feijóo se refirió a las obras de ampliación de As Pontes como «garantía para dos décadas de empleo» en uno de los «pulmones energéticos» del territorio peninsular. En su alocución, pidió que se pueda «cumplir antes de los plazos previstos» con los requerimientos comunitarios, instando a seguirlos «escrupulosamente«. La remodelación del complejo industrial llegará a congregar a un millar de operarios externos y arranca con la instalación de un sistema de desnitrificación de gases de combustión. Sobre la ocupación del vial aledaño, recordó que Endesa financiará la construcción de un nuevo acceso a As Pontes, que se pretende «licitar en el menor tiempo posible», convirtiéndose el antiguo en una vía de «mantenimiento de la central».

La central térmica, en su opinión, es una «reserva segura de producción para todos los españoles», saludando que se pueda «prolongar la vida útil de estas instalaciones 20 años más». De este modo, ha valorado el mantenimiento del «empleo en esta zona» y la inversión de 220 millones de euros en las obras hasta 2020. Feijóo, en este sentido, ha reseñado que se generarán por esta faena un total de 300 empleos, sentenciando que la «clave en la política son las cuentas, no los cuentos». A su entender, «las cuentas son el soporte de la competitividad, de los empleos y de la calidad de vida».

El dirigente autonómico ha avanzado en esta cita que la empresa «prevé aumentar en más de un 20%» su parque eólico gallego, programando 4 nuevos parques, sumando 92 megavatios, 3 en la provincia de Lugo y otro en la de Pontevedra. Por ello, elevó la inversión para los próximos 4 años desde la firma eléctrica a 475 millones de euros. Asimismo, el grupo eléctrico ha elevado a 700 los empleos directos que propicia en el entorno pontés, con un impacto económico anual que sitúa en los 80 millones de euros anuales por salarios y compra de bienes y servicios. Al cierre del 2017, los cuatro grupos de su central térmica generaron 8.366 gigavatios por hora.

Asimismo, el mandatario autonómico ha reivindicado el «compromiso del Gobierno gallego con una industria energéticamente eficiente, respetuosa con el medio y en la primera línea del sector en España». A su juicio, las obras anunciadas permiten que la central impulse «su viabilidad y su carácter estratégico». «La construcción de dos nuevas plantas donde se eliminarán los gases producidos por la quema de carbón permitirá reducir las emisiones de acuerdo con la directiva europea«, subrayo Feijóo.

Según el presidente de la Xunta, el Gobierno gallego desea ofrecer «ventajas fiscales y administrativas a todos aquellos que quieran invertir en Galicia, disminuyendo los obstáculos para la inversión sana», proponiendo «soluciones a los problemas legales, abrir las puertas y ampliar las facilidades». «Ese es el objetivo de cualquier Gobierno responsable», aseveró, augurando que se pierden «empleo y empresas» si la economía no es «competitiva; la energía es un factor básico». Así, ha aludido a la apuesta «por la industria más limpia y menos contaminante».

Arranca el proceso para transponer la directiva europea que obliga a los titulares de calefacciones centrales a instalar contadores individuales

Europa Press.- Los titulares de instalaciones centralizadas de calefacción y refrigeración de edificios estarán obligados a instalar contadores individuales siempre que sea viable técnica y económicamente, según consta en la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La normativa, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y periodo de alegaciones hasta el 3 de abril, pretende así completar la transposición de la Directiva Europea de eficiencia energética.

Así, para completar la transposición de la directiva, el decreto pretende fijar para los titulares de instalaciones térmicas centralizadas existentes en los edificios la obligación de instalar contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada consumidor, siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable. Excepcionalmente, en el caso de la calefacción, y siempre que no sea técnicamente viable el uso de contadores individuales, se impone la obligación de instalar repartidores de costes de costes de calefacción o sistemas alternativos, siempre que esta opción sea económicamente viable.

Para el análisis, los titulares contarán con una guía que aprobará en una orden el Ministerio de Energía y con la se deberá realizar una primera evaluación de la rentabilidad económica de la instalación en su vivienda o edificio de los contadores o, en caso de no ser técnicamente viables, la de repartidores de costes o sistemas alternativos para el caso de calefacción. En el caso de resultar positiva la valoración de la viabilidad técnica y de la rentabilidad económica, el presupuesto deberá incluir el periodo estimado de recuperación de la inversión de la instalación y el compromiso de ofrecer la instalación en régimen de pago aplazado en 10 años.

Se considerará que la instalación es rentable cuando el periodo estimado de recuperación de la inversión sea inferior al número de años de retorno de la inversión fijado en la orden ministerial. En el caso de ser acreditada la viabilidad, el titular deberá proceder a la instalación de los sistemas de contabilización individualizada en un plazo máximo de 15 meses.

La Comisión Europea insta a España a trasponer la nueva normativa comunitaria sobre eficiencia energética y emisiones de los combustibles

EFE.- La Comisión Europea insta a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, según indicó la propia Comisión Europea.

En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario solicita a España la «transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética». Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.

En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción. «Las autoridades españolas disponen de 2 meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, indicó.

En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros 9 Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico. Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.

Dicha regulación tiene por objetivo «obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible», señaló la Comisión Europea. La directiva aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó la Comisión. En este caso, los países también disponen de dos meses para transponer la normativa comunitaria.

El Congreso insta al Gobierno a incluir a las bicicletas eléctricas en el Plan MOVEA para impulsar la movilidad sostenible

Europa Press.- La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, pese a los votos en contra del PP, una proposición no de ley del PSOE para mejorar la fiscalidad de la bicicleta, tanto convencional como eléctrica. Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a incluir en el Plan MOVEA 2018 a la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

Además, pide evaluar la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las compras de bicicletas convencionales y eléctricas solicitando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes la modificación de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a los tipos reducidos del IVA. Igualmente, apunta a la necesidad de analizar la posibilidad de considerar como renta en especie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utilización de bicicletas por parte de sus empleados.

Instalar repartidores individuales de costes en sistemas de calefacción central puede suponer un ahorro de 200 euros anuales

Europa Press.- La instalación de repartidores individuales de costes de calefacción puede suponer un ahorro de 200 euros al año para el consumidor, lo que equivale a un 30% de la factura energética del hogar, según la compañía de gestión de consumos energéticos Gómez Group Metering. Esta medida afectaría, al menos, a 1,7 millones de viviendas en España y evitaría la emisión a la atmósfera de 2 millones de toneladas de CO2 al año.

Según el diario El Economista, el Ministerio de Energía ha abierto una consulta pública para trasponer la directiva europea que obliga a contabilizar de manera individual los consumos en edificios residenciales con sistemas de calefacción central. El consejero delegado de Gómez Group Metering, Luis Cid-Fuentes, señaló que, a pesar de que «es cierto que hay que hacer una inversión inicial para instalar los repartidores de costes de calefacción en cada radiador», en el caso de compra se amortizaría «en un par de años». Además, destacó que existe la opción también del alquiler, que no superaría los 8 euros mensuales, que se «ven ampliamente compensados por el ahorro energético que lograría».

Las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas para limitar las emisiones

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para limitar las emisiones a la atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas. La norma transpone la directiva comunitaria y actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), previsto en el anexo IV de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Tras la aprobación de este real decreto, las comunidades deberán mantener un registro de todas las instalaciones de combustión medianas.

Así, el decreto establece límites de emisión para instalaciones con una potencia térmica igual o superior a 1 megavatio e inferior a 50 megavatios de determinados contaminantes. La directiva establece valores límite para las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (polvo), así como mediciones para el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), procedentes de las citadas instalaciones. Estos valores entrarán en vigor a partir del 20 de diciembre para las instalaciones de combustión medianas nuevas, a partir de 2025 para las instalaciones existentes de más de 5 MW, y a partir de 2030 para las existentes de menos de 5 MW.

La eficiencia energética debe prevalecer

La nueva norma regula, entre otros aspectos, los permisos y obligaciones que deben cumplir los titulares de dichas instalaciones, su inspección por parte de las comunidades autónomas, la información a aportar para la evaluación y seguimiento de la norma así como el régimen sancionador por su incumplimiento. La eficiencia energética debe prevalecer en el desarrollo y explotación de estas instalaciones.

El real decreto actualiza también el CAPCA. Por tanto, se modifica el rango de potencia y el grupo establecido en el Catálogo de algunas actividades de combustión en el sector de la producción y transformación de la energía, así como de los sectores comercial e institucional, residencial y agrario, para poder aplicar los controles de emisiones establecidos por la Directiva europea. Con esta nueva legislación, ninguna instalación de más de 5 megavatios de potencia podrá estar en funcionamiento sin estar autorizada y registrada a partir de 2024 y las de menos de 5 MW de potencia deberán estar, en todo caso, registradas antes de 2029.

Para ello, las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas, que deberá contar con la información que les deben proporcionar los titulares, relativa a datos técnicos y de funcionamiento de la instalación, combustibles, horas de funcionamiento, etc. Toda la información recogida por las comunidades autónomas será enviada al Ministerio, para que a su vez, el Estado pueda cumplir con las obligaciones de información a la Comisión Europea.

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

El Gobierno augura un «gran impulso» al medio ambiente en 2018 con leyes para frenar el cambio climático

Europa Press.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncio que el Ejecutivo dará en 2018 un «gran impulso» al medio ambiente, a través de un conjunto de normativas que contribuirán a frenar el cambio climático en el marco de la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018. La vicepresidenta comprometió que en 2018 se tramitarán 9 leyes, de las que 3 estarán dedicadas a la protección del Medio Ambiente.

Concretamente, ha anunciado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la que el Gobierno ya ha señalado con anterioridad que su borrador estará listo en el primer trimestre del año. Según el Ejecutivo, esta norma busca establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases invernadero y los objetivos en materia de energía.

Además, ha anunciado la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte. Según el Gobierno, este anteproyecto de Ley pretende establecer la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrada en el transporte. Así, se incorporaría al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Objetivos hasta 2020 con biocarburantes

Esta directiva introduce un nuevo artículo 7 bis en la Directiva 98/70/CE, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y el 4% restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010 (94,1 de C02eq/MJ). Ese objetivo deberá cumplirse con biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.

Asimismo, la Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En tercer lugar, indicó que se tramitará una ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se amplía el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.

Los operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar tienen 6 meses para implantar la nueva normativa de seguridad

Europa Press.- Los titulares y operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar dispondrán de 6 meses para cumplir con las disposiciones del real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros y aún pendiente de ser convalidado en el Congreso desde su fecha de publicación en el BOE, pudiendo enfrentarse a multas de hasta 30 millones de euros si incumplen la nueva normativa.

Los operadores deberán cumplir con una serie de obligaciones para reducir los riesgos y garantizar la seguridad en el diseño y las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. Entre estas obligaciones, figura la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves, actualizado para cada una de las instalaciones, en el que se contará con la participación de los trabajadores. Asimismo, los operadores o propietarios elaborarán planes internos de emergencia que incluirán un análisis de la eficacia de la respuesta ante derrames de hidrocarburos y reflejarán las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente.

La norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad, y que contará con amplios poderes para prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, así como para oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

Los operadores en medio marino y los propietarios deberán proporcionar a ACSOM los medios logísticos necesarios para desarrollar sus funciones y deberán elaborar una política corporativa de prevención de accidentes graves y aplicarla en todas sus operaciones en el medio marítimo, incluyendo mecanismos de seguimiento apropiados para garantizar su eficacia. Por otra parte, el texto exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador, quien deberá responder al dictamen de este verificador independiente y ponerlo a disposición de ACSOM. Asimismo, la Administración General del Estado elaborará un plan de emergencia externo en el que se especificará las obligaciones financieras de los titulares.

Otro de los requerimientos que se exige a los operadores y a los propietarios es que someterán periódicamente a prueba su grado de preparación para responder de forma eficaz en caso de accidente grave y participarán en ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia, con el fin de evaluar su competencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre el desarrollo de estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.

Este real decreto-ley traspone la directiva 2013/30/UE del 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que debería haberse aplicado al ordenamiento interno antes de julio de 2015. Según explica el texto, su aprobación urgente trata de cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la demora y evitar así la imposición de sanciones económicas a España. Desde su convalidación, y en un máximo de tres meses, el Ministerio de Energía aprobará un real decreto que desarrolle lo dispuesto en este real decreto-ley, que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE.

En el caso de que los operadores y titulares de las explotaciones de hidrocarburos en el mar incumplan las obligaciones dispuestas en la norma, el texto establece una serie de sanciones económicas que deberán afrontar en función de factores como el peligro resultante para la salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente, la importancia del daño causado, el grado de participación y el beneficio obtenido, la intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración de la infracción.

De esta manera, se establecen multas de hasta 600.000 euros en el caso de infracciones leves, de hasta seis millones de euros para infracciones graves y de hasta 30 millones cuando se produzcan infracciones muy graves de la norma. Además, cuando a consecuencia de la infracción el operador obtenga un beneficio cuantificable, la sanción económica podrá alcanzar hasta el doble de este beneficio obtenido, incluso si se superan los límites máximos establecidos. Una infracción muy grave podrá conllevar la extinción de los permisos y concesiones.

El Gobierno establece normas adicionales para la seguridad de las explotaciones de hidrocarburos en el mar

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con el objetivo de garantizar la seguridad del diseño y de las actividades de investigación y exploración de hidrocarburos en el medio marino. En concreto, el real-decreto ley, por el que se traspone la directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, establece una batería de obligaciones a los operadores para la reducción sistemática de los riesgos.

Entre estas obligaciones figuran la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves actualizado en el que se contará con los trabajadores. Asimismo, se exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador. Asimismo, la norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad. Entre sus funciones, destaca las de supervisión, inspección, cooperación en investigaciones, instrucción de expedientes sancionadores.

Este real decreto-ley dota a la ACSOM de amplios poderes para poder cumplir su función con eficacia y así podrá paralizar o prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, según indicó el Ministerio de Energía. La ACSOM también puede oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

El Ministerio de Fomento, en cooperación con todos los agentes y administraciones implicados, elaborará un plan externo de emergencia que abarcará el conjunto de instalaciones en medio marino, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y los operadores. Además, se organizarán periódicamente ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.